En concreto, las entidades adheridas a la nueva línea son, por el momento, BBVA, Santander, Banco Sabadell, Caja Murcia, Deutsche Bank, Banco Guipuzcoano, Caixa Manlleu, Lico Leasing, Ruralcaja y Caja Rural de Canarias.
En rueda de prensa, Martínez explicó que esta nueva línea pasó el 27 de abril por el Comité de Operaciones del ICO, dos días más tarde por el Consejo del Instituto y ese mismo día se mandó la comunicación a bancos y cajas, un día antes que las comunicaciones informáticas pertinentes.
En base a este calendario, Martínez respondió en tono irónico a las críticas sobre la lentitud de aplicación de las líneas, asegurando que el que esta medida se hay aprobado en cuatro días confirma la "enorme burocracia" que se reprocha al Instituto.
Martínez señaló que, al tratarse de una línea de avales, no requiere disposición de fondo, por lo que la medida ya está disponible, aunque admitió que "tendrá su proceso de maduración".
Respecto a la estimación de riesgo de impagos por parte de los ayuntamientos, que el Gobierno cifra que podría llegar a un máximo del 40% de los avales (1.200 millones de euros), Martínez mostró su confianza en que "paguen todos" e invitó al optimismo sobre los resultados de la línea.
En cualquier caso, incidió en que la medida no resolverá la "situación estructural" que atraviesan las finanzas de los ayuntamientos, pues su objeto es afrontar las "tensiones de liquidez" con las empresas y autónomos, que podrán solicitar los avales hasta junio.
Asimismo, precisó que el límite para que los ayuntamientos paguen las facturas pendientes se cerrará el 31 de noviembre y en ese momento, se ejecutará el aval.
La Secretaría de Financiación Territorial calculará el importe que se debe retener a los municipios en las aportaciones a recibir por su participación en los ingresos del Estado, lo que, a juicio de Martínez, garantiza el recobro al ICO y los pagos de las deudas. "El Banco de Crédito Local --recordó-- aplicaba este mismo sistema y nunca tuvo un impago", añadió.
