El Sabadell y la Fundación CAM deberán responder por las cuotas participativas de los minoristas

MADRID.- Banco Sabadell y Fundación Caja Mediterráneo deberán reintegrar las inversiones realizadas por los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que el Tribunal Supremo haya declarado su responsabilidad.

La sala de lo Civil del alto tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por Sabadell al considerar que mantiene su legitimación pasiva como sucesor universal de la CAM ya que, tras la fusión, pasó a ser responsable de las obligaciones que la antigua caja pudiera tener frente a terceros.

En concreto, expone que la entidad surgida tras la intervención del Banco de España en junio de 2011, el Banco CAM, asumió el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pudieran derivarse de las cuotas participativas.

Ello supuso, asegura la sentencia conocida este miércoles, una asunción de la deuda que se traspasó al Sabadell en 2012, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos, que previamente había adquirido el 100 % del capital, vendió la estructura por el precio simbólico de un euro.

Una versión que contrasta con la del recurso del Sabadell, que alegó falta de legitimación porque las cuotas participativas, comercializadas a partir de junio de 2008, no fueron transmitidas en la operación de segregación, por lo que la responsabilidad recaería sobre la Fundación Obra Social.

La sala expone, sin embargo, que las cuotas fueron una fuente de financiación del negocio financiero "realizada por los empleados de la caja como parte de su actividad bancaria", con lo que pasaron a Sabadell, que "se había aprovechado del refuerzo de capital que había supuesto la suscripción de este producto".

Discurso similar para la Fundación CAM, a la que también hace responsable subsidiaria frente a Sabadell "no en su calidad de emisora, sino como sucesora frente a terceros de las obligaciones de la entidad comercializadora" al ser su titular formal. 

Los exdirectivos de la CAM alegan falta de competencias en las actividades sospechosas

MADRID.- Letrados de varios exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) alegaron este miércoles la falta de competencia de sus defendidos en la aprobación de las reclasificaciones de créditos y titulizaciones, operaciones que supuestamente habrían permitido generar beneficios artificiales.

Una acusación que refutó el abogado del exdirector de Riesgos Francisco Martínez, considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de las irregularidades, quien, si bien admitió que la CAM pudo incurrir en una mala gestión de los riesgos, "ello no colma el delito del que estamos hablando".

Desmarcó así a Martínez tanto de la falsedad contable como de la estafa continuada por los que el Ministerio Público solicita siete años y medio de cárcel, en tanto que "ni procuró, ni ordenó, ni mandó rehabilitar créditos pues carecía de competencias para ello".

Sobre las titulizaciones, relató que éstas se hicieron no para generar falsas ganancias sino "porque la situación era crítica y la liquidez extrema", y sostuvo que los resultados "habrían sido los mismos con ellas que sin ellas".

En términos similares se mostró la defensa del exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, para quien el fiscal pide un año y dos meses de prisión, cuya participación, dijo, "era perfectamente intercambiable, pues si la mañana en la que se firmaron las titulizaciones no hubiera estado presente, lo habría hecho otra persona".

Por su parte, el abogado del exdirector de Financiación Juan Luis Sabater se refirió a su cliente como un "mero trabajador" que operó "bajo el principio de confianza, sin dolo y con actos neutrales".

La sesión, en la que también intervino la representación de la aseguradora Caser como responsable civil directo, estuvo condicionada por la noticia de la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, cuyo abogado se encontraba en una sala que, casualmente, fue la misma que condenó al exbanquero a seis años de cárcel por el caso de las tarjetas black con las que la entidad recompensaba a sus consejeros y directivos con dinero opaco al fisco.

Carlos Aguilar, letrado de Banco Sabadell en la presente causa, abandonó la sede al filo de las 11:30 horas tras un receso, visiblemente afectado y a la carrera, escapando de los periodistas presentes en la zona.

Media hora antes, el fallecimiento del que fuera presidente de Caja Madrid, encontrado esta mañana en una finca de la provincia de Córdoba con un disparo en el pecho, se filtraba en la sala, donde los letrados se pasaban unos a otros sus teléfonos móviles con claro gesto de desconcierto.

La jornada ha coincidido además con la publicación de la sentencia en la que el Tribunal Supremo obliga a Banco Sabadell y, subsidiariamente a la Fundación Caja Mediterráneo, a reintegrar las inversiones de los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la entidad.

Mañana la sección cuarta de la sala de lo Penal reanudará la lectura de informes precisamente con ambas instituciones en la que se prevé sea la última sesión del juicio contra la excúpula de la CAM, que comenzó el pasado 30 de mayo.

En esta recta final, la Plataforma CAM, grupo de afectados por la quiebra de la caja representados por Diego de Ramón, mostró su malestar e indignación ante el hecho "surrealista" de que el Ministerio Público sólo reclame indemnización a quien compró cuotas entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.