miércoles, 28 de julio de 2010

La Asamblea de la ONU considera el agua un derecho

NUEVA YORK.- La Asamblea General de la ONU defendió el miércoles como un derecho global el agua y el saneamiento en una resolución, aunque más de 40 países se abstuvieron, diciendo que no existía este tipo de derecho en la legislación internacional.

Unos 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable, más de 2,6 millones no tienen un saneamiento básico y alrededor de 1,5 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año por enfermedades relacionadas con estas cuestiones, dijeron los patrocinadores de la resolución.

La medida no vinculante, presentada a la Asamblea por Bolivia, dice que el derecho a agua potable limpia y segura y el saneamiento es "un derecho humano esencial para el total disfrute de la vida y todos los derechos humanos".

Y en una cláusula que parece colocar la responsabilidad de rectificar la situación en los países ricos, insta a los estados y organizaciones internacionales a "incrementar los esfuerzos" para proporcionar agua potable y saneamiento para todos.

La resolución fue aprobada con 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Los que se abstuvieron fueron principalmente países desarrollados, aunque España y Alemania votaron a favor de la medida.

Los países que se abstuvieron alegaron que una experta independiente, la abogada portuguesa Catarina de Albuquerque, debía presentar el próximo año un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sobre las obligaciones de los países sobre el agua y el saneamiento.

Acusaron a los defensores de la resolución de intentar restar validez a sus conclusiones.

El delegado estadounidense John Sammis dijo que la resolución "está muy lejos de disfrutar el respaldo unánime de los estados miembros y podría incluso socavar el trabajo en marcha en Ginebra".

La delgada británica Nicola Freedman dijo que Londres "no cree que exista actualmente suficiente base legal en el derecho internacional para declarar o reconocer el agua o el saneamiento como un derecho humano".

Sin embargo, el grupo de derechos Food & Water Watch, con sede en Washington, respaldó lo que calificó una resolución histórica.

Alarte señala que urge que la Generalitat "pase de la inacción y el colapso a crear empleo y liderar la economía"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado que "urge que la Generalitat valenciana pase de la inacción y el colapso, a crear empleo y liderar la economía".

El líder de los socialistas valencianos ha advertido de que "estamos a punto de asistir al colapso del PPCV y de todas las instituciones que gobiernan" y ha manifestado que "ya son más que visibles los síntomas", en referencia a las protestas que durante estos días profesores, bomberos y empleados de Ferrocarrils están protagonizando en contra del Consell.

"Lamentablemente la Generalitat se ha convertido en una fuente de inseguridad en el cobro para miles de empresas, decenas de instituciones y numerosos colectivos", ha señalado Alarte, por lo que ahora "es más necesario que nunca un cambio de prioridades desde la base del Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana".

Alarte ha criticado que "la posición actual de parálisis e inactividad de la Generalitat, que continúa anclada a fórmulas del pasado que ya no sirven, ha generado todavía más desconfianza y más incertidumbre" y ha estimado como prioritario "promover el empleo a corto plazo y que la Generalitat sea puntual en el pago, un hecho que significaría una inmediata inyección de liquidez y que permitiría el mantenimiento de empresas y empleos", medidas incluidas en el programa económico 'Alta competitividad, empleo y democracia' que los socialistas valencianos presentaron el pasado 11 de mayo, ha recordado.

El dirigente socialista ha criticado que "la política económica de los últimos 15 años no ha servido para lo único que podía haberla justificado: más servicios sanitarios y de bienestar, mejores políticas educativas, o más calidad de vida y derechos para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat". Frente a eso, según Alarte, "los últimos 15 años han tenido como consecuencia cada vez más deuda y la irresponsabilidad de mirar hacia otro lado por parte del PPCV".

"Nosotros, los socialistas valencianos, tenemos el compromiso y la voluntad de liderar un proyecto de prosperidad, empleo, democracia y más servicios públicos para los valencianos y las valencianas", ha afirmado el líder socialista tras aseverar que "es hora de explicarle a la gente que es el PPCV quien nos ha traído a la situación actual".

Finalmente, Alarte se ha mostrado convencido de que "es posible el cambio en la Comunitat Valenciana" y ha defendido la necesidad de "un tiempo distinto porque los valencianos y valencianas no se merecen más paro, más PP, ni más Camps".

Luna defiende la unión de las causas en el TSJCV porque la conexión entre la trama Gürtel y los trajes es "evidente"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, se ha mostrado partidario de unificar las causas de los trajes con la supuesta trama 'Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque la conexión entre ambas es "más que evidente".

Luna se ha expresado así en rueda de prensa en las Corts en relación al recurso de los populares en contra de la inhibición del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en favor del TSJCV y al ser preguntado por si es partidario de unificar este caso con el de los trajes, que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Según Luna, "para todo el mundo es evidente que los regalos de los trajes no se han producido en abstracto" sino que "los regalan una trama de presuntos delincuentes que obtienen contratos de las administraciones que están dirigidas por aquellos a los que regalan trajes".

Por tanto, "la conexión es más que evidente", sobre todo cuando al presidente de la Generalitat "no le regalaban trajes en 2003", ha apostillado.

El síndic socialista ha subrayado que la realidad "es conexa" y "los amigos, los regalos y los contratos forman parte de una realidad indivisible". Por tanto, "vamos a defender que se inhiba el TSJM" y se acumulen las causas en el TSJCV porque "somos partidarios de que se juzgue lo que ha pasado", ha declarado.

Luna ha criticado que cuando el PP "se esfuerza --con sus recursos contra la inhibición-- en demostrar que no hay conexidad entre las dos causas es porque está intentando trocear una realidad".

De este modo, en relación a las declaraciones de anteayer del portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, el síndic socialista ha realizado una "lectura de la estrategia del PP" para los próximos meses que, en su opinión, consistirá en: voluntad de dilatar el proceso del 'caso Gürtel'; poner en cuestión a la Justicia; vanalizar la corrupción y pervertir la democracia.

El portavoz socialista ha lamentado así que el PP trate, en primer lugar "dilatar y confundir" el procedimiento principal del 'caso Gürtel', ahora con el recurso contra la inhibición de Pedreira, con el objetivo de provocar el "hastío" en la opinión pública para que este asunto acabe "pasando desapercibido".

Si eso no basta, se "pone en cuestión a la Justicia" y si no, se vanaliza la corrupción destacando que "lo importante es la gestión" y la corrupción "da igual". No obstante, ese es discurso "falaz de la eficacia frente a la corrupción es doblemente peligroso en una situación de crisis".

Luna ha señalado que los movimientos autoritarios "más graves de la historia" se han producido en situaciones de crisis económicas "a partir de la idea de que hace falta un gobierno eficaz aunque no sea democrático".

En esta línea Luna ha calificado de "bonapartismo" la estrategia del PP y ha explicado que, en términos de ciencia política, este apelativo se refiere a aquel que "mantiene una dictadura personal que se legitima por plebiscitos" y "de vez en cuando apela a los votos de los ciudadanos para hacer lo que le da la gana".

"Lo que ocurre es que esta estrategia sólo vale para el presidente Camps, en la medida en que sea ratificado en su posición por quien le puede ratificar, que es el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy", ha apuntado Luna.

En este sentido, ha apuntado que esta estrategia está pendiente del "dedo de Rajoy", que "si tuviera claro que Camps va a ser el candidato lo hubiera dicho con absoluta claridad" y "vendría mañana al acto" que el PPCV celebra en Valencia.

Luna ha insistido con que Rajoy, con este asunto "está dejando al aire sus vergüenza éticas porque está realizando un cálculo absolutamente electoral" y está "poniendo el listón del comportamiento de los políticos en manos de las sentencias de los tribunales", ha criticado.

El juez de Nules cita a declarar a Carlos Fabra el próximo 23 de septiembre

CASTELLÓN.- El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado a declarar como imputado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el próximo 23 de septiembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez ha citado a declarar al también presidente del PP provincial por la causa que tiene abierta en este juzgado por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal.

Esta citación se produce después de que el juez fijara una primera declaración de Fabra para el pasado 21 de mayo a la que éste no pudo asistir debido a motivos de salud.

En marzo, el presidente de la corporación provincial castellonense, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.

En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.