martes, 27 de noviembre de 2012

El FROB adjudica Banco de Valencia a CaixaBank por un euro

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicará Banco de Valencia a CaixaBank por un euro, tras un desembolso por parte del organismo dependiente del Banco de España de 4.500 millones de euros en un aumento de capital, informó la entidad y el FROB. Además, previamente, los accionistas actuales habrán soportado las pérdidas a que haya lugar por, entre otras, los saneamientos al riesgo inmobiliario exigidos en la normativa.

   Tras la compraventa, se estima que CaixaBank pasará a tener una participación próxima al 99% de Banco de Valencia y, en cualquier caso, no inferior al 90%, incluso en el supuesto de que hubiese un elevado grado de participación de los accionistas minoritarios en el aumento de capital.
   La operación cuenta con un protocolo de medidas de apoyo financiero que se instrumenta en un esquema de protección de activos mediante el cual el FROB asumirá, durante un plazo de 10 años, el 72,5% de las pérdidas que experimenten la cartera de PYMES/autónomos y de riesgos contigentes (avales) de Banco de Valencia, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en dichos activos.
   La compraventa se ejecutaría con posterioridad a la transmisión de activos de Banco de Valencia al 'banco malo' (Sareb) y al ejercicio de acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada emitidos por la entidad valenciana.
   CaixaBank indicó que tras la ejecución de la adquisición, que está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas nacionales y de la Unión Europea, el ratio pro-forma a 30 de septiembre de 2012 de core capital Basilea II se situaría por encima del 11%, manteniéndose asimismo una situación de liquidez superior a los 50.000 millones de euros.
   Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el beneficio por acción de CaixaBank desde el primer año. Además, la entidad prevé unos ahorros de costes anuales estimados de 85 millones para 2014 y unos costes de reestructuración brutos de 233 millones de euros, informó en una presentación a la CNMV.
   El organismo dependiente del Banco de España había dado prioridad a la venta de Banco de Valencia ante su menor tamaño. Banco de Valencia cuenta con unos activos totales de alrededor 20.700 millones de euros a septiembre, y además tiene 356 oficinas.
Con la compra de la entidad nacionalizada, Caixabank sumaría un total de unos 365.000 millones de activos y 6.987 oficinas, datos que incluyen también a Banca Cívica.
   En el mercado continuo, los títulos de Banco de Valencia se dispararon un 12,5% y fijaron el precio de su cotización en 0,180 euros por acción, ante los rumores que apuntaban a la inminencia de la operación que al final se ha confirmado al cierre de sesión.
   La entidad valenciana registró unas pérdidas de 389,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con lo que redujo en un 55,5% los 'números rojos' de 876,44 millones de euros que presentó en el mismo periodo del ejercicio anterior.
   Además, la dirección de Banco de Valencia y los sindicatos alcanzaron el pasado 12 de noviembre un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad, que afectará finalmente a 360 trabajadores, de los que 228 serán prejubilaciones y el resto extinciones de contrato.
   El FROB reanudó la subasta de la exfilial de Bancaja, junto a la de Catalunya Banc, el pasado 16 de noviembre, después de haberse suspendido ante la auditoría que se realizó sobre la banca española, en el marco de la ayuda de la UE de hasta 100.000 millones para sanear las entidades con problemas.
   Las pruebas de resistencia elaboradas por la consultora Oliver Wyman detectaron unas necesidades de capital en Banco de Valencia de hasta 3.462 millones de euros en un escenario económico adverso.
   En noviembre de 2011 el Banco de España decidió intervenir Banco de Valencia ante su delicada situación financiera y su posición de liquidez. De hecho, el supervisor destinó un total de 3.000 millones de dinero público, repartido entre 1.000 millones para fortalecer su capital y otros 2.000 millones facilitados a través de una línea de crédito para asegurar su liquidez.

Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.
   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.
   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.
 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 
Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 
Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

El empresariado valenciano ve "inminente" la venta de Banco de Valencia y pide mantener la marca


VALENCIA.-   Los máximos representantes del empresariado de la Comunitat Valenciana ven "inminente" la venta de Banco de Valencia y piden que se mantengan en la Comunitat Valenciana tanto la marca como el centro de decisión. "Queremos que los procesos de decisión se produzcan cerca de donde están los clientes, que es en Valencia", sostienen.

   Así lo han señalado varios de los participantes en la reunión celebrada este lunes con el director general de Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, a la que han asistido los presidentes de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, de la provincial CEV, Salvador Navarro, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el de Cámara Valencia y también administrador de Banco de Valencia, José Vicente Morata.
   Todas las fuentes consultadas insisten en que "el proceso de venta del banco está ya en la fase final, muy maduro", aunque algunos precisan que, en este tipo de operaciones, "hablar de inminente puede ser cuestión de horas o durar semanas por cuestiones de última hora".
   Ya en la "recta final", la puja por hacerse con la entidad parece reducirse a La Caixa y Bankinter, aunque los empresarios no descartan que pueda reaparecer en el proceso BBVA.
   Entre sus peticiones al comprador, sitúan en primer lugar que "sea una entidad financiera con suficiente músculo financiero para que fluya el crédito" y que, "en la medida de lo posible, mantenga la marca y una cierta autonomía de decisión en Valencia, cerca de donde están los clientes". 
"El centro de decisión y la gestión tienen que estar cerca de donde se producen los hechos", reivindican.
   También reclaman "un trato benévolo, pero al mismo tiempo rentable desde el punto vista comercial", con los 23.000 accionistas valencianos del banco y recalcan, en este sentido, que "en estos momentos, una política comercial inteligente implica tratar con delicadeza a los clientes que ya tienes".
   Los empresarios abogan igualmente por que esa operación "le cueste el menos dinero posible al Estado" porque implica que "costará lo menos posible a los contribuyentes y, por tanto, cuanto más barato le salga, mejor", apunta uno de los asistentes.
   En cuanto a la posibilidad de que el empresariado valenciano se hiciese con el control de la entidad, admiten que esa opción se da por descartada y que ese apoyo se daría "posiblemente en una segunda fase, cuando el grupo inversor que la compre se haya posicionado ya".
   "No va a ser un grupo inversor valenciano porque lo de defender la valencianía, muchas veces pasa por rascarnos el bolsillo, y no ha podido ser", admite uno de los asistentes al encuentro.
   En cuanto a la posibilidad de conservar el centro de decisión en la Comunitat, este mismo empresario subraya la implicación de la entidad con Valencia y con su tejido empresarial, "como demuestra que ha estado siempre apoyando el acceso de las pymes al crédito, a pesar de las dificultades", y asegura que ve "factible" mantener ese centro de gestión. "Es algo muy factible porque es una entidad muy radicada en la Comunitat Valenciana, muy pegada a este territorio", recalca.
   Argumenta asimismo, en este sentido, que "el grupo inversor que entre en Banco de Valencia seguro que verá positivo mantener el apoyo de los accionistas", para quienes reclama "respeto".
   Es más, advierte de los beneficios de "un modelo de gestión similar al que mantiene Santander con respecto a Banesto, dada la importancia de este territorio", frente a lo sucedido "en otros casos, en fusiones en las que se han trasladado los centros de decisión a Madrid y eso ha perjudicado tanto al futuro de la entidad como a los empresarios, que se han quedado un poco huérfanos".

El juez vuelve a citar a la gerente del PPCV por la supuesta financiación irregular del partido

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el conocido como 'caso Gürtel', ha vuelto a citar a declarar, en calidad de imputada, a la gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, por la supuesta financiación irregular del partido. Tendrá que acudir de nuevo al tribunal valenciano el próximo 12 de diciembre, a las 10.00 horas.

   Así consta en el calendario de declaraciones previsto para este mes de noviembre y diciembre, en el que también se cita, entre otros, a tres empresarios: el presidente del grupo PIAF, Antonio Pons; el empresario Tomás Martínez Berna; y el delegado en Valencia de Enrique Ortiz e Hijos, José Bevía. Este último ya prestó declaración en el tribunal pero en calidad de testigo. Esta vez --mañana, día 27-- lo hará como imputado.
   En total, hay previstas para los días 27 y 28 de noviembre, y 11 y 12 de diciembre, 15 citaciones, cuatro de ellas en calidad de imputados --Ibáñez, Pons, Bevía y Martínez Berna--. El resto son testigos propuestos, en su mayoría, por el ministerio fiscal.
   En concreto, para este martes, día 27, está citado José Bevía, a las 12.00 horas; y previamente acudirán al tribunal valenciano otros dos testigos. Bevía ya prestó declaración en el TSJCV el pasado 24 de septiembre en calidad de testigo, por los contratos de promoción firmados entre la empresa Enrique Ortiz y Orange Market. Al respecto, el responsable de la mercantil declaró ante el juez que un trabajador suyo --José Bevía-- era el encargado de negociar estos asuntos.
   Para el miércoles, día 28, está previsto que declaren tres testigos más y, en calidad de imputado, el empresario Tomás Martínez Berna, quien tendrá que acudir a las 11.30 horas. Este empresario ya fue citado anteriormente, pero su declaración tuvo que suspenderse y tendrá que ser interrogado mañana.
   Asimismo, el día 11 de diciembre declararán otros seis testigos; y el día 12 dos imputados: Cristina Ibáñez y Antonio Pons. Este último también había sido citado el mismo día que Tomás Martínez Berna, pero su interrogatorio también tuvo que suspenderse y se ha fijado para el día 12.
   Respecto a Cristina Ibáñez, imputada por un presunto delito electoral en las elecciones autonómicas 2007, declaró ante el magistrado, en su primera citación, que autorizó varios pagos durante la campaña del partido, y resaltó que todos ellos estuvieron ajustados a la ley.
   Con todas estas declaraciones, el juez trata de aclarar si determinadas empresas pagaban actos electorales del PP en la Comunitat. Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que organizaba los actos electorales al PPCV, y la firma del empresario imputado Francisco Correa, emitía facturas falsas por servicios no prestados.

La Fiscalía interpone una querella contra el capitán del Sunrise por un delito contra el medio ambiente

VALENCIA.-  La Fiscalía de Valencia ha interpuesto una querella por un delito contra el medio ambiente contra el capitán del buque BSL Sunrise, que quedó varado en varado en la playa de El Saler durante 34 días, y contra aquellas personas que resulten responsables en la instrucción de la causa, según ha informado en un comunicado.

  La querella, puesta por la sección de Medio Ambiente el pasado 23 de noviembre, es resultado de las diligencias de investigación penal incoadas a propósito del encallamiento de dicho buque en la playa de El Saler.
  Dicha querella trae causa de la investigación iniciada de oficio por esta Fiscalía a raíz de dichos hechos, "sin perjuicio de las denuncias interpuestas posteriormente, unidas a la misma", y "se remite al Juzgado Decano de los de Valencia para su reparto al que por turno corresponda, para que por el éste se proceda a la instrucción de la causa penal", según señala la misma fuente.
   el buque 'Sunrise' que estaba encallado en la playa de El Saler desde el pasado 28 de septiembre cuando un temporal marítimo lo arrastró hasta escasos metros de la orilla.

Tirado atribuye el agujero de Bankia al deterioro de la economía

MADRID.- El vicepresidente de Bancaja, Antonio Tirado, ha atribuido el agujero patrimonional en Bankia, que pasó a tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979, a "hechos sobrevenidos" que estuvieron motivados por "el deterioro de la situación económica y el aumento de la morosidad" de los clientes con créditos hipotecarios, informaron fuentes jurídicas.

   En su declaración en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, Tirado, que fue alcalde de Castellón por el PSOE y consejero de Bancaja a propuesta del PP, ha defendido que las cuentas de 2011 aprobadas en marzo estaban "bien hechas", a pesar de que tuvieron que ser reformuladas en mayo con una inyección de 19.000 millones de euros en cuentas públicas.
   Además del agujero en los activos inmobiliarios, que ha cuantificado en 3.000 millones de euros, y el de la cartera crediticia, de otros 5.000, el exconsejero ha señalado que la situación de la entidad se vio perjudicada por los dos decretos aprobados por el Gobierno para el saneamiento de los activos inmobiliarios de las entidades financieras.
   En una misma línea se ha manifestado el exsecretario de Estado de Industria y Energía con el PP José Manuel Serra Perís, que también ha atribuido los problemas en Bankia-BFA, de la que fue consejero entre enero de 2011 y mayo de 2012, a los "problemas con el ladrillo". Según sus cálculos, el grupo acumuló 75.000 inmuebles que dejaron un agujero de 23.000 millones de euros.
   El exconsejero, que ha defendido las cuentas de marzo porque coincidían con todos los balances trimestrales que se fueron haciendo durante ese ejercicio, también ha achacado la situación que provocó el rescate y la nacionalización de Bankia a que el plan de saneamiento fue "excesivamente acelerado".
   También ha declarado como imputado el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, que ha asegurado desconocer muchos de los aspectos por los que ha sido preguntado porque sólo estuvo en el Consejo de Administración de Bankia entre el 15 de junio y el 9 de diciembre de 2011. Aún así, ha indicado que la reformulación de las cuentas era "el mal menor" y que constituyó "un ejercicio inmenso de generosidad".
   En la causa están imputados los 33 exconsejeros de la entidad así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. El juez Andreu les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Paradores presenta un plan de reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla

MADRID.- La dirección de Paradores ha presentado este lunes a los sindicatos un plan de reestructuración, que supone la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, medida que afecta tanto a los establecimientos como a los servicios centrales de la cadena hotelera.

En un comunicado, la compañía que preside Ángeles Alarcó ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "garantizar la continuidad de Paradores de Turismo, adecuándose a la realidad del sector y a la de la actual demanda" y asegurar "la supervivencia de la compañía".
El plan contempla el control de costes operativos para situar a la cadena en una posición competitiva y reducir así las pérdidas que acumula desde 2007.
"La situación financiera de la compañía es insostenible", subrayó la compañía, que advierte de que "de no tomar medidas en el año 2013 las pérdidas alcanzarán los 139 millones de euros".
Para 2012, la cadena prevé cerrar el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 30 millones de euros. "A la caída de la demanda, que ha pasado de un índice de ocupación del 70% en 2007 al 52% en 2012 se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011", apuntó.
Hasta octubre de este año, Paradores, que acumula un déficit de 110 millones de euros, logró ahorrar en torno a 20 millones de euros, con la aplicación de su plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, la reducción de costes operativos, de consumos y de gastos comerciales, así como la optimización de los procesos internos.
"Estas medidas, aunque efectivas y acertadas, han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios", apuntó la cadena.
Paradores subrayó que por ello se hace "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, ya que actualmente está "muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".
La dirección de Paradores indicó que la compañía va a realizar "todo el esfuerzo posible" para aplicar "un plan social que minimice los efectos de la medida".
La compañía ha trasladado a los representantes de los trabajadores la apertura inmediata de un periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que le obligar a tomar "tan difícil situación" y de tratar de "alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes".
UGT y CC.OO. convocaron a los 4.600 trabajadores de la cadena pública a una huelga en el conjunto de la red, 94 establecimientos, para todos los puentes del año a partir del pasado 12 de octubre, paros que afectaban a los días 2 y 3 de noviembre, que fueron desconvocados, y a los próximos 7 y 8 de diciembre y 31 y 1 de enero.