Las fuertes pérdidas de Feria Valencia la abocan a un plan de ajuste

VALENCIA.- Feria Valencia impulsará un plan de ajuste del gasto y de relanzamiento comercial para que las cuentas de la institución recuperen el equilibrio en 2011, tras cerrar el ejercicio de 2009 con 2,7 millones negativos.

El presidente del comité ejecutivo de Feria Valencia, Alberto Catalá, ha presentado hoy al Patronato de la institución un plan de actuación dirigido a ganar negocio y reducir gastos, según informan fuentes del recinto ferial en un comunicado.

Un total de 2.600 de los 13.000 clientes históricos de Feria Valencia cerraron o entraron en proceso concursal durante 2009.

Según Catalá, durante el ejercicio que ahora se cierra "vinieron menos expositores y los que lo hicieron, vinieron con menos metros" de ocupación en el recinto ferial.

La comercialización de superficie expositiva cayó un 40 por ciento, y los ingresos de explotación bajaron en torno a un 45 por ciento.

Ahora bien, durante el ejercicio 2009, el número de compradores de calidad captados en los mercados internacionales y también en el nacional creció un 40 por ciento, ha informado Catalá.

En este escenario, el presidente del comité ejecutivo de la institución explicó que "el resultado final del ejercicio fue de 2,7 millones negativos".

Alberto Catalá ha mostrado su confianza en que con los planes de ajuste del gasto y de relanzamiento comercial, las cuentas de la institución recuperarán el equilibrio en 2011.

Según ha explicado a los miembros del Patronato, los principales pilares de este plan de actuación contemplan un impulso a la actividad comercial con el fin de lograr un 20 por ciento más de metros de exposición en 2011 con respecto a 2009, ya que son los ejercicios comparables por número de certámenes.

Además, pretende iniciar la recuperación progresiva de tarifas para lograr que éstas se equiparen a las de 2007.

Respecto al ajuste de gastos, Catalá ha explicado que para 2010 ya se ha pactado un incremento salarial cero para toda la plantilla, y se han recortado un 10 por ciento las retribuciones del equipo directivo de la institución.

También contempla medidas de ahorro energético y de eficiencia de costes, y se internalizarán los procesos que pongan en valor a la plantilla de la propia institución y conlleven una bajada del gasto.

"Nuestra intención es seguir apoyando a las empresas y crecer un 20 por ciento en metros cuadrados", ha señalado Catalá.

Aprueban el Protocolo de Actuación contra el Acoso Laboral en RTVV

VALENCIA.- La Comisión de Igualdad del VIII convenio colectivo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) aprobó ayer el Protocolo de Actuación ante el Acoso Laboral, confeccionado tras una decena de reuniones de la Comisión de igualdad y el Comité de Salud, con el visto bueno de la mayoría de firmantes del convenio.

La sección de UGT en el ente público informó en un comunicado de que el texto salió adelante con los votos favorables de la empresa, UGT y USO, mientras que Intersindical Valenciana votó en contra del texto.

El protocolo aprobado formará parte del Plan de Igualdad de RTVV, en el que se está trabajando actualmente.

Para UGT, el texto aprobado hoy es "una herramienta que actuará no sólo como protocolo de actuación ante posibles casos de acoso, sino que fomentará un ambiente de respeto a los derechos de los trabajadores de RTVV".

"Es un instrumento para disuadir los posibles acosadores y proteger a las posibles víctimas, y que supera la disposición mínima que exige la Ley de Igualdad, añadiendo el acoso moral o mobbing al estrictamente sexual o de género", explicó el sindicato.

Desde el sindicato señalaron que ese texto "establece los procedimientos para actuar en caso de acoso moral, sexual o por razón del sexo y crea los órganos de resolución de los casos que se presentan", de modo que "los afectados por presuntos casos de acoso podrán denunciar y estar acompañados en todo momento por alguna persona de su confianza".

Además, se constituirá un Equipo de Mediación y Atención que intervendrá en una primera fase, formado por un representante de cada uno de los sindicatos representados al comité de empresa de RTVV (UGT, USO, CCOO, IV, CGT) y un número igual de representantes designados por la empresa. Al respecto, precisaron que la actuación de los mediadores será siempre paritaria empresa-sindicados.

Crearán igualmente una Comisión Instructora de carácter paritario para recibir las quejas por acoso y hacer la instrucción dentro del grupo RTVV, con dos miembros designados por la empresa y otros dos designados por los sindicatos de la Comisión de igualdad.

Funcionará con cuatro áreas (Jurídica, Laboral, Social y de la Salud) y se pretende que sus componentes tengan la formación adecuada para desarrollar su tarea y preferentemente, preparación profesional específica.

Alarte exige la dimisión del síndic de Greuges por "justificar de forma ridícula" la censura fotográfica del MuVIM

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió hoy la dimisión del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, tras considerar "ridícula" y "esperpéntica" la argumentación que ha dado "para tratar de justificar la censura" de las fotografías del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), según informó hoy en un comunicado el PSPV-PSOE.

En referencia a la argumentación esgrimida por Cholbi --que considera que la exposición fotográfica 'Fragments d'un any 2009' "no guardaban la adecuada proporción entre las diversas formaciones políticas para conseguir la necesaria neutralidad"--, el líder socialista indicó que "la proporcionalidad no se mide en las exposiciones de arte", al tiempo que añadió que "en una muestra fotográfica no tiene por qué haber proporcionalidad".

No obstante, apuntó que "sí debe haberla en la publicidad en los medios de comunicación durante las campañas electorales".

Así, Alarte subrayó que "lo que tiene que hacer Cholbi es presentar su dimisión inmediatamente". "Que coja la maleta y se marche ya", apostilló.

Sobre el argumento del Síndic de Greuges, Alarte señaló que "no hay tantas fotos del PSOE como del PP", ya que "el PSOE valenciano jamás ha tenido un Gürtel". En este sentido, recordó que "el PSPV ya echó a la calle a Rafael Blasco --conseller de Solidaridad y Ciudadanía-- hace años por ser poco de fiar".

Según Alarte, "no existe argumento que justifique la censura" que llevó a cabo la Diputación de Valencia el pasado mes de marzo sobre la muestra de fotografías cuando, según dijo, "se trataba de fotoperiodismo, de libertad de expresión, de aquello que ha pasado en la Comunitat Valenciana en los últimos meses, y en ningún momento nos encontrábamos ante un espacio publicitario".

El CGPJ prorroga las medidas de refuerzo de los Juzgados de lo Social por el elevado número de despidos en Valencia y Castellón

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampliará hasta el próximo 31 de julio el plan de medidas extraordinarias de refuerzo de los Juzgados de lo Social, aprobado el pasado mes de septiembre, debido al elevado número de trámites de despido provocados por la crisis económica, según informó hoy el CGPJ.

El Pleno del CGPJ aprobará mañana esta ampliación de los refuerzos para los Juzgados de lo Social de Murcia, Valencia, Málaga, Madrid, Almería, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Castellón, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Elche.

De esta forma, las demandas de despido que entren en los juzgados serán asignadas a los jueces de refuerzo, que podrán celebrar los correspondientes juicios y concluir los asuntos antes de que finalice el plazo de aplicación del plan.

La prórroga no incluye a los Juzgados de lo Social creados y constituidos en 2009, que entraron en funcionamiento el 30 de diciembre de ese mismo año.

El pasado 22 de septiembre el CGPJ, en coordinación con el Ministerio de Justicia, adoptó este plan de refuerzo como respuesta al aumento de la carga de trabajo en estos juzgados a consecuencia de la crisis económica.

Salgado dice que los ayuntamientos deben concienciarse de que parte de sus ingresos "difícilmente va a volver"

MADRID.- La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, afirmó ayer que los ayuntamientos deben "tomar conciencia de su realidad", que es que una parte de los ingresos que tenían hasta ahora, sobre todo procedentes del sector inmobiliario, "difícilmente van a volver en próximos años", por lo que planteó que es "necesario hacer un reajuste de los presupuestos".

Durante una interpelación del senador de CiU Joan Maria Roig i Grau sobre la política del Gobierno en materia de financiación local, Salgado abogó por que los municipios tengan "mayor disciplina y control", al tiempo que resaltó su "comprensión" con su situación actual. Agregó que hay que "avanzar más en el control y la transparencia de las cuentas públicas de las entidades locales".

"Hemos cumplido con nuestro deber de garantizar que la deuda del conjunto de las administraciones públicas no sobrepasa los límites del pacto de estabilidad y crecimiento. El Gobierno está en la línea correcta, tratando de mejorar la transparencia y el control de las cuentas públicas, y los ayuntamientos tienen que contribuir también en este proceso de estabilización presupuestaria", expuso.

Asimismo, subrayó que con el sistema de financiación actual los ayuntamientos tienen que "reducir su gasto", al tiempo que aseguró que "si hay un Gobierno que se ha preocupado de su situación financiera desde luego ha sido este" del PSOE.

En este punto recordó el fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes, la posibilidad de anticipos a cuenta a las entidades locales de la participación en tributos, una línea de avales a través del ICO, o la financiación de remanentes negativos de tesorería.

Destacó también que en la etapa actual de coyuntura económica "adversa", se pusieron en marcha dos fondos, de 8.000 y 5.000 cada uno, para inversiones de los ayuntamientos, con la correspondiente "generación de empleo, riqueza y equipamientos".

El senador, por su parte, explicó que su interpelación versaba sobre todo sobre el impedimento a los ayuntamientos para pedir créditos durante 2011, una medida "desproporcionada que trata a todos los ayuntamientos por igual, algo "injusto y una barbaridad", pues les "impide cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía".

Según destacó, se puede "quebrar la confianza y la lealtad" entre la administración del Estado y la local, y centró sus críticas en ese artículo 14 del decreto ley de medidas de recorte del Gobierno, pues "acabará generando una gran cantidad de problemas de difícil solución y no solucionará el déficit".

"Esta interpelación tiene el objetivo de que dentro de quince días, en una moción, se puede alcanzar un acuerdo para clarificar la situación, sobre todo en el 14.2, el que hace referencia a los créditos, para que los ayuntamientos que han hecho bien su trabajo no se vean obligados a no pedir créditos para financiar sus proyectos. Se tiene que reducir el déficit público pero no a costa de los ayuntamientos, sino adelgazando la estructura del Estado", indicó.

Salgado respondió que "no se prohíbe hacer inversiones", y que lo único que se dice es que "en la medida en que los ayuntamientos tienen que reducir su gasto, no se deben hacer más inversiones de las que permite la situación presupuestaria en cada caso" -esto es, con el dinero disponible-, y agregó que "por eso hay que reducir ese recurso al endeudamiento".

A su juicio, "tienen que hacer un esfuerzo proporcional, pero desde luego tienen que sumarse al esfuerzo común". Puntualizó que "la mayor parte de reducción de déficit corresponde a la administración del Estado", e insistió en su intención de "hacer todo lo posible para que el nivel de deuda no se incremente".

"Esperamos y deseamos a que los ayuntamientos contribuyan al conjunto del control de la deuda pública. Para reducir el déficit hemos hecho un acuerdo de no disponibilidad porque no se trata ahora de cumplir lo que las leyes de presupuestos permiten en cada caso, sino de reducir ese déficit del Estado y el resto de las administraciones", explicó.

Se prepara legislación para acabar con la cultura del 'todo gratis' en el uso de infraestructuras

MADRID.- El PSOE y CiU alcanzaron en el pleno del Congreso un acuerdo sobre una iniciativa de la federación catalana que insta al Gobierno a revisar "en profundidad" el sistema de financiación de las infraestructuras, estudiando el cobro a los usuarios, ante la necesidad de "reequilibrar" los actuales pagos, según avanzaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa advierte, no obstante, que "en ningún caso" esta medida debería comportar un incremento de los costes soportados por el sector del transporte español.

La moción es consecuencia de la interpelación que hace una semana dirigió el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, al ministro de Fomento, José Blanco, quien anunció que buscará fórmulas para garantizar el sostenimiento de la inversión en infraestructuras a largo plazo, mediante la articulación de nuevas vías de ingresos que, según advirtió, supondrán cambiar la actual "cultura del todo gratis".

A juicio de PSOE y CiU, es necesario acometer un debate en profundidad sobre la financiación de la obra pública donde se evalúen todas las propuestas posibles para impulsar las inversiones prioritarias y alcanzar la sostenibilidad en el mantenimiento de las actuales.

Tras el recorte de gasto fijado para el departamento que dirige José Blanco, CiU quiere que se determine un plan de inversiones en infraestructuras en el que se dé prioridad a aquellas que sean más productivas y que más contribuyan a la competitividad de la economía, como el corredor del Mediterráneo en su integridad, esto es desde Algeciras hasta la frontera francesa.

A estos efectos, el PSOE se compromete a que "con la mayor premura posible" se detallen las inversiones incluidas en el Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones de euros, a ejecutar en colaboración con la iniciativa privada, y se presente el nuevo plan de mercancías por ferrocarril.

Blanco plantea una reforma de la financiación local y de CCAA, con reducción de municipios

MADRID.- El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, planteó anoche la eventual necesidad de una reforma de la financiación local y de las Comunidades Autónomas ya que, en sus palabras, "esta hipocresía de que unos gastan y otros recaudan, habrá que cambiarla".

"Hay ámbito para una profunda reforma de la administración (...) es una reflexión personal, no una decisión de partido. En mi partido lo de la supresión de las diputaciones no se ve ni de broma", dijo Blanco en un acto.

"No estoy haciendo ninguna propuesta ni quiero decir que en el partido se haya tomado de una decisión", matizó.

Las entidades locales y regionales son las responsables de buena parte del déficit público español, que debe reducirse desde el 11,2 por ciento con el que se cerró en 2009 al 3 por ciento objetivo de la Unión Europea.

"Tendría que ir acompañado de una decisión sobre el número de ayuntamientos que hay en nuestro país (...) cómo se puede mancomunar servicios...", afirmó Blanco.

El Banco de España presiona a las autonomías para que reduzcan su déficit

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió anoche a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, que disponen de una amplia autonomía fiscal, que hagan mayores esfuerzos para reducir sus déficits públicos.

"Las medidas anunciadas hasta ahora por la mayoría de las comunidades autónomas y corporaciones locales están muy lejos de responder a la necesidad de reducción drástica" de los déficits públicos, declaró Fernández Ordóñez ante la comisión de economía y finanzas del Parlamento.

Es "vital" que los Gobiernos regionales se impliquen más en la materia, añadió.

La amplia autonomía de las 17 comunidades españolas en materia presupuestaria complica las iniciativas del Gobierno de Madrid para reducir el importante déficit del país, que alcanzó a un 11,2% del PIB en 2009, y cuya evolución preocupa a los mercados financieros y a la Eurozona.

Los diputados aprobaron a finales de mayo por un solo voto de ventaja un plan de austeridad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tendiente a reducir el déficit público, que prometió recortar a un 3% del PIB en 2013.

Desde la mayoría de las autonomías fueron anunciadas a su vez medidas que apuntan a reducir sus déficits.

En 2009, el déficit de esas 17 Comunidades Autónomas significó un 2,2% del PIB en 2009, y debería aumentar hasta un 3,2% en 2010, después al 4,2% del PIB en 2011, según las previsiones del Gobierno.

La agencia de clasificación financiera Standard & Poor's (S&P) se preocupó a mediados de mayo por el deterioro de las finanzas públicas de las regiones españolas.

La agencia abrió interrogantes sobre la capacidad de las regiones de reducir los gastos debido a las "tasas de crecimiento de los gastos históricamente altos" en los últimos años y de "sus deseos de llevar a cabo programas ambiciosos y caros".