Vivienda pide a la FEMP datos concretos sobre demanda y suelo disponible para construir VPO

MADRID.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió hoy a los ayuntamientos una serie de informes con datos "concretos" sobre demanda social y suelo público disponible para cumplir con el compromiso de construir 150.000 viviendas protegidas al año, según señaló el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. Paralelamente, el Ministerio impulsará la rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades.

Castro se pronunció así en rueda de prensa conjunta en la sede del Ministerio tras un encuentro con la titular de Vivienda, en el que ésta no admitió preguntas, para analizar el cumplimiento de convenios anteriores y estudiar la ejecución de un plan de vivienda protegida por el que se construirán 150.000 nuevas viviendas al año.

El presidente de la FEMP y alcalde de la localidad madrileña de Getafe desgranó las "prioridades" que le trasladó la ministra y que pasan por la rehabilitación de cascos históricos y la construcción de vivienda protegida, para cuya puesta en marcha Corredor pidió a la FEMP la elaboración de informes con datos "concretos" sobre demanda "real" y suelo disponible.

"Tenemos estudios, pero la ministra nos ha pedido concreción", señaló Castro, quien se mostró seguro de que la demanda actual "supera ampliamente" la oferta prevista. No obstante, se comprometió a exigir a los ayuntamientos que recojan los datos solicitados para la elaboración de los estudios y se mostró satisfecho por que la ministra se muestre dispuesta a "liderar" el proyecto de vivienda una vez disponga de dichos informes.

Eso sí, Castro aprovechó la oportunidad para pedir a todas las administraciones implicadas que "trabajen en la misma dirección" para "tener éxito", y se dirigió especialmente a las comunidades autónomas. Señaló al respecto la necesidad de que los gobiernos autonómicos "agilicen" la aprobación de planes parciales de ordenación urbana porque, de lo contrario, el proyecto podría incluso llegar a "paralizarse".

En esta línea, arremetió contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien acusó de aumentar el precio de la vivienda pública hasta 30.000 euros para equipararlo "prácticamente" al precio de mercado. Para Castro, hay demanda social para vivienda pública de bajo coste y empresas dispuestas a construir a ese precio, por lo que pidió a las comunidades que "mantengan los módulos de vivienda protegida al precio que están".

Preguntado por plazos concretos en la ejecución del plan, Castro precisó que la FEMP y el Ministerio podrán "trabajar en paralelo", de forma que no hará falta esperar a la elaboración de los informes para la ejecución de las medidas previstas. Al respecto, dijo confiar en que la rehabilitación de cascos antiguos finalice en un año y aseguró que muchos ayuntamientos "ya han empezado" a construir vivienda.

Castro también respondió a una pregunta que iba dirigida a la ministra sobre si el proyecto de vivienda pública absorberá el desempleo previsto en la construcción por la desaceleración económica. "Seguro que sí", recalcó Castro, para quien el pleno empleo y la continuidad de la actividad económica "está asegurada" si Ministerio y ayuntamientos "son capaces" de construir las 150.000 viviendas.

En la reunión también se analizaron los pasos dados en la lucha contra el acoso inmobiliario a los ayuntamientos, asunto en el que Castro espera sumar nuevos consistorios y en el que consideró que "hay que pelear con todas nuestras fuerzas" y conocer las fórmulas jurídicas posibles. En su opinión, es esencial además hacer comprender a los ciudadanos que "no deben soportar la presión a la que muchas veces se ven sometidos".

Por su parte, la ministra de Vivienda, que se limitó a hacer una declaración inicial, aseguró que estudiará la posibilidad de "otorgar mayor representación" a la FEMP en la Conferencia Sectorial de Vivienda que convocará en los próximos días.

En este sentido, subrayó el papel de los ayuntamientos como "cómplice imprescindible" para llevar a cabo el Pacto Estatal por la Vivienda por tratarse de una administración "pegada al territorio y al ciudadano" y por conocer "de primera mano" los obstáculos que impiden agilizar la construcción de vivienda protegida y los procesos de rehabilitación de edificios.

Corredor subrayó la importancia de los consistorios dentro de las diferentes administraciones públicas con las que contará de cara a emprender ese acuerdo por la vivienda. Asimismo, citó a empresarios, sindicatos, asociaciones del sector, consumidores, colegios profesionales y colectivos ciudadanos como actores "implicados" con los que también se trabajará desde su departamento.

La ministra de Vivienda explicó que el primer encuentro con la FEMP ha servido para repasar y evaluar los acuerdos que los ayuntamientos ya habían firmado con sus predecesoras, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, como el de prevención del acoso inmobiliario, el referente a las acciones informativas sobre Renta Básica de Emancipación o la colaboración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES con los propios consistorios para la construcción de viviendas protegidas.

El juez insta a los acreedores de Llanera a ver el convenio como "una buena solución"

VALENCIA.- El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, encargado de tramitar el concurso voluntario de acreedores presentado por seis empresas del grupo Llanera instó hoy a los acreedores a que consideren el convenio como "una buena solución", descartando así la liquidación de la compañía, y ello, dijo, "con independencia del magnífico resultado que ha puesto de manifiesto el informe" de la administración concursal.

Presencia se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación hoy en Valencia antes de pronunciar una ponencia sobre 'Tratamiento concursal de las empresas inmobiliarias e incidencias prácticas', acto en el que resaltó que el informe de la administración concursal puso de manifiesto "una situación económica envidiable, teniendo en cuenta que es un concurso", matizó.

Al respecto, subrayó que se trata del "primer gran concurso donde el informe revela un activo superior al pasivo y además, con esa diferencia", lo que significa que "si se vendiera hoy todo --aunque no es lo deseable, apostilló-- todo el mundo cobraría". Así, señaló que dado que "la ley lo que piensa es en proteger el interés de los acreedores, desde luego, con la labor que se ha hecho en Llanera se ha protegido y está más que cubierto, al menos en teoría", agregó.

Sobre este punto, el magistrado precisó que "otra cosa distinta es la situación actual del sector inmobiliario", que obliga a tener que "valorar" si "el valor que refleja el informe se conseguiría si se entrara en liquidación", y advirtió en este sentido de que "el acreedor no piense que yendo a liquidación va a tener garantizados sus derechos e intereses. Tendrá que valorar que si se entra ahora en liquidación no se cumplan las expectativas", incidió.

Por todo ello, resaltó que hay "tiempo" para que "los acreedores se convenzan de que una buena solución es el convenio", dado que constituye "una previsión que está en la ley y que no hay que perderla de vista, incluso a pesar de lo favorable que ha sido el resultado que arroja el informe de la administración concursal", insistió Presencia.

Respecto a los pasos a seguir a partir de este momento, explicó que tras la presentación del informe de la administración concursal se abre una 'fase de impugnación', ya que se trata de "un informe provisional que se hace definitivo después de que se resuelvan las posibles impugnaciones a través de los incidentes" y "se dicten resoluciones definitivas para hacer que esa lista de activo y pasivo, que es provisional y que es el informe, se haga definitiva".

A continuación, se dicta un auto que pone fin a la denominada 'fase común' del proceso concursal y da comienzo a la 'fase de convenio', puesto que "salvo que la empresa quiera ir a liquidación --que no lo ha dicho ni lo hará, precisó-- tiene que ir a la fase del convenio" y el juez deberá "convocar una junta de acreedores aunque no haya propuesta de convenio y eso tiene que ocurrir", sentenció.

Por otra parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmaron que el presidente del grupo Llanera, Fernando Gallego, y sus dos hijos, Fernando y José Ramón, vicepresidentes y representantes legales de la firma, prestaron hoy declaración en el juzgado número 1 de Xàtiva en calidad de imputados por un presunto delito de estafa en un contrato con el grupo Auchan, matriz de Alcampo, para la construcción de un centro comercial.

Admitida a trámite la solicitud de concurso de acreedores de la cadena de electrodomésticos Ivarte

VALENCIA.- El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha admitido a trámite la petición de concurso voluntario de acreedores --antigua suspensión de pagos-- presentada por la cadena de electrodomésticos Ivarte, con sede en Ribarroja, según informaron a fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El magistrado dictó hace diez días un auto por el que aceptaba el concurso de acreedores requerido por la entidad valenciana previamente, puntualizaron las mismas fuentes.

Una vez dictado el auto de declaración de concurso, se nombrarán a las tres personas que a partir de ese momento serán los administradores concursales, y tras la aceptación como mínimo de dos de las tres personas designadas, la administración concursal tiene un plazo de dos meses para elaborar un informe en el que realicen una revisión del activo de la empresa, del pasivo y de sus acreedores, entre otras cuestiones.

Posteriormente, el informe confeccionado por los administradores concursales se trasladará a los acreedores y se abrirá el periodo de alegaciones, punto en el que acaba la denominada 'fase común' del proceso concursal y empieza la 'fase de liquidación o convenio con acreedores'.

Ivarte es una amplia cadena de tiendas de electrodomésticos, electrónica y telefonía, altamente especializada en la instalación de aire acondicionado, y que cuenta con más de 30 años de historia en el mercado y más de 60 establecimientos distribuidos en diversos puntos del territorio nacional, con especial concentración en la provincia de Castellón y, sobre todo, en la de Valencia.

Así, además de las tiendas ya citadas en Valencia capital y provincia, y Castellón capital y provincia, la compañía valenciana posee puntos de venta en Murcia, Málaga, Sevilla, Huelva, Granada, Cádiz, Córdoba, Jaén capital, Andújar, Linares, Fuengirola, Segovia, Pamplona y Tudela.

Un magistrado dice que los juzgados mercantiles son "los centros de mayor venta de inmuebles" de España

VALENCIA.- El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, encargado de tramitar el concurso voluntario del Grupo Llanera, aseguró hoy que algunos juzgados mercantiles de España, como los de Valencia y Bilbao, se están "convirtiendo en las agencias inmobiliarias más importantes de España", puesto que "son los centros de mayor venta de inmuebles que hay en toda España".

Presencia hizo estas declaraciones hoy en Valencia antes de pronunciar una ponencia sobre 'Tratamiento concursal de las empresas inmobiliarias e incidencias prácticas'.

Durante el acto, el magistrado alertó de que las autorizaciones para ventas de viviendas en los numerosos procesos concursales declarados en el sector inmobiliario están "a la orden del día" y "ocasionan el problema añadido de inundar el sector", así como "saturar el parque de viviendas español".

En este sentido, precisó que en el caso de Valencia "en este momento, casi el 100% de los concursos que se presentan eran de empresas constructoras", lo que, a su juicio, evidencia el "problema evidente" de estar "ante una crisis del sector manifiesta". En los últimos días, los juzgados valencianos están recibiendo hasta dos solicitudes de concursos diarias.

Por todo ello, Presencia consideró que "es el momento de ponernos acuerdo todos los profesionales que intervenimos en esto" junto "con la Administración y las entidades financieras" para intentar buscar "una solución a esta crisis", subrayó.

Así, el magistrado efectuó una "llamada" a la Administración pública y al sector bancario para "llegar a puntos de encuentro y ponerse de acuerdo para permitir las mejores soluciones de los concursos del sector inmobiliario", agregó Presencia, quien recalcó que las soluciones "pasan necesariamente por el acuerdo".

El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia hizo hincapié también en que "las grandes empresas que están en concurso y las deudoras que quieren alcanzar un convenio, van a tener que convencer a los acreedores de que tienen igual o más garantías yendo a convenio que en caso de quedarse a liquidación", algo que consideró "muy difícil" de lograr.

El juez abogó por acuerdos entre los diferentes actores del concurso, las Administraciones y las entidades financieras con la finalidad de evitar "las liquidaciones en cadena, la saturación del mercado y la insatisfacción del interés del acreedor, que es lo que debe regir en el procedimiento concursal", sentenció.

En la misma línea, instó a los acreedores a "cambiar el chip" y "asumir la crisis", de modo que incluso en aquellos procesos concursales en los que las compañías presenten más activo que pasivo, como en el caso de Llanera, no opten por "dejarse llevar por la lógica de "más vale pájaro en mano y acudir a la liquidación".

El magistrado advirtió que aunque el informe concursal diga que el activo es superior al pasivo, esto "no quiere decir que si se vendiera todo se satisfarían todos los créditos, porque el mercado está saturado".

Así, recordó que el concurso de acreedores es un instrumento para satisfacer los intereses del acreedor y señaló que el legislador entiende que "la mejor manera de satisfacer el interés de los acreedores es la continuidad de la empresa".

El juez criticó la "paradoja" que supone llevar a una empresa a la liquidación como "salida fácil" cuando su informe concursal presenta más activo que pasivo.

Empresarios y políticos catalanes y valencianos se unen en la promoción del Corredor Mediterráneo

BARCELONA.- Empresarios y políticos catalanes y valencianos se reunieron hoy en una jornada técnica sobre el Corredor Mediterráneo viario y ferroviario, en la que destacaron la importancia de estas infraestructuras para la economía de ambas autonomías y del conjunto de España.

Los Comités Ejecutivos de la Cámara de Comercio de Valencia y de Barcelona, presididos por Arturo Virosque y Miquel Valls, respectivamente, debatieron sobre las obras que quedan por hacer para mejorar la conexión viaria de Levante hacia Francia y sobre la conexión ferroviaria de Alta Velocidad pendiente entre Castellón y Tarragona.

El presidente de la Cámara catalana, Miquel Valls, destacó lo positivo del encuentro no sólo por la unión empresarial que supone, sino por la implicación del mundo político. De hecho, asistieron el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, y su homólogo en la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps.

Valls recalcó que la jornada de hoy sirvió para "poner sobre la mesa" los proyectos del Corredor Mediterráneo, y que ahora falta "trabajar conjuntamente el mundo empresarial y el político".

El conseller Camps expuso que el Corredor Mediterráneo es un proyecto compartido por Cataluña y Comunidad Valenciana, y también por el Gobierno, según las declaraciones realizadas durante la campaña electoral, recordó. Por ello, abogó por "pasar de la musa al teatro" y que se haga realidad.

El titular de Economía catalán hizo hincapié en que el Corredor Mediterráneo es "una arteria vital para el crecimiento económico de España".

El PP de Elche recurre la impugnación de los compromisarios

ELCHE.- La Gestora del PP de Elche recurrirá la impugnación de los compromisarios, que el pasado lunes realizó la dirección provincial del partido en Alicante, al tiempo que elevará al Comité de Disciplina las declaraciones del edil Emigdio Tormo contra la presidenta de la gestora, Mercedes Alonso, a la que acusó de impedir un debate democrático interno en el PP ilicitano.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el portavoz adjunto de la gestora, José Sala, anunció que presentarán un recurso contra la impugnación de la proclamación de compromisarios que realizó el PP de Elche, después de que la gestora no aceptara una lista de quince solicitudes, encabezadas por el edil, Emigdio Tormo (en la imagen), afín a la dirección provincial del PP, al entender que estaba fuera de tiempo y forma.

De este modo, la gestora suspendió las votaciones y proclamó a los 15 candidatos. Sin embargo, un grupo de militantes cercanos a la dirección provincial del PP expresaron su "malestar" por haber sido excluidos y alegaron que era "radicalmente falso" que las solicitudes no se hubieran presentado conforme se prevé en los estatutos. Posteriormente, la dirección provincial decidió presentar al Comité Organizador Nacional una impugnación por esta decisión.

Tras estos hechos, la gestora de Elche ha recurrido la impugnación contra la elección de compromisarios y están "convencidos que ese recurso se va a aprobar a favor de los intereses de la Gestora". Además, según resaltó, "Elche siempre va a defender su autonomía y el partido tiene muy claro quiénes son los 15 compromisarios que se van a presentar en el congreso de Valencia".

De este modo, el Comité Organizador del Congreso Nacional del PP será la instancia que tendrá que decidir si hay o no elecciones a compromisarios en Elche.

Además, indicó que han trasladado al Comité de Disciplina y Garantías del PP, presidido por Federico Trillo, las declaraciones realizadas el pasado sábado por el edil Emigdio Tormo en contra de la portavoz popular, Mercedes Alonso, a quien acusó de no querer un debate democrático en el seno del PP ilicitano.

Sala manifestó que las declaraciones de Emigdio Tormo "no han sentado bien" y por ello se han puesto en conocimiento del Comité de Disciplina por si se hubiera incurrido en alguna falta que requiriera de algún tipo de sanción interna.

Por último, y a pesar de estas diferencias, José Sala opinó que el partido "está más unido que nunca" porque "ahora ser del PP de Elche es ser de Mariano Rajoy, Francisco Camps y Mercedes Alonso, cuando hace poco no era así".