Si los valencianos levantáramos en alguna ocasión los ojos de nuestro ombligo, descubriríamos que no somos tan únicos ni tan singulares, a pesar de la cargante propaganda que emite la Generalitat y sus voceros. Desde finales de junio, asistimos al espectáculo que nos ofrece el Consell a cuenta de la fusión de las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana.
Cierto es que en punto a hacer el ridículo nuestro gobierno es difícilmente superable, pero el debate sobre la conveniencia o no de fusionar a Bancaja con la CAM es idéntico a la mayoría de los que se vienen produciendo en España sobre la misma cuestión.
Si alguien se tomara la molestia de comprobar lo que ocurre en Galicia, comprobaría que la confrontación entre Vigo (Caixanova) y A Coruña (Caixa Galicia) se parece como una gota de agua a otra a lo que ocurre entre Alicante (CAM) y Valencia (Bancaja).
Los argumentos que utilizan los vigueses para oponerse a la fusión con Caixa Galicia, con su alcalde Abel Caballero, ex ministro de Agricultura con Felipe González, al frente, más la Cámara de Comercio y la patronal de la provincia de Pontevedra están calcados de los que esgrimen José Joaquín Ripoll, la Cámara alicantina y la patronal Coepa cuando se oponen a la unión con Bancaja.
Desconozco si Galicia tiene los problemas de vertebración de la Comunidad Valenciana y si Vigo tiene tantas tentaciones cantonalistas como desde Valencia se achacan a Alicante. Pero si en dos zonas tan alejadas geográficamente se mantienen las mismas posturas, es seguro que los motivos de fondo no tienen nada que ver con razones identitarias y sí mucho con intereses concretos de segmentos sociales muy concretos.
Si la confrontación entre Vigo y A Coruña es similar a la que se da entre Alicante y Valencia, no se puede decir lo mismo de la manera de afrontar los problemas por parte de los gobiernos autonómicos. En Galicia, su presidente Alberto Nuñez Feijóo propuso el pasado jueves un pacto con partidos políticos, sindicatos y patronal para acercar posiciones y buscar apoyos para la fusión entre las dos entidades financieras gallegas.
Feijóo se ha marcado un plazo de diez días para hacer posible ese gran pacto social y político; pero no parece que lo vaya a tener fácil. Caixanova, con el apoyo de los políticos y empresarios de Vigo, no está por la labor.
Pero la diferencia entre Feijóo y los dos Camps (Francisco y Gerardo) es notable. Mientras en Galicia se busca el consenso para afrontar una tarea de las que justificarían una legislatura, en la Comunidad Valenciana se apuesta por el disenso y la confrontación con posturas irresponsables, frívolas, erráticas e imprudentes.
Al anuncio en junio de este año por parte del Consell de la conveniencia de un pacto entre Bancaja y la CAM; contestó el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, con la oferta de una negociación sobre el mapa financiero autonómico. Oferta que fue recibida con olímpico desprecio. Gürtel lo ensucia todo, pero sobre todo nubla las mentes de los responsables del gobierno valenciano, incapaces de pensar con claridad. Sus problemas personales son de tal magnitud que han perdido el rumbo hace tiempo. Van a la deriva.
Sólo así se explica las constantes contradicciones en que caen sobre el futuro de las cajas de la Comunidad Valenciana. Incapaces de mantener el timón fijo, los Camps (nuestros particulares Hernández y Fernández) tienen todas las papeletas para convertirse en verdugos y enterradores de las cajas de ahorro, por utilizar la expresión de Xavier Vidal-Folch.
Lo más grave de todo este asunto es que Gerardo Camps, el mismo día en que metió la pata hasta el corvejón anunciando que la CAM iba a entrar en pérdidas en 2010, hizo un análisis lúcido de la situación. Una situación bipolar, con dos grandes cajas nucleadas alrededor de Caja Madrid y la Caixa en la que la Comunidad Valenciana saldría perdiendo.
De ahí la conveniencia de reforzar el eje Bancaja-CAM para que en el futuro las cajas de ahorro se asentaran sobre tres puntos, no sobre dos. Pero la lucidez desaparece cuando tropieza con la frivolidad. Y al vicepresidente económico eso le ocurre con demasiada frecuencia.
En el funeral de las cajas no estarán solos los Camps. Jorge Alarte ha optado por un silencio táctico. Su postura a favor de la fusión es tan reservada que no se le oye. Si alguien tiene que incinerarse en la pira alicantina que sea el PP de Francisco Camps, debe pensar. Y quién debería ocupar un puesto destacado es la secretaria general de los socialistas de Alicante. Ana Barceló, para defender a la CAM, no ha tenido más ocurrencia que confrontarla con Bancaja. Una cosa es defender los intereses de la provincia y otra que la boina localista la deje cegata.
Y con los políticos, ilustres patronales como la Cierval, que prefiere creer a un vicepresidente mentiroso, antes que fijar una posición. O el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós. Tan discreto, tan callado, tan mudo. En la Cámara alicantina han pasado de la exuberancia verbal de Antonio Fernández Valenzuela al silente Garrigós. Qué cosas.
Las cajas de ahorro concentran el mayor riesgo hipotecario del sistema financiero español y los próximos años van a ser muy duros. Nada volverá a ser igual que antes de la crisis. Lo saben en Bancaja y lo saben en la CAM.
La primera, ahora mismo, permanece aparentemente inmóvil porque cree que con sus recursos podrá resistir los embates del temporal; pero la segunda, digan lo que digan sus directivos, no para de moverse: Caja Murcia, fusiones virtuales con Caja Madrid y Caixa Galicia. Los contactos son permanentes. Con los hechos demuestra que es partidaria de una fusión, pero no con Bancaja.
La metedura de pata de Gerardo Camps del pasado miércoles es motivo más que sobrado para que hubiera presentado su dimisión inmediata. No lo hizo y optó por la mentira. No vale la pena exigir que se marche. De hecho la mayoría del Consell dimitió de sus responsabilidades hace tiempo. Pero en eso también sintoniza muy bien con la sociedad valenciana, cuyos ciudadanos llevan años dimitidos, anestesiados con el pan y el circo. Veremos qué pasa ahora que no hay ni una cosa ni la otra.
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MADRID.- La receta para acabar con la corrupción no es otra que ser buen católico. Este discurso, que trasciende de las palabras de algunos miembros del Partido Popular, pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), según revela 'Público'. 
