viernes, 14 de diciembre de 2012

La Generalitat recorta 36 miembros de sus organismos estatutarios

VALENCIA.- La Generalitat valenciana recortará un total de 36 miembros de sus instituciones estatutarias, el Consell Valencià de Cultura (CVC), el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Comité Económico y Social (CES). El objetivo es seguir "criterios de eficacia, eficiencia y simplificación de la administración", así como reducir gasto.  

   Así lo ha anunciado el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, que ha dado a conocer el contenido fundamental de los anteproyectos de Ley para reestructurar las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat, que ha aprobado este viernes el pleno del Consell.    
   En concreto, el CVC --que en estos momentos está integrado por 21 representantes-- reducirá su composición a 11 personas. Las renovaciones parciales de la institución seguirán el mismo criterio de la ley actual pero se harán cada tres años y, en lugar de llevarlas a cabo a razón de 10 u 11 miembros, se hará a razón de 5 en la primera renovación y de 6 en la segunda, ha detallado Castellano.
   La misma disminución sufrirá la AVL, que pasa de 21 a 11 miembros. El procedimiento para renovar el ente normativo del valenciano se hacía hasta el momento cada cinco años por tercios. Cuando se aprueba la nueva norma, el sistema prevé el cambio de cuatro a los cinco años, otros cuatro a los diez y de tres a los 15 años.        
   Respecto al CJC, perderá un consejero (de seis a cinco). Asimismo, hasta la fecha las Corts Valencianes elegían a tres y el Consell a tres. En el anteproyecto, el parlamento autonómico continuará seleccionando tres nombres mientras que el Consell elegirá a dos.
   Sobre este organismo, e interrogado por si se ha tenido en cuenta en Estatuto de expresidentes --que posibilita la incorporación de los antiguos jefes del Consell a esta entidad-- ha señalado que el anteproyecto no entra en esta cuestión.
   Por último, el CES verá cómo se recortan sus 29 miembros actuales a 15 y también experimentará un cambio de estructura. En concreto, el primer grupo, correspondiente a organizaciones sindicales, pasará de 7 a 4 representantes y mantendrá sus sistema de elección, al igual que el segundo grupo, el de las entidades empresariales.
   En el tercero (también de 7 a 4) hay novedades, ya que se suprimen los representantes de cámaras de comercio y del sector financiero, se unifica el de los sectores agrario y marítimo y pesquero y se conserva en de economía social, corporaciones locales y organizaciones de consumidores y vecinos.
   El cuarto grupo, en representación de la Generalitat, que tenía 7 miembros, desaparece como tal, "para reforzar la independencia". En su lugar, se mantiene la designación y nombramiento por el Consell de dos personas expertas en asuntos pertenecientes al ámbito material de competencias del Comité.

   El conseller no ha especificado el ahorro que el Ejecutivo valenciano espera obtener con estas medidas pero ha hecho notar que la reducción de miembros supone también la del pago por asistencia a los plenos y reuniones, con lo que el gasto en este concepto baja alrededor de un 50 por ciento.
   Ha añadido que, además, habrá una reducción porcentual del personal en cada institución, aunque ha aclarado que eso no tiene "nada que ver con los anteproyectos", ya que se trata de "criterios de gestión del día".
   En cuanto a los plazos para ejecutar estas transformaciones, el titular de Gobernación y Justicia ha precisado que "cuando se apruebe la ley por parte de las Corts y en el plazo de tres meses siguientes a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), la cámara autonómica tendrá que elegir a los diversos representantes en cada una de las instituciones por mayoría de dos tercios.
   "Hoy aprobamos el anteproyecto, que se remitirá a todos los organismos para que emitan sus dictámenes; después se enviará a las Corts para su debate y aprobación", ha aseverado Castellano.
   Cuando se le ha hecho notar que para que estas propuestas salgan adelante hace falta el acuerdo con otros grupos políticos, ha declarado que se necesita una mayoría cualificada de tres quintos y ha agregado que "se está hablando y negociando" con la oposición.
   Según subraya el Gobierno valenciano, el anteproyecto "pretende racionalizar la estructura de las instituciones valencianas de autogobierno de la Generalitat".
 "Con este objetivo se realizan modificaciones centradas en cuatro pilares: reducir los miembros de las instituciones, estructurar los contenidos de las mismas según la legislación vigente, así como adaptarlas a la normativa vigente y a nuestro Estatut d'Autonomia y adecuarlas a la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres", concluyen.

La deuda de la Comunitat cae un 0,55% en el tercer trimestre, hasta los 25.574 millones

VALENCIA.- La deuda de la Comunitat Valencia ha bajado en el tercer trimestre del año un 0,55 por ciento respecto al trimestre anterior, hasta los 25.574 millones de euros, y se sitúa como la segunda región con mayor volumen de deuda, por detrás de Cataluña.

   Según los datos del Banco de España, a nivel nacional la deuda de las comunidades autónomas ha caído en este período, algo que no ocurría desde el tercer trimestre del año 2008. En concreto, se situó en 167.460 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 0,48% menos que los 168.271 millones registrados hasta junio, la cifra más alta de la serie histórica.
   A pesar del leve descenso, el ratio de deuda sobre PIB de las CCAA se ha mantenido en el 15,9% del PIB, la misma cifra que en el trimestre anterior. Además, en tasa interanual la deuda autonómica ha repuntado un 21,7%.
   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda ha sido nuevamente Cataluña, con 45.754 millones de euros, cantidad que representa el 27,3% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
   Detrás de Cataluña, se ha situado la Comunitat Valenciana (25.574 millones de euros) y Andalucía, cuya deuda fue de 18.495 millones de euros, situándose así por delante de Madrid (17.780 millones). Entre las cuatro acumulan el 64,2% del total del endeudamiento regional.

Juzgan a ocho personas, entre ellas a Mònica Oltra, por los desalojos en el barrio de El Cabanyal en 2010

VALENCIA.- Ocho personas, entre ellas, la portavoz adjunta de Compromís en la cámara autonómica, Mònica Oltra, se enfrentarán el próximo lunes, 17 de diciembre, a un juicio de faltas por los desalojos que tuvieron lugar en el barrio valenciano de El Cabanyal el 6 de abril de 2010. La vista tendrá lugar a las 10.00 horas en el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, por desobediencia, resistencia y lesiones.

   En concreto, están citados Mònica Oltra, dos vecinos del barrio valenciano, y otras cinco personas pertenecientes a la Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar, entre ellas, Faustino Villora, según ha podido saber Europa Press.
   Los hechos se remontan al 6 de abril de 2010, hace ya casi dos años y medio, cuando se registraron los primeros derribos de viviendas en El Cabanyal, tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad, que declaraba expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudicaba la protección del conjunto histórico.
   Durante la jornada, en la que se derribaron cinco inmuebles ubicados entre las calles San Pedro y Vidal de Cañelles, hubo una gran tensión entre vecinos, policías y políticos. Vecinos y políticos de partidos de izquierda se plantaron ante los inmuebles para exigir que cesaran los derribos hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.
   Sin embargo, continuaron los derribos hasta el punto de que los agentes tuvieron que ir sacando "a rastras" a los políticos, entre los que se encontraban Mònica Oltra, quien cayó al suelo y aseguró que los agentes le habían agredido. Por su parte, la Policía informó de que varios de sus agentes también habían resultado heridos, alguno de los cuales tuvo que recibir puntos de sutura, según informaron desde Jefatura en ese momento.
   Vecinos y políticos actuaron de esta manera para "proteger el barrio" y porque estaba vigente una orden ministerial, dictada por la entonces ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, en la que se declaraba acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI, según ha señalado la portavoz de la plataforma Salvem, Maribel Domènech.
   Domènech ha indicado que el día de los hechos "solo estábamos abrazando las casas, para evitar su derribo", al igual --ha recordado-- que hizo un colectivo de mujeres en India, "que se ataron a árboles para hacer una resistencia pacífica". "Y así estuvimos en la calle, rodeando las casas en resistencia pasiva", ha puntualizado.
   La portavoz ha afirmado que llegar a esta situación de juicio es "injusta" porque mientras que las denuncias que interpusieron desde la plataforma contra la Policía Local y Nacional por "lesiones" a vecinos que estaban "pacíficamente" en la calle, las denuncias hacia ellos "han prosperado". "No hay justicia para todos", ha lamentado.
   Asimismo, Domènech ha recordado que el tiempo les ha ido dando la razón, "con todas las sentencias judiciales a nuestro favor, además de la orden ministerial"
"Ahora solo queda pendiente una resolución del Tribunal Supremo (TS) respecto a la orden", ha puntualizado.
   Mònica Oltra ha afirmado que afronta el juicio "con buen ánimo" porque Fiscalía ya pidió la absolución contra ella en su día, y entiende que "seguirá manteniendo ese criterio". Así, ha lamentado que la acusación contra ella solo la mantiene el Ayuntamiento de Valencia, "es decir, el PP".
   La diputada ha afirmado que lo que hizo el 6 de abril de 2010, "lo volvería a hacer una y mil veces", porque "lo único que hice fue defender al barrio de los atropellos y la ilegalidad del Ayuntamiento", ha dicho. "Lo que hicimos allí fue evitar el expolio, que se derrumbaran las casas, y lo hicimos de forma pacífica, democrática, ciudadana".
 "No hay ningún ilícito penal en la actuación de nadie", ha apostillado.
   La Plataforma Salvem El Cabanyal y la Plataforma per les llibertats i contra la Represssió han convocado para el lunes una concentración ante la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia, a las 9.30 horas, para apoyar a las personas citadas a la vista.
   Por su parte, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, y los militantes de la formación, Rosana Montalbán y Esther Sanz, acudirán también a la Ciudad de la Justicia, donde comparecerán como denunciantes en el juicio. Sanz atenderá a los medios a las 9.30 horas en la puerta principal.

El Consell nombra a Reig director de RTVV

VALENCIA.- El pleno del Consell ha nombrado este viernes a Alejandro Reig como nuevo director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en sustitución de José López Jaraba, según ha informado el vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, quien ha avanzado que, con este nombramiento, todos los procesos iniciados en el ente público --como es el caso de las notificaciones a los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)-- "tendrán su continuidad a partir del lunes".

   Císcar ha indicado que en el pleno de este viernes, se ha producido el cese, a petición de López Jaraba, como nuevo director del ente público. El Consell --ha agregado-- le ha agradecido los servicios prestado en su cargo. Interpelado por los motivos del cese, ha señalado que tienen constancia de que obedece a motivos "estrictamente personales y familiares".
   Como consecuencia de este hecho, el Consell ha aprobado este viernes nombrar a Reig nuevo director del ente, quien tendrá que  hacer frente a la fase final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá el despido de más de 1.100 trabajadores. Permanecerá en el cargo hasta que asuma esta responsabilidad la jurista Rosa Vidal, quien fue elegida en octubre, por el pleno de las Corts, directora general para el ente resultante del proceso de reestructuración de la televisión.
   Al respecto, Císcar ha recordado que la entidad se encuentra en estos momentos inmersa en un proceso de constitución de RTVV S.A., que está regulado en disposiciones transitorias de Ley 3/2012 del 20 de julio de la Generalitat del Estatuto de RTVV.
   El portavoz ha explicado que esto "exige" la designación "urgente" de una persona que supla al titular de la dirección, "en tanto que el Consejo de Administración de la misma procede a su designación por el procedimiento legalmente establecido", ha dicho.
   Así, esta normativa indica --según ha puntualizado-- que tanto el consejo como el director del ente finalizarán sus funciones cuando se produzca la fusión de las sociedades mercantiles, Televisión Autonómica Valenciana S.A., y Radio Autonomía Valenciana S.A. A partir de ese momento, "y no antes", es cuando se debe designar el consejo de liquidación que asumirá la gestión, dirección y representación de la entidad pública en liquidación, ha apostillado.
   Teniendo en cuenta estos aspectos, Císcar ha señalado que la situación de cese, a petición propia, del director, "requiere por tanto adoptar una medida urgente hasta que se formalice un nuevo nombramiento de director general por el procedimiento legal establecido". Y el nuevo nombramiento ha recaído sobre Alejandro Reig.
   Ahora, --ha aseverado-- Reig comenzará su trabajo "de manera inmediata" y "sin dilaciones", "esperamos que este mismo lunes", ha dicho. "No tiene que haber ningún paro en el proceso de funcionamiento de RTVV". En este punto, se le ha preguntado cuándo continuarán las notificaciones a los afectados por el ERE, a lo que ha contestado: "todos los procesos tendrán su continuidad a partir del próximo lunes".
   Preguntado por si hay una fecha prevista para que se reúna el Consejo de Administración del ente y apruebe el nombramiento de Reig, ha indicado que todavía no la hay, pero ha adelantado que "va a ser muy pronto".
   Alejandro Reig dirigía hasta la fecha la Fundació de la Ciutat de les Arts i les Ciencias, dependiente de la Administración autonómica, y en vías de liquidación. También fue director de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva).

Bankia cede 300 viviendas a la Generalitat para alquilarlas a familias que han perdido su hogar

VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha firmado este viernes el acuerdo por el que cederá entre 250 y 300 viviendas a la Generalitat valenciana para que las alquile, por un máximo de 200 euros mensuales, a familias que han perdido su vivienda habitual por un proceso de ejecución hipotecaria o por otras circunstancias excepcionales derivadas de la actual crisis económica. 

   Así lo ha señalado en su intervención tras suscribir su primer protocolo de colaboración de estas características con la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en un acto que ha estado presidido por el jefe del Consell, Alberto Fabra.
   Esas viviendas, cuya titularidad conserva Bankia, se incorporarán a las 600 que integran el parque público de la Generalitat y se destinarán al Programa Extraordinario de Arrendamiento de Interés Social. En concreto, será la Red Alquila quien realice las labores de mediación y prepare los contratos de arrendamiento, mientras que Bankia bonificará hasta un 50 por ciento el alquiler durante los primeros cinco años de contrato, y tres si cambia la legislación, y el alquiler de esas viviendas cedidas no podrá superar los 200 euros.
   Según señala la entidad, la bonificación de Bankia llegará a la mitad de la renta del inquilino durante el primer y el segundo año de alquiler, mientras el tercer año se situará en el 40 por ciento, el cuarto en el 30 por ciento y el último, en el 20 por ciento. Además,  adecuará las viviendas para que cumplan con los criterios de habitabilidad antes de la entrada de los inquilinos.
   Las condiciones para acceder a este arrendamiento son haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o estar en proceso de reclamación judicial, así como estar en riesgo de exclusión social, en situación de desempleo con cargas familiares o con ingresos limitados. También se atenderá a mayores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
   Goirigolzarri ha subrayado que "la sensibilidad por parte de Bankia respecto al problema del impago de hipotecas viene de hace tiempo" y ha apuntado que, en los dos últimos años, ha redefinido las cuotas a pagar en 80.000 hipotecas, con lo que ha renegociado "prácticamente el 10 por ciento" de su cartera. Además, la entidad ha aceptado "más de 4.400 daciones en pago" en el último año y medio.
   Según la entidad, cada día cerca de 70 familias han conservado su hogar gracias a haber adecuado la letra a su capacidad de pago y más de 15.000 de las 80.000 "adecuaciones" corresponden a la Comunitat.
   Entre las alternativas que les ofrece Bankia figuran alargamientos de plazos y carencias en el pago del principal y, en último caso y en ausencia de cualquier ingreso, acepta la dación en pago. De las cerca de 4.300 daciones aceptadas desde 2011, 700 han sido en la Comunitat.
   Goirigolzarri ha subrayado que este primer convenio supone "un paso muy importante" para enfrentar "de forma coordinada" el problema del impago de hipotecas, tal y como propuso él mismo en el congreso de APD celebrado en Valencia hace apenas un mes, motivo por el que asegura sentir una "satisfacción tremenda" por firmado en Valencia.
   En este sentido, ha indicado que "hoy es un día de gran satisfacción por un doble motivo", por el acuerdo alcanzado y por hacerlo en la Comunitat Valenciana, que es "fundamental" para Bankia como "entidad de referencia en la región" y porque, además, "representa casi una cuarta parte" de su negocio total en España.
   El dirigente de Bankia también ha valorado la "capacidad de respuesta" y la "agilidad" mostradas por la Generalitat valenciana.
   Por su parte, Fabra ha agradecido la "sensibilidad" mostrada por Bankia y ha valorado que, con este acuerdo, ofrecerán "tranquilidad y sobre todo un halo de esperanza" y tenderán "muchas posibilidades nuevas" a "muchas familias que en estos momentos ven con mucha angustia la dificultad de tener que atender el pago de la hipoteca".
   "Bankia juega en casa en la Comunitat Valenciana", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha celebrado que haya firmado en esta autonomía su primer convenio de este tipo, como parte de una sociedad en la que "todos debemos arrimar el hombro y mostrar sensibilidad".
   A su juicio, instituciones, agentes sociales y sociedad deben unir esfuerzos ante las "situaciones muy acuciantes" vividas para "el pago de la hipoteca y sobre todo, ante la falta de pago, los desahucios".
   Fabra ha defendido que la Comunitat Valenciana "fue de las primeras en darse cuenta de esta situación" y que, a mediados de año, puso en marcha el Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social o de Arrendamiento de Vivienda Pública a Familias en Riesgo de Exclusión Social y creó el registro inicial de demandantes, en el que se han inscrito 150 familias de la Comunitat hasta este momento.
   Ha argumentado, en este punto, que se trata de "una cuestión social" y las administraciones deben ser "sensibles a esa angustia" y garantizar los derechos de las personas más vulnerables. En el caso de la Generalitat, ha dotado cinco millones de euros para reformar viviendas públicas para destinarlas a arrendamiento social, 462.000 euros más que en 2012, ha firmado ocho convenios con ayuntamientos y tiene previsto suscribir otros 31 acuerdos de este tipo en 2013.

La población aumenta en la Comunitat un 20,4% en una década

MADRID.- La población ha aumentado en la Comunitat Valenciana un 20,4 por ciento en la última década, hasta en un total de 847.155 personas, con lo que alcanzó los 5.009.931 habitantes en noviembre de 2011, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Estos datos responden al censo de población elaborado durante los últimos meses de 2011 y primeros de 2012 por el INE, una operación que repite cada diez años. El informe también proporciona, entre otra información que se irá difundiendo a lo largo de los próximos meses, la población de cada uno de los municipios de España.
   En concreto, los datos señalan que Alicante es la séptima provincia con mayor crecimiento de población en la última década, con un 26,7 por ciento, y Castellón, la décima, con un aumento del 22,7 por ciento.
   Por municipios, La Nucia (Alicante) es el décimo municipio con mayor crecimiento poblacional en el mismo periodo, al registrar un aumento del 159,5 por ciento; y Rojales, también en Alicante, la décimosexta, con un cremiento del 16 por ciento.
   Respecto a la población extranjera, alcanza el 15,1 por ciento de la población en la Comunitat y desde 2001 ha experientado un aumento del 147,7 por ciento, al pasar de 217.673 habitantes a los 756.772 actuales.
   Alicante es la provincia con mayor población extranjera, al obtener un 20,5 por ciento, y Castellón figura también como una de las diez provincias con mayor población extranjera, al registrar el 18,6 por ciento.
   A nivel nacional, la población española ha aumentado casi seis millones de personas en la última década, alcanzando los 46,8 millones de habitantes en noviembre de 2011, un dato histórico que responde principalmente a la llegada de inmigrantes a España en este periodo.
   El INE atribuye como principal causa del incremento de la población al "fuerte" incremento de la población extranjera. En ese periodo han llegado a España más de 3,5 millones de extranjeros.
   En este sentido, la población española ha experimentado un aumento mucho menos pronunciado en términos relativos que la población extranjera y ha pasado de poco más de 39 millones de habitantes en 2001 a más de 41,5 millones.
   El estudio recoge datos de comunidades autónomas, donde se ha producido un incremento de población en los últimos diez años en prácticamente todas ellas, aunque se ha distribuido "de manera muy desigual", siendo las islas y el Levante en donde ha habido un mayor incremento y el noroeste peninsular donde el crecimiento ha sido menor.
   Andalucía es la comunidad con mayor población (8,3 millones de personas), seguida de Cataluña (7,5 millones) y Madrid (6,4 millones). Por el contrario, las dos ciudades autónomas Melilla (81.323) y Ceuta (83.517), así como La Rioja (321.173), son las que menos habitantes tienen.

El Consell cesa al Interventor General, imputado por la presunta filtración del informe a Blasco

VALENCIA.- El pleno del Consell ha acordado cesar al Interventor General de la Generalitat, Salvador Hernándiz García, imputado en relación con la presunta filtración de un informe del conocido como 'caso Cooperación' al diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco. Por esta causa presentó el pasado 30 de noviembre su dimisión el que era conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, horas antes de conocerse que tanto él como Hernándiz habían sido imputados en la causa.

   Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno en la que ha informado de los cambios en el segundo escalón de la administración autonómica tras la última remodelación del Gobierno valenciano de la pasada semana.
   Císcar ha comunicado el cese de Hernándiz al principio de su intervención y cuando estaba haciendo la relación de cambios que afectan a la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, no obstante, ha indicado que el Consell no ha nombrado de momento el sustituto del Interventor General.
   El cese de Hernándiz se produce después de la apertura de una investigación, que recayó en primer lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dada la entonces condición de aforado de Vela como miembro del Consell, a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía relativa a la presunta filtración por parte del exconseller de Hacienda de un informe del conocido como 'caso Cooperación' al diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco, imputado en esta causa.
   Un magistrado del TSJCV citó a declarar a José Manuel Vela y al Interventor de la Generalitat, en calidad de imputados, aunque posteriormente este órgano se ha abstenido de continuar con la investigación dado que al dimitir el conseller, deja de ser aforado ante el alto tribunal valenciano por lo que el caso le correspondería a un juzgado ordinario.
   El instructor elevó el pasado 3 de diciembre el caso al TSJCV para que acuerde lo que estime oportuno en relación con a quién corresponde la competencia de la instrucción y dejó sin efecto las citaciones como imputados tanto de Vela y del Interventor General, fijadas para el pasado 12 de diciembre.
   La pasada semana Císcar explicó que el Interventor de la Generalitat, Salvador Hernándiz, había confirmado que entregó a Vela el informe, que había sido solicitado judicialmente a la Intervención por el juzgado que inició la investigación.
   Císcar, preguntado por las circunstancias que enmarcan el cese de Hernándiz, ha indicado que "lo que se ha hecho hoy es una remodelación del segundo escalón" para "adaptar la nueva estructura del Gobierno valenciano", y "se ha considerado oportuno que el Interventor cesara".
   El portavoz y vicepresidente ha aseverado que este cese "forma parte de una remodelación general", y ha remarcado que "cada caso tiene sus momentos, sus circunstancias, pero el caso de hoy ha sido en base a esta remodelación". En esta línea, interpelado por si se hubiera cesado al Interventor si no hubiera habido remodelación del Gobierno, ha indicado que "es una cuestión que no nos hemos planteado porque como ha habido remodelación, y es uno de los cargos que cesaban, lo hemos hecho así".
   Preguntado por si sabe si Hernándiz tiene algún destino previsto, o si regresará a su plaza en la Sindicatura, ha señalado que "se comienza una nueva etapa, y el puesto de destino de cada persona que abandona su cargo es una cuestión en la que no tenemos influencia". No obstante, ha matizado que "sea cual sea su puesto, demostrará su profesionalidad y su capacidad, como ha hecho desde la Intervención".
   En este sentido, interpelado por si dejarán su puesto en reserva hasta que se resuelva lo de la presunta filtración, Císcar ha comentado que "nunca dejamos ningún cargo en 'stand by' por ver lo que pueda pasar", y los puestos "se van cubriendo en función de la oportunidad, de encontrar a la persona más adecuada y de las decisiones del Gobierno"
Asimismo, ha recordado que actualmente hay dos viceinterventores en la Conselleria de Hacienda que "podrán hacer sus funciones hasta que se designe a un nuevo Interventor general".