PALMA.- El archivo del procedimiento de ejecución
hipotecaria que el Banco de Valencia instó contra el expresidente del
Gobierno balear Jaume Matas, a fin de poder recuperar los tres millones
de euros que le prestó -más sus intereses- para que pudiera hacer frente
a la fianza penal que se le impuso en el marco del caso Palma Arena, no
es definitivo. A pesar de que finalmente ha sido suspendida la subasta
de las tres fincas con las que el exministro garantizó el crédito a raíz
de un acuerdo alcanzado entre banco y deudor, éste no es firme.
Y es que, según han informado fuentes próximas a
ambas partes, ni el exdirigente del PP balear ni la entidad bancaria han
rubricado documento alguno en el que quede plasmado el pacto logrado
que les ha conducido finalmente a solicitar la suspensión 'in extremis'
del remate. Es más, el acta de la comparecencia celebrada esta mañana
entre las partes para trasladar esta petición refleja la suspensión
provisional del proceso, sin perjuicio de que en un momento posterior
pueda instarse su continuación.
De hecho, durante el acto, a pesar de que tanto la representación
de Matas como el banco han solicitado la paralización de la puja, el
abogado de la parte ejecutante ha manifestado no estar conforme con el
contenido del escrito presentado por Matas para pedir que no se
celebrase la subasta, si bien finalmente ha interesado de mutuo acuerdo
con el expresidente la suspensión del procedimiento hipotecario.
En cualquier caso, el acuerdo al que han llegado tanto Matas como
la entidad acreedora pasa por devolver a ésta los 500.000 euros que le
faltaban para cubrir los tres millones de préstamo. Medio millón de
euros que prevé recuperar el banco después de que la Audiencia, que
tenía esta cantidad como fianza por el primer juicio del caso Palma
Arena -en el que Matas ha sido condenado a seis años de cárcel, pena
recurrida ante el Tribunal Supremo-, aceptase este martes sustituir la
caución por las escrituras del palacete y un inmueble de Sant Miquel.
Ambas fincas estarán de esta forma en manos de la Audiencia como
garantía para evitar que Matas pueda eludir la acción de la justicia a
la espera de que el TS se pronuncie sobre su condena en fase de
casación, si bien después de que esto suceda le serán finalmente
devueltas al expresidente. De este modo, Matas ha evitado que su
principal vivienda, de 475,4 metros cuadrados construidos y valorada en
1,65 millones de euros, haya sido subastada junto al local de Sant
Miquel, de 73 metros y tasado en 900.000 euros.
Así, junto a los 500.000 euros que ha librado la Sección Primera
de la Audiencia y que volverán a manos del Banco de Valencia, la entidad
acreedora confía asimismo en recuperar los intereses de demora y gastos
procesales generados a raíz del préstamo y que se elevan a 912.409
euros. Para ello, el banco prevé quedarse con la otra de las viviendas
que iba a salir a puja, ubicada en Las Ramblas -de 152 metros-, mediante
la fórmula de dación en pago, a pesar de que su valor -450.000 euros-
es inferior a la cantidad adeudada.
De esta forma, mediante la dación en pago, el expresidente
saldaría su deuda con la entidad bancaria mientras que ésta, a su vez,
podría evitarse los costes y la duración que lleva implícitos el
procedimiento de ejecución hipotecaria.
De forma paralela, Matas ha presentado un nuevo escrito ante el
Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid para retirar su petición de
entrar en concurso de acreedores para personas físicas. El expresidente
decidió acogerse a la Ley Concursal ante la imposibilidad de hacer
frente a sus obligaciones de pago, declarándose insolvente ante la
inminente celebración de la subasta, si bien tras conocer que el banco
estaba dispuesto a pedir la suspensión del remate ha rechazado esta
opción con la que pretendía paralizar el proceso de ejecución
hipotecaria.
Fue en mayo del pasado año cuando la entidad acreedora interpuso
una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del
Ejecutivo autonómico la devolución del préstamo más los intereses del
crédito generados pero, al no ser devuelta la cantidad, el banco
solicitó al Juzgado que los tres inmuebles salieran a subasta. Se trata
de un procedimiento dirigido también contra su mujer, Maite Areal, por
ser copropietaria del palacete, así como contra la madre del
expresidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.
Sin embargo, el exministro no ha querido tirar la toalla y hasta
el último momento ha intentado negociar con el banco a fin de recuperar
sus bienes, principalmente el palacete. Según la escritura fechada el 25
de octubre de 2006, Matas abonó 950.000 euros ante notario por un
lujoso inmueble que, entre otras estancias, cuenta con una terraza
trasera de uso exclusivo de 23,9 metros cuadrados y un balcón de 8,2
metros con vistas a la céntrica calle Sant Feliu.
Tras tomarle declaración durante dos días, en marzo de 2010 el
juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros
-posteriormente rebajada a 2,5 millones de euros, finalmente cancelados-
en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de
investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el
encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de
acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía
como presidente.
Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los
elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente
cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo
palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el
expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del
dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel
no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los
400.000 euros que se gastó en reformar el palacete y negando haber
rehabilitado la vivienda con fondos públicos.
