Alarte dice que el único interés de Camps es "salvarse judicialmente" y afirma que Rajoy es su "rehén político"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha calificado de "triste", "preocupante" y "degradante para las instituciones y para la democracia" que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "haya decidido someter a los valencianos a solo un interés y solo una preocupación", que es la de "salvarse judicialmente", al tiempo que ha aseverado que no hay "ninguna duda" de que el líder del PP nacional, Mariano Rajoy, "es un rehén político más de Camps y de toda la gente que ha estado vinculada a la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana".

Alarte ha señalado que el jefe del Consell, Francisco Camps, "renunció hace ya tiempo a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat" y ha apuntado que realmente "es candidato a ser aforado, para protegerse, ésta es la única pretensión que tiene".

Ha manifestado que Mariano Rajoy "está demostrando una actitud que le devalúa y, además, le incapacita para ser candidato a la presidencia del Gobierno de España", algo que no será "nunca" porque el código ético del PP "ha pasado a ser papel mojado y porque no hay ninguna duda de que es un rehén político más de Camps y de toda la gente que ha estado vinculada a la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana".

Alarte ha aseverado que es "inexplicable" que Génova todavía "no haya decidido retirar" a Camps "de todos sus cargos y responsabilidades" y ha añadido que lo "triste, lo preocupante y lo degradante para nuestra instituciones y para la democracia es que el presidente de la Generalitat haya decidido someter a los valencianos a sólo un interés y sólo una preocupación, salvarse judicialmente". "Le damos igual los valencianos", ha lamentado.

También ha rechazado "especular" sobre el escenario judicial que puede abrirse en relación al caso 'Gürtel' para "no participar del circo del PP", con sus "ataques y desprestigios a la justicia en un Estado de Derecho", ha criticado, y ha expresado su "respeto" a la actuación de los tribunales.

Ha advertido de que independientemente de cual sea el calendario judicial, los socialistas "vamos a ejercer de oposición en defensa del interés general, del dinero de la gente y de la credibilidad de las instituciones democráticas".

"Nada se va a quedar impune sin ser investigado", ha apostillado.

Sobre sus relaciones con Camps, ha apuntado que siempre que el presidente de la Generalitat le llame descolgará el teléfono mientras que él "no hace lo mismo".

"Aunque trabajo denodadamente para que deje de ser presidente y creo sinceramente que hace tiempo que debería dejar de serlo, todavía sigue siendo el presidente de todos y, por eso, yo siempre contesto a sus llamadas".

Por otro lado, Alarte ha señalado que el PSPV "en defensa del interés público y del de los ciudadanos" se personará en el caso Brugal, que investiga una presunta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante y que ha supuesto la dimisión del portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, del que el propio Alarte ha pedido la suspensión cautelar de militancia.

Ha asegurado que los socialistas valencianos no tienen ninguna preocupación sobre si algún militante pudiera o no tener implicaciones puesto que siempre han actuado igual, y no son el PP.

Al respecto, ha reiterado que en el socialismo valenciano "el criterio es que si hay una imputación formal, seria, con una resolución judicial, a instancias del fiscal y con una investigación de la policía, evidentemente quien esté en esa situación, presunción de inocencia, como cualquier otro ciudadano, pero responsabilidad política y, por tanto, tendría que irse de nuestras filas".

Alarte ha remarcado que ésta es la posición del PSPV "para cualquier caso y para cualquier situación", aunque ha aclarado que otra cosa "bien distinta es cuando se han producido denuncias absolutamente infundadas que no son más que puras maniobras de distracción formuladas por el PP".

Ha explicado que es imposible evitar que en un colectivo grande como el suyo pueda haber alguien que no haya actuado con rectitud y corrección; el problema no es ese hecho, que es de pura condición humana, el problema es como responden y actúan los partidos ante eso.

Así, en el PPCV "el mérito más importante para formar parte de una lista hoy en día es estar imputado o estar investigado por un juez", algo que ha calificado de "degradante para el conjunto de la sociedad valenciana".

"El mérito para representar a la gente debería ser solo uno, ser una persona honesta, ser los mejores y querer servir a la gente, esto está justo al revés en el PP", ha remachado.

El PSPV anuncia que si gobierna la Diputación de Castellón recortará el número de vicepresidencias y de asesores

CASTELLÓN.- El secretario de Ideas, Programas y Formación de la dirección del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Josep Gisbert, ha anunciado este domingo que "una de las primeras medidas que el nuevo modelo de Dputación llevará a cabo cuando se produzca el cambio político en la provincia de Castelló el próximo año será la de reducir el número de vicepresidencias y de asesores".

Gisbert ha señalado, en un comunicado, que "el número de cargos y prebendas no hace más eficaz a una institución, menos cuando los mismos responden a equilibrios o compensaciones partidistas y esconden la pretensión de contar con agentes electorales repartidos por el territorio".

Por lo tanto, "la nueva Diputación de Castellón reducirá el número de vicepresidencias, al menos a la mitad de las actuales, centrándolas en dos grandes áreas de actuación como es el equilibrio sostenible del territorio y la segunda, la calidad de vida y ciudadanía", ha añadido el dirigente del PSPV.

Por otra parte, el responsable de Ideas, Programas y Formación ha indicado que, en cuanto a los asesores directamente asignados al equipo de gobierno, debido a "lo exagerado de su número, los elevados complementos asignados en muchos casos y los escasos resultados de su gestión", suponen "un agravio hacia los funcionarios de la institución y un menosprecio a su capacidad".

Por ello, "la nueva Diputación acotará el número de asesores a un tercio de los actuales, exigiendo en todo momento la formación y las capacidades necesarias para el desempeño de sus puestos, así como la realización de una evaluación permanente de la gestión realizada por los mismos", ha agregado Gisbert.

El dirigente socialista ha recordado que su grupo ha presentado "reiteradas" propuestas en este sentido en la Diputación y siempre ha encontrado la "firme oposición" del PP que "no sólo no ha reducido el número de asesores, sino que lo ha aumentado y, encima, ha puesto en marcha empresas nuevas con un considerable incremento de los gastos, destinados íntegramente a nóminas".

En este sentido, Josep Gisbert ha hecho hincapié en que "la actual Diputación está pagando sueldos elevadísimos a sus asesores colocados a dedo y creando nuevas empresas como Vicasdi de la que no se conoce ninguna gestión más allá de la aprobación de la nómina del último colocado por el PP, y cuando existen entes públicos que realizan la misma gestión".

Según Gisbert, el PP de la provincia de Castellón "no puede seguir manteniendo las mismas prácticas de derroche del dinero público, cuando estamos en la provincia con mayor número de parados, y donde la sociedad nos está pidiendo todas las medidas posibles que pasan por reducir el gasto público y destinar todos los recursos posibles a la generación de empleo", ha concluido.

EUPV acusa al Consell de ser el "responsable indirecto" del ERE de Terra Mítica

VALENCIA.- El diputado autonómico en las Corts y miembro de EUPV, Lluís Torró, ha acusado este domingo al Consell de ser el "responsable indirecto" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Terra Mítica, de Benidorm.

Asimismo, en un comunicado, ha anunciado que reclamará explicaciones al Gobierno valenciano sobre las condiciones de venta del parque temático, "porque está claro que éstas no se han respetado, a la vista de los despidos de personal que van a producirse". EUPV, además, preguntará por los "elevados salarios" que mantenían los directivos del parque.

EUPV, quien ha manifestado su apoyo a la postura de CCOO, que fue el único sindicato se opuso al ERE de Terra Mítica, espera que el Consell "nos responda, a través de preguntas escritas que presentaremos en las Corts, sobre el incumplimiento que está produciéndose en el parque, porque no se está respetando la plantilla".

"No ha pasado ni un par de meses y la empresa ya incumple y practica un ERE en el que despide a prácticamente la mitad del personal", ha denunciado Torró.

Asimismo, el parlamentario autonómico ha afirmado que la situación en la que se producen los despidos "deja al descubierto los elevadísimos sueldos que cobraban los directivos del parque". "Como siempre, el derroche de dinero y las cantidades astronómicas acaban pagándose entre los trabajadores de base", ha criticado.

González Pons insta a esperar a las resoluciones judiciales y dice que el PP cree en la presunción de inocencia

VALENCIA.- El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha instado este domingo a esperar a las resoluciones judiciales del denominado 'caso Brugal' y ha subrayado que el PP cree "en la presunción de inocencia" y "nunca actúa con precipitación".

González Pons ha realizado estas declaraciones en Valencia, donde ha ofrecido una rueda de prensa, al ser preguntado por las nuevas informaciones del 'caso Brugal'. Al respecto, ha indicado que "lo que se está publicando en los medios es un informe policial", por lo que, a su juicio, "debemos esperar a que existan resoluciones judiciales que nos digan en qué se traduce la investigación policial".

Asimismo, ha señalado que al presidente de la Diputación de Alicante "se le atribuye el regalo de dos pisos que resulta que no son suyos". En este sentido, ha apelado a esperar a "ver todas esas conversaciones telefónicas e imágenes grabadas por la Policía a qué nos conducen cuando esté la investigación en manos de una juez".

Del mismo modo, ha asegurado que, en este asunto, "está por determinar cuál es la imputación". Así, ha puntualizado que "las grabaciones son de 2007, el presunto delito de 2008 y las detenciones en 2010".

"No me atrevo a pensar que la Policía empieza a grabar un año antes de que se produce el delito; eso sería una investigación inconstitucional", ha denunciado.

Preguntado por la suspensión de militancia del ya ex portavoz socialista de la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, por su presunta implicación en el 'caso Brugal' y por si el PP va a hacer algo similar con los imputados de esta formación, González Pons ha hecho hincapié en que el PP "cree en la presunción de inocencia" y , además, ha añadido que este partido "nunca actúa con precipitación".

Además, ha recordado que Amorós "no está imputado" y ha añadido que si el PSOE ha dado de bajo de militancia a una persona que no está imputada, "sus razones tendrá".

"Ellos sabrán porque lo han hecho", ha resaltado.

La Generalitat Valenciana paga 11.304 líneas de teléfono móvil

VALENCIA.- La Generalitat paga un total de 11.304 líneas de teléfono móvil, según se desprende de las respuestas de diversas consellerias a una petición de documentación realizada por el portavoz del Compromís en las Corts, Enric Morera.

El también secretario general del Bloc, en un comunicado, ha explicado que las consellerias de Solidaridad y Ciudadanía, Medio Ambiente y Turismo han sido las primeras en contestar a la petición de documentación sobre la relación de teléfonos móviles que se pagan desde la Generalitat a través de sus departamentos, empresas o fundaciones públicas.

Morera ha indicado que "la respuesta ha sido enviada por triplicado", ya que estos tres departamentos de la Generalitat "sólo han cambiado el nombre de la conselleria y el texto es el mismo", por lo que "no aporta ninguna novedad ni informa de lo que se había pedido".

Así, ha comentado que de la información recigida "sólo hemos podido enterarnos de que la Generalitat paga 11.304 líneas de teléfono móvil, y poco más".

Para el síndic de Compromís, "la contestación que han hecho, de momento, tres conselleries viene a ratificar que el Gobierno de Francisco Camps es el menos transparente de la historia de la democracia valenciana" y ha añadido: "prueba de esto es todo lo que ha pasado con la trama Gürtel".

En opinión de Enric Morera, "parece que tengan miedo de saber qué gasto telefónico hacen los militantes del PP que están contratados por consellerias, organismos públicos, empresas y fundaciones".

Asimismo, ha comentado que "por mucho que nos digan que se está ahorrando, pagar 11.000 líneas telefónicas al mes supone una gran carga para las arcas de la Generalitat y deberían de pensar en ir reduciendo líneas que no sean necesarias".

Según Morera, "el Consell, a quien el Tribunal Constitucional ya ha llamado a la orden, vuelve a demostrar que es un gobierno opaco, que vive tranquilo en la oscuridad, en la desinformación y en la marginación de los derechos parlamentarios de los diputados".

La Comisión del Estatuto del Diputado empieza a estudiar el martes el suplicatorio contra Nacho Uriarte

MADRID.- La Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto reunirse el martes para empezar a estudiar el suplicatorio contra el presidente de Nuevas Generaciones del PP y diputado nacional por Valencia, Nacho Uriarte, por dar positivo en un control de alcoholemia tras verse involucrado en febrero pasado en un accidente de tráfico.

La previsión es que el procedimiento quede resuelto este mismo mes mediante un trámite que será rápido, entre otras, cosas porque el afectado va a renunciar a presentar alegaciones, según confirmó el propio Uriarte.

El escrito del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, llegó al Congreso el pasado mes de julio es decir, en periodo inhábil a efectos parlamentarios. Por eso los plazos para su resolución no comenzaron a correr hasta el pasado 1 de septiembre, cuando la Cámara retomó su actividad. Desde ese día el Congreso cuenta con 60 días para adoptar una decisión sobre el suplicatorio. En el caso de que la Cámara negase la autorización, la causa contra el diputado se sobreseería.

Lo habitual es que ese periodo nunca se agote y esta premisa se cumplirá también en el caso de Uriarte. La Mesa del Congreso envió la solicitud la semana pasada a la Comisión del Estatuto del Diputado, cuyo presidente, el socialista Francesc Vallès, ha convocado una reunión el próximo martes para empezar a estudiar el asunto.

Lo primero que hará la comisión será abrir un plazo, que podría ser hasta de una semana, para que Uriarte, si lo considera pertinente, presente alegaciones. Según establece el Reglamento del Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado debe dar audiencia al afectado para que se explique personalmente o por escrito, un derecho al que Uriarte tiene decidido renunciar.

La Comisión del Estatuto del Diputado tiene 30 días para concluir su trabajo pero, una vez que Uriarte comunique oficialmente que no va registrar alegaciones, puede volver a reunirse y tomar una decisión sobre el suplicatorio.

Las normas de la Cámara determinan que el dictamen de la comisión debe elevarse al primer Pleno ordinario que se convoque. Es decir, la votación sobre el suplicatorio, que tiene carácter secreto, podría producirse en la sesión plenaria del 23 de septiembre o, a más tardar, en la del día 30 de este mes. El presidente del Congreso, José Bono, deberá informar del resultado al Tribunal Supremo en los siguientes ocho días.

El último suplicatorio tramitado por el Congreso fue solicitado por el Supremo hace poco más de un año, concretamente el 29 de julio de 2009. El alto tribunal pidió permiso para investigar al entonces diputado del PP por Segovia Jesús Merino por los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, en el marco del 'caso Gürtel'. El suplicatorio fue concedido por el Pleno de la Cámara Baja el 15 de septiembre. Es decir, todo el procedimiento se realizó en apenas dos semanas.

En total en el Congreso se han aprobado 27 suplicatorios y se han rechazado 13. Entre los concedidos, además del de Merino, destacan los del ex ministro socialista José Barrinuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

Nace en la Comunitat Valenciana el primer Partido de los Extranjeros, que busca defender los derechos de los inmigrantes

ALICANTE.- El Partido de los Extranjeros, cuyo secretario general es el abogado Giulio Adinolfi, y cuya presidenta es Victoria Marchuk, ha nacido en la Comunitat Valenciana, ya que ésta ha sido la primera autonomía española que ha adoptado el Pacto para la Integración de la Población Inmigrante.

La sede general de esta formación política, cuyo principal fin es defender los derechos de los extranjeros, se encuentra en Alicante, una de las ciudades con más alto índice de población inmigrante, cercano al 26 por ciento, según ha informado este nuevo partido en un comunicado.

El secretario general de esta formación, Giulio Adinolfi, ha explicado que el Partido de los Extranjeros "es la síntesis racional de la dimensión natural de los extranjeros presentes en España".

"España es y ha sido una tierra al límite; ha explorado los confines últimos de la tierra y, ahora, hospeda la población que proviene de todos las tierras habitadas del mundo", ha subrayado.

"Ya basta de exclusión, de disminución de nuestros derechos, de denegarnos la participación a la decisiones que nos afectan; somos extranjeros, somos estructuralmente y socialmente españoles, somos integrados, queremos la integración, pero también queremos nuestras tradiciones", ha resaltado Adinolfi, quien ha pedido para los inmigrantes "respeto".

Así, ha manifestado: "no somos carne sino humanos y tenemos derechos para participar en la gestión social, económica y política del país en el que vivimos".

Los fines del Partido de los Extranjeros son la tutela, la protección y la lucha por los derechos civiles y sociales de la población inmigrante. Asimismo, esta formación reclama la unificación de toda la población sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.