Miles de personas se concentran frente al Palau de la Generalitat para protestar contra los recortes

VALENCIA.- Miles de personas se han concentrado este jueves frente al Palau de la Generalitat, en Valencia, para protestar contra los recortes y las recientes medidas aprobadas por el Gobierno central y el Consell, ya que consideran que atentan contra los derechos de los trabajadores.

   La Plataforma pels Drets Socials, que agrupa a varios sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, ha convocado la protesta, que ha comenzado a las a las 19.00 horas en la Plaza de Manises. Unos 15 minutos después del inicio de la protesta los concentrados desbordaban la plaza y llenaban las calles adyacentes.

   En la protesta había carteles que calificaban los presupuestos del PP de "crímenes sociales". "Menos Ciudad de las Ciencias y más ayudas sociales", rezaba otro. Un cartel de cuatro metros mostraba la cara de Montgomery Burns, el adinerado y avaro personaje de la serie televisiva The Simpsons, y el mensaje: "La crisis que la paguen los ricos y los bancos".

   Las personas concentradas, muy activas durante toda la protesta, gritaban "no es una crisis, es una estafa" y "tenemos solución, corruptos a prisión". También han pedido la dimisión del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela.

   A continuación, un representante del Parque Alcosa de Alfafar ha tomado el micrófono, por el que han desfilado miembros de diferentes asociaciones, y ha criticado a la Generalitat, que les debe seis meses de salario, razón por la que otro miembro lleva 22 días en huelga de hambre.

   El mismo micrófono ha pasado por representantes de diferentes plataformas y asociaciones, como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que ha denunciado que "la salud de los ciudadanos se puede ver comprometida con los recortes". Así mismo, el testigo lo ha cogido la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y la Plataforma de afectados por la ley hipotecaria, quien ha advertido de que habrá 550.000 desahucios en los próximos tres años.

   Por último, Manolo Colomer, portavoz de la Plataforma pels Drets Socials, ha leído el manifiesto conjunto que han secundado todas las entidades de la protesta y que sostiene que tanto el Gobierno central como el autonómico están aplicando "soluciones a la crisis que hacen recaer la responsabilidad y el sacrificio sobre la ciudadanía y la clase trabajadora".

   "En una nueva burla al sistema democrático, han olvidado rápidamente los programas y las promesas electorales y han sacado la tijera para dejarnos sin derechos ni garantías. No son reformas temporales, como nos quieren hacer creer, son recortes y suponen un duro golpe a la dignidad de todos y todas", ha indicado.

   Según el documento, "estas medidas no son la solución a la crisis. Bien al contrario, agravarán la recesión, destruirán más trabajo y dejarán a la mayoría de la población en condiciones muy precarias. Estas medidas ponen en riesgo la sanidad y educación públicas, gratuitas y de calidad, y concentran los recortes en el sector público, dejando así vía libre a la privatización de los servicios".

   Frente a esta situación, el manifiesto insta a preguntarse "por qué la tijera siempre corta la misma tela, por qué los que más tienen nunca pierden y por qué el déficit es más importante que las personas".

"Tenemos unos derechos y cuando los que pretenden representarnos no los respetan sólo nos queda la denuncia y la protesta", subraya un documento muy aplaudido por los concentrados, que han finalizado la protesta formando con una cadena humana alrededor del Palau de la Generalitat.

También frente al Hospital General

Cerca de un millar de trabajadores del Hospital General Universitario de Valencia se han concentrado este jueves contra el "decretazo" aprobado el pasado 5 de enero por el Consell y que, según han denunciado, reduce los salarios de los empleados públicos.
   Según ha informado CSI·F en un comunicado, el comité de empresa del Hospital General ha concentrado al personal del recinto bajo el lema 'No a los recortes a los servicios públicos'.
   El acto de protesta ha sido el primero de un calendario de movilizaciones contra el decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Consell para ahorrar 1.057 millones de euros. Las protestas continuarán el viernes con concentraciones de cinco minutos en las puertas de los centros de trabajo.
   Además habrá una asamblea de delegados a las puertas de las sedes del Consell en Valencia, Castellón y Alicante.

La recaudación solidaria de una madre permite a una investigadora del CIPF despedida volver a su trabajo

VALENCIA.- La recaudación de más de 7.000 euros conseguida por Cristina Ponce, la madre de una niña de 13 años con diabetes, gracias al Proyecto Paula que lidera, ha permitido a una investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), afectada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado al centro, volver a sus investigaciones.

   Ponce cuenta en la página web del proyecto, www.sija.es/proyectopaula.php, que se enteró de que su hija tenía diabetes hace cinco años  cuando su hija tenía ocho y su marido la llamó al trabajo para decirle que se iba al Hospital con la niña porque se le había quedado durmiendo en el coche y le había costado mucho despertarla, y además tenía la boca muy seca.

   El diagnóstico fue inmediato y con solo un pinchazo en el dedo les dijeron que tenía Diabetes Mellitus 1. El médico de la UCI les dijo que estaba muy grave, a punto de entrar en coma y que hasta que no transcurrieran 24 horas no nos podían decir qué podía pasar. Por ello, el pasado mes de abril inició un proyecto de recaudación de fondos al que dio el nombre de su hija: Paula.

   En estos meses, "poquito a poco" ha logrado más de 7.000 euros gracias a rifas, la venta de camisetas, meriendas solidarias y patrocinadores, ha destacado Silvia Sanz, la investigadora que ha recuperado su puesto.

  Sanz ha destacado que siente una sensación "agridulce" porque por una parte está "muy contenta" por haber recuperado su trabajo, una "suerte", ha lamentado, que no han tenido el resto de los 113 compañeros despedidos por el ERE. Junto a ella despidieron a otros tres compañeros.  

  En un principio, pensaba que el dinero recaudado iría destinado a la contratación de un becario, pero tras estos despidos se pensó en volverla a contratar, por ahora hasta abril, aunque confía que la repercusión que está teniendo el caso le permita prolongar su trabajo. De hecho, resalta emocionada que la centralita del CIPF no ha parado hoy de sonar con gente preguntando dónde podía hacer las donaciones.

   "Esperamos que con esta repercusión mediática los políticos reaccionen de la importancia que tiene la investigación", ha señalado. Al respecto, ha recalcado que  "un parón supone mucho" porque ella era la única que se centraba en el estudio del pancreas.  

  Sanz ha vuelto al laboratorio de Neuroendocrinología Molecular que dirige Deborah Burks, en el que estudian las diabetes. En concreto, se investiga, explican en la página del centro, la transducción de la señal de la insulina como base molecular para entender la patofisiología de la diabetes y otras enfermedades metabólicas relacionadas, incluidas la obesidad, la neurodegeneración, la ateroesclerosis y la retinopatía.

   Los objetivos generales de nuestra investigación son definir cómo actúa IRS2 dentro de la vía de señalización insulina/IGF modulando la fi siología de las células beta, así como determinar cómo las señales de IRS2 modulan funciones del sistema nervioso central como el aprendizaje y la memoria. Una mejor comprensión de los mecanismos que regulan las funciones y señales de las proteínas IRS puede revelar nuevas dianas terapéuticas destinadas al tratamiento de la diabetes y otras enfermedades metabólicas relacionadas con un defecto en la transducción de la señal de la insulina.

Gimeno dice que ha firmado "un único contrato" con la depuradora y que los otros son "falsos"

VALENCIA.- El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y ex empleado de Emarsa, Juan Carlos Gimeno, imputado en el 'caso Emarsa', en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha explicado este jueves que desde que dejó de trabajar en esta empresa, en octubre de 2004, y comenzó a prestarle de manera externalizada los mismos servicios sólo ha firmado con ella "un único contrato". 

   Así, ha asegurado que el resto de contratos que aparecen en la investigación firmados por él y aportados por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) son "falsos". Ha precisado que son uno con fecha 21 de octubre de 2008, por dos años y por 5.000 euros al mes; otro del 1 de enero de 2009 por un año y 4.100 euros al mes, y otro del 1 de enero de 2010 por 4.400 euros al mes.

   Gimeno, imputado por presuntas irregularidades cometidas en los contratos que facturó a Emarsa por medio de las sociedades IEM (Instituto Empresa Mediterráneo) y CRM Adecua S.L., se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de su imputación y de la gestión de la depuradora de Pinedo desde 1991.

   Ha señalado que "todos" los trabajos que acordó con Emarsa "están realizados", que "no hay duplicidades" de facturas ni de labores, que éstas responden a "actividades reales y no fingidas" y que "constan en los archivos" de esta empresa, así como que "están reflejados en los consejos". Ha añadido que la Emshi ha pagado por los trabajos que le ha realizado.

   El ex edil, que ha apoyado su comparecencia en un PowerPoint para reflejar sus argumentos, ha precisado que el "único" contrato que ha  firmado con la gestora de la depuradora de Pinedo fue el rubricado el 21 de octubre de 2004 por un periodo de 12 años y por 3.500 euros al mes. Ha comentado que se formalizó cuando aceptó prestar de manera externalizada los servicios que desde 1997 y hasta octubre de 2004 prestaba como trabajador de la entidad, a la que entró sin someterse a "ningún proceso de selección", "como licenciado universitario" y miembro del "grupo A", ha precisado.

   Asimismo, ha indicado que dejó de ser empleado de Emarsa y que comenzó a ofrecer servicios externalizados "en las mismas condiciones" cuando la empresa se lo propuso a raíz del "accidente in itínere" que sufrió en septiembre de 2004 y que le ha dejado una "lesión con carácter permanente". Ha matizado también que durante su estancia en la depuradora no se ha tomado "ninguna baja" y que cuando la dejó no cobró paro.

   Juan Carlos Gimeno ha apuntado que él no ha firmado los tres contratos "falsos" que aparecen en la investigación del 'caso Emarsa' y ha declarado que "quien los ha presentado, la Emshi, deberá responder". Ha avanzado que "ha pedido ya a la Policía Científica la verificación de todos los documentos" y ha considerado que se trata de contratos que no tienen sentido teniendo en cuenta que todavía tenía vigente el de 2004 y ha censurado que también se le atribuyan empresas.

   Ha agregado que figura otro acuerdo "falso" referido a Adecua, de fecha 1 de agosto de 2005 y por cinco años que se hizo "de prisa, de prisa" y en el que no figura el precio, ha alertado de la "factoría de documentos falsos" y ha preguntado "quién los hacía". Tras ello, ha recordado que ha presentado un "recurso de reforma que contradice todo lo que la Emshi dice para imputarme". "Va contra el responsable legal de la Emshi, el alcalde de Tavernes Blanques. Pido la imputación penal para que explique por qué ha falsificado", ha dicho.

   Por otro lado, ha explicado el motivo de la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves y ha comentado que "el chapapote ha llegado a tal nivel" que ha decidido hablar con los medios de comunicación respetando la investigación judicial. Ha aseverado que no está "dispuesto en modo ninguno a seguir soportando filtraciones interesadas", ha mostrado su disposición a "dar la cara" y hablar con los periodistas y ha asegurado que no se va a desdecir entre lo que diga a la prensa y al juez.

   "La verdad sólo tiene un camino. Vengo a decir la verdad en mayúscula", ha manifestado. Ha añadido que comparecía este jueves porque el próximo sábado le operan "de nuevo de cáncer" y se quería ir "tranquilo" al quirófano. Juan Carlos Gimeno, que ha comentado que en su caso no hay "ni viajes a Rumanía, ni traductoras, ni traductores, ni bolsos, no dádivas que se correspondan con lo que aparece en los medios de comunicación", ha estimado conveniente que se investigue la actividad de Emarsa desde 1991 para entender "la realidad de lo que ha pasado" desde entonces.

   Ha enumerado los tres gerentes que la empresa ha tenido de 1991 a 2012 --Vicente Úbeda, que "vende paellas frente a La Lonja", otro individuo ya fallecido, conocida como "el ausente", y "el enfermero", en alusión a Esteban Cuesta, ha expuesto-- y ha aludido a sus "niveles de formación" para gestionarla. "Hay que investigarlo todo" y "queda mucho lodo por salir", ha planteado, porque "igual lo que pasa es consecuencia de dislates anteriores". "Se ha de entender la cultura de Emarsa, donde la gente hace cosas porque la cultura lo permitía", ha dicho en alusión al modo de actuar en esta empresa.

   Juan Carlos Gimeno, que propuesto también investigar empresas vinculadas a la Diputación y a la depuradora, ha afirmado que "todo el mundo, dentro y fuera", sabía que "las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así". No ha querido hablar de ese "alguien" y ha afirmado que le dirá al juez quién es. "Me da en la nariz que con Emarsa se quieren tapar algunas vergüenzas. La lavadora es Emarsa", ha comentado.

   Asimismo, ha destacado como "axioma" que "todos los proveedores o son militante del PP o muy próximos". Ha manifestado también que "todo el mundo" sabe que "hay bolsos, carteras" y que "alguien agradece la recepción de esos regalos". Ha declarado que ha visto "el documento de agradecimiento" y ha respondido que "sí" preguntado por si corresponde a un cargo público.

   Se ha referido, por otro lado, al Consejo de Administración de Emarsa y ha preguntado sus miembros actuaban como "palmeros", si "sólo iban a cobrar" y si no se leían los papeles sobre contratos y trabajos que ahora se investigan. Ha recordado el caso "de Insular Aguas de Lanzarote, donde el juez ha imputado a todo el Consejo de Administración".

Compromís presentará un escrito en Fiscalía del TSJCV para que se investigue si Barberá recibió regalos

VALENCIA.- El grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia anunció este jueves que este viernes presentará un escrito en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue si, "como se señala en las conversaciones de 'El Bigotes'", la alcaldesa Rita Barberá recibió regalos de parte de Álvaro Pérez, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. 

   La formación apuntó en un comunicado que pedirá a Fiscalía que averigue si aceptó los obsequios que Álvaro Pérez dice en esas conversaciones que regaló a Barberá, y si ella en su caso los devolvió. Asimismo, quiere que determine "si hubiera podido incurrir en el mismo delito que Francisco Camps, el de cohecho impropio pasivo al aceptar regalos de la trama".

   El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento ha hecho este anuncio después de que este miércoles, en el juicio por la 'causa de los trajes' que se sigue contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, la sala pudiera oír una serie de conversaciones telefónicas grabadas a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', considerado presunto cabecilla de la trama, en las que se hace referencia a regalos para la alcaldesa.

   Ribó ha exigido a Barberá que "salga al paso" de las conversaciones reproducidas en el juicio y que "devuelva, en el caso de que los hubiera aceptado, los regalos que Álvaro Pérez le hizo durante cuatro años, unos bolsos de lujo que para nada son comparables con las famosas anchoas que Revilla le regalaba al anterior presidente del Gobierno".

   Según Ribó, "conforme se van haciendo públicas las   conversaciones, vemos con preocupación hasta dónde estaba de podrida  

la gestión del gobierno de Franscico Camps" y ha mostrado su "preocupación" porque Rita Barberá "también haya salido en las cintas, ya que si Álvaro Pérez llevaba cuatro años regalándole a la alcaldesa algo, sería porque desde el primer año aceptó los regalos".

   "No entendería que 'El Bigotes' le regalara durante cuatro años un bolso de la colección nueva --de Louis Vuitton-- y la alcaldesa se lo hubiera devuelto, porque al segundo año y tras la primera devolución del regalo, hubiera optado, lógicamente y por sentido común, por no volver a regalarle nada más", ha manifestado.

   Ribó ha recordado que Rita Barberá, en julio de 2009, anunció que  

había hablado con su abogado para estudiar una posible querella "contra todo aquel que le acusara de haber recibido regalos de 'El Bigotes"'.

"Han pasado dos y medio, y no sabemos nada de esa querella, lo que demuestra que quien calla otorga", ha añadido.

El jurado examina decenas de documentos sobre hojas de encargo en Forever Young y facturas de Sastgor

VALENCIA.- El tribunal del jurado que juzga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio dentro del 'caso Gürtel', ha examinado este jueves decenas de documentos relacionados con hojas de encargo en la tienda Forever Young y con facturas de Sastgor -sastrería encargada de confeccionar trajes a medida--, entre otros papeles.

   La vigesimosegunda sesión del juicio ha transcurrido prácticamente en silencio, puesto que tan solo se oían las palabras de la fiscal pidiendo al magistrado que se le exhibieran al jurado determinados documentos: 'Ruego se exhiban las hojas 304 a 307 del tomo....', decía la fiscal, Miriam Segura. Tras ello, el jurado podía examinar los papeles citados, para luego seguir con más documentos, la mayoría de ellos ya mostrados a lo largo del juicio.

   Esta monotonía ha hecho que el público hablara en numerosas ocasiones, la que ha obligado al magistrado presidente del tribunal, Juan Climent, a llamar la atención, a pedir que guardara silencio y le ha dicho que si quería hacer algún tipo de comentario, que se dirigiera a una sala anexa a la de vistas en la que también se retransmite el juicio en directo a través de una pantalla.

   En esta jornada, la segunda dedicada a la prueba documental, la fiscal ha pedido la exhibición al jurado de deteriminados documentos, la mayoría de ellos que no se han mostrado en el juicio, con el objetivo de que los mismos no puedan ser impugnados por los letrados de los acusados, Javier Boix y Juan Casanueva.

   Los primeros documentos a los que la fiscal ha hecho referencia eran de Sastgor S.L., sastrería que presuntamente realizó trajes a medida para los acusados. Tras ello, el jurado ha podido examinar otros papeles relacionados con compras en Forever Young, hojas de encargo y confirmación de estos encargos en la misma tienda. Asimismo, han visto facturas de Sastgor a Forever por todas estas peticiones de prendas.

   El tribunal también ha estudiado un correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2007, y otros documentos cuyo origen no ha sido posible conocer puesto que la fiscal tan solo nombraba los folios en los que se encontraban, pero no explicaba su contenido.

   En la sesión de ayer, el primer día de las documentales, la fiscal solicitó la exhibición de varios documentos, entre ellos una agenda dietario, unos papeles de compra y unos tickets. Asimismo, pidió la escucha de siete grabaciones en las que Camps y su mujer, Isabel Bas, agradecían a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', uno de los presuntos cabecillas de la trama, algunos "detallitos", sobre las que ella decía que no se los iba a quedar. La sesión se reanudará el próximo lunes, día 16 de enero, a las 10 horas, con la exhibición de más prueba documental.

Cantó ve la polémica por el vídeo de Canal 9 "tan desproporcionada" como la deuda y la plantilla

VALENCIA.- El diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó, ha tachado de "desproporcionada" la polémica que se ha originado en torno al vídeo montaje que difundió a través de un 'twitt', en el que se veía cómo la sede de Radio Televisión Valenciana (RTVV) era destruida por un misil.

   "Lo que pasó ayer con mi twitt me parece tan desproporcionado como la deuda y la plantilla de Canal 9", ha sentenciado el político y actor al ser preguntado al respecto.

   Cantó ha rehusado pronunciarse de manera más concreta ante la pregunta de si entendía el enfado de los trabajadores de la cadena. "No te voy a decir más. Creo que esa frase lo dice todo", ha zanjado.

   El diputado por Valencia colgó en su Twitter este miércoles el vídeo montaje, acompañado por el comentario "Muy bueno!!! una posible solución al déficit de Canal 9".

Bruselas augura menor volatilidad en precios de cereales y otros productos del campo

BRUSELAS.- La Comisión Europea cree que en los próximos años habrá una menor volatilidad en los precios de productos agrícolas como el cereal, el azúcar y las oleaginosas, si bien espera que tales precios se mantengan en niveles altos por una mayor demanda de alimentos y de materias primas para biocombustibles, según un informe publicado este jueves.

   "En el futuro habrá menos volatilidad, pero los precios serán mayores que los registrados en el pasado", según han explicado fuentes comunitarias sobre la evolución de distintos cereales, fundamentalmente maíz, trigo blando y cebada.

   El Ejecutivo comunitario ha publicado un informe con las perspectivas del mercado de productos agrícolas hasta 2020 que tiene en cuenta datos de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que combina distintos escenarios, pero que obvia el impacto que tendrá la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Unión Europea va a decidir de aquí a 2014.

   Entre las principales conclusiones, el documento apunta que "puede darse una presión al alza" sobre algunos productos agrícolas debido a la progresión de los biocombustibles, pero desde la Comisión no dan por seguro que esta evolución "se traduzca en un aumento del precio".

   Sobre el mercado de los cereales, Bruselas estima que las condiciones serán "estrictas" por los bajos niveles de las reservas y unos precios superiores a la media de los últimos años, si bien contempla un incremento en el consumo interno en la UE, sobre todo para destinar el producto a biocarburantes.

   Dentro del mercado europeo, Bruselas cree que aumentarán los cultivos de trigo blando y maíz, mientras que otros cereales perderán presencia, como la cebada, cuya siembra caerá un 21 por ciento.

   El informe del Ejecutivo comunitario estudia otros mercados agrícolas como el lácteo y el cárnico, para los que ofrece perspectivas favorables respecto a la situación difícil de los últimos años.

   Así, ve un futuro "favorable" para el sector lácteo a medio plazo gracias al crecimiento de la demanda mundial y prevé un aumento "moderado" de la producción de leche en la Unión Europea de entorno al 7 por ciento de aquí a 2020. También espera una mayor producción de derivados del lácteo como el queso y productos frescos.

   De la producción cárnica en la Unión Europea, Bruselas espera que "siga su recuperación", tras la caída en los años 2008 y 2009, y calcula un incremento del 2,4 por ciento para 2020. Con todo, el informe señala diferencias por sectores, desde caídas de entre el 1,3 y el 7,9 por ciento para vacuno y bovino hasta aumentos del 3,6 por ciento en el cerdo y las aves.

El juez de Nules insiste en cerrar el caso Fabra y lo enviará a la Audiencia para fijar el juicio oral

CASTELLÓN.- El titular del juzgado nº 1 de Nules, Jacobo Pin, ha dado carpetazo a la instrucción del caso Fabra que investigaba al ex presidente de la Diputación de Castellón y todavía presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

 

Según han explicado fuentes cercanas al caso, le magistrado de Nules ha rechazado los recursos de acusación y defensa que solicitaban la nulidad, por una parte, y la paralización temporal del proceso, por otra, y ha decidido cerrar la instrucción para dar traslado del caso a la Audiencia Provincial y que se fije una fecha para la celebración del juicio.

El juez ha recibido también el escrito de conclusiones por parte de todas las partes, defensa, acusación popular y Ministerio Fiscal, cuyo plazo terminaba esta semana y ha dado por finalizada su tarea de instrucción.

La defensa pedía la nulidad del auto que cerraba la instrucción y la acusación popular solicitaba parar el proceso hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre su propia petición de ampliar la imputación contra más personas como directores de entidades bancarias o ex altos cargos institucionales.

El juez de Nules imputa a Carlos Fabra y su ex mujer María de los Desamparados Fernández presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales al, supuestamente, estafar a Hacienda alrededor de 1,2 millones de euros.

El Tribunal Supremo rechazó el archivo de la mayor parte de la causa decidido por la Audiencia Provincial que consideraba que cuatro de los cinco presuntos delitos fiscales que se le imputaron al principio habían prescrito, y ordenó reabrir la causa.

Bankia vende más de 4.500 activos inmobiliarios en 2011 por 850 millones

MADRID.- Bankia ha vendido más de 4.500 activos inmobiliarios en 2011, una cifra que asciende a 5.100 si se incluyen los alquileres cerrados durante el ejercicio, por un valor total de unos 850 millones de euros, informó la entidad.

   En concreto, de este total de activos comercializados en 2011, un 70% corresponde a viviendas, garajes y locales y un 30% a suelos. Bankia destacó el hecho de haber comercializado más de 250 millones de euros en suelo, "ya que son los activos que más difícil venta están teniendo durante la actual crisis económico-financiera".

   Además, la entidad presidida por Rodrigo Rato también ha impulsado el alquiler de viviendas durante el pasado año, con más de 600 inmuebles alquilados.

   Por zonas, la comercialización de inmuebles se concentró especialmente en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con más del 60% de los inmuebles vendidos.

   La entidad también ha implantado un agresivo plan de ventas en toda su red, más de 3.300 sucursales, así como por otros canales de ventas, como un portal inmobiliario (www.hogares.es), la subasta 'on-line' y una red de mediadores.

   Junto a la red de distribución, Bankia, que en el último trimestre del año registró el 35% del total de las ventas realizadas en 2011, ha ofrecido a los compradores descuentos, con una rebaja media del 30%, además de una financiación con hipotecas sin comisiones y con un interés del Euribor +0,90%.

Moody's degrada dos escalones el 'rating' de la Comunitat Valenciana

LONDRES.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunitat Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre esta región, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   En concreto, Moody's explica que ha decidido recortar la nota de la Comunitat Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.

   Asimismo, la agencia mantiene bajo vigilancia la calificación de la Comunitat Valenciana para otro posible recorte porque entiende que la posición de liquidez de la región es todavía "muy precaria" y depende de las medidas de apoyo que tome el Gobierno central.

   En este sentido, Moody's recuerda las dificultades de la Comunitat Valenciana para hacer frente en plazo a un pago de 123 millones al Deutsche Bank, lo que subraya, a juicio de la agencia, la cada vez más complicada posición de liquidez de la región.

   Por otro lado, Moody's ha situado en "revisión para una posible rebaja" las calificaciones de País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de los 'ratings' de Guipúzcoa, Vizcaya y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.

   A este respecto, la calificadora de riesgos destaca las "crecientes presiones de liquidez sobre los gobiernos regionales y locales" por el deterioro de las condiciones de los mercados para los emisores subnacionales españoles.

   "Las regiones calificadas por Moody's se enfrentan a vencimientos de deuda por importe aproximado de 17.000 millones de euros en 2012", apunta la agencia, que subraya que las comunidades cuentan "cada vez con menos opciones de financiación, normalmente con altos intereses y vencimientos más cortos" ante sus dificultades para acceder a los mercados de capitales.

   "De hecho, varias regiones emitieron bonos dirigidos a inversores minoristas en 2011, lo que incrementa aún más los riesgos de refinanciación, tal como evidenció la incapacidad de Valencia de refinanciar completamente sus 1.500 millones en bonos minoristas del pasado mes de diciembre", añade.

   Por otro lado, Moody's explica que su amenaza de rebajar el 'rating' de estas autonomías refleja su preocupación respecto a la capacidad de las regiones españolas de cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012, después de que el Gobierno anunciara que las regiones incumplieron el objetivo de 2011 por un amplio margen, con un saldo negativo estimado del 2,7% frente al 1,3% previsto.

    De este modo, Moody's subraya la incertidumbre respecto al cumplimiento de objetivos de déficit en 2012 por parte de las regiones en el actual contexto, así como por el deterioro del entorno macroeconómico, tal y como refleja la previsión de Moody's de que el PIB español se contraiga entre un 0,5% y un 1% este año.

Castellano espera que el Gobierno central "sea más sensible que el anterior con la financiación"

VALENCIA.- El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, espera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy sea "más sensible y comprometido que el anterior" con la financiación de las comunidades autónomas, después de que este jueves la agencia de calificación de riesgos Moody's haya rebajado dos escalones la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana.

   El consejero se ha expresado en estos términos tras entrevistarse con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en la sede la de corporación provincial. Castellano considera que "ya se está trabajando con el nuevo Gobierno para que la credibilidad y la confianza sea como tiene que ser y como se merece la Comunidad Valenciana".

   Moody's ha explicado que ha decidido recortar la nota de la Comunidad Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.

   La agencia de calificación ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre esta región, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   Castellano ha asegurado que "evidentemente todas las cuestiones económicas ocupan y preocupan en estos momentos" al Consejo valenciano. "Estamos trabajando de manera prioritaria en esa materia", ha agregado.

La Defensora del Pueblo investiga la gestión de las bolsas de maestros interinos en todas las CC AA

MADRID.-  La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación de oficio para conocer cómo se gestiona la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de Educación Primaria en las 17 administraciones educativas autonómicas y en Ceuta y Melilla. 

 

   Según informa este organismo, la investigación se inició tras las quejas de ciudadanos llegadas al Defensor del Pueblo, que ponían de manifiesto que en varias comunidades autónomas, el procedimiento de gestión de la bolsa de interinos de este cuerpo no estaba dando preferencia los maestros especializados en Primaria, sino en otras materias, como Música, Educación Física, Educación Infantil, Lengua extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica.

   Por tanto, los maestros que se consideran perjudicados por esta situación, reivindican que en la bolsa de maestros se debe dar prioridad a los especializados en primaria, por delante de maestros que no tengan dicha especialidad.

La crisis pone en el disparadero las delegaciones autonómicas en el extranjero

MADRID.- Bruselas, París, Berlín, Nueva York, México DF, pero también Maputo, Osaka, La Paz, Vancouver o Brisbane. Viajar por el mapa de la representación exterior española supone literalmente dar una vuelta al mundo, aunque, en muchos casos, esa presencia pueda parecer más simbólica que estrátegicamente necesaria. Antes de nada, porque, en la mayoría de esas etapas, a las embajadas, consulados y organismos del Estado se añaden dos, tres, cinco o más delegaciones u oficinas autonómicas. A la diplomacia se suma así la llamada paradiplomacia y, con ella, más gastos y, a menudo, duplicidades de funciones o descoordinación.

Esta es la clave de un debate de actualidad desde que el pasado 22 de mayo se renovaran la mayoría de Gobiernos autónomos y, dentro de los nuevos planes de austeridad, se planteara la reducción de las embajadas territoriales como medida de ahorro, a juicio de 'El País'.

Entonces solo algunas Administraciones lo hicieron (por ejemplo, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Francisco Álvarez-Cascos en Asturias), mientras que hace una semana el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, volvió sobre la cuestión y ofreció a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del Estado para reducir costes de intendencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tardó en rechazar públicamente la oferta para hacer valer el “perfil propio” de Cataluña en el extranjero. Otras comunidades, como Cantabria o La Rioja, apoyan esa propuesta. La pelota en el aire ya se la disputan por un lado un ejército de expertos, políticos y gestores que hablan de despilfarro, y por otro, quienes alertan del riesgo de hacer demagogia fácil alegando que la mayoría de estos organismos sobrevive gracias a becarios y personal aún en etapa de formación.

César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, resume así las implicaciones para España: “Las hay positivas, ya que la acción exterior autonómica proporciona en algunos ámbitos valor añadido a la política exterior española y, por otro lado, existen riesgos de una proliferación desordenada, de despilfarro de recursos y un potencial conflictivo a veces de carácter simbólico y de imagen exterior”. De esto se trata precisamente ahora, cuando cada partida de gasto de las Administraciones públicas adquiere un valor insospechado en épocas de bonanza.

Para comprenderlo mejor, veamos en qué consiste el entramado de la paradiplomacia autonómica en el mundo. Las comunidades autónomas tienen alrededor de 200 oficinas en el exterior, entre las que se cuentan delegaciones del Ejecutivo regional, institutos de comercio, turismo o misiones de cooperación al desarrollo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (que ha multiplicado su representación en la última legislatura) son las autonomías con mayor presencia, con unas 50 oficinas la primera y más de 20 las otras dos. En total, existen dos centenares de embajadas repartidas por casi 40 países y todas las comunidades tienen su delegación en Bruselas, salvo Castilla-La Mancha y Asturias, que decidieron cerrarla tras los últimos comicios autonómicos. El Partido Popular pidió hace año y medio al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una estimación del gasto que generaban estos organismos y el Ejecutivo lo cifró en 150 millones por ejercicio. Pese a eso, los nuevos estatutos de autonomía aprobados en los últimos ocho años han reforzado entre otros también el capítulo dedicado a la acción exterior.

Lo recuerdan, por ejemplo, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, destacando que el Estatuto de 2006 establece que Cataluña “debe” impulsar su representación en el extranjero, promover los intereses de la Generalitat en el exterior a través de oficinas y delegaciones y apoyar la cooperación al desarrollo. La consecuencia es que el Gobierno catalán tiene, de una forma o de otra, presencia en Mozambique, Ucrania y otros países (según el mapa del Departamento de la Presidencia) donde la intensidad de las relaciones bilaterales no parece, a simple vista, determinante.

En opinión de Jaume Saura i Estapà, profesor de Derecho Internacional y coordinador del master interuniversitario en Diplomacia y Función Pública, “la paradiplomacia es un tema muy amplio y [con respecto a los recortes] se corre el riesgo de hacer demagogia”. “Lo que hay que valorar en cada caso es la forma en que se justifica esa presencia en el exterior. Cataluña tiene delegaciones que suponen un valor añadido”. A este respecto, la mayoría de los expertos coincide en que una sede diplomática en Bruselas puede ser clave para el desarrollo de la región. “En cualquier caso”, agrega, “sí hay que tener margen para cooperar. Siempre lo hay. La diplomacia siempre tiene que ser cooperativa y tener una presencia física cuando esté justificada”. Saura aborda así otro de los aspectos clave de la cuestión: la colaboración entre organismos del Estado y los territoriales.

Abundemos en eso. “La coordinación no viaja en primera clase, sino en el vagón de carga. Las instancias e instrumentos de coordinación intergubernamental no forman parte del núcleo de las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, sino que constituyen un apéndice, que en su diseño y funcionamiento reproducen esta idea de segundo orden y excepcionalidad”, razona Kattya Cascante. Esta analista de la Fundación Alternativas se refiere a un ámbito concreto, el de la cooperación internacional, que sin embargo puede resultar revelador. La experiencia de Cascante habla de retrasos, falta de información, duplicidades, descoordinación en definitiva: inconvenientes habituales en las relaciones con las instituciones y la burocracia y que, sin embargo, se multiplican exponencialmente como los actores del proceso.

“Se observa”, prosigue “un paralelismo con la construcción de la Unión Europea, en el que uno de sus padres fundadores, Altiero Spinelli, advertía que no acabaría convirtiéndose en una unión política a través de pasos económicos... Parece que la cooperación española necesita con urgencia un Altiero Spinelli que nos recuerde que la construcción de 18 sistemas paralelos, pero en todo caso separados, es una maniobra políticamente legítima pero ineficiente”.

Pero ¿qué ocurre en otros países? Canadá y Alemania cuentan con una larga tradición de representación territorial exterior, respectivamente la provincia de Québec (que tiene actualmente una veintena de delegaciones en el extranjero, entre ellas una en Barcelona) y los länder, como Baviera. Sin embargo, una de las experiencias más interesantes de gestión diplomática frente a la crisis económica es la de los países nórdicos. La solución que han adoptado Dinamarca, Suecia o Noruega se parece al fin y al cabo a la que propone García-Margallo. Se trata de compartir instalaciones, parte del personal, limpieza e intendencia y racionalizar así los gastos. Ocurre en una veintena de destinos, por ejemplo, Amman, Bagdad, Bamako o Jakarta. Además, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuentan en Berlín con una embajada en el mismo edificio. “En la ultima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países nórdicos”, explica Catharina Skoog, de la Embajada sueca en Madrid, “se discutió precisamente el tener en un futuro cercano más delegaciones nórdicas en un mismo recinto o edificio, sobre todo en países donde se requieren muchas y costosas medidas de seguridad”.

Este tipo de soluciones y una mayor coordinación entre instituciones constituyen el camino señalado por la mayoría de los expertos. Lo demuestra también el índice de presencia global elaborado por el Real Instituto Elcano, que mide “la proyección exterior de los países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural”. “Durante mucho tiempo se dijo que España boxeaba por encima de su peso porque iba cumpliendo con éxito su objetivo de ser reconocida como potencia media, pese a no disponer objetivamente de empresas, ejército, u otros activos internacionalizados en la escena mundial”, apuntan los investigadores Ignacio Molina e Iliana Olivié. Pero ahora, con una alta presencia global efectiva en casi todos los ámbitos, “podría concluirse que se corre el riesgo de boxear por debajo de peso”. Y así, alertan, podría ocurrir “si el empeño continúa demasiado enfocado a la inserción en una foto histórica antes que en planificar a largo plazo una actuación” más racional y coordinada. También con respecto a la acción exterior autonómica Molina destaca la “falta de una planificación estratégica”. Esto es, un panorama en el que, quizá con las salvedades de Cataluña y País Vasco, se diseña primero “el instrumento antes de reflexionar sobre el producto que se quiere lograr”, además de una reducción razonable de los gastos y una mayor colaboración.

Ranking de oficinas

Número de delegaciones, oficinas de turismo y comercio, según el último informe oficial del Gobierno, anterior a los recortes:

• Cataluña: 48.
• Valencia: 23.
• Andalucía: 22.
• País Vasco y Asturias: 13.
• Galicia y Murcia: 12.
• Madrid: 11.
• Castilla y Leon, Aragón, Canarias y Navarra: 5.
• Extremadura: 4
• La Rioja, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha: 2.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.

Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.

Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.

Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones