miércoles, 27 de julio de 2011

El Banco de España, obligado a gestionar una entidad mexicana de crédito inmobiliario

MADRID.- La nacionalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha provocado que el Banco de España pase a controlar el 100% de Crédito Inmobiliario, una sofol mexicana que la entidad alicantina compró en 2009. La compra, realizada tras la quiebra de Lehman, obligó a la CAM a un desembolso de 145 millones de euros, cifra que posteriormente aumentó en otros 150 millones a través de una ampliación de capital.

Una compra que un abogado español, Diego de Ramón, considera sospechosa de lavado de dinero, por lo que ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Banco de España una investigación rigurosa, según www.americaeconomica.com

El Banco de España decidió la semana pasada intervenir la CAM, la entidad española con peor ratio de solvencia, para capitalizarla con la aportación de 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y abrir posteriormente un proceso para adjudicarla al mejor postor, según ha indicado la institución en un comunicado oficial.

La actividad de Crédito Inmobiliario, que se encontraba hace tres años entre las cinco primeras Sofoles de México, está centrada en la concesión de líneas de financiación para empresas y particulares, tanto a clientes ya implantados en México como a particulares y empresas españolas que tengan intención de desarrollar su actividad en ese país.

No en vano, como destacó la CAM en un comunicado en 2009, “la adquisición de esta sociedad es un paso más en la labor que desarrolla la Entidad para acompañar a los clientes en sus procesos de expansión fuera de nuestras fronteras”.

Las cosas no salieron como planeaban los gerifaltes de la CAM. Tal como señala MadridCapital.com, la CAM tuvo que invertir esos 150 millones de euros para cubrir las enormes pérdidas que Crédito Hipotecario tuvo por la crisis de las hipotecas subprimes que azotó EEUU desde 2008 y por la escasa capacidad de financiación a que tenía acceso.

Es decir, el mismo año que la caja española compró la firma mexicana, tuvo que “tapar” un agujero extra provocado por las pérdidas de la recién adquirida empresa, que rondaba los 120 millones de euros. Una operación sospechosa que De Ramón considera que debería ser investigada por el la CNMV española y por el propio Banco de España.

Tras la nacionalización de la CAM, es la institución central española la que pasa a controlar Crédito Hipotecario. Los desmanes de la caja alicantina pueden convertirse en un dolor de cabeza para el Banco de España, que tendrá que decidir si se pone los guantes y rebusca entre las operaciones emprendidas en los últimos años por la CAM para averiguar si cumplieron con la legalidad.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la delirante gestión de los directivos de la CAM se produjo tras comprar el parque temático Terra Mítica, en 2000, por 420 millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2004, la caja intentaba venderlo por 70 millones.

El TSJCV sigue adelante con el proceso de financiación ilegal y el juez pide cuentas del PP en elecciones de 2007

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) seguirá investigando a la cúpula del PPCV --entre los que figuran los diputados Ricardo Costa, Vicente Rambla y Milagrosa Martínez-- por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008. Por este motivo, el magistrado instructor, José Ceres, ha pedido nuevas diligencias.

   De esta manera, el tribunal valenciano ha desestimado los recursos interpuestos por algunas partes contra el auto dictado por la Sala el pasado 25 de mayo de 2011, que acordaba la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. En ese mismo escrito la Sala acordó "en principio, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción" no incluir al ya expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
   Tras este paso, el magistrado instructor de esta causa, José Francisco Ceres, ha dictado este miércoles un auto --contra el que también cabe recurso de reforma en el plazo de tres días-- en el que acuerda la continuación de las diligencias previas. Una de las primeras cosas que solicita es que se compruebe el aforamiento de algunos de los denunciados en esta causa --entre los que figuran varios dirigentes populares en la Comunitat-- puesto que podría haber variado tras las elecciones del 22 de mayo.
   En concreto, en esta causa se están investigando, entre otros, a los diputados Vicente Rambla --exvicepresidente primero del Consell y exconseller de Presidencia y de Industria--, Ricardo Costa, David Serra, Milagrosa Martínez --ex presidenta de las Corts-- y Yolanda García.
   Asimismo, Ceres ha pedido al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura que certifiquen su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2007, y que envíen una copia del informe que realizaron y de la contabilidad aportada por la formación política. Y ha solicitado al secretario de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la certificación de la identidad de las posibles personas nombradas por el PPCV como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones.
   El magistrado ha pedido también a la Sindicatura información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo de los ejercicios 2005 a 2009 y, en concreto, sobre la revisión de la contratación, gestión contractual y su adjudicación conforme a la legalidad en relación con las ferias de Fitur.
   Junto a ello, ha acordado oficiar a la dirección nacional del PP para que informe del modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunitat y, en concreto, de las personas responsables de la misa, el grado de autonomía económico-financiero y contable de la organización política, el modo de fiscalización y control sobre la organización territorial y especialmente la electoral.
   Además, ha solicitado a la Sala los soportes informáticos, informes y documentación que obra en la causa; testimonios o certificaciones de los secretarios de las Juntas Electorales. También ha pedido la impresión de algunas actuaciones documentadas en soportes informáticos: las declaraciones policiales y judiciales realizadas por los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, entre otros; autos de entrada y registro en varios inmuebles; y autos en los que se autorizan intervenciones telefónicas.
   Al magistrado del TSJM le solicita que remita los autos originales y piezas de convicción que afectan exclusivamente a los hechos de inhibición aceptados por el tribunal valenciano, entre ellos, los que hacían referencia a la presunta falsedad documental del año 2008; y la relación de los distintos cargos públicos que pudieron haber intervenido en la contratación administrativa de Fitur.
   Ceres también alude a otras actuaciones pendientes posteriores a la inhibición, que también debe valorar: testimonios de la UDEF; y otros informes del mismo órgano sobre supuesta posesión de pliegos del concurso de Fitur 2005 por parte de Orange Market antes de su publicación inicial; sobre la contratación de esta empresa y la Agencia Valencia de Turismo; y sobre la presunta entrega de regalos a cargos públicos.
   Asimismo, ha reclamado a la UDEF un informe sobre el avance y el estado de la investigación, y específicamente sobre si de sus averiguaciones ha podido identificarse a las personas denominadas 'El príncipe' y 'El cantante' y, en su caso, quienes son; y si ha podido averiguar la identidad del titular o de las personas autorizadas de la cuenta o cuentas corrientes que pudieran tener el PPCV, desde donde podrían haberse abonado cantidades económicas para el pago de actos encargados por la formación a Orange Market.
   Por otro lado, ha pedido a Presidencia de la Generalitat la remisión íntegra de los expedientes de contratación y obras menores realizados por la Conselleria de Turismo y adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2009; que aporte la normativa reguladora de la competencia sobre la Agencia Valenciana de Turismo y de las funciones de sus distintos cargos; y que se certifique los cargos y funciones desempeñadas por Salvadora Ibars.
   Ceres ha acordado, para la "debida ordenación del procedimiento", formar piezas separadas en función a los tres hechos delictivos a los que se refiere la asunción de competencias de la Sala: una por el presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007; otra relativa al presunto delito de falsedad en 2008; y una última por presuntos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación administrativa de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.
   El magistrado establece que las notificaciones que se vayan realizando en cada pieza, en principio y en aras para el mejor conocimiento y la defensa de sus derechos, se notificarán a todas las partes. Y las personas que se vayan produciendo se realizarán en la respectiva pieza.

La Generalitat Valenciana dice sentirse asfixiada por el Estado

MADRID.- El Partido Popular ha acusado al Gobierno de falta de concreción y transparencia en las propuestas puestas sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), especialmente en la relativa al establecimiento de un techo de gasto, y ha calificado de "insuficiente" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie la mitad de las devoluciones que deben hacer las autonomías al Estado por los anticipos a cuenta de los ejercicios de 2008 y 2009.

   Al término de la reunión, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha ejercido de portavoz de las comunidades 'populares', mayoritarias en el CPFF tras las elecciones del 22 de mayo, y ha lamentado que el Ejecutivo no haya aceptado su petición de aplazar diez años las devoluciones que deben hacer al Estado de las liquidaciones negativas, algo que les permitiría ganar en liquidez para poder afrontar los gastos.
   Según ha censurado, el Gobierno les ha propuesto a cambio que cada comunidad financie la mitad de su deuda anual a través de un crédito del ICO a devolver en tres años, aunque no ha detallado la propuesta. "Es voluntario pero no soluciona para nada el problema de la devolución", ha advertido la consejera 'popular'.
   En el mismo sentido se ha manifestado sobre la regla de gasto, respecto a la cual todas las comunidades se han comprometido a aprobar una norma específica en sus respectivos parlamentos autonómicos en un plazo de seis meses. Sin embargo, Del Olmo ha recordado que éste es un compromiso que el PP ya llevaba en su programa electoral el pasado 22-M y ha acusado al Gobierno de cambiar su propuesta en el último momento.
   Según ha censurado, el Ejecutivo puso sobre la mesa este martes en una reunión de trabajo una propuesta "cosmética" que contemplaba una homogeneización del gasto de todas las comunidades y al comienzo del CPFF la ha cambiado por una norma "genérica" que les emplaza al mes de septiembre para concretar los detalles del acuerdo. Por ello, en una votación que la consejera castellanoleonesa ha calificado de "churrigueresca", las autonomías sólo se han comprometido este miércoles a llevar la propuesta a sus parlamentos.
   Además, ha criticado al Gobierno por no aceptar su petición de avalar las emisiones de deuda de las comunidades y no aceptar tampoco el pago de los fondos de convergencia, cooperación y competitividad reclamados en base al modelo de financiación autonómica y de los que dependen "una parte muy importante" de los ingresos de las autonomías.
   Del Olmo también ha dejado claro el compromiso de las comunidades del PP con el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque ha explicado que sus comunidades se han abstenido en la votación debido a la "incoherencia clara y falta de información y transparencia" del Gobierno. ¿Cómo es posible fijar el objetivo de estabilidad sin conocer ni siquiera la financiación que recibiremos en 2012?", ha preguntado.
   Junto a la consejera castellanoleonesa ha comparecido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Percival Manglano, que ha censurado el carácter "anómalo" de las propuestas y votaciones sobre regla de gasto, así como el contenido "deshilvanado" de la propuesta del Gobierno que "no está a la altura" del CPFF. Manglano ha advertido además de la "asfixia" a la que están sometidas las comunidades autónomas como consecuencia de los fondos que Estado "no está transfiriendo" y que les va a hacer llegar a una situación "insostenible" que va a hacer al Ejecutivo tener que tomar medidas "cuanto antes".
   Para Galicia, el balance es "un poco decepcionante" porque las comunidades autónomas no han conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de transferir los fondos de convergencia, que según éstas les corresponden en función del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno considera que cumple estrictamente.
   En cuanto a la propuesta de recurrir al ICO para financiar la mitad de las liquidaciones negativas de los anticipos, la consejera gallega, Marta Fernández Currás, ha apuntado que "a primera vista es notoriamente insuficiente frente a una petición que sin duda no lesionaba en absoluto las cuentas del Estado y habría sido más coherente con la situación económica", ha señalado en alusión al aplazamiento solicitado por el PP.
   Más optimista se ha mostrado el consejero extremeño, Antonio Fernández, quien ha valorado de forma "bastante positiva" para su comunidad las conclusiones del CPFF y ha constatado una "cierta flexibilidad por parte del Gobierno".  En concreto, ha manifestado su satisfacción por que el Ministerio se haya comprometido a estudiar utilizar como referente para la regla de gasto no sólo el PIB sino también el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas, como habían solicitado Extremadura y Canarias, con la adhesión de Andalucía.
   Por otra parte, en cuanto a la aprobación del plan de reequilibrio financiero de Extremadura para el periodo 2011-2013, ha señalado que a pesar de que lo había confeccionado el anterior Gobierno y considerarlo "poco serio" el nuevo Ejecutivo no sólo lo ha aceptado sino que se ha comprometido a "hacer lo posible para su mejor cumplimiento".
   Desde Aragón, Mario Garcés, ha lamentado que el Gobierno se haya negado a aceptar el aplazamiento de las devoluciones a cuenta pero ha celebrado la medida de financiarlos a través del ICO, una medida que ya ha adelantado que Aragón aceptará para "reducir carga financiera".
   La única representación del PSOE ha sido la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que ha celebrado los acuerdos adoptados porque considera que están en "sintonía" con lo que pedía la región.
   Desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andre Mas-Colell (CiU), considera "un progreso" la propuesta de financiación del ICO y ha recordado que había un "sentimiento general unánime" en todas las autonomías sobre la necesidad de aplazar el pago "provocado por las sobreestimaciones del Gobierno".
   El consejero canario, Javier González Ortiz, de CC, ha subrayado que el mensaje fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han lanzado en este CPFF, es que tanto el uno como los otros se han comprometido al control de las finanzas públicas, y éste es un mensaje "claro, positivo y unánime, que debe transmitir tranquilidad al conjunto de los mercados". En lo que respecta a la regla de gasto, ha defendido que el Estado deber ser "sensible" con Canarias.
   El consejero de Economía de Murcia, Salvador Marín, ha trasladado la petición de que los gastos derivados del terremoto de Lorca no se contabilicen en el déficit regional y ha desvelado que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha consultado esta posibilidad de forma informal en el ámbito de la Unión Europea y le han transmitido la posibilidad de llevarlo a cabo si la contabilidad se establece de forma separada. "Le hemos pedido que lo solicite para 2011 y 2012 y nosotros nos comprometemos a llevar esa contabilidad separada", ha garantizado.

El PSPV dice que Fabra deja un "agujero" de 34 millones de euros en el Ayuntamiento

CASTELLÓN.- El grupo municipal socialista ha asegurado que el presidente de la Generalitat Valenciana y exalcalde de Castellón deja un "agujero" de 34 millones de euros en el Ayuntamiento, dato que se conocerá en el pleno de este viernes.

   Según los socialistas, "cuatro informes de los servicios técnicos municipales detallan un agujero de casi 34 millones de euros en las cuentas públicas por la falta de pago a proveedores", mientras que "el incumplimiento de los dos planes de estabilidad presupuestaria en vigor impedirá que el Ayuntamiento pueda solicitar préstamos bancarios para hacer frente a las inversiones municipales.
   "La situación económica municipal es drámatica", ha revelado el concejal socialista Javier Peris, responsable del área de Economía y Hacienda en el grupo municipal del PSPV, quien ha dicho que Fabra "ha sido incapaz de gobernar las finanzas locales con mano de hierro y ha abocado al Ayuntamiento de Castellón a la quiebra técnica. Una empresa no hubiera sobrevivido con una gestión tan ineficaz".
   El grupo socialista asegura que un informe de la Intervención General revela la existencia de un déficit de 33,8 millones de euros en la contabilidad municipal,  cantidad resultante de la suma de 25,3 millones de euros de facturas pendientes de pago de 2010, "imposibles de pagar por falta de recursos", y 8,5 millones correspondientes al remanente de tesorería, que ha resultado negativo, "también como consecuencia del descontrol en las facturas de proveedores municipales".
   La primera consecuencia que deberá asumir el nuevo alcalde, según el PSOE, será "la prohibición de realizar inversiones nuevas financiadas a través del endeudamiento municipal, como establece la ley". Además, -ha añadido el partido- "el Ayuntamiento deberá informar a la Conselleria de Economía de la situación económica de Castellón, ya que este organismo es el que tiene la tutela financiera del Ayuntamiento hace tres años".
   Otros dos informes de la Intervención, según los socialistas, constatan el "incumplimiento" del Plan Económico Financiero y del Plan de Saneamiento Financiero, aprobados ambos en 2008. El organismo de control municipal ya emitió sendos informes negativos en 2009 y alertó de la necesidad de una serie de medidas para frenar el "declive" económico.
   "Ahora se vuelve a incidir en la obligación de un control estricto del gasto, ajustar el gasto real a los créditos consignados en el presupuesto, ajustar la estimación de los ingresos y erradicar los acreedores pendientes", ha indicado el grupo socialista.
   Un último informe de la Tesorería sobre la morosidad municipal revela, según el grupo socialist, que el Ayuntamiento de Castellón no ha cumplido los plazos de pago previstos en la Ley 15/2010.
   "Las facturas del segundo semestre de 2010 que han sido registradas entre enero y junio de 2011 han incumplido el plazo de pago de 50 días que fija la ley y el informe revela que solo en ese semestre se han acumulado 618 facturas que suman 11,9 millones de euros que están pendientes de pago", han añadido.
   "Esperemos que los consellers del área económica le den un par de tardes de clases urgentes al nuevo president de la Generalitat, porque si pone en práctica las mismas medidas de control presupuestario que ha hecho en el Ayuntamiento, la Generalitat entrará pronto en la UVI", ha dicho Peris.

El ICO financiará a la CC.AA la mitad de la deuda que tienen que pagar en 2012

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha dicho que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) abrir una línea ICO para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009, lo que supone 2.500 millones de euros, de los alrededor de 4.800 millones previstos. Esta línea, a la que las comunidades podrán acudir de forma voluntaria, tendrá un plazo de amortización de tres años y se destinará a pagar a proveedores.

   En rueda de prensa, Salgado ha explicado que esta fórmula es "más razonable" que la petición del PP de que se aplacen las devoluciones de los adelantos a cuenta para dotar de más liquidez a las comunidades autónomas.
   Salgado ha argumentado que, en primero lugar, no deberían presentarse problemas de liquidez para las comunidades autónomas durante los próximos años, pero que "en caso de existir alguna dificultad se plantearía en 2012". A ello ha añadido, que estas devoluciones no computan en el déficit ni suponen por tanto un límite del gasto, con lo que su aplazamiento sólo puede servir para reducir el endeudamiento o pagar a proveedores.
   Por otro lado, ha señalado que esta medida, que de momento es sólo una propuesta, ya que requeriría una modificación legal, ha tenido una "razonablemente" buena acogida en primera instancia por parte de las comunidades autónomas, y ha avanzado que podría estar en marcha en 2012.
   Por otro lado, Salgado confirmado que las comunidades autónomas han aprobado "sin ningún voto en contra" la aplicación de una regla de gasto "individual" en cada una de ellas, una regla que habrán de concretar en una proyecto normativo en sus respectivos parlamentos en un plazo de seis meses.
   Salgado ha concretado que "conviene que la regla sea lo más homogénea posible" entre las comunidades y ha avanzado que para asegurarse de ello durante el mes de septiembre se llevarán a cabo reuniones en un grupo de trabajo para discutir unas posibles pautas.
   Si bien, Salgado ya avanzó que entre ellas estará la vinculación del crecimiento del gasto al crecimiento del PIB en años anteriores y a la estimación del crecimiento futuro del PIB nacional, a lo que habrá que sumar un objetivo de inflación no superior al 2%, frente al 1,75% propuesto inicialmente. Asimismo, reiteró que estas reglas deben ser coherentes con los ciclos económicos.
   Por otro lado, Salgado informó de que el CPFF aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria individual de las CC.AA para el periodo 2012-2014, que permite un déficit del 1,3% del PIB regional en 2012; del 1,1%, en 2013, y del 1% en 2014. Si bien, la aprobación de este plan se ha logrado con la abstención de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algo a lo que Salgado ha quitado importancia diciendo que "cuando el PP no está en contra se abstiene".
   En este punto, Salgado ha señalado también que las comunidades autónomas tendrán en 2012 mayor capacidad de gasto, un margen que estimó en unos 12.750 millones de euros.
   Además, ha informado que durante la reunión se han aprobado los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana.
   Por otro lado, Salgado ha asegurado que durante la reunión ni siquiera se ha votado la petición de las comunidades autónomas de que el ICO avale la deuda de las comunidades autónomas, al ser "ilegal", pero si ha distribuido a cada una de ellas las entregas a cuenta en 2012.

Las CC.AA aplicarán reglas de gasto y el ICO financiará parte de las liquidaciones pendientes

MADRID.- Las comunidades autónomas han aceptado aplicar reglas de gasto para contener su déficit, aunque no han acordado una fórmula concreta, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sigue reunido y en el que el Gobierno ha propuesto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la liquidación negativa correspondiente a los años 2008 y 2009, que asciende a alrededor de 24.000 euros.

   Así lo ha avanzado la consejera de economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha comparecido ante los medios en representación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, según ha dicho, han mantenido "una postura común".
   Del Olmo ha concretado que las comunidades se han comprometido a presentar a sus respectivos parlamentos una propuesta de regla de gasto en un plazo de seis meses, pero ha asegurado que casi todas las comunidades se han abstenido a la hora de concretar una fórmula, ya que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que no ha dado tiempo a analizar y que presentaba "incongruencias".
   En cuanto a la propuesta de que el ICO alivie parte de la deuda de las comunidades autónomas, la consejera del PP ha indicado que la medida es una "propuesta la aire" y "no solucionará los problemas de financiación" de las comunidades autónomas.
   Asimismo, la consejera 'popular' ha dicho que las comunidades autónomas se han comprometido con los objetivos de déficit, pero con una abstención casi mayoritaria, ya que "aún no tienen noción de los ingresos de los que dispondrán en 2012" y además consideran que el crecimiento previsto del PIB para 2012, del 2,4%, es "difícil de cumplir".
   Así pues, Del Olmo acusó al Gobierno de "falta de transparencia" a la hora de plantear los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Consell recalca que "no analiza el riesgo ni concede" las operaciones propuestas por el consejo de CAM

VALENCIA.- El Consell de la Generalitat Valenciana ha recalcado este miércoles que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) --órgano supervisor de las cajas-- autoriza las operaciones de crédito que Caja Mediterráneo (CAM) "le propone, siempre que cuenten con el informe técnico favorable y el acuerdo del consejo de administración", pero "no propone, ni analiza el riesgo de la operación, así como tampoco concede la operación".

   Según han informado hoy fuentes de la Generalitat, la responsabilidad de la concesión de esas operaciones "es plena y exclusiva" del consejo de administración de la caja, tal y como se le advierte en la correspondiente resolución.
   Desde la administración autonómica se ha pronunciado en estos términos en alusión a las informaciones publicadas acerca de que la Generalitat autorizó créditos al 0% al consejo de la CAM.
   Al respecto, han remarcado que la autorización del IVF "no implica pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la firma acreditada, así como sobre su capacidad de generación de recursos para atender puntualmente las obligaciones de pago contraídas con la caja", sino que "se limita a verificar la regularidad de la operación".
   Por lo tanto, el IVF "no propone, ni analiza el riesgo, ni concede" esas operaciones, dado que esas funciones competen a los órganos internos de la caja.
   Desde la Generalitat han destacado asimismo que, con la autorización del IVF y la aprobación del consejo de administración, "se da transparencia a estas operaciones y se previene del posible conflicto de interés que pudiera darse".
   Entre las distintas operaciones de este tipo existentes, figuran algunas a consejeros que son miembros de la plantilla, y pueden acogerse por tanto a convenios laborales específicos de la entidad, que "no requieren autorización administrativa por parte del IVF".
   También figura una línea de avales que "no llevan tipo de interés, pero sí comisiones por riesgo (0,80%) y apertura (0,20%)", han recalcado las mismas fuentes.
   Desde la Generalitat se han referido asimismo a otras dos operaciones autorizadas que, según los informes del IVF, una presenta un tipo de interés del euríbor más 0,85%, mientras que la otra es una operación --de modalidad Cuaderno 19-- que "tiene asignadas comisiones por presentación de recibos y por devolución, y que no es propiamente riesgo por no existir financiación".
   De acuerdo con la normativa vigente, las cajas de ahorro están obligadas a obtener autorización administrativa del IVF cuando efectúen operaciones de riesgo dinerario o de firma, así como transmisiones de cualquier bien o valor, con los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y el director general, o con personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.
   No obstante, esa limitación no es de aplicación a los créditos, avales o garantías cuya finalidad sea la adquisición de viviendas con aportación por el titular de garantía real suficiente, ni para la concesión a los representantes de los empleados de créditos acogidos a convenios laborales, aunque en este caso se debe contar con el informe previo de la comisión de control de la entidad.
   Así, se establece una autorización de forma genérica siempre que se cumplan tres condiciones: que el volumen global de riesgos alcanzado por el conjunto de los altos cargos y personas vinculadas sea inferior al 15% de los recursos propios de la caja, que el volumen de riesgos imputables al alto cargo afectado no exceda el 5% de ese límite global del 15% y que el importe de la operación propuesta sea inferior a 150.253,03 euros.
   Según las mismas fuentes, también se concede una autorización genérica a las operaciones que realicen las cajas con sociedades en las que el cargo de consejero o director lo desempeñen altos cargos de la entidad, en representación de la misma.
   Cuando la operación de riesgo está sujeta a autorización y ésta no se haya concedido de forma genérica, la caja debe solicitar la autorización previa del IVF mediante una propuesta que incluya las características y condiciones de la operación de riesgo, finalidad, concepto en que interviene el alto cargo afectado, clase de operación, importe, tipo de interés, plazo y régimen de amortización.
   Además, deben adjuntar el informe técnico que haya servido de base al consejo de administración para la aprobación de la operación, así como el certificado del acuerdo del consejo de administración por el que se aprueba la operación que se propone al IVF.

El Estado puede imponer "límites presupuestarios" a las CC.AA., según el TC

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el Estado puede imponer "límites presupuestarios" en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución.

   Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.
   Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el 'déficit cero' en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.
   Para el Tribunal Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una "orientación de política general que el Estado puede dictar", y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas "no excluye la existencia de controles, incluso específicos".
   Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".
   Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
   En conclusión, determina el TC, la impugnación debe ser desestimada, porque la imposición de límites de gasto a las comunidades autónomas no supone una vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, máxime cuando el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de la comunidad condiciona el establecimiento de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la Unión Europea.

Según Moody's, la inyección del FROB no blinda a la CAM ante nuevas pérdidas

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's considera que, a pesar de la inyección de 2.800 millones recibida por Banco CAM por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el marco de la intervención de la entidad alicantina el pasado 22 de julio por el Banco de España, el balance de la institución financiera "continúa siendo vulnerable" a nuevas pérdidas.

   "Moody's cree que incluso con la inyección de 2.800 millones de euros del FROB, la base de capital del banco sigue siendo vulnerable a nuevas pérdidas esperadas bajo el escenario de análisis de Moody's, especialmente ante la incertidumbre de las perspectivas económicas de España y del sector inmobiliario, donde Banco CAM mantiene una exposición significativa", explicó la calificadora de riesgos.
   Asimismo, Moody's espera que este entorno operativo doméstico "muy complicado" debilitará el crecimiento y presionará a la baja sobre los márgenes, incrementando así los costes de financiación y las exigencias de provisiones, lo que probablemente limitará la generación interna de capital procedente de fuentes ordinarias.  
   Tras la intervención de la entidad alicantina el pasado viernes, la agencia de calificación ha retirado sus notas a la CAM y ha asignado una calificación 'Ba1' con perspectiva negativa a Banco CAM, equivalente al grado especulativo o 'bono basura'.
   "Tras la inyección de capital del Gobierno, los 'ratings' de la deuda senior y los depósitos de Banco CAM incorporan la opinión de Moody's de una moderada probabilidad de soporte sistémico para la entidad, lo que se concreta en una calificación que se sitúa un peldaño por encima de su 'rating' autónomo de fortaleza crediticia".
   No obstante, Moody's apunta que la perspectiva negativa refleja la perspectiva también negativa de la calificación 'Aa2' del Reino de España y la valoración negativa del perfil de crédito autónomo de Banco CAM.
   De este modo, la agencia advierte de que el perfil de crédito de Banco CAM podría verse sometido a presiones a la baja si se deteriora más de lo previsto su capacidad de absorber pérdidas y/o su posición de liquidez, especialmente en el caso de sufrir alguna restricción para acceder a la liquidez del banco central o de cualquier cambio en la tendencia del flujo de depósitos.
   Asimismo, Moody's subraya la vinculación existente entre la nota de la deuda senior y de los depósitos de Banco CAM y la solvencia de España, así como su exposición a cualquier disminución en la percepción del respaldo sistémico de la entidad.
   "Una rebaja de la nota del Gobierno de España podría ejercer una presión bajista sobre los ratings de la deuda y los depósitos de Banco CAM", añade la agencia.

Zapatero asegura que clientes y acreedores de la CAM "pueden estar tranquilos"

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que los clientes y acreedores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida la pasada semana por el Banco de España, "pueden estar absolutamente tranquilos", ya que la entidad cumplirá "con normalidad" sus obligaciones.

   En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del segundo rescate financiero a Grecia, el jefe del Ejecutivo justificó la intervención por el resultado de los test de estrés, en los que la CAM cosechó la peor valoración.
   Así, dijo que, una vez analizada su situación económica y financiera, se constató que el plan de reforzamiento de capital de la entidad "no aseguraba su viabilidad futura".
   "Ahora se ha procedido, como estaba previsto, a su capitalización a través del FROB, sustituyendo a los administradores de la entidad y abriendo un proceso competitivo para su adjudicación", explicó en tono tranquilizador.
   Más allá de los casos concretos de las diferentes cajas de ahorro, el presidente del Gobierno aseguró que España tiene "un sistema financiero es solvente".
   Según ha dicho, esa solvencia supone una "tranquilidad", ya que en términos de flujo del crédito "con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se llega donde se llega".
   Así pues, aseguró que si bien hay algunas cajas cuya gestión ha resumido con un "sin comentarios", hay otras en las que los resultados han sido "muy buenos" y ha concluido que, en cualquier caso, la reestructuración bancaria ha servido para hacer una apuesta por la "profesionalización" del sector.

Camps ocupará ahora escaño justo al lado de Rita Barberá en las Cortes Valencianas

VALENCIA.- El nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su antecesor en el cargo, Francisco Camps, van a intercambiarse su escaño en las Cortes Valencianas, después de que éste último presentara su dimisión a raíz de la 'causa de los trajes' de la 'trama Gürtel'.

   Según la representación gráfica del hemiciclo que aparece en la página web de las Cortes, Fabra ocupará el sillón azul de presidente, ubicado en la primera fila, al lado de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León.
   Por su parte, Camps pasará a sentarse en la tercera fila de la bancada 'popular' entre las alcaldesas de Valencia y Alicante, Rita Barberá y Sonia Castedo, respectivamente.
   Camps asistió el martes al pleno de las Cortes en el que Fabra fue investido presidente. No obstante, solo estuvo presente al inicio de la sesión, cuando intervino el nuevo jefe del Consell, y al final, cuando tuvo lugar la votación, en la que la Fabra fue elegido presidente de la Generalitat, con los votos favorables de los diputados del PP y con el rechazo de los parlamentarios de los tres grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV--.
   Durante el tiempo en el que Camps estuvo en el hemiciclo, permaneció sentado en su escaño de 'president' de la primera fila. Según se prevé, a partir del jueves, cuando Fabra jurará o prometerá su cargo, se hará efectivo el cambio de sillones y el ex alcalde de Castellón pasará a la primera fila del hemiciclo.

Luna ya carga contra Fabra a costa de la presunta financiación irregular del PP

VALENCIA.- El diputado socialista en las Cortes Ángel Luna ha afirmado este miércoles que el auto sobre supuesta financiación irregular del PP "habrá devuelto a la realidad" al nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a quien a instado a dar explicaciones a los valencianos "que todavía no se han producido".

   Luna se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer que   el magistrado instructor de la causa de supuesta financiación irregular del PP investigada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido la práctica de nuevas diligencias en la causa de financiación irregular, después de que el TSJCV haya rechazado los recursos interpuestos contra la inhibición.
   El parlamentario del PSPV ha señalado que Fabra "si se había imaginado que podría salir indemne de las irregularidades cometidas por el PPCV, este auto le dice con claridad que tendrá que hacer frente a las responsabilidades que se deriven por los hechos que serán investigados".
   El diputado socialista en Les Corts ha explicado que "la punta del iceberg eran los trajes" y ha precisado que "todo lo que ahora se va a investigar es lo grueso, es de verdad el trasfondo del asunto". En este sentido, Luna ha señalado que "las operaciones de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana tenían como finalidad la obtención de beneficios económicos para los propios miembros de la trama Gurtel".
   "Beneficios económicos que luego se fueron a paraísos fiscales, a través de contratos irregulares, o después de ejercer presión con empresas que contrataban con la Generalitat Valenciana para que les contrataran, a su vez, también a ellos", ha manifestado Ángel Luna.
   El dirigente socialista ha incidido en que el PPCV "tenía como beneficio la financiación irregular de actos celebrados en campaña electoral".
"Todo eso es lo que se va a investigar en este sumario a partir de este auto", ha concluido.

El abogado Diego de Ramón arremete por la vía penal contra los presuntos saqueadores de la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, quien desde, al menos 2006, viene denunciando sistemáticamente ante las instancias competentes (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fiscalía Anticorrupción y Servicio contra el Blanqueo de Capitales entre otras) el presunto saqueo de la CAM a manos de directivos y consejeros, arremete ahora por la vía penal contra esos presuntos saqueadores en la ampliación de su denuncia del pasado viernes ante la Fiscalía General del Estado.

A su juicio, reza el escrito remitido a Plácido Conde Pumpido, "el principal sospechoso de la trama era el ya ex director general, Roberto López Abad, y formaba su “equipo” al que habrá que tomarle declaración: María Dolores Amorós (Directora general sustituta de López Abad y mujer de su confianza, ahora destituida por el Banco de España); José Pina (Secretario General); Vicente Soriano (Recursos); Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales); Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos); Teófilo Sogorb (Planificación y Control); Daniel Gil (Inversiones Inmobiliarias), equipo que presuntamente dirigía la Caja a espaldas del Consejo de Administración".

El letrado murciano dice en la ampliación de su denuncia - la primera presentada el mismo viernes que se anunció la intervención de la CAM por el Banco de España - que "consejeros de la CAM, se otorgaron 71 millones de euros en créditos (96% de la cantidad otorgada al resto de consejeros) y se repartieron en los últimos cuatro años 18 millones de euros en retribuciones y otros conceptos", siendo los beneficiados de esos "créditos blandos, carencia de tiempo e intereses e ignorando esta parte la situación actual de los mismos, si se encuentran pagando los beneficiados esos créditos”. Los consejeros que cita en su escrito son:

El murciano Juan Ramón Avilés (representante politico en la CAM, y consejero) 27,2 millones de euros.
El ilicitano Modesto Crespo (Presidente de la CAM y representante politico) 7.89 millones de euros.
El murciano José García Gómez (representante político y consejero) 7,41 millones de euros.
El alicantino Aniceto Benito (consejero y representante político) 7,39 millones de euros.
El jijonenco José Enrique Garrigós (consejero y representante político) 5,59 millones de euros.
El valenciano Antonio Gil Terrón (consejero y representante político) 3,14 millones de euros.

Entre la petición de pruebas que solicita al fiscal general del Estado, Diego de Ramón dice:

-La unión a las actuaciones de los documentos que se acompañan con el escrito de petición.

-Se cite ante presencia judicial sobre los hechos a investigar a los directores territoriales D. Ángel Martínez y don Modesto Crespo (de Murcia y de Valencia) don Roberto López Abad y al equipo reseñado en el comienzo de mi escrito como equipo de su confianza, con domicilio en la misma sede social de la Caja de Ahorros del Mediterraneo.

-Se cite a los investigados en estas diligencias informativas que declaren sobre los siguientes extremos:

-Sobre la existencia de las relaciones mercantiles del riesgo financiero con determinadas empresas y sociedades (Hansa Urbana, Crédito Inmobiliario de Mexico, sociedades inmobiliarias en Seseña (del denominado popularmente como El Pocero), Terra Mítica, Nova Cartago, Polaris, Sociedades del caso Gürtel, Llanera, Fundaciones y Clubes de Fútbol del Valencia y Murcia) como a Instituciones Públicas, entre ellas a la Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de Murcia, en cuanto a las garantías solicitadas o pedidas por dicha entidad CAM, en caso de no poder abonarlas, y si se ha producido las correspondientes actuaciones judiciales de reclamación de dichas cantidades, si se les ha pedido garantias complementarias, y la relación de fallidos desde el año 2007 si se han producido, los informes contables, jurídicos o del Consejo de Administración, que legitimaban dichos fallidos. Y si después de que fuese nombrado presidente de la CAM, don Modesto Crespo, designado por el Presidente de la Comunidad Valenciana (ahora cesado por una causa penal Sr. Francisco Camps), le concedió 280 millones de euros (créditos, avales y préstamos) a la Comunidad Valenciana, pese a la crisis que ya tenía dicha Caja en el año 2010. Y al investigado vicepresidente 1º y presidente territorial de Murcia, D. Ángel Martínez, que manifieste que cantidad fue dada a la Comunidad Murciana, importes del año 2009, 2010 y 2011, en préstamos, créditos y avales.

-Listado de los créditos dados a los representantes de los partidos políticos que formaban parte del Consejo de Administración de la CAM, (Valencia y Murcia) funcionarios, politicos que obtenían créditos con años de carencia y muy bajos tipos de interes, por debajo del medio normal del coste del dinero en el mercado financiero.

-Listado de adjudicaciones de inmuebles a bajo coste, por debajo del precio del mercado, que han sido transferidos con créditos o pagos a personas o sociedades, vinculadas con los representantes de los partidos politicos en los Consejos de Administración de la CAM, a través de sus directores territoriales, incluyendo propiedades en España y Mexico.

-Que declaren los testigos y sospechosos del quebranto económico, si la inversión que se hizo en Mexico por parte de la CAM, cercana a 300 millones de euros, unos 294 millones, se pagó a través del capital que tenía la CAM en España, o en otros depósitos o cuentas que se encontraban en el extranjero, o sociedades participadas en países con clara ventaja fiscal.

-Si intervino la CAM, con inversión crediticia, en la oficina abierta en México en la primavera pasada como oficina de negocios CENEXMUR, patrocinada por la Comunidad Autónoma de Murcia.

-Si hubieron bienes o propiedades inmobiliarias (que fueron adquiridas por la compra de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario) transmitidas a sociedades o personas físicas por parte de la CAM, que fueran de Valencia y Murcia.

-Si cuando fue investido el Presidente Territorial de Valencia, como representante político del Gobierno del expresidente D.Francisco Camps, D. Modesto Crespo, fue aumentado en créditos a la Comunidad Valencia en más de cinco veces la deuda anterior sostenida con la CAM y qué porcentaje fue dado a partir del año 2009 y 2010 a la Comunidad Murciana.

-Si por los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Cortes Valencianas) y los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Murciana (Asamblea Regional), tienen asumidas las competencias autonómicas de las cajas de ahorro, y tiene que mostrar las cuentas a las Consejerías de Haciendas de dichas Comunidades Autónomas, para su vigilancia, inspección y comprobación sin que pese a los créditos dados por la CAM, no se les impuso ninguna objeción, tacha u observancia del excesivo crédito dados, que han originado los grandes quebrantos inmobiliarios de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia, y las producidas por la compra de participación del Banco Marroquí, (5%), sucursales abiertas en Londres, Miami, México, y sociedades participadas en países con clara ventaja fiscal.

-Que tampoco fue inspeccionada por las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas de Murcia (Ley de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, Ley 3/1998, de 1 de junio, sobre comisión de control, disciplina y control de infracciones y sanciones,) y en Valencia, de todas las actuaciones financieras anteriores año tras año, siendo consentidas por su silencio o posible dejación de funciones, asi como los gastos en dietas, indemnizaciones, bonos o plus a directivos y miembros del Consejo de Administración, Directores Generales, viajes al extranjero o nacionales, hoteles de lujo,etc..

-Si desde hace un mes, a propósito de la cotización en Bolsa de las cuotas participativas, no se podía sostener su garantia a los compradores con el patrimonio “real, es decir el tasado actualmente con los precios de mercado inmobiliario”.

- Que se oficie a los Servicios de Inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todas las actuaciones derivadas e incidencias habidas desde la emisión de las cuotas participativas por parte de la CAM, entre ellas las tasaciones de los valores emitidos, asi como si eran sostenidas con aportaciones de la propia CAM a través de sociedades o entidades interpuestas.

- Que se oficie a los Servicios de Inspección del Banco de España, y aporte el seguimiento que se ha hecho desde el año 2007 hasta este último momento de la intervención por parte del Banco de España, a instancia de este Letrado y del propio Servicio de Inspección, entre ellos el último producido donde aparecía el agujero económico. Y si existía descontrol interno dentro de la CAM. Y si los riesgos financieros del crédito a conceder descansaba principalmente en la persona de su exdirector general, ahora querellado, Sr. López Abad, ahora sin pagar o de crédito moroso presuntamente incobrable, cuantificado en cientos de millones de euros, alcanzado la cifra de 4.500 millones de euros, según la noticia del diario El Mundo de fecha…., y cuántos expedientes sancionadores ha habido en cuantía y personas responsables de esas sanciones.

-Que se dirija oficio al SECBLAC sobre los informes que ha realizado a la CAM, sobre blanqueo de capitales, si se encuentra al corriente o si ha sido sancionada.

-Que manifieste el querellado cuánta indemnización económica ha recibido por apartarse de la CAM o su cese como director general de la CAM, bonos o plus, o participaciones empresariales.

-Que se dirija oficio a los recién nombrados gestores por el Banco de España, que ha designado a la administración actual de la CAM, para saber qué cantidad ha sido la producida por el quebranto económico, en cuanto a la ocultación de la morosidad, y los fallidos que no han sido reclamados por la vía judicial, incluyendo Fundaciones, Sociedades, Partidos, Clubes de Futbol, créditos personales a politicos vinculados con los representantes politicos y los créditos todavía vivos o en vigor, el tipo de interés, carencia y garantías que se le ha exigido, incluyendo las sociedades del caso Brugal sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, por parte del directivo de la CAM, don Daniel Gil, donde hacía negocios con el Sr. Enríque Ortíz, en fase de instrucción del Juzgado nº 5 de Alicante.

-Cualquier otra pertinente o derivada de las anteriores manifestaciones para realizar en las diligencias informativas, por parte de dicha Fiscalía, dando traslado de todo lo actuado a esta parte, y en su conclusión final se remita al juzgado de guardia que corresponda o Fiscalía Anticorrupción, para abrir diligencias penales en fase de instrucción...

La CAM prestó 200 millones a la Generalitat dos días antes de su caída

MADRID.- El destino de las cajas está irremediablemente unido al de sus gobiernos regionales y sus ayuntamientos de cabecera en la mayoría de los casos. Y da igual lo que pase con la caja, lo que importa son las finanzas de la comunidad.  Caja Mediterráneo (CAM) arrastraba desde hace más de un año una situación financiera más que delicada y se había salvado de la intervención porque acordó una fusión con Cajastur, Extremadura y Cantabria (que finalmente se rompió). Eso no fue impedimento para que el año pasado duplicara sus créditos a la Generalitat (el Parlamento regional nombra al 25% de sus consejeros) y los elevara de 224 millones de euros a 505 millones, según 'Público'.

Pero quizá lo más grave es que hace 20 días, en uno de los últimos servicios de Francisco Camps al frente de la Generalitat, acordó entregarleo más bien refinanciarle un crédito que le vencía ahora de 200 millones y que la Generalitat no podía devolver porque su situación financiera no se lo permitía. Ese pacto se firmó hace tres semanas, pero se entregó el miércoles pasado, sólo un día antes de que el Banco de España le entregara a la CAM la carta en la que le conminaba a presentar un plan para recapitalizarse o si no debía ser intervenida.
La caja, un día después de esa misiva y dos días después de haber entregado el préstamo millonario, reconoció que no tenía salida para elevar su solvencia y solicitó ser intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que le ha entregado una ayuda de 2.800 millones y le ha abierto una línea de liquidez, ante sus dificultades para conseguirla, de 3.000 millones.
Después de financiar sin problemas a la Generalitat, que pagará un tipo de interés del 4,75% anual en estos tres meses, es decir dos millones de euros, los clientes particulares tendrán ahora más dificultad para acceder a sus préstamos. Los interventores han obligado a revisar todas las operaciones de préstamo que están en marcha, con lo que varias se caerán.

Alarte pide a Fabra que sea 'valiente' y retire a diputados y alcaldes en casos de corrupción

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Jorge Alarte, ha pedido este martes al futuro presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que sea "valiente" y se comprometa "solemnemente" ante la cámara a retirar de la vida pública a los diputados y alcaldes que estén formalmente acusados por un juez en casos de corrupción.

   Alarte se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el debate de investidura de Fabra como nuevo 'president', en la que ha pedido al nuevo jefe del Consell que se "libere" de la tutela de Francisco Camps -quien no ha estado presente en el discurso-- y se preocupe de los cinco millones de valencianos.
   El portavoz socialista, que ha dedicado más de la mitad de su discurso a criticar la primera intervención de Fabra en la cámara y a hablar sobre corrupción, ha lamentado en primer lugar la ausencia de Camps, quien, según ha dicho, "huye de nuevo para no escucharnos".
   El también secretario general del PSPV ha indicado que hace dos años y medio que se tenía que haber producido el relevo del ya ex jefe del Consell, y en lugar de "afrontar los problemas", el PP "miró hacia otro lado", ha lamentado. También ha recordado que su partido pidió explicaciones de cuanto acontecía a diario en la crónica judicial española, "que siempre tenía un nombre, el PPCV". "Y lo hicimos en condiciones de extrema dureza", ha aseverado.
   Hoy, tal y como ha comentado, este "cúmulo de errores" ha pasado factura al PP, y "los responsables son los que no están aquí dando la cara, que son Francisco Camps y Mariano Rajoy -presidente del PP_". Alarte ha señalado que "subirse hoy a la tribuna a hablar obviando esta situación es un ejercicio claro de negación y de irresponsabilidad".
"Mal empezamos si usted -en referencia a Fabra_ lo niega, porque quien niega la realidad es incapaz de cambiarla".
   En esta línea, Alarte ha lamentado que "los hechos y la acción de la justicia haya confirmado lo que veníamos denunciando", por lo que ha avisado a Fabra de que "en política y en la vida, los hechos y las decisiones cuentan más que la propaganda y la búsqueda de protagonismo".
"Las responsabilidades han de asumirse y los errores se pagan", ha aseverado. Así, ha pedido a Fabra que exija el respeto de la ley, el Estado de Derecho, y el principio de limpieza y transparencia de la vida pública.
   Alarte ha insistido en que ha visto a Fabra durante su discurso "con poco coraje, con poca determinación, con poco valor para reconocer la verdad de este debate. No propone nada y le pido más concreciones". 
"Reconozca -le ha reclamado_ la excepcionalidad democrática que vivimos, porque estamos ante un Gobierno desgastado y apagado".
   "Sabemos -ha añadido_que ha aplaudido -dirigiéndose a Fabra_con efusividad, desde su escaño, muchos de los errores y políticas equivocadas, ha participado como uno más en lo que Camps representaba. Nada dijo ni objetó contra un modo de gobernar y una manera de hacer política que nos ha traído a esta grave crisis".
   Le ha comentado que desconoce si quiere devolver la transparencia y entregar los contratos con la trama Gürtel, y si finalmente pretende reunirse con las víctimas del accidente de Metro, puesto que no lo ha vuelto a nombrar en esta intervención. A este respecto le ha pedido que si las recibe, "que sea para volver a abrir la comisión de investigación". Fabra le ha contestado que se va a sentar con ellas y les va a explicar "lo que hicimos, las medida que adoptó el equipo de gobierno para estar a su lado, vamos a intentar darles cariño, aprecio y afecto", ha aseverado.
   Alarte ha planteado a Fabra 15 iniciativas estratégicas para salvar las políticas, crear empleo, sanear la Generalitat, apostar por los servicios públicos y mantener el prestigio de las instituciones. Así, entre otras, le ha pedido una reforma de la economía valenciana para crear empleo; un programa para sanear la Generalitat; un impulso al territorio desde la sostenibilidad; reducir cargos públicos; y dejar de perseguir a los que enseñan y quieren estudiar en valenciano.
   Asimismo, le ha pedido su apoyo sobre la primera Proposición No de Ley que presentó en las Corts para luchar contra el paro de los jóvenes; que presente un calendario "urgente" para aplicar la Ley de Dependencia; modificaciones para que la renta básica sea instrumento de ayuda para parados; transparencia y puesta a disposición de la oposición de toda la información sobre contratos a empresas con sospechas de corrupción; crear una comisión para redactar la Ley de Calidad Democrática; y el desarrollo del Estatuto de Autonomía.
   Frente a ello, Alberto Fabra ha afirmado que esperaba otro discurso de Alarte, puesto que se ha pasado un tercio de su tiempo hablando de pasado, "de lo que ya no interesa a nadie". En referencia a la transparencia, le ha dicho que el PP es "absolutamente transparente" y "está sometido a todos los mecanismos de control y fiscalización previstos en la ley". "Y lo decimos con la voz muy alta", ha comentado.
   "Tenemos -ha agregado_ el mecanismo de control parlamentario, el de la Sindicatura, la fiscalización en consellerias, y las empresas públicas están sometidas a auditorías anuales". "Y seguiremos trabajando para facilitar el acceso a la información, no tenga ningunda duda, porque es necesario transmitir transparencia a los ciudadanos. Necesitamos que vuelvan a creer en las instituciones".
   Asimismo, le ha dicho a Alarte que su grupo se ha enfrentado a los problemas "todos los días", "nunca se ha querido esconder; siempre ha afrontado la crisis mirándole a la cara", no como hizo -ha puntualizado-- el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.
   En esta línea, ha avanzado que van a intentar llegar a acuerdos "de verdad". "La Comunitat -ha indicado_ es dinámica, potente, activa, la que más empleo genera. Vamos a poder salir de la crisis porque la hemos abordado". Pero "necesitamos un gobierno de España que afronte reformas estructurales de ámbito nacional", ha puntualizado.
   También se ha referido a RTVV -nombrada por Alarte_y ha afirmado que "hay que racionalizar el gasto, ser austeros, revisar estructuras, mejorar la gestión, y la clave está en la financiación mixta. La austeridad debe ser una bandera, vamos a ser austeros porque es una necesidad de los ciudadanos", ha asegurado.

Los nuevos administradores de la CAM intentan evitar la fuga de depósitos

VALENCIA.- Los nuevos administradores de la CAM nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) siguen tomando medidas para sanear la entidad y garantizar su viabilidad, y uno de los primeros asuntos que se ha abordado es la posible fuga de depósitos. 

Aunque lo cierto es que no se están produciendo las retiradas de efectivo que se esperaban tras la nacionalización -fue uno de los motivos por el que se concedió una línea de crédito de 3.000 millones a la caja-, los nuevos gestores saben que cualquier pérdida supone agravar la ya muy delicada situación de la entidad.

Por eso han dado orden de que todas las oficinas comuniquen diariamente las solicitudes de retiradas de fondos de cierta importancia para que un responsable de la entidad pueda ponerse en contacto con esos clientes y trate de convencerlos para que mantengan su saldo. También se ha pedido que se comuniquen los depósitos a plazo que venzan para intentar retenerlos, según el diario 'Levante'. 

Por otra parte,  Gestimed, la gestora de fondos y de sicav (sociedad de inversión de capital variable) de Caja Mediterráneo, ha sido una de las firmas del sector más perjudicadas en España por la fuga de capitales que se ha producido desde el inicio de la crisis económica en el verano de hace cuatro años.

Según publicaba el pasado lunes el diario económico Expansión, la firma de Caja Mediterráneo ha pasado de gestionar casi 2.500 millones de euros en junio de 2007 hasta los 562 millones que tenía en el mismo mes de 2011. Este descenso implica una caída del 75,6 %. Solo Caixa Penedés, con una disminución del 76,8 % tiene un peor registro que la caja.

Por contra, en el segundo lugar de entre las gestoras que más patrimonio han ganado se encuentra la valenciana Nordkaap, presidida por Enrique Lucas y participada por el Banco de Valencia. Ha crecido un 283,7 %.

El citado rotativo apunta que la pérdida patrimonial de la CAM se debió a los reembolsos netos realizados por sus clientes, valorados en 2.076 millones en los últimos cuatro años, y no por la pérdida de valor de las carteras invertidas.

La salida de partícipes de Gestimed ha llegado por dos vías: el cambio de clientes a otras entidades, que llevan consigo el patrimonio invertido en fondos, y el trasvase de partícipes a otros productos de CAM, como los depósitos, que la caja ha primado de manera especial (hasta un 4%). La fuga de clientes se intensificó tras la ruptura del Banco Base con Cajastur en marzo y ante los rumores de entrada del FROB en su capital.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que la intervención de CAM no impide que siga siendo «vulnerable» ante las potenciales pérdidas que le podría ocasionar su «significativa exposición» al sector inmobiliario».

Moody's hizo esta consideración en un informe, en el que mantiene la calificación de la deuda a largo plazo de la CAM al nivel del «bono basura» y avisa de que podría aplicar nuevas rebajas porque todos sus ‘ratings’ tienen «perspectiva negativa».

El PSPV exige que las Corts investiguen los pagos y créditos a los consejeros de la CAM

VALENCIA.- El grupo socialista en las Cortes Valencianas exigió la convocatoria de la Diputación Permanente para que comparezca el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, y explique los motivos que han conducido a la intervención de la CAM por el Banco de España. El portavoz de Economía del PSPV-PSOE en las Corts, Francisco Toledo, informó en un comunicado de que su grupo se adherirá a la petición de Esquerra Unida (EU) para que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema, según 'Levante'.

Francisco Toledo instó a Alberto Fabra, que mañana tomará posesión como presidente de la Generalitat, a depurar «todas las responsabilidades» que han llevado a la CAM a la actual situación. Toledo recordó que la ley de cajas establece en su artículo 35 que los miembros del consejo de administración, sus empresas y familiares «no pueden obtener ni créditos ni avales sin la autorización expresa del consejo de administración y del IVF» y que también señala que los cargos son «honorarios y gratuitos» de lo que se deduce, en opinión de Toledo, «que el IVF tuvo que autorizar los créditos y que Modesto Crespo —expresidente de CAM— no debía cobrar por ser consejero de Tinser».
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, dijo que los datos que están surgiendo sobre la gestión de Caja Mediterráneo apuntan a que la entidad «era una pieza más de la trama de la Comunidad Valenciana protagonizada por el Partido Popular». Madina apuntó que, con las informaciones sobre la concesión de créditos «con la firma de la Generalitat» a altos directivos de la caja al 0 % de interés, «todo indica» que, antes de ser intervenida por el Banco de España, la CAM «estaba intervenida previamente por el PP».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de «despreciable, nociva y muy esclarecedora la trayectoria seguida por la CAM entre 2004 y 2010». A su juicio, los datos hechos públicos tras la intervención «revelan la frescura, la insensatez y hasta la impunidad con la que se han manejado los consejeros».
El grupo parlamentario Compromís en las Corts pidió, por su parte, la comparecencia de los actuales administradores de la CAM nombrados por el FROB, José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que se pueden adoptar. Mónica Oltra pidió que se esclarezcan las razones por las que el Consell «aprobó créditos blandos, de incluso interés cero, a consejeros de la CAM cuando el tipo medio estaba al 4 %».
También los principales sindicatos con representación en la caja reclamaron ayer la depuración de responsabilidad por la concesión de créditos blandos a los consejeros. Así, el secretario general del Sicam, Manuel Navarro, reclamó que los nuevos administradores de la caja nombrados por el FROB investiguen si se produjo «algún tipo de abuso», ya que considera que las cantidades prestadas fueron «muy elevadas».
Por su parte el portavoz de CGT, Juan José Martínez, se sumó a la petición de responsabilidad y denunció que este tipo de prebendas se han utilizado «para que los consejeros no se cuestionaran nada y aprobaran todo lo que se les ponía delante». Desde CC OO, Isidro Grao exigió que los anteriores responsables de la entidad «paguen por lo que han hecho».

Las ejecuciones hipotecarias no vulneran derechos

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha concluido que la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas no vulnera los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y al derecho a una vivienda digna, según el auto dictado el pasado 19 de julio.

   El Pleno del Constitucional rechaza así la cuestión de inconstitucionalidad planteada en septiembre de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell, en la que reclamaba al tribunal que estudiara la necesidad de modificar la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, la llamada dación en pago.
   En el auto, el Constitucional concluye que carece de competencia para plantear un cambio al actual proceso de ejecución hipotecaria, ya que es "materia exclusiva" del Gobierno como organismo "legislador".
    Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad y aluden a la doctrina establecida en la sentencia de 18 de diciembre de 1981, que avaló las limitaciones que tienen los hipotecados para evitar el embargo de su vivienda.
   La sentencia citada consideró que los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria no quedan "indefensos" porque tiene la posibilidad de evitar el embargo pagando la deuda o reclamando al juez la apertura de un procedimiento declarativo para que resuelva la controversia entre las partes.
   El auto cuenta con un voto particular en contra -frente a 10 a favor- formulado por el magistrado Eugeni Gay. El magistrado considera que el tribunal no ha tenido en cuenta la actual "realidad social y jurídica" de España y considera necesario examinar la cuestión planteada desde el contexto económico actual.
   "En definitiva, los rasgos de la situación económica y financiera actual son radicalmente distintos a los que la caracterizaban a principios de los años ochenta y esta profunda transformación incide directamente en la esencia de las condiciones de cumplimiento de los compromisos hipotecarios adquiridos por los prestatarios", explica Gay.
   El magistrado destaca que en los últimos años los ciudadanos
contrataron hipotecas "sin poderse percatarse" de los riesgos que implicaba la operación debido a la "complejidad y opacidad" del sistema financiero, algo que "muy posiblemente" también desconocían las entidades de crédito prestadoras del dinero y beneficiarias de la garantía hipotecaria.
   En conclusión, Gay considera que las dos partes contratantes adolecieron de "errores sustanciales" al evaluar los riesgos de los préstamos hipotecarios, lo que dio lugar a que prestaran un consentimiento "imperfecto, cuando no completamente viciado".

Hacienda descarta aplazar el pago de los adelantos a las CCAA

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y ha dicho que "no hay razón" para volver a aplazarlos, como ha avanzado el presidente del PP, Mariano Rajoy, que pedirán el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) los consejeros autonómicos.

   En rueda de prensa, López Carbajo prefirió esperar a ver si mañana se pone finalmente dicha propuesta sobre la mesa, si bien recordó que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas y enfatizó que las comunidades tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar.
   Así pues, López Carbajo añadió que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación el positiva el Estado paga "a toca teja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años, por lo que no habría por qué introducir cambios: "Me parece que no hay razón para modificar el sistema".
   Así pues, apuntó que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009, pero que tras la moratoria las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012.
   Según añadió, este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas elevarán el saldo negativo de dichas comunidades.
   Otro de los asuntos que se tratarán el miércoles en el Consejo será la propuesta del Gobierno para que las comunidades asuman la regla de gasto establecido para el Estado. Al respecto, López Carbajo se mostró prudente y prefirió a esperar a que "transcurra" la reunión.
   Si bien, consciente del renovado peso del PP en el seno del Consejo, el secretario de Estado de Hacienda mostró su deseó e incluso confió en que los consejeros 'populares' muestren una "actitud positiva" y "responsable".
"Todos nos jugamos mucho", dijo para añadir que también es de esperar que los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas también puedan aprobarse mañana.