El Constitucional desestima el recurso de la Comunidad Autónoma de Murcia contra la derogación del trasvase del Ebro

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que deroga el trasvase del Ebro. La sentencia data del pasado 13 de diciembre y ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Región de Murcia interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 20 de septiembre de 2005, argumentando que la Ley impugnada rompía el principio de unidad de cuenca y dejaba en manos de la Administración General del estado y de la Generalitat de Cataluña la determinación de los caudales ambientales del río Ebro en un tramo concreto.

El Gobierno regional consideraba además que se concedía a una comunidad autónoma la capacidad de bloquear todo el plan hidrológico de la cuenca, al someter la aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro al mutuo acuerdo de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En su sentencia, el TC explica que el procedimiento de aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro constituye "una fórmula de cooperación adecuada para un supuesto de concurrencia competencial y que debe reputarse constitucionalmente admisible".

Asimismo, el Tribunal establece que se trata de un mecanismo "de acomodación o integración entre dos competencias concurrentes en el espacio físico, basado en el acuerdo, y que configura la aprobación final del plan integral de protección del Delta del Ebro como un acto complejo en el que han de concurrir dos voluntades distintas, lo que resulta constitucionalmente admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia".

El fallo añade que este hecho "no implica la alteración del sistema de distribución ni menoscabo de la competencia del Estado".
 
El PPCV dice que se debe retomar el trasvase del Ebro

  El coordinador de Infraestructuras del grupo parlamentario popular, César Sánchez, ha afirmado que el trasvase del Ebro "se puede y debe retomar" como parte de un "gran pacto hidrológico" impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
   Sánchez se ha pronunciado de esta manera tras las palabras del socialista Francesc Signes, y ha indicado que tanto desde el PPCV como desde el grupo parlamentario popular en las Corts "siempre hemos defendido la necesidad de que el agua sobrante debe ir donde se necesita para atender las necesidades de todas las regiones", ha recordado.
    En ese sentido, ha indicado que los populares valencianos creen "firmemente" en el principio de solidaridad hídrica en el conjunto de España. La Comunitat "siempre ha sido y es solidaria con el resto de España y no estamos reclamando algo excepcional", ha aseverado. El diputado popular ha subrayado que la autonomía "quiere tener oportunidades y ser próspera, y el trasvase del Ebro es clave para ello", ha destacado.

El PSPV dice que prometer pleno empleo con una tasa del 28,10% demuestra el "cinismo" de Fabra y sus consellers

VALENCIA.- El portavoz de Empleo del grupo socialista en las Corts, Jordi Serra, ha asegurado que prometer el pleno empleo en la Comunitat Valenciana en 2020 con una tasa de paro actual del 28,10 por ciento "demuestra el enorme cinismo de Alberto Fabra y de sus consellers".

   Serra se ha pronunciado de este modo en un comunicado en respuesta a las declaraciones efectuadas este viernes por Buch tras reunirse con Fabra, quien dijo que el Gobierno valenciano se ha fijado como "gran objetivo" alcanzar el "pleno empleo" en la Comunitat "como muy tarde en 2020".

   Al respecto, el socialista mantiene que estas declaraciones "no pueden ser más irreales y alejadas de la situación que están pasando los valencianos". A su juicio, en un momento como el actual, donde según los datos de la EPA, en la Comunitat existen 702.100 parados, una tasa de desempleo del 28,10 por ciento y una tasa de paro juvenil superior al 50 por ciento, "el esfuerzo de los responsables del Consell debería dirigirse a reducir estas cifras y, en cambio, se dedican a lanzar promesas irrealizables para alcanzar titulares mediáticos", ha lamentado.

   En este sentido, ha recordado que las promesas de Fabra en materia de empleo "han ido cayendo en saco roto", ya que, "desde que gobierna, la tasa de paro en la Comunitat ha pasado del 23,65 al actual 28,10 por ciento, y las perspectivas para el año 2013 no son esperanzadoras".

   A su juicio, "de nada han servido sus anuncios del Plan de Empleo Joven o el Plan de Emprendedores", por ello, los socialistas le exigen que concrete cómo piensa llevar adelante su anunciado Plan de Empleo Conjunto. Al respecto, ha lamentado que esta medida "no ha contado con una partida concreta en los presupuestos de 2013", tal y como exigían los socialistas.

   Ante ello, ha señalado que "será complicado que en 2013 la Generalitat logre contribuir a ello, debido al tijeretazo que ha sufrido el Servef en sus cuentas en los últimos años", ya que, según ha explicado, "se han visto reducidas en más de 130 millones de euros en apenas dos años".

   "En el 2013, el Consell solo tiene previsto dedicar a programas de empleo 105 millones de euros, una cantidad menor que la que destinará a la partida de Grandes Eventos", por tanto, en su opinión, "se evidencia, una vez más, las políticas de erróneas prioridades de Fabra".

La Generalitat abonó 17.000 millones de euros a los ayuntamientos en 2012

VALENCIA.- La Generalitat valenciana abonó a los ayuntamientos valencianos unos 17.000 millones de euros en 2012, un esfuerzo "muy importante" que se complementará, además, con un plan de pagos que se irá concretando en próximas fechas.

   Así lo ha indicado el secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido junto al conseller de Sanidad, Manuel Llombart; el de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, y la de Bienestar Social, Asunción Sánchez, para presentar las líneas de trabajo en estas ramas a alcaldes y portavoces del PP en la provincia de Valencia.

   Según ha manifestado, en el encuentro se ha abordado el plan de pago a los consistorios y el conseller de Hacienda ha resaltado que el pasado año se transfirieron a los municipios 17.000 millones de euros de la Generalitat y del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).  

   Castellano ha indicado que la agenda de los 'populares' está marcada hoy día por "las necesidades de la gente" y se centra en las políticas sociales y la creación de empleo, para "coger el toro por los cuernos" y tratar de salir "cuanto antes" de la crisis y "lo más fortalecidos posible".

   Ha lamentado, además, que su homólogo socialista, Ximo Puig, abra un debate "sin ningún sentido" como el de la reforma de la Constitución y del modelo territorial del Estado "solo por cuestiones partidistas".

   Así, ha pedido al PSPV que tenga "altura de miras" y colabore en ese "gran pacto" propuesto por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante su discurso de Año Nuevo, en lugar de derivar la agenda política a "debates que poco ayudan".

   Castellano ha censurado que en la actual situación de crisis Ximo Puig se vaya "a promocionarse en Madrid con temas tan preocupantes como que hay que reformar la Constitución o cambiar la forma del Estado al federal", lo que supone a su juicio tender "cortinas de humo solo por consolidarse internamente".

   Por ello, ha tendido la mano a los socialistas para "hablar de lo que interesa a los ciudadanos" y no sobre un modelo de administración territorial que, a su juicio, hay que mejorar pero no cambiar.

   En esta reunión de coordinación con alcaldes de la provincia se han tratado las líneas de actuación en Sanidad, Bienestar Social y Hacienda, sobre todo las políticas sociales, "el lado humano y sensible que la Administración tiene que tener con los más desfavorecidos", ha indicado el dirigente.

   Asimismo, ha resaltado que el partido consiguió 8.000 nuevos afiliados en 2012, quienes firmaron como nuevos miembros del partido "a pesar de momento complicado a nivel político y económico", ha destacado.

El primer año de Gobierno de Rajoy se saldó con 3.147 manifestaciones y concentraciones en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se saldó con más de 36.000 manifestaciones y concentraciones en toda España, sin contar las celebradas en el País Vasco, lo que supone una media diaria de casi 120 protestas. La Comunitat Valenciana fue la tercera región con mayor número de protestas, con 3.147.

   Según los datos que ha recopilado el Ejecutivo hasta el 26 de octubre, en respuesta al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, el valenciano Ricardo Sixto, la comunidad autónoma con más manifestaciones o concentraciones organizadas, fueran o no comunicadas oficialmente, fue Andalucía, con 7.141 movilizaciones registradas.

   En esa clasificación autonómica, en segundo lugar figura Castilla y León (4.435), seguida de la Comunitat Valenciana (3.147), Cataluña (3.116), Islas Baleares (3.112), Navarra (2.842), Madrid (2.846) y Galicia (2.213).

   Según el texto, a la cola se encuentran, debido a su reducida población, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han contabilizado 26 y 45 protestas, respectivamente. Le siguen las uniprovinciales La Rioja (270), Asturias (335), Murcia (460) y Cantabria (717).  

   Ahora bien, al analizar los datos por provincias destaca el caso de Madrid, donde está asentada la capital, que encabeza la tabla con 2.846 protestas, casi diez cada día. Y eso que los datos sólo abarcan hasta el 26 de octubre del pasado año, por lo que no se han contabilizado, por ejemplo, las movilizaciones protagonizadas por los sanitarios madrileños contra la voluntad del Ejecutivo regional de privatizar la gestión de este servicio público.

   Otras provincias con altos índices de protestas callejeras han sido Sevilla, con 2.842 manifestaciones o concentraciones, seguida de  Cádiz, con 1.543, Valencia, con 1.485, y Valladolid, con 1.338.

   No obstante, en este listado no se ha contado el número de movilizaciones que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo en el País Vasco, comunidad que ha declinado facilitar esos datos alegando que esa competencia está transferida, conforme al artículo 27 del Estatuto vasco. Y Cataluña, que también cuenta con esa competencia, sólo ha ofrecido datos de la comunidad, no provinciales, y por los Mossos d'Esquadra hasta el 29 de noviembre.

   El responsable de que se hayan conocido estos datos, el diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto, subraya que, con estas cifras en la mano, queda acreditado "el malestar social" ante la "terrible" crisis que padece el país y que, a su juicio, no parece tener visos de solución.

   Y es que, según ha apuntado, el hecho de que en 2012 casi se haya duplicado el número de manifestaciones respecto del año inmediatamente anterior se debe a que los ciudadanos, incluidos votantes del PP "decepcionados", han querido salir a la calle a protestar contra la política económica aplicada durante este primer año de gobierno de Rajoy y contra el incumplimiento del programa con el que concurrió a las elecciones.

   Dicho esto, Sixto ha informado de que IU está estudiando trasladar a otras circunscripciones la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por imponer de manera "injustificada" multas a algunos participantes de las manifestaciones celebradas en la capital.

   Sanciones, ha puntualizado, que no sólo en Madrid sino en otras comunidades se han puesto "por el simple hecho" de que una convocatoria de manifestación no se ha comunicado previamente a las autoridades, no porque los participantes hayan causado daño alguno al mobiliario urbano o a terceras personas.

   "Si bien la ley obliga a que se haga esa comunicación previa, lo que hay tener en cuenta es que es que manifestarse es un derecho constitucional, y si se hace sin producir perjuicio alguno, no tiene ningún sentido que las delegaciones de Gobierno se dediquen a imponer multas", ha resumido.

El Consell aprueba un plan de revisión de la estructura de todos los colegios públicos con carácter inmediato

ALICANTE.- El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado por vía de urgencia un acuerdo para acometer con carácter inmediato un plan de revisión y diagnóstico de la estructura de todos los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana para "detectar posibles deficiencias que puedan existir", según ha señalado el vicepresidente, José Císcar.

   Císcar ha señalado, en rueda de prensa, que de este modo se busca "prevenir" que se repitan incidentes como el registrado este viernes en el colegio Hispanidad de Santa Pola, en el que nueve niños y una profesora han resultado heridos, ninguno de ellos de gravedad, al hundirse el suelo en un aula de cuarto de Primaria.

   Al respecto, ha confirmado que no existe "ninguna reclamación ni aviso formal" de que se hubieran detectado problemas en este centro alicantino, por lo que este hundimiento del suelo ha sido "un incidente, un suceso totalmente imprevisto".

    No obstante, para prevenir que vuelva a producirse un caso similar ha destacado que la Conselleria de Educación procederá con "carácter inmediato" a la inspección de todos los centros públicos de la Comunitat por orden de construcción, empezando por los más antiguos.

    Císcar ha explicado que se ha hundido el forjado sanitario de una de las clases situadas en la planta baja de este colegio, construido en 1964, que es "el espacio que se deja debajo del edificio para evitar humedades".

  En el siniestro han resultado heridas 10 personas, nueve niños y una profesora, "ninguno de ellos de gravedad, sino que presentaban cuadros de ansiedad y contusiones", ha concretado. Cuatro de estos niños y la profesora, ha detallado, han sido trasladados al Hospital de Elx, mientras que los otros cinco menores han sido atendidos en el centro de salud de Santa Pola.

   Císcar ha confirmado que los consellers de Educación, Maria José Català, y el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, visitaron primero a los afectados en el Hospital de Elx y posteriormente se trasladaron al centro de salud de Santa Pola.