Aparece muerto y con signos de violencia el abogado ecopacifista Vicente Marco

VALENCIA.- El hombre encontrado muerto este domingo con signos de violencia en su domicilio en Valencia era el abogado Vicente Marco Reyes, candidato al Senado en Valencia por Los Verdes Ecopacifistas en 1994 y la persona que iba a encabezar las listas municipal de este partido en la ciudad de Madrid.

La formación política se ha mostrado convencida de que la muerte de Vicente Marco ha sido "un asesinato", y aunque han descartado la existencia de un "móvil político", ha apuntado otras posibles causas como las labores de defensa de los derechos civiles del colectivo homosexual por las que el fallecido trabajaba.

"La defensa de los derechos de este colectivo y la condición de político puede ser un cóctel explosivo", ha señalado el miembro de Los Verdes Juan Costa quien ha apuntado que Vicente Marco "estaba muy ilusionado" con su candidatura para las elecciones municipales en la capital madrileña.

Según ha afirmado Costa, muchos miembros de la formación política se encuentran "nerviosos" ante el suceso, del que tuvieron conocimiento durante la tarde de este domingo, tras "las llamadas de los medios de comunicación preguntado por lo ocurrido".

Asimismo, ha comunicado algunos hechos "raros" que algunos miembros de la formación política han sufrido, ya que, según ha explicado, "por lo visto, a un compañero de Los Ecopacifistas fueron a su casa preguntado por él" algunas personas que, según Costa, tenían "una pinta un poco rara".

"Los Verdes Ecopacifistas es un partido poco relevante", ha manifestado Costa, quien ha comentado que en España "no ha habido muchos casos" como el que les ha acontecido, pero ha recordado que en otros países europeos sí se han producido hechos similares.

Los Ecopacifistas realizarán un homenaje a Vicente Marco en Valencia, donde "se dará cuenta de la trayectoria política del abogado", en un acto anteriormente previsto para presentar la candidatura para la ciudad de Valencia de Alejandro Escribano, quien, según fuentes de la formación política, "estaba muy unido" al fallecido.

Las TV autonómicas, ¿un modelo en revisión?

MADRID.- ¿Son las televisiones autonómicas un lujo, como opinó hace poco una dirigente del PP? ¿Desangran las cuentas regionales, como dijo un presidente autonómico? La crisis ha abierto el debate sobre la continuidad o privatización de unos canales que gestionan un presupuesto superior a los 1.600 millones de euros.

Es una de las grandes cifras de las televisiones autonómicas, que, además, dan empleo directo a unas 10.000 personas, aunque sus pérdidas superan los 1.700 millones de euros.
En prácticamente todas las comunidades puede sintonizarse un canal propio, financiado en su mayor parte con recursos públicos. Sólo Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja han renunciado a contar con una televisión autonómica.
Con mejor o peor fortuna, estas televisiones se han hecho un hueco en las audiencias, pero su alto coste ha puesto en el centro del debate la continuidad del modelo actual de gestión o la posible privatización de estos entes, sobre todo en un momento en el que la crisis económica ha mermado las arcas regionales.
 

Las comunidades con lengua propia son las más reivindicativas con sus televisiones. Sus televisiones, dicen, tienen un objetivo claro: fomentar entre sus ciudadanos la cultura y, sobre todo, la lengua.

Un hecho diferencial que por sí mismo ya justifica la existencia de los canales autonómicos. Al menos así lo entiende el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien llegó a preguntarse: "¿Tiene sentido que exista una televisión autonómica en Cataluña? Yo creo que sí. ¿Tiene sentido que exista en otras comunidades donde no hay un hecho diferencial de lengua? Seguramente no".

Pero en el caso de Telemadrid, Duran ha dado en hueso. Tanto el anterior presidente de la Comunidad madrileña y actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, como su sucesora, Esperanza Aguirre, han defendido en reiteradas ocasiones la privatización de la gestión de ese canal.

La número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, también ha reiterado esta apuesta y, así, en su condición de candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, anunció que si ganaba las elecciones privatizaría el canal regional para ahorrar gastos.

Otros gobiernos autonómicos de su partido, como el gallego o el valenciano, la posibilidad de privatizar la gestión no parece que les entusiasme mucho. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opina que las televisiones autonómicas son "eficientes, útiles y están bien dimensionadas".

Para el presidente valenciano, Francisco Camps, el ente de su comunidad es un "patrimonio de los ciudadanos valencianos" y un instrumento para la "defensa" de su lengua.

Y en esa apuesta por mantener el modelo actual se encuentran también los gobiernos de comunidades históricas como el País Vasco, que consideraría un "retroceso la privatización", o Andalucía, donde se contempla la información como un servicio público.

Gracias a que la televisión de Cataluña es la única de las que emiten en catalán que mantiene buenos niveles de audiencia, la Generalitat tampoco se plantea su privatización.

Como tampoco lo prevén los gobiernos con canales más pequeños, como Asturias, Baleares o Aragón, tal y como han señalado sus responsables.

De los datos aportados por los distintos gobiernos autonómicos se desprende que el presupuesto global de todas las televisiones supera los 1.600 millones de euros, de los cuales 473 corresponderían a la Corporarciò Catalana de Mitjans Audiovisuales, que cuenta con ocho canales repartidos en siete frecuencias, en los que trabajan 2.756 personas.

Al ente catalán le sigue, en cifras absolutas de presupuesto, la Radio Televisión de Andalucía, con 232 millones para este año, dos canales y 1.630 trabajadores.

Cinco canales y una radio tiene la Radiotelevisión Valenciana, que ha reducido un 8,6% su presupuesto para 2011 hasta los 183 millones. Euskal Telebista cuenta con cinco cadenas y sus cuentas para este año ascienden a 140 millones de euros (un 3,9% menos que el pasado año). La Televisión de Galicia emite a través de ocho canales y también ha visto reducido su presupuesto (en un 11%) hasta los 121 millones.

A 131,8 millones asciende el presupuesto de Telemadrid; a 62,7 el de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión; a 58 el de la televisión balear IB3; a 42,1 el de la de Castilla-La Mancha; a 38,6 el de la de Canarias (con una reducción del 32%); a 35,2 el de la de Asturias; a 35,1 la asignación del gobierno murciano a su televisión; y a 30 millones el presupuesto el de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

Todas ellas han rebajado sus presupuestos como consecuencia de la crisis, pero las pérdidas que acumulan han sido objeto de crítica desde algunos sectores.

Desde la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas se ha cuantificado en 1.500 millones estas pérdidas, mientras que el que fuera presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, la elevó hasta los 1.650 millones para 2010.

¿Son las televisiones autonómicas un "costo innecesario", como dijo el ex presidente de la CEOE?. El debate sigue abierto.

Demócratas de pacotilla / J.J. Pérez Benlloch

José Ignacio Pastor es vicepresidente y representante del PSPV en el Consejo de Administración de RTVV. Como tal, y avalado por su experiencia, ha presentado en dicho órgano un repertorio de propuestas orientadas a la conquista de la credibilidad y la recuperación de la audiencia con el fin de situarse entre la vanguardia de los medios informativos más acreditados, como anota. Al tiempo que recuerda los muchos incumplimientos de la normativa por parte del referido ente televisivo y su dependencia de las órdenes que se imparten desde el Consell, señala las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo como la oportunidad para cambiar la "dinámica" y convertirlo en "un verdadero servicio público de información". 

El documento contiene numerosas fórmulas periodísticas -debates, entrevistas con los candidatos, foros, etcétera- que los ejecutivos del medio podrían llevar a cabo para ilustrar y sensibilizar al electorado.

 El mentado consejero, por lo que nos consta, no es un visionario o está desquiciado. Cumple coherentemente su papel, aunque no me arriesgaría a decir que haya contado con la venia de su partido, como pudiera deducirse por el cargo que ocupa y la ambición de tal iniciativa. Los cuadros dirigentes socialistas, que recordemos, siempre han sido una calamidad en punto a su relación con los medios informativos. 

O bien no han sabido qué hacerse con ellos, los han malogrado, despreciado, o han incurrido en el vulgar intervencionismo. Pero en este caso cabe imaginar que Jorge Alarte y su muchachada se hayan sentido aleccionados por el ejemplo de José Rodríguez Zapatero, a quien debe reconocérsele (¿o también se lo negamos?) la emancipación de TVE, libre y plural como nunca y añadiríamos que como ninguna otra, sin merma de su calidad ni de su audiencia.

La propuesta que glosamos es tan plausible y de sentido común como lógica la renuencia del PP a tomarla en consideración. Más aún, intuimos que se ha formulado aviesa y hábilmente para poner de relieve una vez más y con grueso trazo las dos grandes servidumbres del partido conservador que nos ha caído en suerte: nos referimos a su condicionada voluntad política y al déficit de convicciones democráticas. 

Lo primero porque, aun queriendo quitarle el dogal a la TV pública, algo que ni se le ocurre, el PP pueda exponerse a la información libre puesto que es rehén de sus trapisondas y prevaricaciones, un partido acribillado por las corrupciones, con el escándalo pegado a sus talones y un líder en permanente fuga a la espera vergonzante de que Madrid solemnice su candidatura y le blinde frente a la justicia. Cuesta creer en qué ha devenido el Molt Honorable, aquel chico tan austero, y el mismo país, que un día no tan lejano fue casi transparente.

En cuanto a las credenciales democráticas basta atenerse a los hechos conocidos y a las crónicas de tribunales y parlamentarias, reveladoras de una grey sospechosa y unos demócratas de pacotilla y a menudo arrogantes. La mera circunstancia de que se les pueda describir de tal guisa sin violentar la verdad es un exponente de la degradación política a la que nos han abocado estos liberales que se convirtieron en autócratas apenas pisaron la moqueta. Con ellos al pescante del Gobierno será prodigioso, por no decir impensable, que un día gocemos de una televisión pública plural y respetable. Claro que eso, a la mayoría de los valencianos parece importarle muy poco.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Democratas/pacotilla/elpepuespval/20110213elpval_9/Tes 

El PSVP advierte a Camps de que "los baños de masas no van a servir para lavar su imagen"

VALENCIA.- La portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, ha advertido este domingo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de que "los baños de masas no van a servir para lavar su imagen" y ha insistido en la necesidad de que presente su dimisión. "Lo que está en juego en la Comunitat, además del futuro de Camps, es la democracia y la credibilidad de las instituciones valencianas", ha agregado.  

   En un comunicado, la socialista ha recordado que "detrás de los trajes que presuntamente le regalaron a Camps los cabecillas de la trama Gürtel están también los 14 millones de euros de la visita del Papa todavía no explicados, más de 8 millones de euros de dinero público, contratos de la Generalitat Valenciana con la trama Gürtel, y millones de euros de financiación presuntamente irregular", así como "varias causas pendientes".

   Por ello, ha recalcado que "el cadáver político en que se ha convertido Camps debería dejar de esconderse y de vagar en busca del calor de sus seguidores", que, según ha dicho, "cada vez son menos".

"La Generalitat Valenciana no puede convertirse en el escondrijo en el que protegerse de la justicia", ha subrayado.

   "Los baños de masas no van a servir ni para lavar su imagen ni para evitar que finalmente tenga que dar explicaciones en el banquillo por los delitos que haya podido cometer con sus 'amiguitos' de la trama Gürtel", ha subrayado en referencia a la multa de 41.250 euros que solicita la Fiscalía y la apertura de juicio oral por un presunto delito de cohecho impropio.

   Ninet también ha acusado al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de ser "cómplice político" del presidente del Consell y "el responsable de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana".

   Así, le ha instado a que "si tiene un mínimo de ética, de dignidad y de coherencia política, suspenda de militancia a Camps". 

"Rajoy con su pasividad y su silencio está protegiendo y avalando un modelo político de autoritarismo, corrupción y de falta de ética y democracia", ha explicado.

   Por último, ha criticado el papel de vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien "sólo está junto al, por el momento, presidente del Consell para ir posicionándose ante la próxima caída de Camps".

   "Su objetivo final es desbancar a Camps para relevarle al frente del Gobierno valenciano", ha concluido.

Más de 2.000 concejales y alcaldes de la Comunitat han declarado sus bienes

VALENCIA.- Un total de 171 corporaciones con 2.025 alcaldes y concejales han declarado ya sus bienes en los boletines oficiales de las provincias (BOP) de Alicante, Castellón y Valencia, cumpliendo, de este modo, con la nueva exigencia de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

   Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, impulsor de esta medida, ha valorado el "esfuerzo" que están realizando desde los ayuntamientos para cumplir con este precepto legal y ha insistido en que los cargos públicos de la región están ejerciendo un "ejercicio de responsabilidad".

      De las 171 corporaciones que han detallado su patrimonio, 43 son de la provincia de Alicante, 37 de Castellón y 91 de Valencia.

   Blasco ha señalado que el "goteo" de publicaciones en los BOP de las tres provincias es constante y que, precisamente ayer, se publicaron los anuncios de los ayuntamientos de Fuentes de Ayódar y Oropesa del Mar en Castellón, y Alcàsser en Valencia.

   La nueva Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana obliga a que alcaldes y concejales difundan su situación patrimonial, lo que supone, según el conseller, que "el nivel de transparencia que se está aplicando en la Comunitat no se da en otro lugar de España".

   Asimismo, Blasco ha recordado que el 23 de febrero de 2010 el Boletín Oficial de Les Corts publicó el patrimonio y las rentas de los 99 diputados del parlamento valenciano.

   Dos meses más tarde, el 23 de abril de 2010, se dieron a conocer a través del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) los bienes de 186 altos cargos del Consell y, desde esta semana, los ciudadanos pueden acceder a través de las páginas web de los Boletines Oficiales de la Provincia a la situación contable de quienes les representan en su ayuntamiento.

   "Esta iniciativa completa la apuesta del Consell de que todo cargo público en la Comunitat Valenciana difunda su situación patrimonial y los ciudadanos conozcan las rentas de quienes les representan en las instituciones", ha concluido Blasco.

Jueces para la Democracia recuerda a las autoridades valencianas "el respeto que se debe" a juzgados y tribunales

VALENCIA.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha hecho este domingo un llamamiento "a la moderación" a las autoridades valencianas en sus manifestaciones sobre la independencia e imparcialidad de la justicia y les ha recordado "el respeto que se debe a la actuación de nuestros juzgados y tribunales, como base de nuestro Estado de Derecho".

   JpD ha realizado estas afirmaciones ante la "gravedad" de las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que, según la asociación, "llega a sugerir que los magistrados instructores de los casos Gürtel y Monforte no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".

   "Sin duda, las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces, que sólo evidencian el malestar partidista de quien las emite, y en ningún caso la falta de adecuación a derecho de las resoluciones", considera Jueces para la Democracia.

   Además, la asociación añade que "resulta sorprendente" constatar que las autoridades "aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

   A su juicio, cabe entender que en el ámbito de la acción política existe un "amplio margen" para el ejercicio de la libertad de expresión, aunque advierten de que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social sobre el funcionamiento de nuestros tribunales".

   Según ha indicado JpD, el colectivo observa "con preocupación" la "falta de acatamiento de las resoluciones judiciales", por lo que ha apelado a "una mayor responsabilidad por parte de las citadas autoridades valencianas y a la aceptación de las reglas del juego en un estado de Derecho".

   Asimismo, instan a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "a intervenir para recordar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".

Y es que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha insistido este domingo en que la sociedad "podría plantearse un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo".

"¿Por qué no puede abrirse también un debate sobre la realidad del Poder Judicial?", ha añadido.

   Barberá se ha pronunciado en estos términos tras las críticas recibidas desde el PSPV y desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD) tras manifestar la conveniencia de abrir un debate sobre la justicia.

   En este sentido, los socialistas han denunciado que el único objetivo de la primera edil es "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" para Francisco Camps.

   Por su parte, JpD ha resaltado la "gravedad" de estas declaraciones, en las que, según la asociación, "llega a sugerir que los magistrados instructores de los casos Gürtel y Monforte no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".

   Barberá ha declarado al respecto que estas declaraciones las hizo "tres días antes de saber ninguna resolución".

"Yo no sabía lo que iba a pasar, lo cual viene a avalar la necesidad de que se haga ese debate", ha manifestado.

   La alcaldesa ha asegurado, asimismo, estar "muy sorprendida con la evolución de los procedimientos tanto del señor Camps como el del señor Bellver". 

"Lo plantee respecto de los dos, y más que nunca se ha visto que es de plena necesidad ese debate", ha sentenciado.

Prosigue el calvario judicial de Luna: de nuevo ante el juez el 18-F / David Lozano

Esta semana ha venido cargada de malas noticias para el PSPV de Jorge Alarte en general y muy en particular para Ángel Luna, que ha tenido que ver como el magistrado instructor de la causa abierta contra él, por la exhibición desde la tribuna de la Cámara de un informe sobre el caso Gürtel bajo secreto de sumario, ha rechazado el sobreseimiento libre solicitado por el parlamentario del PSPV y ha decidido seguir con la práctica de diligencias de investigación dirigidas a determinar si pudo haber un encubrimiento, tipificado en el artículo 451.2 del Código Penal. La decisión del magistrado, adoptada en un auto el pasado 4 de febrero, ya es firme y ahora Montero da un paso más al ampliar diligencias. 

En un auto, fechado en la mañana de este jueves, el magistrado cita a declarar como imputado al portavoz socialista en Les Corts el próximo viernes 18 de febrero a las 10.45 de la mañana. Antes, y según el mismo auto, el juez tiene previsto tomar declaración "en calidad de testigo al Policía, conocido como Miguel, que en la mañana del día 20 de diciembre de 2010 actuaba de escolta de D. Ángel Luna González. Esta citación se hará por medio del Comisario Jefe de la Unidad Adscrita al Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana", tal y como reza el auto.

La decisión del magistrado supone un duro varapalo para Luna y el PSPV que habían tratado de paralizar el proceso judicial abierto contra el portavoz parlamentario socialista. Así, la defensa de Luna solicitó el sobreseimiento libre de la causa al entender que los hechos no eran constitutivos de delito y apelando a la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo, el magistrado considera que la inviolabilidad parlamentaria es un "privilegio" que se justifica en aras de la libertad de expresión del diputado. 

En el caso concreto, señala que para asegurar la libertad de expresión, no es necesario que la inviolabilidad cubra un posible delito del artículo 466.3 del Código Penal y que en nada se merma esta libertad si se sostiene que los diputados no pueden exhibir ni utilizar en Les Corts actuaciones declaradas judicialmente secretas. Dice que sería "contrario a la lógica que la ley impusiera un secreto para las partes y que se sostuviera que no afecta a los diputados".

Pese a la contundencia del pronunciamiento del juez Montero, de nuevo la Fiscalía valenciana se ponía de parte y a favor del PSPV-PSOE y sorprendentemente el fiscal del caso pidió el sobreseimiento libre al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. Pese a estas maniobras de la Fiscalía que comanda Ricard Cabedo, esposo de la diputada socialista Juana Serna, el magistrado sigue adelante con el caso y el próximo viernes 18 escribirá un borrón judicial más en la trayectoria política de Ángel Luna.