Aena pide al juez el desalojo de las instalaciones del Real Aeroclub de Valencia

VALENCIA.- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha solicitado en un juzgado de lo contencioso-administrativo autorización para desalojar al Real Aeroclub de Valencia del hangar donde guardan sus avionetas. La razón es que esta última entidad no ha abonado el alquiler de los terrenos que ocupa, lo que achacó a que la propia AENA no le ha pagado en los últimos años un canon de 33.000 euros anuales que se acordó en un convenio de 1995.

El Real Aeroclub explicó en un comunicado que pese a existir un acuerdo marco firmado en 1995 por AENA y el Real Aeroclub de España, --que engloba a todos los aeroclubs--, en el que se establece la obligación por parte de la entidad estatal de colaborar en el fomento de la aviación deportiva y además el compromiso de abonar un canon a la instalación valenciana de 33.000 euros anuales, actualmente el aeroclub "no ha recibido las cantidades correspondientes a los últimos años", lo que le ha "imposibilitado hacer frente a los compromisos con la misma AENA" de abonar el alquiler de los terrenos que ocupa y de asumir el coste del traslado de sus instalaciones si finalmente se produce el desalojo.

La entidad deportiva, que ha solicitado la suspensión cautelar de la orden y está estudiando presentar un recurso de reconvención en el mismo pleito iniciado por AENA que la obligue a cumplir el acuerdo marco firmado, recordó que celebró recientemente su 75 aniversario en los mismos terrenos de Manises (Valencia) en los que inició su actividad en 1935 y sobre los que se construyó posteriormente el actual aeropuerto de Manises que ahora gestiona AENA.

El Aeroclub subrayó que es una entidad deportiva sin ánimo de lucro "que se dedica a la formación de pilotos privados de cuyas aulas han salido más 300 profesionales que actualmente trabajan en líneas aéreas comerciales del mundo entero".

La orden solicitada por AENA al juzgado incluye la presencia de cerrajeros y vigilantes de seguridad para llevar a cabo el desahucio por la fuerza. El Real Aeroclub advirtió de que esta situación "hace peligrar" la celebración del Festival Aéreo Ciudad de Valencia, considerado recientemente por el Ayuntamiento como 'Gran Evento de la Ciudad' y reconocido por el Ejército del Aire como el mejor festival aéreo realizado en España en 2008.

Versión de AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) explicó hoy que ha solicitado al Real Aeroclub de Valencia (RACV) la devolución efectiva de la superficie de 360 metros cuadrados que le cedió en contrato de año 2004, con renovaciones por periodos anuales, y que estaba contemplada en este convenio. La entidad estatal explica que comunicó en abril de 2007 por primera vez, y posteriormente en abril de 2008, su intención de no renovarlo a partir del mismo mes del pasado año.

Según indicó Aena en un comunicado, el RACV, "a pesar de los requerimientos para que devolviera dicha parcela ya que su contrato está vencido desde abril 2009, ha hecho caso omiso", y por esta razón ha solicitado a través de la vía judicial el desalojo de las instalaciones porque esos terrenos "son necesarios para el desarrollo del aeropuerto".

Así lo explicó después de que el Real Aeroclub informara de la decisión de Aena de solicitar en un juzgado de lo contencioso-administrativo autorización para desalojar a la entidad deportiva, que lo achacó a que no hubiera abonado el alquiler de los terrenos que ocupa porque la propia AENA no le había pagado en los últimos años un canon de 33.000 euros anuales que se acordó en un convenio de 1995.

Aena subrayó que el contrato de cesión de esta parcela "es independiente del acuerdo firmado entre Aena y el RACV en el año 1999, que recogía la cesión por parte de Aena de una superficie del recinto aeroportuario al RACV durante 10 años, así como la subvención de 6,38 millones de pesetas anuales en ese periodo de tiempo".

Según la entidad aeroportuaria, en sólo dos años (entre 1999 y 2001) desembolsó la cantidad total --las 10 anualidades previstas-- "que ascendía a 384.000 euros, que se destinó a la construccion del hangar principal del aeroclub, su sede y la plataforma de estacionamiento de aeronaves que utiliza actualmente el RACV, habiéndose cumplido por Aena todo lo establecido en dicho contrato".

Asimismo, añadió que el mencionado contrato (hangar principal, sede, y plataforma) "expiró el 31 de enero de 2009". En esta línea, hizo hincapié en que como muestra "de buena voluntad" por parte de Aena, la entidad "no ha adoptado hasta ahora ninguna medida ya que el RACV ocupa las instalaciones sin ningún título jurídico que le ampare, y ello a pesar de las numerosas ocasiones en las que ha sido invitado a concretar sus necesidades de futuro con objeto de mantener su presencia en el Aeropuerto de Valencia sin condicionar el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria".

Un grupo de actores se concentra ante el Teatro Principal para pedir "más teatro y más trabajo"

VALENCIA.- Un grupo de actores se concentró hoy ante el Teatro Principal de Valencia bajo el lema 'Más teatro, más cultura, más trabajo'. Los intérpretes corearon lemas como 'queremos trabajar', expresaron sus quejas mediante pitidos y repartieron entre los viandantes octavillas con sus reivindicaciones.

El acto --al que acudieron representantes del PSPV como la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, y el concejal Juan Soto-- fue convocado por el Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) y forma parte de las acciones anunciadas por este colectivo para denunciar el "estado actual de descomposición" del sector, con compañías "agonizantes" e intérpretes "sin trabajo", a causa, a su juicio, de "la falta de políticas teatrales coherentes por parte de la Conselleria de Cultura".

El pasado lunes, el colectivo profesional dio a conocer el manifiesto 'Pel Teatre Valencià', en el que demanda, entre otras cuestiones, el "cumplimiento y aplicación de la Ley de Ordenación del Teatre, la puesta en marcha inmediata del Centre Teatral con una dirección artística consensuada y las dotaciones presupuestarias necesarias y suficientes para que el teatro valenciano se equipare al resto de comunidades y países europeos".

Alarte dice que Francisco Camps " tendría que dejar la política

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, afirmó este miércoles que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "debería seguir la estela" del presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, quien ha anunciado su deseo de dejar al final de la presente legislatura en 2011.

Durante su visita este miércoles a Altea, preguntado por los medios de comunicación, consideró que Camps "debería tomar buena nota del ejemplo del señor Fabra en su decisión de marcharse".

"El señor Fabra nunca es un ejemplo, nunca, es evidente, pero el señor Camps debería seguir la estela en su decisión de marcharse", subrayó. "Francisco Camps ha decidido someternos a la vergüenza de acabar la legislatura", apuntó, al tiempo que reclamó que "decida lo mismo que el señor Fabra, porque su tiempo también se ha acabado".

Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación, se refirió a la elección del candidato del PSOE para Benidorm, donde todos los concejales del Grupo Municipal Socialista abandonaron el año pasado la militancia para presentar una moción de censura contra el alcalde del PP.

Al respecto, recordó que él no se pronuncia sobre la elección de candidatos, y señaló que "el comité federal del PSOE tiene la competencia y la responsabilidad de establecer el calendario de elección de candidatos".

Los socialistas valencianos, añadió, se "acomodarán a ese calendario", y "en tanto en cuanto no se abra (este proceso) no especularé sobre ninguna decisión en ningún municipio de la Comunitat Valenciana", señaló.

El delito electoral planea sobre el PP valenciano tras el auto del TSJ

VALENCIA.- El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que responde a una querella presentada por cuatro diputados socialistas contra Francisco Camps y otras 16 personas, defiende la conveniencia de que el TSJ de Madrid siga investigando la financiación del PP y apunta, no sólo a la captación irregular de recursos por parte de los populares valencianos, sino también a un posible delito electoral, a juicio de 'El País'.

La financiación irregular de un partido, en principio, no es delito, aunque pueda ser objeto de sanción por parte del Tribunal de Cuentas y genere delitos conexos como la prevaricación, el cohecho o la falsificación de documento. Sí que lo es cuando se produce en el marco de una campaña electoral.

Y en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se basa la querella de los socialistas se incide en la existencia de esa financiación en tres convocatorias electorales: las elecciones europeas de 2004 y las locales y autonómicas de 2007.

En las dos primeras convocatorias, el PP valenciano ha señalado que el administrador era el tesorero del PP nacional, el senador Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel; pero en las autonómicas de 2007 el TSJCV revela que la administradora fue Cristina Ibáñez Vidal, que fue candidata suplente del PP por Valencia en las elecciones generales de marzo de 2008.

"La querella y el referido informe ponen de manifiesto", asegura el auto del tribunal, "unas presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras (el informe menciona la existencia de donaciones finalistas) que de revelarse ciertas, sin perjuicio de lo ya indicado, podrían ser competencia del Tribunal de Cuentas".

Lo "ya indicado" en la resolución son las "prácticas de facturación dual" que, según indica el informe policial "se realizarían, además de otros años, como en el 2006, en diversos actos para diversas campañas electorales".

El mecanismo consiste en que las cinco empresas incluidas en la querella sufragaban "alguna parte de los costes originados por los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se abonaban a Orange Market", la empresa de Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa.

"Según las conclusiones policiales", dice el auto del TSJCV, "estas empresas, que abonan actos del partido político, obtendrían como contraprestación por ello la adjudicación de contratos en las Administraciones Públicas. Se hace referencia en el mencionado informe al múltiple volumen de contratación pública que tienen dichos empresarios". Respecto del año 2007, señala el auto, "se citan múltiples actos con emisión de facturas en B y con aparentes anomalías".

El tribunal, que dedica un amplio apartado de su resolución al delito de financiación irregular de partido político, recuerda que "el Tribunal Supremo tiene declarado que en el Derecho Penal español, la financiación irregular en sí misma considerada no es delito, sino que para que lo sea debe cometerse en las campañas electorales, y cumplirse los demás requisitos del tipo.

Ahora bien, ello no es óbice para que con motivo de esa irregularidad, que pudiera ser administrativa no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas, tales como delitos de falsedad, fiscales u otros".

Ayer mismo, tras conocerse el auto, por el que el TSJCV se declara provisionalmente no competente para investigar la denuncia y defiende que el juez de Madrid Antonio Pedreira culmine su investigación del caso, amparada por el secreto del sumario, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, dijo que "ha quedado acreditado que el PP se extralimitó en los gastos electorales e incurrió en delito electoral" y anunció que pedirá a la Sindicatura de Comptes que actúe y denuncie el caso a la fiscalía.

El portavoz socialista, Ángel Luna, firmante de la querella con otros tres diputados, se mostró satisfecho del auto y señaló que estudiará con tranquilidad las variantes procesales, que incluyen la posibilidad de esperar a que Pedreira levante el secreto del sumario o de plantear la querella ante el TSJ de Madrid, donde se investigan los hechos.

La oposición arremetió ayer contra el PP, tras conocerse el auto del TSJ que apunta a la existencia de "hechos de posible significación delictiva" en la actuación denunciada por los socialistas. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, de visita en L'Alfàs del Pi, declaró que "hay mucho que investigar".

Según Alarte, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV ha decidido que "había mucho que investigar, sobre todo al PP de la Comunidad Valenciana", si bien "por razones procesales" considera que lo conveniente es que "lo siga haciendo el TSJ de Madrid".

Alarte ha insinuado en diversas ocasiones, la última el pasado día 6 ante el Comité Nacional de su partido, que gracias a la querella el PP de Camps ha dejado de contar con una financiación irregular que le daba ventaja.

Ayer fue el secretario general del Bloc Nacionalista Valencià y portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, el que aludió al "uso excesivo de dinero en actos electorales" por parte del PP, pidió la intervención del Síndic de Comptes, que en su opinión no puede convertirse en un ninot indultat, y acusó a los populares de "jugar con las cartas marcadas". También la dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió al asunto.

"Se demuestra que, como hemos defendido siempre", dijo, "el tema de los trajes y de otros regalos sólo es la cortina de humo del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que esconde la financiación irregular del partido actualmente mayoritario en el País Valenciano. Es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida y portavoz de su grupo parlamentario, Marga Sanz, criticó que el TSJ valenciano, pese a manifestar claramente la existencia de "indicios criminales", no se haya "atrevido a investigar". Según Sanz, eso sólo prolonga la "muerte política" del presidente Camps, al que exigió "una limpieza inmediata y profunda del PP y de la Generalitat".

El portavoz socialista, Ángel Luna, señaló que el TSJCV ha dejado "incontestablemente claro" que "hay una asociación delictiva, un entramado delictivo, una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas, y que el PP tiene una relación estrecha con esa trama".

Luna, que aseguró que los socialistas estudiarán con detalle cualquier actuación judicial que pudieran plantear después de que el tribunal valenciano haya decidido "no asumir" la competencia para investigar la querella que presentaron porque ya se está instruyendo el caso en Madrid, destacó que el auto "no exculpa a nadie", "ni siquiera hace una mínima referencia a la falta de indicios respecto de los aforados de la Comunidad Valenciana" y añadió que el PP no debería estar "nada tranquilo".

"Exactamente igual de tranquilos" como lo han estado "siempre" aseguró que están los dirigentes del PP el portavoz parlamentario popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien interpretó que el TSJCV "ha echado al cesto de los papeles" la querella de los socialistas. Blasco mostró también su satisfacción por el hecho de que "no hay ningún cargo aforado, ni aquí ni en Madrid, que esté siendo objeto de investigación por parte de estamentos judiciales".

El portavoz parlamentario de los populares añadió que, en su opinión, el tribunal "no ha tomado en consideración ninguno de los argumentos del PSPV".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado".

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Un perdón que también reclamó a los socialistas el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, pero por la persecución a la que han sometido al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Anticorrupción reclama investigar las cuentas del PP valenciano en 10 bancos

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP, según 'El País'.


El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad.

Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados.

El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad.

Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano.

No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel.

La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo.

La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura.

El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat.

La red corrupta mantenía una doble contabilidad, según se desprende de los libros incautados por la policía en registros de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la trama.

"De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante y que sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona o caja B", señala el informe de la Brigada de Blanqueo.

La policía apuntaba a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, como "canalizador del dinero", entre otros altos cargos del partido. Costa fue suspendido de militancia tras negarse a abandonar su cargo, como había ordenado la dirección nacional.

Entre las empresas que supuestamente pagaron dinero para el PP, el documento policial señala a la constructora Piaf; a Ortiz e Hijos y a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino.

El PSPV cree "razonable" que el Fiscal Anticorrupción pida las cuentas del PP de Valencia

VALENCIA.- El síndic del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Angel Luna, calificó hoy de "razonable" que la Fiscalía Anticorrupción pida al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el 'caso Gürtel' que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia a tenor de "lo que dice el informe de la brigada del blanqueo de capitales".

Luna se pronunció en estos términos en los pasillos de las Corts preguntado por la información que publica el diario El País, según la cual, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia.

A su juicio es "normal" este proceder, "dado lo que dice el informe de la brigada del blanqueo de capitales, que ha sido elogiosamente acogido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, como todos hemos tenido oportunidad de leer en el auto que publicaron anteayer".

En este sentido, afirmó que es "normal que se estén realizando actuaciones, diligencias, para averiguar en toda su profundidad y en toda su complejidad los hechos que se describen en ese informe de la brigada de blanqueo de capitales" y advirtió de que "sin duda, van a tener que hacer trabajo de marquetería, porque cuando se llevan varias contabilidades, como presumiblemente se han llevado, hace falta hilar muchas cosas y tomar nota de muchas cuentas corrientes y de otros sitios que no son cuentas corrientes".

Por ello, indicó que le parece "razonable que lo pida la Fiscalía Anticorrupción y supongo que el juez Pedreira aceptará esas diligencias y por tanto, permitirá que la investigación vaya hacia adelante" porque, alertó, "frente a lo que algunos se creen, ni la querella nuestra ni el asunto ha ido a la papelera ni el asunto se ha archivado y, por tanto, todavía vamos a tener que hablar durante mucho tiempo de todos estos temas".

El parlamentario del PSPV aprovechó para recordar que el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, "fue nombrado en la época del Gobierno de Aznar, por si a alguien se le había olvidado el pequeño detalle", dijo.

Marie Claire presenta un ERE que afecta a 225 trabajadores de las plantas de Castellón y Vilafranca

CASTELLÓN.- La dirección de Marie Claire reunió ayer a los sindicatos de la empresa para comunicar una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a un total de 225 trabajadores, tanto de las plantas de Castellón como la de Vilafranca.

La mitad de los ceses llegaría hasta la factoría de Vilafranca y la otra mitad hasta las instalaciones de Castellón, situadas en la carretera de Borriol. Según un comunicado de la empresa, "la medida está basada en causas económicas, productivas y organizativas".

Los trabajadores afectados pertenecen a los dos centros de trabajo de las áreas productivas, logística, administrativas y de ventas. Tras esta acción, la empresa considera que ha finalizado el proceso de reestructuración que ha venido ejecutando durante los últimos cinco años y que le permitirá afrontar los próximos ejercicios con una estructura "acorde a los niveles actuales de demanda, que se ha visto muy afectada durante los dos últimos ejercicios como consecuencia de la crisis de consumo".

Tras la ejecución de la medida, la compañía mantendrá un nivel de empleo de 650 personas, la mayoría de las cuales pertenecen al centro de trabajo de Vilafranca, donde se encuentra ubicada la fábrica de medias y calcetines.

En una asamblea de trabajadores, los representantes sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores informaron sobre los planes de la compañía. No se descarta que en este proceso parte de los ceses laborales se puedan convertir en prejubilaciones que podrían afectar a entre 30 y 40 trabajadores, según la información inicial de los sindicatos. La empresa ha comunicado que hasta el próximo martes los trabajadores se podrán adherir de manera voluntaria al ERE.

El proceso conlleva el traslado de toda la producción hasta las instalaciones de Vilafranca. Mientras, el centro de trabajo de Castellón acogería las oficinas y el centro logístico. De este modo en Vilafranca se concentraría la producción textil, mientras que en Castellón seguiría el centro logístico.

Pese a la cifra inicial, ahora se abre un periodo de negociación con los sindicatos en el que se determinará de manera definitiva el número de trabajadores afectados por el ERE. Así mismo, el expediente deberá contar con la aprobación final de la Generalitat Valenciana.

Tras tener conocimiento de la noticia, el alcalde de Vilafranca y diputado provincial, Óscar Tena, se puso en contacto con todos los alcaldes de la comarca de Els Ports, ya que Marie Claire da trabajo no solo a vecinos de Vilafranca, sino muchas otras de las provincia de Castellón y Teruel.

El alcalde de Vilafranca señaló que se debe poner en marcha "de manera inminente" un plan de revitalización de las comarcas del interior. En este sentido, el primer edil reclamó financiación para finalizar lo más pronto posible el Centro de Día y Residencia de la Tercera Edad que se está construyendo con fondos del Plan E y Plan Confianza.

Óscar Tena apuntó que desde la Generalitat Valenciana "se debe prestar apoyo a la localidad para que pueda desarrollarse lo más pronto posible el polígono industrial de Vilafranca en el que, al menos, habría instalaciones de mantenimiento para los parques eólicos de la zona".

Tena incidió en que "al contrario que en las zonas de costa, donde hay mayores servicios, la noticia afecta a toda la comarca de Els Ports, el Maestrat y a numerosas poblaciones de la provincia de Teruel". Marie Claire, que emplea a casi 800 personas, es la principal empresa de todo el interior castellonense y una de la primeras en volumen de trabajadores en la provincia de Castellón.

El Ateneo saca a la luz un tesoro bibliográfico con centenares de manuscritos únicos datados desde el siglo XIII

VALENCIA.- El Ateneo Mercantil de Valencia ha hallado entre las 52.000 fichas que integran su biblioteca un auténtico "tesoro bibliográfico", compuesto por centenares de ejemplares únicos en la Comunitat Valenciana y en España --entre manuscritos, incunables y libros impresos-- datados a partir del siglo XIII. Más de dos años de investigación han hecho falta para conocer estos fondos "de valor incalculable" en los que hay grandes sorpresas y otros ejemplares de los que, aunque se sabía de su existencia, no se tenía noticia de su localización.

El presidente del Ateneo, José Manuel Botella, presentó hoy a los medios de comunicación una selección de unos 200 volúmenes de este material, acompañado por el bibliófilo Rafael Solaz, quien ha realizado el informe final sobre la colección, y el bibliotecario de la entidad, Juan Pedro Ángeles y Aroca.

En total, la colección privada del Ateneo cuenta con 240 manuscritos, dos incunables, 232 ejemplares únicos en España y otros 235 en la Comunitat. El grueso del conjunto está integrado por manuscritos fechados con anterioridad al siglo XV y por libros impresos de los siglos XVI y XVII que proporcionan una relevante información sobre Valencia, otras poblaciones de esta autonomía y también del país, subrayó Botella.

Entre los títulos más significativos, destacan las 'Anotaciones del convento del Puig sobre derechos y censos y posesiones históricas', la obra más antigua, ya que parte de 1239, sólo un año después de la entrada en Valencia de Jaume I.

Otra "joya" de esta biblioteca --probablemente la mayor de España en manos de una entidad privada, subrayó Rafael Solaz-- es un protocolo de la Orden de Montesa, "uno de los pocos libros que se conservan en Europa sobre esta institución", que ha sido tratado por una especialista en papel cubana con el fin de restaurar las páginas que aún son legibles y poder traducir el texto.

Entre los manuscritos llaman la atención también el 'Libro de profesiones de los frailes del convento de San Jerónimo de Cotalva y Gandia', de 1374; 'Libro registro de censales del convento de Nuestra Señora de la Merced' (1400); 'Breve del Papa Alejandro VI por el que ordena visitar las vicarías, monasterios y demás centros religiosos para su reforma', siglos XV-XVI; 'Libro de ingresos y gastos del Monasterio de Santa Clara' (1497-1503); y el 'Documentos sobre venta de bienes de los moriscos expulsados', siglo XVII.

Dentro de las obras impresas figuran dos incunables, los 'Sermones de Tempore e de Sanctis, de San Vicente Ferrer' (Lyon, 1499) y 'Prepositiones ex omnubus Aristóteles libris Philosophie Moralis' (Venecia, 1493). Igualmente, cabe destacar los libros 'Capítulos u ordenanzas de los Corredores de Oreja y Lonja', de 1803; 'Compendio histórico de las epidemias padecidas en Valencia', de Bartolomé Ribelles (1804); 'Crónica del Rey Don Jaime', de Muntaner (1562); y la 'Crónica del famoso cabellro Cid Ruiz Dias Campeador', de 1512.

Asimismo, se conservan documentos de 1818 sobre la regulación del comercio de esclavos, diversas cédulas y pragmáticas relativas a gremios u operaciones mercantiles y otra relativa al castigo de malhechores.

Ahora, la intención del Ateneo Mercantil es dar a conocer estos fondos a través de una gran exposición y de un ciclo de conferencias --"una por cada tomo" y con reconocidos especialistas, aseguró Botella-- para que los valencianos tengan la oportunidad de conocer "el tesoro que tiene aquí".

El presidente de la entidad defendió que, ante la "crispación social que se vive en la actualidad por la crisis, es el momento de la cultura", y, por ello, anunció que esta misma tarde ha convocado a la junta directiva para que le autorice a enviar cartas al presidente del Gobierno central y de la Generalitat valenciana, además de otras instituciones estatales, autonómica y locales, con el fin de conseguir su colaboración en estos proyectos.

Interrogado por si ha calculado cuánta ayuda tendrían que aportar las instituciones, Botella contestó: "depende de lo que se quiera; nosotros ya hemos hecho nuestra parte".

No obstante, recalcó que, aunque no se consiguiera esta ayuda, el Ateneo impulsaría la muestra y las conferencias porque su obligación es "conservar y difundir" estos bienes. "Si nos vemos en la obligación lo haremos nosotros pero no sería lo mismo", dijo Botella, que puso como ejemplo que "no se podría invitar a doña Esperanza Aguirre cuando se presente el libro sobre la plaza de Madrid que ella no tiene", dijo en referencia a una obra de extrema rareza editada en Londres que se centra en el arte del toreo.

Finalmente, sobre el valor económico de las obras, el responsable del Ateneo comentó que a la institución "esto no le importa porque no están en venta".

"La historia de Valencia no se vende", aseveró.

Las obras de Sorolla propiedad de la Hispanic Society partirán el sábado a Nueva York desde el aeropuerto de Valencia

VALENCIA.- Las obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla propiedad de la Hispanic Society of America --que han formado parte de la exposición 'Visión de España' que ha recorrido diversos museos españoles-- partirán el próximo sábado, 20 de febrero, de regreso a Nueva York desde el aeropuerto de Manises.

Para mañana, se ha programado la salida de los cuadros de Sorolla del Centro Cultural Bancaja tras el desmontaje de la exposición 'Visión de España. Sorolla en las colecciones de la Hispanic Society of America y de Bancaja'.

Al día siguiente, sábado, regresarán a su emplazamiento original en la ciudad estadounidense desde el aeropuerto valenciano. Los trabajos de carga se iniciarán a las 7:00 horas y el despegue del avión está previsto a las 9:00 horas, detallaron las mismas fuentes.

La exhibición de las obras de la Hispanic Society se inauguró en Valencia el 7 de noviembre de 2007 y, posteriormente, itineró por Sevilla, Málaga, Bilbao, Barcelona y Madrid.

Después, regresó a la capital valenciana en un montaje más completo con algunas de las obras emblemáticas del autor, como 'Sol de la tarde', nunca antes expuesta en la ciudad natal de Sorolla, o 'Triste herencia'.

EUPV cree una "burla" a los ciudadanos que la Diputación de Castellón se gaste "46.000 euros anuales en un nuevo asesor"

CASTELLÓN.- La diputada del grupo No Adscritos en las Corts y representante de EUPV Marina Albiol consideró hoy una "burla" a los ciudadanos de Castellón el nuevo nombramiento por parte del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, "de un nuevo asesor con 46.000 euros anuales", y se preguntó "dónde está la contención en el gasto y la austeridad en las cuentas de la Diputación, pues está claro que cuando se trata Carlos Fabra y sus amigotes, no se aplica".

La parlamentaria cree "indecente" que el presidente de la Diputación nombre un nuevo asesor "en medio de un contexto dramático de crisis económica como el que padecemos", pues "cuando tenemos casi 60.000 parados y miles de familias en apuros, nos despertamos con la noticia que una persona aunará los cargos de asesor y concejal de Burriana, cobrando 64.000 euros año, todo un ejemplo de humildad de cara a la ciudadanía".

Albiol agregó que "el ejército de asesores de Fabra es ya interminable, unos treinta ex cargos del PP y familiares de éstos viven a costa del erario público y de los ciudadanos como asesores, y todo como pago a su servil obediencia al cacique de estas tierras", y añadió que "en esto se ha convertido la Diputación, una estructura obsoleta e ineficaz, que en manos de Fabra deviene también en una empresa de contratación por favores políticos".

Para EUPV, el número de asesores del cual dispone el PP en la Diputación es "a todas luces escandaloso, y más teniendo en cuenta el desembolso que significa en sueldos, alrededor de 1'3 millones de euros, una auténtica sangría para las arcas públicas. La mayoría de ellos cobra un sueldo superior a un funcionario que haya aprobado una oposición".

La representante de la formación de izquierdas considera que "el viejo dicho que reza, 'la ley la hace el príncipe pero no es para el príncipe' se puede aplicar con exactitud a las actuaciones de Fabra, que ha retirado asesores a otras formaciones políticas en nombre de una reducción de gastos en tiempo de crisis, mientras él hace todo lo contrario".

"Fabra toma el pelo a toda la sociedad de Castellón y no cumple las mínimas reglas democráticas", agregó.

La diputada considera que "toda la política de lucha contra la crisis por parte del presidente de la Diputación es demagogia barata, y lo demuestra día a día, con las decisiones que toma".

Colomer denuncia el "abuso político" de Fabra al contratar a otro asesor "con 46.000 euros de sueldo anual"

CASTELLÓN.- El secretario general del PSPV en Castellón y portavoz socialista en la Diputación provincial, Francesc Colomer, calificó hoy de "abuso" la decisión del presidente del consistorio provincial, Carlos Fabra de contratar un nuevo asesor, en este caso de nuevo concejal del PP, de Burriana, "con un sueldo anual de 46.000 euros, al que habrá que sumar lo que cobrará del Ayuntamiento, con lo que al final puede acabar cobrando más de 60.000 euros, en una provincia que encabeza el crecimiento de paro con 64.000 desempleados".

Colomer realizó estas declaraciones después de reunirse con militantes de la agrupación de Sant Joan de Moró, donde el alcalde, Vicente Sales, le transmitió la "enorme preocupación" que hay en la población, con un 34 por ciento de paro, según informó el PSPV en un comunicado.

Por este motivo, el portavoz socialista lamentó la "falta de medidas" de la Diputación y de la Generalitat, "ésta última con prácticamente todas las competencias en materia de empleo", y denunció que "el único plan de empleo que aplica el PP en Castellón es el colocódromo de Fabra, que le está costando a los ciudadanos y ciudadanas casi dos millones de euros anuales para pagar los cerca de cuarenta asesores con que cuenta el presidente de la Diputación".

Además, recordó que se aprobó el presupuesto de la Diputación en el que se contemplaba la reducción de asesores que "en la realidad, sólo se ha aplicado a la oposición, porque Fabra ha recurrido una vez más a las trampas para, finalmente, no sólo mantener el mismo número de asesores para él, sino incrementarlo en uno", dijo.

"De hecho, en la práctica, aunque dice haber reducido dos asesores, la realidad es que ha aumentado en uno porque dos que han dejado de figurar en la lista de asesores están recolocados, uno en comisión de servicios y otra en una plaza fija, con lo que supone el mismo coste para la institución", apuntó el dirigente socialista.

Colomer pidió a Fabra que "deje de reírse de los ciudadanos y ciudadanas de Castelló y de tomarse la Diputación como si fuera un cortijo para malgastar el dinero público cuando miles y miles de familias tienen serios problemas para llegar a fin de mes".

En este sentido, recordó que en diciembre de 2008 se aprobó con carácter extraordinario un permiso especial para autorizar a la Diputación a recurrir al endeudamiento para impulsar un supuesto plan de carreteras que generaría actividad económica y empleo.

"La realidad es que, un año después, no se ha puesto en marcha ni una sola obra, no se ha generado ni un solo puesto de trabajo y ninguna empresa ni de Castelló ni de ninguna otra parte ha recibido un céntimo de ese supuesto plan, porque nunca ha llegado a ponerse en marcha", afirmó.