La Generalitat anuncia la creación de la figura del guardia local para los municipios de menos de 5.000 habitantes

VALENCIA.- El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció hoy que la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales incluye la figura del guardia local para los municipios de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de "dar respuesta a las demandas de estas localidades en materia de seguridad, que, aunque por ley no tienen obligación de contar con un cuerpo de Policía Local, muchos tienen que crearlo ante la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Serafín Castellano dio a conocer hoy las principales novedades del borrador del Anteproyecto de Ley de Coordinación de Policía Local tras presidir la Comisión de Coordinación, acto en el que aseguró que esta normativa "busca adaptarse a la nueva realidad de la Policía Local y de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana", y además supone dar un "paso de gigante" en la coordinación de este cuerpo, así como "incrementar aun más su prestigio", según informó la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Gobernación explicó las funciones del guardia local, que, según recoge la Ley, serán las de custodia y vigilancia de bienes, así como servicios e instalaciones. "Esta figura pretende dar solución a los municipios más pequeños y con menos recursos, que no por ello deben ni pueden quedar desprovistos de efectivos de seguridad", dijo.

Los ayuntamientos podrán crear un máximo de cuatro puestos de guardia local y cuando se supere ese número deberán crear el cuerpo de Policía Local con un mínimo de dos agentes de la escala básica. Además, el borrador de la Ley de Coordinación de Policías Locales contempla una serie de novedades que "mejorarán aspectos laborales y facilitarán la labor que prestan a los ciudadanos en el día a día con medidas que prestigien, todavía más, su trabajo", señaló Castellano.

En este sentido, el conseller de Gobernación afirmó que para dar a las comisarías de la Policía Local el prestigio que merecen, las dependencias policiales pasarán a recibir el nombre de 'Jefatura Superior de Policía Local', y en aquellas grandes ciudades en las que exista más de una, la principal recibirá este nombre y el resto se llamarán 'Unidades de Distrito'.

Otra novedad de la nueva Ley es la creación de una Comisión de Asuntos Internos como "órgano especializado de colaboración" en el "control de la legalidad en el ámbito administrativo" de la actuación de los miembros de la Policía Local. En este sentido, Castellano matizó que esta Comisión "actuará a instancia de la máxima autoridad local del ayuntamiento y llevará a cabo sus funciones desde el respeto al principio constitucional de autonomía municipal".

Por otro lado, esta Ley también contempla la "vigilancia del cumplimiento del código deontológico en las actuaciones de los policías locales". A este respecto, Castellano señaló que en la profesionalización de los agentes "es muy importante la elaboración de un código que regule y establezca mecanismos de buena conducta al igual que sucede con otras profesiones".

El borrador de la nueva ley de Policía local de la Comunitat incluye la ampliación a 35 años para acceder a este Cuerpo, y también prevé que la Generalitat co-participe en los procesos de selección, en concreto en la realización de pruebas físicas a los aspirantes, "que se realizarán en las tres capitales de provincia y con tres convocatorias al año para abaratar costes a los ayuntamientos", señalaron desde Gobernación.

Además, la modificación de la Ley contempla también la puesta en marcha de un nuevo órgano de coordinación, el Consejo de Seguridad Local, formado por la Generalitat y la administración Local, que será el encargado de aprobar planes supramunicipales de coordinación y actuación conjunta en materia de seguridad pública, así como de la aprobación de protocolos de actuación y directrices para la prestación de los servicios públicos que requieran ser coordinados.

El conseller trasladó el borrador de esta Ley tanto a los sindicatos policiales como a los ayuntamientos "para que conozcan todas las novedades que pretenden adaptar a la Policía Local a la realidad actual y prestigiar el trabajo que realiza", así como darle una "cobertura jurídica", y que todos los actores implicados "puedan plantear las propuestas que consideren oportunas", resaltó.

Castellano también aseguró que la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales es "muy importante" para la mejora de la seguridad ciudadana porque "regula" la actuación de los 10.000 policías locales de nuestra Comunitat y "por eso esta modificación se tiene que hacer desde el diálogo, el consenso y la participación de todas las partes implicadas", indicó

El conseller concluyó que la modificación de la ley de Policías Locales "es una muestra más del compromiso del Consell con la seguridad, que busca avanzar en la coordinación y efectividad de los cuerpos de Policía Local, y tiende la mano a los ayuntamientos que están realizando un gran esfuerzo para paliar la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", remarcó.

Castellón aprueba un nuevo plan urbanístico junto a la avenida del Puerto

CASTELLÓN.- El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado definitivamente la puesta en marcha de un nuevo proyecto de desarrollo urbanístico en la ciudad que afecta a la unidad de ejecución 73-UE-R, situada en el Grau de la capital de La Plana.

En concreto, el plan se desarrollará sobre una superficie total de 12.774 metros cuadrados en el Distrito Marítimo, en la zona comprendida entre el Grupo San Pedro y la avenida del Puerto.

Según anunció la teniente de alcalde del Grau, Marta Gallén, "el nuevo desarrollo propiciará la creación de una nueva zona verde de 2.352 metros cuadrados para uso y disfrute de los vecinos y vecinas que residen en el Distrito Marítimo y que será un nuevo espacio puesto a su disposición".

Entre otras dotaciones, el proyecto municipal que permitirá ejecutar la urbanización de la unidad de ejecución, la 73-UE-R también pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 3.212 metros cuadrados de equipamientos, mientras que otros 3.666 metros cuadrados se reservarán para habilitar nuevos ejes viarios en la zona, con el fin de mejorar las actuales comunicaciones.

Por lo que se refiere a la puesta en marcha de nuevas unidades de carácter residencial, también se reservará suelo para la edificación de viviendas y, según las previsiones municipales, se desarrollará una edificación en bloque en manzana cerrada y con una altura máxima de siete plantas.

"Esta nueva actuación municipal está encaminada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como a generar nuevos espacios de desarrollo económico y nuevas oportunidades de crecimiento para la ciudad", valoró a teniente del alcalde del Distrito Marítimo, quien recordó que, desde el Ayuntamiento de Castellón, "trabajamos de forma diaria y constante para que la capital de La Plana crezca de forma ordenada y coherente, generando nuevos espacios, de acorde con una ciudad grande y en pleno desarrollo".

Gallén recordó a su vez que "este desarrollo era imprescindible para poner en valor una zona muy cercana a desarrollos ya consolidados del Grau, como el Grupo San Pedro" y agregó que la aprobación del desarrollo de dicha unidad "permitirá a los vecinos tener nuevas y mejores dotaciones en su barrio con unas buenas calidades de materiales, alumbrado y ajardinamiento".

Al respecto, Gallén también destacó el "crecimiento" que está experimentando el Grau durante los últimos años con la puesta en marcha de diversos proyectos de desarrollo urbanístico y remodelación de diferentes espacios urbanos ya consolidados.

Leire Pajín gana el congreso socialista de Alicante

VALENCIA.- El PSPV dio por finalizado el sábado su proceso de implantación de la nueva estructura provincial (que ya existía en la práctica totalidad de las federaciones del PSOE) y que supuso el certificado de defunción de la organización comarcal, dice hoy "Las Provincias".

En un principio, se podía pensar que estos congresos servirían para equilibrar el reparto de fuerzas que, en el cónclave en el que Jorge Alarte fue elegido secretario general, quedaron divididas en dos bloques casi iguales.

Sin embargo la última cita, la de Alicante, evidenció una sensación que ya se empezaba a extender a finales de septiembre: que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, es la que tiene la sartén cogida por el mango.

Alarte fue el que pilotó los congresos provinciales de Valencia y Castellón. En el primero, el acuerdo entre las familias saltó por los aires al no lograr, el secretario general del PSPV, resistir a las presiones de los críticos. Algunos atribuyeron el golpe de timón del líder de los socialistas valencianos a un intento de demostrar su poder y autonomía. Como resultado, la dirección del partido en esta circunscripción, liderada por Carmen Martínez dejó fuera a los lermistas y al entorno del otro rival de Alarte, Francesc Romeu: casi la mitad de la formación.

En Castellón el nuevo líder provincial, Francesc Colomer, dio una lección de consenso al incluir a un buen número de alartistas y miembros de la Plataforma Municipalista (afines al ex ministro Jordi Sevilla) en su ejecutiva, y con importantes responsabilidades. Aún así, recibió un importante voto de castigo de su propio sector (el ala dura de los que se enmarcan en el mismo grupo que Ximo Puig) y de descontentos de la plataforma, que no hizo caso de las peticiones de unidad de Alarte.

La implicación del secretario general fue mayor de la que le corresponde en principio, y así lo reconocieron miembros de su ejecutiva, y de los que forman parte de su mismo entorno. Alarte asumió funciones propias de un secretario de Organización en detrimento de la persona que ocupa ese puesto, Elena Martín. Bien porque quería marcar él mismo la línea a seguir, bien porque no se acaba de fiar de su número tres, impuesta por Leire Pajín a cambio de los apoyos recibidos.

Cuando le tocó el turno a Alicante, las dos secretarias de Organización tomaron las riendas del congreso para llevar a Ana Barceló a la secretaría provincial. La capacidad de Alarte quedó tan limitada que tuvo que pelear para que se incluyera en la ejecutiva a alguno de "los suyos", como el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno.

Y si difícil lo tenían los alartistas para entrar, más aún los lermistas, que quedaron como una representación testimonial. A pesar de ello, la ejecutiva del PSPV de Alicante fue la que más apoyo obtuvo de entre los tres congresos provinciales, e incluso el de país, y con diferencia. Lo que viene a demostrar, o que Pajín tiene mucha más capacidad de convicción que Alarte entre los que no son propios, o que, aunque no convenza, tiene la seguridad de que no va a tener contestación interna.

Son unas conclusiones peligrosas para el secretario general del PSPV, ya que pueden convertirse en dos poderosos argumentos para que la secretaria de Organización del PSOE acabe plantando su rostro en los carteles electorales para los comicios autonómicos en 2011.

Ya lo advertía en las páginas de "Las Provincias" el secretario general del PP de la Comunitat, Ricardo Costa. El dirigente popular está convencido de que Pajín apoyó a Alarte como secretario general del PSPV porque es "la persona más fácil de quitar" como candidato a la presidencia de la Generalitat para ponerse ella.

Por otra parte el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Antonio Clemente, también valoró el congreso del PSPV en la provincia de Alicante. En su opinión, la cita fue "una decepción más" para los ciudadanos de la Comunitat, ya que no se habló de los problemas de los alicantinos, como el agua, la financiación, el AVE o la seguridad ciudadana.

En este sentido, consideró que el PSPV está "casi extinguido" tras convertirse en un partido "de pensamiento único" donde Alarte y Pajín son "marionetas" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Madrid y Valencia se benefician de la aportación solidaria de Catalunya

BARCELONA.- Mientras ultima una nueva oferta de financiación autonómica, que salvo sorpresas de última hora aún quedará muy lejos de las aspiraciones catalanas, al vicepresidente Pedro Solbes se le acumulan los informes que demuestran las disfunciones del sistema en vigor, dice "El Periódico de Catalunya".

El último, obra de un centro de estudios del propio Ministerio de Economía, revela que la financiación pactada en el 2001 por el Gobierno del PP y CiU desvía parte de la aportación de Catalunya a la solidaridad hacia autonomías tan boyantes como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, todas con más crecimiento económico que Catalunya e incrementos de población superiores o similares.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Solbes, lleva varios años analizando el reparto de los recursos públicos a partir de las liquidaciones anuales del modelo de financiación que realiza Hacienda. Su más reciente trabajo, centrado en la liquidación del 2006, ofrece una interesante perspectiva sobre la evolución de este sistema tras cinco años de aplicación.

Cotejando este estudio con los precedentes, se constata que Catalunya mantiene inalterable su posición como contribuyente neta a la solidaridad interterritorial, con unos ingresos por habitante siempre por debajo de la media. Pero también se advierte que, en cambio, otros territorios con rentas igualmente altas mejoran paulatinamente su financiación per cápita.

Tal es el caso de la Comunidad de Madrid: pese a que en el 2006 su riqueza --el producto interior bruto (PIB) por habitante-- superaba en 2.700 euros la de Catalunya, su financiación per cápita experimentó hasta ese año un crecimento del 41,8%. En ese mismo periodo, del 2002 al 2006, los ingresos por catalán solo aumentaron un 31,7%, diez puntos menos que los de Madrid.

Si los recursos per cápita de Catalunya hubieran crecido igual que los de Madrid, la Generalitat habría ingresado unos 1.200 millones adicionales cada año. Aproximadamente la mitad de las ganancias que, a juicio de CiU, el nuevo sistema de financiación debería proporcionar a Catalunya solo en el 2009.

Esta brecha entre Catalunya y Madrid solo se justificaría si el impacto de la llegada de inmigrantes hubiera sido muy superior en la primera que en la segunda, de modo que, al dividir los ingresos entre el número de habitantes, la cifra catalana se desplomase y se disparase la madrileña. No es el caso.

En los cinco años analizados, el censo catalán aumentó un 9,6% y el madrileño un 8,6%, solo un punto menos. Y en la Comunidad Valenciana, donde la población aumentó más del 11%, los ingresos por habitante crecieron casi un tercio, más que en Catalunya. Otro tanto sucedió en Andalucía (38,4%) y Murcia (37,2%).

¿Por qué al redistribuir los recursos el vigente modelo de financiación premia a autonomías ricas --y por tanto llamadas a ser solidarias--, como Madrid o Valencia, y sin embargo castiga a otra que es contribuyente neta, como Catalunya? El informe del IEF atribuye esta "dispersión en los resultados" a la "negociación bilateral" que cada gobierno autonómico mantuvo con el Ejecutivo del PP en el 2001 para fijar las "garantías de mínimos" y las "reglas de modulación" que determinarían los ingresos de cada comunidad.

En otras palabras, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón arrancó al Estado unas garantías de ingresos que han dado más beneficios a la Comunidad de Madrid que las obtenidas por la Generalitat, con Jordi Pujol de president y Artur Mas de negociador. De entre las autonomías económicamente más dinámicas, solo Baleares sale peor parada.

A resultas de estos pactos, en suma, el actual sistema de financiación impone a los catalanes un doble esfuerzo de solidaridad: de entrada, con los territorios más deprimidos, todos ellos con unos ingresos por habitante más altos que Catalunya; y, al pasar el tiempo, con las comunidades más boyantes, donde la financiación per cápita aumenta significativamente, mientras la catalana sigue por debajo de la media.

Cataluña y Valencia rescatan el corredor mediterráneo de la pasividad de Fomento

BARCELONA.- Se trata de que el Ministerio de Fomento no tenga excusa y se ponga ya a trabajar. El objetivo, convertir el corredor mediterráneo en un verdadero eje ferroviario de Alta Velocidad -segregando el tráfico de pasajeros en una nueva línea desdoblando el trazado actual-, tal y como se comprometió, después de años de negativas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la última campaña electoral de las generales, según "Abc".

Con este objetivo, la Generalitat catalana y la valenciana han vuelto a ponerse de acuerdo para elevar al ministerio de Magdalena Álvarez una propuesta de trazado para desdoblar el actual corredor, y solventar al fin el anacronismo que supone el «cuello de botella» que supone el tramo Tarragona-Castellón, una única doble vía, con velocidad máxima de 220 kilómetros hora y compartida por Cercanías, regionales, Euromed y mercancías.

La pretensión de los gobiernos catalán y valenciano -ahora se supone que con el plácet político del Gobierno, aunque sin que ello se haya plasmado aún en iniciativa alguna de Fomento- es que el nuevo trazado (de máximas prestaciones, 350 km/hora) se dedique en exclusiva al tráfico de pasajeros en alta velocidad, mientras que el trazado actual se reserve para el resto de servicios, permitiendo mejorar Cercanías y crear un servicio de regionales entre las dos capitales de provincia.

El secretario de Transportes de la Generalitat, Manel Nadal, concretó que el gobierno catalán ya ha perfilado su alternativa de trazado para el subtramo entre Tarragona y el límite con la provincia de Castellón, que ahora se unirá en un documento conjunto al estudio que ya hizo en su momento el gobierno de Francisco Camps para el subtramo Castellón-límite con Cataluña.

Tramo valenciano: 950 millones

Mientras que el subtramo valenciano -82,4 kilómetros de trazado con un coste en 2007 de 950 millones- evita el sobrecargado corredor litoral buscando el interior de la provincia, en paralelo a la autovía de la Plana , la propuesta para el tramo catalán es más conservadora en cuanto a su dibujo. Según explicó Manel Nadal, la nueva propuesta para la línea AVE aprovecha en gran parte el corredor natural que forman bien la autopista AP-7, bien el actual trazado ferroviario, intentando minimizar el impacto sobre el territorio.

«En el plazo de dos o tres meses los técnicos ya habrán fundido en un único documento el proyecto valenciano y el catalán», concreta Manel Nadal, en un estudio que será en extremo detallado (escala 1: 5.000) y que tendría que valer a Fomento para ponerse ya al tajo. «Cuando tengan el documento ya no habrá excusas para ponerse a la obra», remacha el responsable de Movilidad del gobierno catalán.

Tanto desde Cataluña como desde Valencia se confía en que esta propuesta sea el empujón definitivo a un proyecto considerado clave para el desarrollo económico de las dos comunidades, y por el que llevan presionando tanto ambos gobiernos autónomos como sectores empresariales.

Mientras que los gobiernos Montilla y Camps coordinan estrategias, las cosas en Fomento transcurren mucho más despacio. Desde el ministerio se precisó a este diario que evidentemente que existe el compromiso político para desdoblar el corredor mediterráneo, pero que en ningún momento la vicepresidenta -en aquel entonces en su papel de candidata del PSOE al Congreso por Castellón- habló de calendario alguno.

La secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, aseguró el mes pasado en la comisión de Fomento del Congreso que durante 2009 se va a dar inicio a la redacción del estudio de trazado, el mismo estudio por cierto que ahora le remitirán los gobiernos catalán y valenciano. Por primera vez, en los presupuestos de 2009 se han consignado dos partidas que suman 300.000 euros para estudios sobre el corredor.

En paralelo, Fomento recuerda que sigue trabajando para que este corredor se incluya como obra prioritaria dentro de las Redes de Transporte Transeuropeo de la Unión Europea -lo que garantizaría financiación comunitaria-, y para lo que ya existe el compromiso verbal del comisario de Transportes.

La superficie construida en la costa sube un 22% en sólo seis años

MADRID.- Para ver bien la huella del urbanismo salvaje en el litoral conviene tomar distancia. Lo mejor es elevarse miles de metros, donde los satélites miden con frialdad y precisión la superficie urbanizada. Así lo hace periódicamente el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que está terminando de analizar el censo del suelo de 2005 y cuya comparación con el último dato, de 2000, es escalofriante, según "El País".

Según un avance de las cifras, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha aumentado un 21,85% en sólo seis años. El ritmo se ha duplicado respecto al anterior periodo estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de España, un organismo del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá (Madrid), anunció el lunes en unas jornadas sobre gestión del litoral en A Coruña que está ultimando un informe a partir de los datos de Fomento y que ya están los primeros datos.

Aunque este estudio por satélite no es tan preciso como otros más recientes, tiene de bueno que ya se hizo un estudio similar en 1990 (con imágenes de 1987) y otro en 2000. El estudio, llamado Corine Land Cover, se hace en toda Europa y es la principal fuente para medir la tendencia y la evolución del urbanismo. Los datos, pendientes de las últimas revisiones, pueden variar en décimas, pero no en lo sustancial.

En sólo seis años, la superficie cementada aumentó un 23% en el Mediterráneo y un 19% en el Atlántico (incluye el Cantábrico y Huelva y Cádiz). Esto significa que en seis años se construyó la cuarta parte de lo edificado los 2.000 años anteriores. Los datos de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del litoral se duplicó con respecto al periodo anterior (1987-2000). Entonces, el hormigón se comía al día 73.000 metros cuadrados, y entre 2000 y 2005, casi el doble: 140.044 metros cuadrados diarios (14 hectáreas). Aunque en el Atlántico se construye la mitad que en el Mediterráneo, también allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en los años 90 la construcción estuvo parada entre 1992 y 1997 y que en el periodo ahora analizado el boom fue constante. Eso explica lo espectacular de los datos. Y es que la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado una generación de españoles hipotecados por pisos que no valen lo que pagan sino que se ha cebado con un recurso no renovable y uno de los principales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Mediterráneo está ya cementado, cuando cinco años antes sólo el 22% estaba construido y en 1987 sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea. Además, hay que tener en cuenta que la ocupación sería aún mayor si el estudio tratase los primeros 500 metros de litoral. Las costas de Valencia y Huelva, con un aumento del suelo urbanizado de alrededor del 50%, son lasque más han visto crecer el ladrillo, según el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la Sostenibilidad no hace públicos los datos, ya ha circulado entre investigadores. En toda la provincia de Murcia, la superficie urbanizada aumentó un 58%; en Alicante, un 32%; en Castellón, un 134%, según las cifras preliminares del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el seminario organizado por la Fundación Pedro Barrie de la Maza que España ha creado "un muro de cemento en la costa que está vacío la mayor parte del año", en alusión a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, definió con sinceridad: "La costa está hecha unos zorros y cada uno va a lo suyo. Los constructores quieren edificarlo todo, los de Greenpeace, que no se toque nada y los pescadores, pescarlo todo. El resultado es lamentable".

Juan López de Uralde, director de Greenpeace, afirmó que la situación del litoral demuestra que la Ley de Costas, aprobada en 1988, "no ha funcionado".

"Nos explicaron que el litoral se había destruido en los años 70, cuando se cargaron La Manga del Mar Menor o Benidorm. Pero era falso. El ritmo de construcción actual es mucho mayor que entonces".

López de Uralde alertó de que el riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hace ahora, lo hará en unos años. Y puso como ejemplo que el hotel del Algarrobico comenzó a construirse en 2003 pero que fue aprobado en 1988, antes del estallido inmobiliario de principios de los 90: "Dentro de 10 años saldrá un plan salvaje y la gente dirá que eso se aprobó antes del crack de Lehman Brothers".

Para preservar lo que queda de costa, Peña reveló que entre las medidas que impulsa el Gobierno está la adquisición de todo el suelo agrícola de los primeros 500 metros del litoral mediterráneo peninsular. El Ministerio está dispuesto a comprar todo ese suelo pero lo hace ofreciendo precios muy bajos, sin "tener en cuenta las expectativas de revalorización, a un precio de uno o dos euros por metro cuadrado", según Peña.

Medio Ambiente considera que en el litoral mediterráneo peninsular puden quedar unas 1.500 hectáreas aún no declaradas urbanizables y que comprarlas todas costaría entre 150 y 300 millones de euros, aunque el Gobierno es consciente de que la mayoría de los propietarios no aceptarán su oferta.

"El plan de compra es aceptable porque no esperamos una avalancha. No podemos pagar las expectativas si alguien pretende enriquecerse, pero sí pagar a un euro el metro cuadrado y hacer una expropiación por mutuo acuerdo".

Aunque no hay una partida presupuestaria específica para esta compra, Peña zanja: "No se dejará de adquirir ninguna parcela por falta de dinero. Tenemos un presupuesto de 200 millones que podemos enfocar a las compras. En el peor de los casos habría que retrasar alguna operación".

Medio Ambiente ya ha adquirido así unos terrenos en el Delta del Ebro. Estos terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que nunca podrán urbanizarse. Así se salvaría algo de costa virgen. Porque la virginidad sólo se pierde una vez.

Por favor, no refunden el capitalismo / Jordi Sevilla

Visto el cariz que están adoptando los acontecimientos después de la cumbre en Washington del G20+ZP, casi que prefiero que no refunden el capitalismo. Empezamos por reconocer el gran fallo del sistema que ha llevado a una de las mayores crisis financieras internacionales de la historia y ahora, poco a poco, a partir de dos intervenciones públicas de Bush en defensa del mercado, vuelve el discurso neoliberal según el cuál, en realidad, lo ocurrido ha sido por culpa de los gobiernos y su incapacidad para controlar a los banqueros ávidos de sobresueldos.

Recordemos lo obvio: el mercado es un sistema de asignación de recursos económicos que, en determinadas condiciones, es más eficiente que ningún otro. A partir de aquí, se plantean dos problemas: ¿qué pasa cuando no se dan las condiciones ideales establecidas en el modelo? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando el resultado, incluso siendo óptimo en términos de eficiencia, no resulta satisfactorio en términos de empleo, bienestar o justicia social?, objetivos estos que no persigue el mercado, pero a los que si suele aspirar la sociedad en su conjunto.

El capitalismo, por su parte, es un sistema económico que, a partir de la propiedad privada de los medios de producción y del uso del mercado como herramienta más frecuente, busca maximizar los beneficios y el poder social de los propietarios, dentro de las leyes. A lo largo de su historia, el capitalismo ha sido compatible con mecanismos de asignación de recursos distintos del mercado (autarquía, proteccionismo, monopolios, etcétera), así como con sistemas políticos alejados de los derechos humanos y de la democracia (franquismo, pinochetismo...).

Tenemos, por tanto, tres fuerzas en tensión que modifican de manera determinante tanto al capitalismo como al mercado. La primera, asegurar la eficiencia cuando no se dan las condiciones establecidas por el modelo del mercado. De ahí derivan una buena parte de las normas y controles impuestos desde fuera que ayudan a mejorar su funcionamiento y que deben ajustarse y modificarse según la experiencia y los cambios que se produzcan, por ejemplo, con la globalización.

Las otras dos fuerzas tienen que ver con aspiraciones colectivas que no encuentran su satisfacción ni en el mercado ni con el capitalismo puro. Si queremos que los niños vayan a la escuela en vez de a las fábricas, que haya permisos de maternidad, derechos laborales, negociación colectiva o garantías sanitarias para toda la población, hace falta una intervención desde fuera de la lógica del mercado y del capitalismo para asegurarlo. Y cada uno de esos cambios sociales experimentados en los últimos 200 años de nuestra historia y de los que nos sentimos orgullosos todos, se ha logrado contra los defensores, en cada momento, del mercado y del capitalismo.

La sociedad, por medio de la acción política democrática del Estado, ha sido capaz, afortunadamente, de corregir, complementar, enmarcar, modificar y transformar al mercado y al capitalismo hasta conseguir lo que tenemos hoy.Pero la tensión ha existido y existe entre la lógica económica del beneficio capitalista (que requiere manos libres y predominio de los fuertes) y la lógica social que, mediante la política, impone la democracia, la protección de los más débiles, el reequilibrio de renta y riqueza o la igualdad de oportunidades.

El capitalismo ha relanzado el potencial económico de la humanidad, liberando fuerzas productivas y creativas de gran envergadura.Ha mostrado, también, una gran capacidad adaptativa, aprovechando las sinergias que se establecen con la intervención del Estado que no tiene con el mercado capitalista una relación en la que uno crece a costa del otro, sino más bien una en la que ambos pueden hacerlo. Ha desarrollado también una capacidad expansiva mercantilizándolo casi todo, hasta a sus críticos más radicales como el Che Guevara.

Pero la historia demuestra que dejado a su libre albedrío, y persiguiendo su propio interés, ni el mercado es eficiente, ni el capitalismo es sostenible dada su propensión a las crisis recurrentes y a la depredación de su hábitat social o ambiental. El cortoplacismo de las actuaciones regidas por los principios puros del mercado y del capitalismo los acaban haciendo inviables a medio y largo plazo. En eso, Marx, don Carlos, tal vez tuviera razón.

Por eso hizo falta, ya tras la crisis de los años 30 del siglo pasado, transformar el modelo del capitalismo de mercado puro con elementos correctores desde el Estado que mejorasen sus fallos y corrigiesen sus actuaciones menos aceptables socialmente.

El New Deal, que dio paso en Europa al Estado del Bienestar, no fue una refundación del capitalismo, sino una profunda transformación (reforma) del mismo efectuada desde la hegemonía de una lógica social y política que se impuso ante el fracaso de la pura lógica económica del mercado teórico y del viejo capitalismo. Fracaso que tuvo mucho que ver con el triunfo bolchevique en Rusia, pero también con el auge del nazismo y del fascismo.

Poner, de nuevo, límites, devolviendo a cada faceta de la sociedad su lógica específica y jerarquizándolas en beneficio colectivo, es la tarea de ahora, cuando estamos viviendo otro fracaso del mercado y del capitalismo, renacidos de la mano de Reagan y Thatcher.Fracaso equiparable a lo ocurrido entonces -aunque en un contexto muy distinto- que incorpora el efecto devastador sobre el planeta del desarrollo capitalista ilimitado.

El objetivo hoy no debe de ser refundar el capitalismo, sino volver a cambiarlo, a reformarlo, a hacerlo distinto. Aprendiendo que también existen los fallos del Estado, pero haciendo prevalecer de nuevo la lógica colectiva de lo público a través de la política democrática. No refundar el capitalismo, sino interpretarlo para volver a transformarlo.

Y para ello necesitamos políticos que no lleven la trinchera portátil encima. Políticos que, como Obama, propugnen la transversalidad y, en todo caso, la refundación del gran pacto social y político que a mediados del siglo pasado hizo posible aunar crecimiento económico, redistribución de renta y oportunidades con fortalecimiento de la convivencia democrática. En verdad, lo que hay que refundar es la socialdemocracia.

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