sábado, 27 de abril de 2013

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.
   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".
   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.
   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.
   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.
   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".
   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".
   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".
   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.
   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.
   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".
   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.
   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.
   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".
   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

Cataluña reclama una gobernanza del Corredor Mediterráneo compartida con las regiones

TARRAGONA.-   El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, ha reclamado este viernes que se aborde la gobernanza del Corredor Mediterráneo, y que el Estado la comparta con las regiones y las grandes empresas que transportan las mercancías durante la clausura de una jornada técnica sobre la infraestructura en la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

   "Poco haremos si volvemos a hacer una gobernanza autista que no tiene en cuenta los territorios y las necesidades de cada uno", ha afirmado Font, quien ha defendido que una buena gobernanza ferroviaria es imprescindible para evitar los cuellos de botella y garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.
   También ha llamado a las administraciones a ponerse de acuerdo para simplificar y unificar los corredores con el fin de evitar lo que ha calificado de un nuevo fracaso en infraestructuras, y ha alertado de que, de lo contrario, "no habrá negocio" y se acabarán utilizando camiones en lugar de ferrocarriles.
   Font ha insistido en que las administraciones deben dedicarse de forma prioritaria a elaborar un plan de negocios para el Corredor porque "no tiene sentido plantear infraestructuras sin un plan de servicios", así como a trabajar para que industrias como las químicas y los fabricantes de vehículos estén bien conectados a la vía principal.
   En cuanto a la marcha del Corredor, ha confiado en que los trenes de mercancías podrán circular en 2015 entre la nueva fábrica de Ford en Valencia y Perpignan (Francia), aunque ha lamentado el que no se perfilen aún los trabajos en el tramo entre Montpellier y Perpignan.
   Han acompañado a Font en la clausura el presidente de la APT, Josep Andreu, y el representante de la Comisión Europea (CE) en Cataluña y Baleares, Ferran Tarradellas, quien ha coincidido con el secretario en que el establecimiento de un corredor transeuropeo "requiere un esfuerzo de gobernanza para coordinar a todas las partes implicadas".
   Tarradellas ha recordado el "compromiso firme" de la CE con el Corredor Mediterráneo, y ha destacado que una de las prioridades es el desarrollo de la línea de transporte de mercancías entre Tarragona y Valencia para evitar los cuellos de botella en estos tramos.

Confirman la absolución de una agente de policía denunciada por una manifestante de la Primavera Valenciana

VALENCIA.- La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la absolución de una agente de la Policía Nacional denunciada por una manifestante que aseguró haber sufrido intimidación, acoso y golpes en las piernas en el transcurso de una manifestación en Valencia el 20 de febrero de 2012, en el marco de la conocida como Primavera Valenciana.

   La sentencia del juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia absolvió a la agente de la falta de malos tratos y precisaba en el relato de hechos probados que en el marco de la intervención policial realizada ese día la denunciante fue retenida cuando intentaba invadir la acera en una céntrica calle de Valencia, quien la trató de llevar hacia la acera siguiendo el protocolo policial de intervención establecido cuya finalidad era evitar la ocupación de la vía pública y restablecer la normal circulación del tráfico.
   Además, indicaba que la denunciante no fue filiada ni detenida y que el 23 de abril de 2012 ésta formuló denuncia en la que manifestaba haber sufrido intimidación, acoso y golpes en las piernas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pero sin realizar identificación alguna.
   Ante esta decisión judicial, la denunciante interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial en el que insistía en la responsabilidad de la agente como autora de una falta de maltrato y pedía una multa de 900 euros, además de una indemnización de 269,82 euros por lesiones más 1.000 euros en concepto de daños morales.
   En su recurso, la denunciante alegaba que se había vulnerado la tutela judicial efectiva y que se habían valorado "aspectos accesorios y no aquellos que cobran relevancia".
   No obstante, la Audiencia recuerda en la sentencia que el fallo de primera instancia está justificado y, además, incide en el testimonio "dudoso, inconcreto y carente de respaldo probatorio objetivo alguno" de la denunciante y que sus testigos "reconocieron no haber visto a la denunciada golpear a la denunciante en ningún momento o, al menos, recordarlo. Por todo ello, confirma la sentencia absolutoria, declarando de oficio las costas procesales.

La Comunitat ahorra 229 millones de euros en los primeros nueve meses del nuevo sistema de aportación farmacéutica

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha conseguido ahorrar cerca de 229 millones de euros en los últimos nueve meses, desde la puesta en marcha del nuevo sistema de aportación farmacéutica el pasado mes de julio de 2012.

   Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la Comunitat Valenciana es la primera región en reducción del volumen de recetas facturadas en el acumulado interanual, con una rebaja del 13,6 por ciento y 15,48 millones de recetas menos que en el mismo período del año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
   En el mes de marzo, asimismo, se situó en quinto lugar, con un descenso del 21,9 por ciento en las recetas facturadas y 2,1 millones de recetas menos.
   Respecto a la contención del gasto farmacéutico en el mes de marzo, la Comunitat Valenciana se situó en tercer lugar tras Murcia y Aragón, con una reducción del mismo del 24,6 por ciento respecto a marzo de 2012, lo que representa un ahorro de cerca de 29 millones de euros respecto a marzo de 2012.
   Estos datos siguen la tendencia iniciada con la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012 que instauró el nuevo sistema de aportación farmacéutica y coincide también con la actualización en el mes de octubre de los precios menores en las agrupaciones homogéneas de medicamentos.  
   Por otra parte, la Conselleria de Sanidad puso en marcha una serie de medidas de gestión como las mejoras del programa informático de prescripción GAIA, cuyo impacto se ha visto en 2012, y se ha fomentado la reducción del uso de talonarios de recetas en papel y la utilización del módulo de prescripción para los tratamientos.
   Asimismo, este año se impulsará el programa REFAR, que consiste en la revisión por parte de los profesionales sanitarios de los historiales de los tratamientos de los pacientes polimedicados. De este modo, los medicamentos serán sometidos a estudios y evaluaciones en torno a su eficacia, seguridad y eficiencia.
   Hasta el momento, se han revisado más de 100.000 historiales farmacológicos y se han adecuado más de 40.000 tratamientos, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de más de 19 millones de euros.

La Audiencia reabre una causa contra una galerista acusada de vender en Castellón un cuadro falso de Andy Warhol

CASTELLÓN.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha reabierto una causa contra una representante de una galería de arte por un supuesto delito de estafa en la venta de un falso cuadro del pintor americano Andy Warhol al considerar que no puede afirmarse que no existen indicios suficientes de la existencia del delito.

   Así, la Sala estima un recurso de apelación interpuesto contra un auto del juzgado nº 3 de Castellón que acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de la causa al no considerarse debidamente justificada la perpetración del delito. La Audiencia ordena al juzgado continuar el trámite de las diligencias.
   En dicho recurso se argumenta la existencia de indicios de la presunta comisión de un delito de estafa por parte de la querellada, alegando que, de las declaraciones de dos testigos, se deduce que el cuadro vendido por la mujer, en su condición de representante de una galería de arte, no era una obra auténtica de Andy Warhol, tal y como ella puso de manifiesto.
   La Audiencia justifica la estimación del recurso señalando que la mujer adquirió el cuadro "sin certeza alguna" de que pudiera ser una obra de Warhol y Psaier, ya que ella dijo que lo había vendido como auténtico porque había hecho averiguaciones, aunque ,según la Sala, dichas averiguaciones no constan en las actuaciones.
   Así mismo, la Audiencia afirma que lo que llama "verdaderamente la atención" es el hecho de que una experta en arte venda un cuadro auténtico de Warhol por 12.000 euros, cuando, de ser así, su valor hubiera sido muchísimo mayor.

El juez archiva la causa contra Vela por la presunta filtración a Blasco de un documento de 'Cooperación'

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 6 de Valencia ha archivado la causa contra el exconseller de Hacienda y Administraciones Públicas José Manuel Vela por la presunta filtración de un documento judicial del 'caso Cooperación' al diputado del PP en las Corts y extitular de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, imputado en ese procedimiento.

   Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez que instruía la causa ha dictado a última hora de este viernes un auto de archivo después de que la Fiscalía desistiera de presentar acusación alguna contra Vela al entender que los hechos presuntamente atribuidos al exconseller, que dimitió horas antes de conocerse su imputación, no supusieron la comisión de un delito.