El Gobierno prorroga las concesiones vigentes de los chiringuitos mediante la reforma de la Ley de Costas

VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León ha anunciado este jueves que la reforma de la Ley de Costas va a permitir prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la actual legislación, lo que incluye a los restaurantes y chiringuitos. 

   Así, se lo ha transmitido Sánchez de León a la concejala de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, en una reunión que han mantenido este jueves, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

   En el caso concreto de la ciudad de Valencia, la delegada del Gobierno ha afirmado que los primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en la playa de la Malva-rosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio, además de los establecimientos de la playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler.

   "Con esta actuación, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente da por cumplida una demanda que el sector viene reivindicando desde el año 2009", ha señalado Paula Sánchez de León.

   El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior, en su apartado primero, establece que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

   La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesión.

   Sánchez de León ha recordado que está previsto que se produzca la aprobación definitiva de la nueva normativa el próximo 9 de mayo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   La delegada del Gobierno ha destacado que la reforma de la Ley de Costas "pretende colaborar con los ciudadanos, teniendo en cuenta el actual momento económico, preservando la calidad de nuestras costas".

 "En definitiva --ha continuado-- se trata de mejorar la seguridad jurídica de los prestadores de servicios y de facilitar sus actividades, especialmente del sector de la hostelería, haciéndolo compatible con la conservación del medio ambiente".

La Comisión de Expertos cifra en unos 13.500 millones la deuda histórica de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- La Comisión de Expertos sobre financiación autonómica, acordada por los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, cifra en unos 13.500 millones de euros la deuda histórica de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la "infrafinanciación" y el "coste financiero" que supone a la Generalitat suplir las carencias del actual modelo con esta autonomía, según han indicado fuentes de dicha comisión.

   Este organismo trabaja en la elaboración de un informe sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque el documento final no está terminado, porque falta por realizar unas simulaciones para poder concluirlo, los miembros de este organismo esperan poder presentarlo ante la Conselleria de Hacienda primero y en las Corts Valencianes después, a lo largo del presente mes.

   La propuesta de la Comisión de Expertos gira en torno a un modelo de financiación autonómica que establezca un mecanismo que garantice la estabilidad financiera y en el que cuando se recaude mucho, se guarde y se utilice cuando se necesite.

   El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha asegurado este jueves que este informe debe ser "un documento técnico, riguroso, científico y estudiado de diseño de un nuevo modelo de financiación" autonómica y no un trabajo de carácter "reivindicativo".

   "Lo que persigue no es reivindicar una deuda histórica. Es diseñar un nuevo sistema de financiación" que sea "bueno para la Comunitat Valenciana pero también bueno para todas las comunidades autónomas y que sea aceptado por el Estado", ha manifestado Moragues en este sentido.

   El responsable autonómico ha realizado estas declaraciones tras recibir a los participantes en el programa de intercambio entre jóvenes trabajadores de las regiones de Europa que están en la Comunitat en el marco del programa europeo Eurodisea, preguntado por si la Generalitat dispone del informe de la Comisión de Expertos sobre financiación autonómica y por la cifra de 13.500 millones de euros en las que este organismo cifra la deuda histórica de esta región.

   Ha comentado que no dispone de este documento porque "no se ha presentado "ni informalmente ni formalmente" y ha considerado una "sorpresa" conocer datos del mismo como la cifra de deuda histórica citada cuando "la Comisión de Expertos está haciendo trabajos, teniendo reuniones y encuentros y, en principio, en fase de elaboración de un informe".

   Juan Carlos Moragues ha explicado que lo que se ha pedido a esta comisión ha sido "un documento que evalúe el sistema de financiación, que haga un diagnóstico, una evaluación y que, por otra parte, proponga un nuevo sistema de financiación desde la perspectiva más consensuada y de acuerdo de voluntades posible". Así, ha indicado que no se busca un informe "para reivindicar ciertas cuestiones" ni un trabajo referido únicamente a la Comunitat Valenciana.

   "No queremos que sea un informe para reivindicar ciertas cuestiones y tampoco queremos que sea un informe que se circunscriba sólo a Comunitat Valenciana. Queremos que sea un informe en el que se plantee un sistema de financiación que sea bueno para la Comunitat, pero bueno para las otras comunidades autónomas y también bueno para el reparto de gastos entre el Estado y las comunidades autónomas, que tenga un ámbito más allá del regional", ha argumentado el conseller.

   El titular de Hacienda y Administración Pública ha aseverado de este modo que se evita que sea "un documento reivindicativo" y ha subrayado que lo que se pretende es "que sea un documento técnico, riguroso, científico y estudiado de diseño de un nuevo modelo de financiación".

   Tras ello, preguntado por si la Generalitat apoyaría un informe que instara a reclamar la citada deuda histórica, Moragues ha apuntado que "primero, no hay informe" porque "no hay presentación" y porque este trabajo "se está elaborando" y que, en segundo lugar, "hay que leer el informe y ver lo que dice".

   Así, ha agregado que en tercer lugar "hay que ver qué persigue esa Comisión de Expertos" que "no es reivindicar una deuda histórica" sino "diseñar un nuevo sistema de financiación" que sea "bueno para la Comunitat Valenciana pero también bueno para todas las comunidades autónomas y que sea aceptado por el Estado".

 "Eso es lo que persigue", ha destacado.

IU pide a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la seguridad de Metrovalencia en el accidente de 2006

VALENCIA.- El europarlamentario de IU Willy Meyer ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la seguridad de Metrovalencia, en el accidente que tuvo lugar el 3 de julio de 2006, y para ello ha presentado una batería de preguntas con el objetivo de saber si la Comisión era conocedora de las supuestas deficiencias de seguridad en el metro de Valencia, previamente a la fecha del accidente, y si este transporte cumplía la directiva europea sobre seguridad, según ha indicado IU en un comunicado.

   Meyer considera que un hecho "tan grave" como el accidente del metro de Valencia ocurrido en julio de 2006, del cual se acumulan "numerosas denuncias" hechas públicas por técnicos y expertos sobre las deficiencias de la infraestructura, así como las "supuestas manipulaciones" en la comisión de investigación de las Corts, "merece también un pronunciamiento de la Comisión Europea, la cual esperemos que no se quede al margen", ha deseado.

   En la pregunta que ha presentado Meyer, éste recuerda que la directiva europea 2004/49/CE del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la seguridad de los ferrocarriles comunitarios, establece qué indicadores, métodos y objetivos comunes de seguridad tienen que ser introducidos para evaluar las condiciones de esta seguridad.

   Por este motivo quiere saber si la Comisión Europea conocía las "supuestas deficiencias de seguridad" en el metro de Valencia antes del accidente, "si se cumplía la directiva y si hace falta que se investiguen" estas condiciones de seguridad ante las posibles deficiencias en la investigación judicial del accidente por las autoridades españolas.

   Meyer considera que es "necesario" un pronunciamiento de todas las instituciones pertinentes, "en busca de, no sólo, la verdad sobre este accidente, sino también para incrementar, mantener, y proteger la seguridad en el transporte público, para que una tragedia como ésta no vuelva a ocurrir".

La Generalitat paga a las universidades el mes de abril y atribuye el retraso a "un problema técnico"

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha pagado a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana la mensualidad correspondiente al mes de abril y ha atribuido el retraso registrado en esta transferencia a "un problema técnico" entre el Banco de España y las entidades bancarias donde tienen las cuentas estas instituciones académicas, que ha sido "total y absolutamente ajeno" a la administración autonómica.

   Así lo ha explicado este jueves el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, que ha declarado que la "constancia" que tiene es que "ya se han hecho las transferencias oportunas". Ha precisado que esta incidencia ha sido una cuestión técnica "de transferencia de fondos" desde el Banco de España "a las entidades bancarias donde tienen las cuentas las universidades".

   Ha afirmado que este problema "se ha solventado en el menor tiempo posible, según ha dicho, "en un plazo de dos días", del 30 de abril a este jueves, 2 de mayo, teniendo en cuenta que ayer fue festivo en todo el país y que esta jornada lo es también en Madrid, ha apuntado.  

   El responsable autonómico ha realizado estas declaraciones tras recibir a los participantes en el programa de intercambio entre jóvenes trabajadores de las regiones de Europa que están en la Comunitat en el marco del programa europeo Eurodisea, preguntado por los pagos de la Generalitat a las universidades y por los retrasos registrados.

   Ha comentado que ese pago se ha efectuado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y ha explicado que los fondo que recibe el Consell de él de forma mensual "no van a la tesorería de la Generalitat sino que directamente van del Banco de España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a la entidad beneficiaria", en este caso a las universidades valencianas. Ha recordado que "este mes" de abril se había marcado como "particularidad" los pagos a estas instituciones a través de ese mecanismo del FLA.

   Juan Carlos Moragues ha señalado que lo que ha sucedido en este caso y ha dado lugar al retraso "ha sido un problema técnico, ajeno totalmente a la Generalitat". "Ha habido un problema técnico de transferencia de fondos entre el Banco de España, a través de la pasarela ICO, directamente a las entidades donde tienen las cuentas las universidades públicas", ha detallado.

   Asimismo, ha resaltado que aunque la administración valenciana esperaba que no hubiera "ningún problema" como éste con los fondos del FLA "porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema ni de incidencia", surgió "la sorpresa de que el día 30 de abril, cuando estaba planificada la transferencia del Banco de España a las entidades donde tiene las cuentas las universidades, ésta no se había producido".

   El conseller de Hacienda y Administración Pública ha afirmado que tras tener conocimiento de esta incidencia, la Generalitat se interesó inmediatamente para conocer qué había sucedido. "En seguida empezamos a llamar para ver dónde estaba el problema, con la particularidad también de que el día siguiente, el 1 de mayo, ha sido festivo y de que hoy ha sido festivo en Madrid", ha manifestado.

   En esta línea, ha agregado que "aún así, desde el mismo 30 de abril", el Consell ha estado "de forma muy insistente" intentando averiguar lo sucedido y ha señalado que "la constancia" que tiene es "que ya se han hecho las transferencias oportunas".

   "Es decir, que el problema técnico se ha saldado en un plazo de dos días y no se ha podido solventar antes porque ayer fue festivo. Ha sido un problema total y absolutamente ajeno a la Generalitat, un problema técnico del Banco de España de transferencia de fondos a las entidades bancarias donde tienen la cuenta las universidades y  un problema que se ha solventado en el menor tiempo posible", ha insistido.

El TS pide a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre el indulto concedido al conductor 'kamikaze' en Polinyà

VALENCIA.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre el indulto concedido al conductor 'kamikaze', que fue condenado a 13 años de prisión por un accidente registrado en 2003 en la AP-7, en Polinyà del Xúquer, que se saldó con la vida de un joven.

   Este trámite del Alto Tribunal se produce después de que la familia de la víctima haya formalizado la presentación del recurso a la decisión del indulto otorgada por el Ejecutivo central, y de que el conductor se haya personado en la causa, tal y como ha explicado el abogado de la familia, Agustín Ferrer.

   Ahora, el TS da un plazo de 10 días a la Abogacía del Estado para que se pronuncie al respecto, y señale si apoya la decisión del Consejo de Ministros, o si, por contra, considera que se debe revocar el indulto, ha explicado Ferrer.

   El Ejecutivo aprobó el 7 de diciembre de 2012 indultar a este hombre, condenado como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños.

   Frente a esta decisión, la familia de la víctima presentó el pasado 25 de enero un anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo, para que revocase el indulto, y la semana pasada lo formalizó con numerosos argumentos.

   Dentro de esta causa, el 'kamikaze' ha decidido personarse, representado por el bufette de abogados que le tramitó el asunto del indulto, el despacho Uría Menéndez. Ha solicitado que no se revoque el indulto, que se mantenga el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros y que no se anule.

   Paralelamente a este recurso, la familia presentó un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia, en el que alegaba desproporción en la conmutación de la pena --de cárcel a una multa de 4.000 euros-- y falta de equidad.

   El incidente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2003, según se indicaba en la sentencia condenatoria. En la tarde de ese día, el hombre golpeó su vehículo contra otro cuando circulaba por la A-7, a la altura de Torrente-Calicanto. Éste tuvo que apartarse, se detuvo en el arcén y avisó de lo ocurrido a los servicios de emergencia.

   Seguidamente, el conductor accedió a la AP-7 por el peaje de Silla, y cuando llegó a la altura del punto kilométrico 551-552, efectuó un cambio de sentido y comenzó a circular en sentido contrario entre los dos carriles, a gran velocidad.

   Los coches con los que se cruzaba tenían que apartarse hacia el arcén o a la mediana para evitar una colisión. El hombre circulaba sin emplear ningún otro dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía de su conducción contra sentido, y sin efectuar maniobra alguna de evasión para eludir los vehículos que circulaban en sentido correcto.

   Cuando se hallaba en el tramo Silla-San Juan, en el término municipal Polinyà del Xúquer y Partido Judicial de Sueca, en tramo recto, a nivel y de buena visibilidad, colisionó frontalmente contra un turismo en que viajaba una pareja. Como consecuencia del impacto, el hombre falleció de un traumatismo craneoencefálico y su entonces pareja sufrió diferentes lesiones.