domingo, 17 de marzo de 2013

González (BBVA) denuncia "mucha laxitud" de los reguladores y supervisores antes de la crisis

MADRID.- El presidente de BBVA, Francisco González, ha denunciado este fín de semana "mucha laxitud" por parte de los reguladores y supervisores antes de que se desencadenara la actual crisis, y ha apuntado indirectamente a estos organismos en España al asegurar que "no están muy lejos de este país".

    González ha aprovechado para lamentar "malos hábitos y conductas fraudulentas" que dieron lugar a la crisis actual, lo que ha considerado una "mala noticia", pero no una "estafa".
   El presidente del BBVA ha defendido que la crisis se "veía venir" desde 2002, ante las señales que mostraba la burbuja inmobiliaria. Y se ha declarado optimista sobre las lecciones de las crisis: "Las crisis dan información con anticipación".
   González ha defendido la elección de Deloitte como auditor de las cuentas y ha reconocido que en la comercialización de algunas participaciones preferentes "hubo abusos", si bien ha afirmado que el banco ha dado y busca "soluciones" al respecto.
   Por último, ha avanzado que la política de retribución de la entidad pasará a ser "vinculante" y no sólo consultiva ante la junta de accionistas, como hasta ahora.

El Consell certifica un ahorro de 1.256 millones en 2012 con las 74 medidas de racionalización y austeridad

VALENCIA.-   Las diferentes conselleries han logrado un ahorro de 1.256 millones de euros con las medidas de racionalización y austeridad en el gasto desarrolladas durante 2012 en el ámbito de la Administración autonómica y gestionadas por la Comisión Interdepartamental creada por la Generalitat. 

   Así se desprende de las certificaciones realizadas hasta el momento ante la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat, que se ha reunido esta semana, a partir de 74 medidas de racionalización implantadas en los diferentes departamentos en 2012.
   En conjunto, la Administración contuvo su gasto en 2.000 millones durante 2012 si se suman otras medidas correctoras como el ahorro presupuestario del sector público empresarial, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
   Estos datos ponen de manifiesto "el pleno compromiso del Consell con la reducción del déficit público y son un reflejo de las políticas de austeridad y contención del gasto que han sido puestas en marcha por la Generalitat" para "implantar formas de gestión pública que permitan un mayor ahorro sin que se vean afectadas las prestaciones que reciben los ciudadanos".
   Las medidas de ajuste aprobadas en enero del año pasado han posibilitado en 2012 un ahorro de 687,1 millones de euros, cifra a la que se suman otros 68,2 millones de euros con las certificaciones de otras medidas de ahorro adicionales que ha ido incorporando con posterioridad este mismo órgano.
   A ello hay que añadir que las medidas que figuran en los acuerdos del Consell del 27 de abril y del 16 de noviembre han permitido la certificación de otros 215 millones de euros de ahorro y, finalmente, las actuaciones incluidas en el decreto-ley de desarrollo y adaptación de las disposiciones estatales incluidas en el real decreto-ley de 20/2012 han posibilitado un ahorro certificado de 285,3 millones de euros. En su conjunto, el ahorro total certificado asciende a 1.256 millones.
   En concreto, iniciativas como las implantadas en materia de farmacia extrahospitalaria han reportado un ahorro de 215,7 millones de euros, y las actuaciones contenidas en el Plan de Control de Absentismo han facilitado un ahorro certificado de 49 millones de euros.
   La Comisión Interdepartamental, órgano integrado por representantes de todas las conselleries y entidades autónomas, se creó en febrero del año pasado y tiene, entre sus principales funciones, coordinar y realizar un seguimiento de las políticas de ahorro, así como proponer iniciativas en este sentido. El ámbito de actuación de esta comisión se aplica tanto a las conselleries como a las entidades autónomas y al sector público empresarial y fundacional.

Compromís denuncia que el Consell le "niega" los contratos de construcción y explotación del aeropuerto

CASTELLÓN.- La coalición Compromís ha denunciado este domingo que la Generalitat le ha "negado" la copia de los contratos de construcción y explotación del aeropuerto de Castellón, así como las novaciones producidas sobre ellos.

   En un comunicado, la formación asegura que tras la petición de documentación formulada por escrito por la diputada Mònica Oltra, el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, no facilita la información alegando que "la relación contractural existente entre la empresa pública y Concesiones Aeroportuarias se encuentra inmersa en un proceso judicial", por lo que hasta la finalización del juicio, su difusión "podría alterar su correcto desarrollo".
   Compromís considera que esta respuesta es "como mínimo sorprendente" y asegura no entender "en qué puede alterar la difusión de los contratos el devenir judicial, si las dos partes enfrentadas conocen y tienen los contratos y la única parte que desconoce estos acuerdos, cláusulas y modificaciones es la ciudadanía".
   Además, advierte de que el Consell no ha aportado esta documentación a su grupo "siempre bajo las más diversas excusas, obstaculizando la labor fiscalizadora de la oposición".
   "Queremos ver la letra pequeña de los documentos, qué se firmó realmente, a qué se comprometieron Aerocas y Concesiones Aeroportuarias, saber qué concesiones y favores tenían acordados, cuánto iban a costar al erario público sus acuerdos, y a todo eso responden que no", ha lamentado Oltra.

El PSPV cuestiona la compra de Valmor y acusa al Consell de "presunta malversación de fondos públicos"

VALENCIA.-   La portavoz socialista de Grandes Eventos en las Corts, Eva Martínez, ha cuestionado este domingo la inyección de dinero público para salvar una empresa privada como Valmor y ha calificado la gestión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como "una presunta malversación de fondos públicos".

   Así se ha pronunciado en un comunicado la diputada socialista, quien ha criticado que un gran evento como la Fórmula 1, en lugar de generar beneficios haya provocado "pérdidas de hasta 30 millones que se han cubierto con fondos públicos" y ha denunciado que Fabra haya dado luz verde a la compra de Valmor "sin contar con un informe jurídico o económico que lo avalara".
   "Los valencianos no le han facultado para garantizar la impunidad de los administradores de Valmor por su mala gestión, y tampoco para que el jefe del Consell decida a quien se aplican las leyes", ha indicado Martínez, que ha apuntado que "el único motivo de Fabra para salvar la Fórmula 1 es tapar las irregularidades" de la misma.
   Además, ha apuntado que siempre que han pedido información sobre la deuda de la Fórmula 1, el Consell ha contestado que esa información es "confidencial" y ha acusado al PP de presunta financiación irregular "bajo el paraguas de la opacidad y escondidos en las cláusulas de confidencialidad".
   Por ello, ha lamentado el rechazo del PP a la creación de las comisiones de investigación tanto sobre Valmor y como sobre el caso Nóos propuestas por los socialistas, ya que suponen "la única vía" que le queda a la oposición para ejercer el control al Ejecutivo y ha asegurado que ahora "la solución es esa o ir directamente a los juzgados para denunciar las tropelías y fechorías del PP".
   A su juicio, lo que ocurre en el Parlamento valenciano "no sucede en ningún otro parlamento europeo", en referencia al número de diputados del PP imputados en presuntos casos de corrupción, algo que "hace necesaria la investigación" también en sede parlamentaria.

El Gobierno niega que las CC AA hayan ralentizado su contabilidad

MADRID.- El Gobierno niega que las comunidades autónomas hayan ralentizado la contabilidad de sus gastos corrientes y sus transferencias para poder alcanzar el objetivo de déficit que tenían fijado el año pasado (1,5%) y además descarta también impulsar enajenaciones de inversiones reales para que los gobiernos regionales incrementen sus ingresos.

   Así lo asegura en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, que el pasado mes de noviembre alertó de que, según el cuarto informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los gobiernos regionales estaban aplicando la técnica contable de la ralentización para "no disparar" su déficit.
   Además, la formación magenta avisaba de que, de ser ciertas esas acusaciones, todas las previsiones macroeconómicas del Gobierno podrían verse "distorsionadas".
   Sin embargo, el Gobierno afirma en su contestación, que "no se ha detectado ninguna ralentización de contabilidad a efectos de distorsionar previsiones de cumplimiento de déficit por parte de las comunidades autónomas" y además asegura que "no se ha elaborado ninguna medida que impulse la enajenación de inversiones reales para aumentar los ingresos" de estas administraciones.