martes, 4 de diciembre de 2012

El paro baja en 3.101 personas en la Comunitat Valenciana en noviembre hasta los 574.939 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 3.101 desempleados en noviembre en la Comunitat Valenciana, un 0,54 por ciento menos respecto a octubre, lo que situó la cifra total de parados en las 574.939 personas. La Comunitat Valenciana fue la única de España en la que el desempleo descendió en noviembre.

   Por contra, según datos del Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 74.296 desempleados en noviembre, un 1,5% respecto a octubre, lo que situó la cifra total de parados por encima de los 4,9 millones, nuevo récord del registro.
   En concreto, el desempleo alcanzó al cierre de noviembre la cifra de 4.907.817 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Por provincias, en Alicante es la única donde el paro ha aumentado hasta situarse en los 228.287 desempleados,  2.491 más que en octubre, 1,10 por ciento más, mientras que en Castellón ha descendido hasta los 62.360 parados, 2.260 personas menos, un 3,50 por ciento menos. En Valencia el paro queda en los 284.292 desempleados, 3.332 menos, lo que supone un 1,16 por ciento menos que en octubre.
   De los 574.939 parados de la Comunitat 283.384 son hombres y 291.555 mujeres y por edades 53.245 son menores de 25 años, 28.467 de ellos chicos y 24.778 chicas. Respecto al número de parados extranjeros en la Comunitat Valenciana hay 81.227, lo que supone un total de 907 menos que el pasado mes de octubre, un 1,10 por ciento menos.
  El mayor descenso del paro se registró en el sector de la Construcción con 1.791 parados menos hasta los 84.098, seguido del de Industria en el que 1.020 personas dejaron las listas del paro con lo que el número total de desempleados se situó en 91.248. Por su parte en Agricultura bajó en 1.005 hasta los 16.112 y en el Colectivo de Sin Empleo Anterior descendió en 71 hasta los 36.008. El único en el que el paro aumentó fue Servicios en 786 personas hasta los 347.473.
  En la Comunitat Valenciana en noviembre se efectuaron 125.720 contratos 13.858 menos que el mes anterior, lo que supone un 9,93 por ciento menos. De las nuevas contrataciones 10.891 fueron indefinidas y 114.829 temporales

La Comunitat registra un déficit del 0,59% del PIB

MADRID.- La Comunitat Valenciana ha registrado un déficit de 597 millones, el 0,59 por ciento del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), ha contabilizado un déficit de 1.617 millones de euros, el 1,6 por ciento del PIB.

   En términos de Contabilidad Nacional, todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25 por ciento) y Asturias (+0,63 por ciento). Los déficit más destacados se registraron en Murcia (-2,23 por ciento) y Navarra (-2,04 por ciento), en este último caso, por razones de calendario, que superan el objetivo previsto para este año, por delante de Extremadura (-1,40 por ciento) y Andalucía (-1,35 por ciento).
   A continuación se han situado Cataluña (-1,26 por ciento), Canarias (-1,21 por ciento), Galicia (-1,17 por ciento), Cantabria (-1,08 por ciento), Aragón (-0,85 por ciento), Castilla y León (-0,80 por ciento), Madrid (-0,79 por ciento), Castilla-La Mancha (-0,76 por ciento), la Comunitat Valenciana (-0,59%), Baleares (0,33 por ciento) y La Rioja (-0,24 por ciento).
   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, donde ha explicado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo" y que los resultados logrados hasta la fecha permiten pensar que "se puede conseguir el objetivo" de déficit de las comunidades para 2012, que se sitúa en el 1,5 por ciento del PIB, pero no lo garantizan.
   En total, las comunidades autónomas registraron un déficit de 9.790 millones, el 0,93 por ciento del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos contabilizaron un déficit de 11.978 millones de euros, el 1,14 por ciento del PIB.
   Esta cifra de déficit es superior a la registrada al término del primer semestre, que en términos de Contabilidad Nacional se situó en el 0,77 por ciento del PIB.
   "Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5 por ciento es fundamental para salir de esta crisis", ha dicho el ministro.
   Por ello, Montoro ha asegurado que el Gobierno sigue sin tener en mente nuevas medidas de control del déficit para este año, pero reclamará por carta "una por una" a todas las comunidades autónomas que cumplan los ajustes comprometidos en sus planes económico-financieros. "Tienen obligación de cumplir el programa", ha añadido.
   En este punto, Montoro ha señalado que el riesgo de incumplimiento del déficit "no es coincidente" con la posición que ocupa cada comunidad autónoma y que "alguna con situación aparentemente más cómoda también está en riesgo", de ahí el envío generalizado de cartas.
   Por otro lado, el ministro de Hacienda ha recalcado que cuando se conozcan los datos definitivos de ejecución presupuestaria a final de año será el momento de valorar quien ha incumplido y si es preciso aplicar las sanciones que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La Audiencia declara prescrita la condena impuesta a Tabares por la estafa del 'caso IVEX'

VALENCIA.-   La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha declarado prescrita la condena impuesta al ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, condenado a cinco años de prisión por estafar entre seis y nueve millones de euros al instituto.

   El exalto cargo de la Generalitat se encuentra en paradero desconocido desde que fue condenado a cinco años de prisión, en una sentencia dictada en mayo de 2005 por la Audiencia de Valencia, que luego confirmó el Tribunal Supremo en 2006.
   Por este motivo, el tribunal valenciano ha declarado prescrito el delito y ha acordado dejar sin efecto la orden europea de detención contra él y las requisitorias practicadas para localizarle y obligarle a cumplir la pena.

Jueces de Primera Instancia de Valencia acuerdan anular "cláusulas abusivas"

VALENCIA.- Jueces de Primera Instancia del partido judicial de Valencia han acordado en la Junta de Jueces que en los procesos monitorios, en los procesos declarativos, así como en los de ejecución hipotecaria y de títulos extrajudiciales, se procederá, incluso de oficio y en cualquier momento del proceso, siempre que concurran "suficientes elementos de juicio", a la anulación de "las cláusulas abusivas que lesionen los derechos de los consumidores, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer sus pretensiones respecto a las mismas a través de las vías legales oportunas".

   Los jueces de primera instancia de Valencia han alcanzado este acuerdo conforme a la Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de protección del consumidor, teniendo en cuenta las recientes resoluciones de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo en la materia, y sin perjuicio de las circunstancias que concurran en el caso concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
   En concreto, en lo relativo a las cláusulas que establezcan intereses moratorios, y con el fin de establecer una pauta orientativa, la Junta de Jueces acuerda por unanimidad que procederá a declararlas nulas de oficio, cuando establezcan intereses que excedan del límite establecido en el articulo 20 de la Ley 16/2011 de 24 de junio de Contratos de Crédito al Consumo en el caso de descubiertos en cuenta corriente.
   En los demás supuestos que queden fuera del ámbito de dicha norma, singularmente en el caso de préstamos personales o garantizados con hipoteca, ante la falta de previsión legal expresa y en aras a una deseable uniformidad, se considerarán nulas dichas cláusulas si el interés moratorio excede del cuádruplo del interés legal del dinero vigente al tiempo del contrato.
   Es decir, en la junta del lunes, por unanimidad de los 20 magistrados representados en la misma, de los 22 de Primera Instancia no especializados, se acordó la intervención de oficio por parte de los jueces para valorar como "abusivas" las cláusulas de determinados contratos --préstamos hipotecarios y personales-- de los que se pueden derivar procesos monitorios, de ejecución hipotecaria o de títulos extrajudiciales. En concreto,  la penalización que se impone como interés de demora cuando una cuota o un plazo, se abona tarde o no se abona.
   La intervención de oficio tiene numerosas resoluciones, tanto en las Audiencias Provinciales como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esas resoluciones establecen la obligación de los jueces a actuar de oficio para declarar abusivas las cláusulas que castigan el impago de cuotas en los procedimientos relacionados con el consumo.
   La Junta del lunes ha servido para fijar un criterio en cuánto al interés a partir del cual podría considerarse una cláusula como "abusiva". La ley fija 2,5 veces el interés del dinero en los casos de descubierto en cuenta corriente. Pero no fija cuál es el límite de la sanción que podría imponerse en los casos de retraso en el pago o de impago. Y es exactamente ahí donde las Audiencias Provinciales fijan porcentajes, límites, muy diversos.
   Por ello, teniendo en cuenta la jurisprudencia, los jueces han considerado conveniente fijar un límite orientativo para considerar abusivas cláusulas superen cuatro veces el interés del dinero. Es decir, podrá evaluarse la condición de abusiva de una cláusula que imponga una sanción por la demora en el pago o por el impago de más del 16 por ciento, ya que el interés del dinero es en este momento del 4 por ciento.
   En la Junta de Jueces de ayer se acordó que este criterio asumido por unanimidad se aplicaría teniendo en cuenta el conjunto de características del procedimiento. El acuerdo es uno más de los 90 que se han ido estableciendo en distintas materias desde 2007 y afecta a todos aquellos procedimientos que afectan al consumo de bienes y servicios.

Economistas de la Comunitat auguran ligeras mejoras tras haber "tocado fondo" con los ajustes de la construcción

VALENCIA.-   Los economistas de la Comunitat Valenciana auguran que la economía autonómica experimentará ligeras mejoras en el primer semestre de 2013 tras haber "tocado fondo" con los ajustes de la construcción, el crecimiento de las exportaciones y la buena salud del turismo, en palabras del decano del Colegio de Valencia, Leopoldo Pons. 

   En cualquier caso, las previsiones de este colectivo "continúan siendo muy bajas" y, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat, existe "poca confianza en que se produzca una recuperación a corto plazo, aunque sí una mejora respecto a la valoración actual".
   En concreto, estos profesionales auguran una leve mejora de 0,8 puntos para la economía de la Comunitat y de 0,13 puntos para la española, en un momento en que ambas se encuentran "lejos del aprobado" con un 2,54 y un 3,32 sobre diez, respectivamente. En su opinión, "la situación económica regional es tan mala que solamente puede mantenerse o mejorar ligeramente, mientras que la española, aun siendo muy mala, hay una percepción de que todavía no se ha tocado fondo", ha apuntado el decano de Alicante, Francisco Menargues.
   Por grupos de actividad, todos mantienen una visión negativa respecto a la evolución de la economía en el corto plazo, aunque aumenta el pesimismo de los economistas del sector público.
   Junto al intenso reajuste que "ya se ha hecho" en el sector de la construcción, el aumento de las exportaciones y el mantenimiento del turismo como "una baza muy importante" de la Comunitat, Pons ha aludido asimismo al "impacto demoledor" sufrido por la economía valenciana por la "gran crisis bancaria", que ha tenido a las entidades valencianas como "las más afectadas" de este proceso. "Hemos tocado suelo en esa vorágine de caída en la que habíamos estado inmersos", ha resumido Leopoldo Pons.
   En cuanto a la situación de Banco de Valencia, se ha mostrado convencido de que la "solución" dada con la adjudicación a CaixaBank "será muy positiva, siempre que se mantenga como el icono que ha sido siempre dentro del tejido empresarial e industria valenciano".
   Los tres decanos han valorado ese desenlace y confían en que pueda mantener su marca dado su arraigo territorial, punto en el que el representante de Alicante ha admitido que están "tristes porque con la CAM no ha podido ser así". Sobre este tema, Pons ha destacado la "enorme importancia" para la economía de la Comunitat de "tener un banco con tradición, que conoce al pequeño empresario y que, además, es el único banco valenciano en estos momentos", y se ha mostrado seguro de que lo han adquirido "pensando en mantener esas ventajas".
   Respecto al impacto en Aguas de Valencia, ha indicado que "siempre ha tenido un difícil maridaje", pero "las variaciones societarias no han afectado a la vida de la sociedad de manera determinante", en términos de prestación de servicios y actividad económica. En este sentido, Pons considera que la entrada del grupo de la Caixa "no varía esa situación de equilibrios y reequilibrios que Aguas de Valencia ya hizo cuando entraron otros accionistas, que tenían a su vez posiblemente también otros intereses con otras compañías que incluso podrían tener hasta fronteras de conflicto de interés".
   De los 1.020 economistas alicantinos, castellonenses y valencianos que han participado en la octava edición de esta encuesta, el 91,74 por ciento opina que la economía valenciana está peor que hace un año, frente a un 0,98 por ciento que considera que está mejor. Además, el 66,18 por ciento considera que su situación personal ha empeorado, la cifra más alta desde que se realiza esta encuesta.
   La encuesta recoge que el paro se mantiene como el problema que más preocupa a los economistas de la Comunitat, para un 82,55 por ciento de los encuestados, seguido de la evolución de la demanda, con un 69,61 por ciento, y de la inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana, con un 39,31 por ciento.
   Preguntados por las medidas que el Gobierno podría tomar en consideración en la reforma del modelo de financiación autonómica, los economistas abogan por una revisión de la cuantificación de las necesidades de gasto de las comunidades, así como por el tratamiento de competencias autonómicas de forma unificada y la revisión anual del fondo de suficiencia.
   También se han pronunciado sobre el conocido como 'banco malo', que gestionará los activos tóxicos de la banca por valor de entre 85.000 y 90.000 millones, y el 53,75 por ciento de los encuestados ve con buenos ojos su puesta en marcha, frente al 13,71 por ciento que está completamente en contra y un 22,49 por ciento que duda de que pueda sanear los balances y beneficiar a empresas y consumidores.
   En cuanto a si sería efectivo que el Ecofin, consejo formado por los ministros de Economía de la Unión Europea, tuviera un interlocutor único con el BCE, el 36,92 por ciento de los economistas se muestra completamente de acuerdo, el 35,54 de acuerdo pero con reservas y un 6,71 por ciento rechaza esta propuesta. Además, un 49,90 por ciento está de acuerdo con que el Banco Central Europeo debería ejercer las funciones de "prestamista de última instancia" e intervenir en el mercado secundario de deuda pública, el 37,70 por ciento parcialmente de acuerdo y un 6,71 por ciento en contra.

El nuevo fiscal jefe de Castellón, "disgustado" porque casos como el de Fabra se dilatan "excesivamente"

CASTELLÓN.- El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha mostrado este martes su "disgusto" por la dilación en el tiempo de asuntos como el 'caso Fabra', y ha señalado que la respuesta en los procedimientos "tiene que ser rápida".

   Cuesta ha realizado estas declaraciones tras el acto de toma de posesión como nuevo fiscal jefe de Castellón, al ser preguntado por los medios por su opinión sobre los nueve años que lleva en los juzgados la causa en la que el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, está imputado por el caso 'Naranjax'.
   Al respecto, ha indicado que "los tipos de respuesta tienen que ser rápidos y soy el primero disgustado en éste y otros muchos asuntos en que la tramitación de una causa se dilata excesivamente en el tiempo".
   Asimismo, ha apuntado su preocupación respecto a que los juzgados de lo penal estén "prácticamente" saturados de trabajo y que se estén haciendo juicios a tres o cuatro años desde que ocurrió el hecho delictivo, "pues es una situación a la que hay que poner remedio cuanto antes", ha añadido.
   Además, José Luis Cuesta ha afirmado que "urge" la reforma del proceso penal, así como la necesidad de "avanzar en la especialización del Ministerio Fiscal". En este sentido, ha alabado la labor de su antecesor, Javier Carceller, en la creación de las secciones especializadas".
   Preguntado por la nuevas tasas judiciales, ha explicado que "tal y como mantienen todas las asociaciones, son excesivas y puede llegar un momento en que se limite el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos", por lo que considera que debe "mirarse con cierto cuidado"
Finalmente, interpelado sobre si la Fiscalía continuará con las denuncias por la caza con "parany", ha manifestado que "se aplicará la ley".

Las Corts remiten al TSJCV el vídeo con la supuesta filtración de Vela a Blasco

VALENCIA.- Las Corts Valencianes enviaron ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el vídeo del pleno del pasado 20 de noviembre grabado por los servicios de la Cámara, en el que se observa cómo el exconseller de Hacienda y Administración José Manuel Vela entrega un sobre supuestamente con documentación sobre el 'caso de Cooperación' al diputado 'popular' Rafael Blasco, imputado en esa causa, según han informado fuentes parlamentarias. 

   De esta manera, la Cámara autonómica cumple con la solicitud del magistrado del TSJCV José Flors --que instruye la investigación de la supuesta filtración a Blasco del informe del Interventor General de la Generalitat sobre el 'caso de Cooperación'--, quien reclamó la grabación del vídeo, así como que se identificara al diputado que hace de intermediario entre Vela y Blasco en la entrega del sobre.
   En concreto, la Cámara identifica como esa persona a la parlamentaria 'popular' María Fernanda Vidal, que ocupa un escaño en la parte superior izquierda al del exconseller y por debajo del de Blasco.
   Por otro lado, la Mesa de las Corts ha aprobado este martes remitir la misma grabación al grupo de trabajo del Consell encargado de practicar las diligencias necesarias para determinar la existencia de la presunta filtración de un informe emitido por el Interventor General de la Generalitat, a instancias del juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia.
   El Gobierno valenciano dio de plazo hasta este 4 de diciembre para entregar la grabación al grupo de trabajo, que está formado por el subsecretario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con las Corts de la Conselleria de Presidencia y la subdirectora general de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

El PP rechaza retirar la Alta Distinción de la Generalitat a Calatrava por inexistir un reglamento que lo contemple

VALENCIA.- El grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes ha rechazado retirar la Alta Distinción de la Generalitat concedida a Santiago Calatrava por la inexistencia de un reglamento que contemple este tipo de acciones y "por la falta de motivos", según ha indicado el diputado 'popular' Rubén Ibáñez ante la proposición no de ley (PNL) presentada por EUPV para la "revocación inmediata y con carácter indefinido" de esta distinción al arquitecto valenciano.

   Ibáñez ha indicado durante la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat que el decreto de estos premios que se aprobaron en 1986 "no viene regulado el procedimiento para la revocación de esta distinción". Al mismo tiempo ha indicado que entiende que "se pida una regulación de ese decreto" como ha solicitado el diputado del PSPV, Rafael Rubio.
   El diputado 'popular' se ha preguntado que si no existe un reglamento "en base a qué se le retiraría la alta distinción". "Normativamente no hay ningún motivo por el que se le pueda quitar la distinción. ¿Habría que quitarle el Príncipe de Asturias?, pero hay que ser justo y honesto con la situación real", ha manifestado.
   Ibáñez considera que la obra de Calatrava ha supuesto para la Comunitat Valenciana "una lanzadera importante de cara al exterior". Además, ha añadido que gracias al arquitecto al diputado de EUPV que ha defendido la PNL, Ignacio Blanco, "le ha supuesto una lanzadera internacional y le ha venido bien".
   "Ha pretendido estirar el chicle, le da juego político para seguir hablando de Calatrava y para tener ese espacio mediático al que todavía le cabe un poco más", ha apuntado el diputado del PP, a lo que Blanco le ha respondido que es "un chicle de 1.300 millones de euros" que le ha costado a los valencianos.
   El diputado de EUPV ha justificado la revocación de la Alta Distinción de la Generalitat porque "serviría para recuperar la dignidad" porque Calatrava "ha trabajado por sus intereses particulares y no por los de la Comunitat, y lo ha hecho con la complicidad del Partido Popular". Calatrava fue premiado en octubre de 2005. "Esta Alta Distinción se le concidió por parte del entonces presidente Camps, que por cierto es el único expresidente que no la tiene, gracias al buen juicio del Gobierno de Fabra", ha matizado.
   Blanco ha apuntado que en 2005 ya se conocían "muchos problemas" de los trabajos de Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias como son "inundaciones, mala climatización, mala iluminación y mal funcionamiento en general". Además ha destacado que Calatrava ha cobrado el 12 por ciento de la cantidad final de los proyectos "y lo ha hecho eludiendo la fiscalidad española al cobrar en Suiza".
   Por este motivo, cree que premiar a una persona que "elude impuestos y que no paga su contribución en su país" es un signo de "mentalidad tercermundista" con el que "hay que acabar". El diputado de izquierdas ha hecho un repaso de los desvíos presupuestarios en los proyectos de este arquitecto en Valencia y los sobrecostes para la Generalitat que han ido desde el "77 por ciento del Hemisferic, al 150 por ciento del Museo, pasando por el 130 por ciento en el  Umbracle".
   La diputada de Compromís en la comisión, Mónica Oltra, ha apoyado que se le retire la Alta Distinción y que "no se mantenga la complicidad con el arquitecto de la Corte". Desde Compromís ya se propuso crear una comisión auditora sobre los trabajos de Calatrava "por actuaciones que solo han beneficiado a unos pocos".
   Oltra ha apuntado que "lo que la gente quiere es que devuelva el dinero que se ha llevado de los valencianos por sobrecostes debidos a fallos de diseño técnico". Además ha solicitado que la Generalitat inicie "un proceso de lesividad porque los sobrecostes de sus fallos no tienen que pagarlos los ciudadanos".
   El diputado de PSPV, Rafael Rubio, considera que la revocación de la Alta Distinción es un tema "complejo" porque no hay ningún reglamento en el que se contemple la retirada de una distinción o premio. Por este motivo, cree que "correspondería rellenar este vacío" y ha pedido que "se regule".
   Rubio ha indicado que el problema no es que Calatrava cobre el 10 por ciento del valor del proyecto, "el problema es que hay algún pardillo que se lo pague".
 "Se han hecho obras como el Ágora que nadie sabe para qué se ha hecho", ha añadido. Además ha señalado que La culpa de los sobrecostes es "en parte de Calatrava y en parte de los que tenían que vigilar las obras por parte de la Administración".
   El diputado socialista ha dejado en el aire que "a lo mejor no habría que quitárselo solo a Calatrava, sino también a otros que han hundido el sistema financiero valenciano", a lo que Blanco ha apostillado que se le debería de revocar la Alta Distinción a José Luis Olivas.

Un administrativo de 'Emarsa' dice que "de la noche a la mañana" se engordaron los archivadores con facturas sin sello

VALENCIA.- Un hombre, que trabajó como administrativo en la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), ha afirmado ante el juez que "de la noche a la mañana", cuando se anunció la disolución de la entidad, se "engordaron" los archivadores de la entidad con facturas que no presentaban sello y sobre las que se desconocía la procedencia.

   Así lo ha puesto de manifiesto este hombre, quien ha declarado en calidad de testigo en el juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, dentro del conocido como 'caso Emarsa'.
   Este hombre ha explicado que entró a trabajar en Emarsa en 1999, "referenciado por ciertas personas políticas, como todo el mundo que entrábamos allí", ha dicho. Una vez dentro, desarrolló tareas como administrativo, y luego pasó al departamento de Sistemas, donde se encontraba Juan Carlos Gimeno, imputado en el procedimiento.
   Con la salida de Gimeno de la empresa, el hombre --quien ha indicado que realizó varios cursos en la entidad-- pasó a ser comercial, y también hizo la sustitución del ordenanza que llevaba el coche. En este punto, ha indicado que fue dos o tres veces a la oficina de Eva Marsal, que era de azafatas, para llevarle "sobres" que le daba el entonces director financiero, Enrique Arnal.
   Preguntado por las facturas de los proveedores, ha comentado que "de la noche a la mañana" los archivadores "engordaron", y esto fue cuando se comunicó que iban a disolver Emrsa y que ya venía la UTE. "Nos asustamos y las revisamos y vimos que ninguno --en referencia a otra compañera-- de los dos habíamos puesto allí facturas que había". Ha indicado que las facturas se debieron incluir "en una tarde o en una noche, cuando no estábamos", y correspondían al intermedio entre un año y otro.
   "Las que tenían el cuño yo sabía que eran mías y estaban en el libro oficial, y el libro tiene que estar, y había otras que no tenían el sello y había bastante", ha indicado al respecto. Interpelado por si pidió alguna explicación, ha señalado que en ese momento le dijeron a Arnal: 'Enrique, esto qué es, esto no lo hemos puesto nosotros', y él contestó: 'ah, yo que se, arregladlo, haced más archivos'. Pero ha dicho que ellos no tocaron nada.
   El hombre --quien ha mantenido que los que "mandaban" en Emarsa eran el exgerente, Esteban Cuesta, y el exinformático, Sebastián García, conocido como 'Chanín'-- ha reiterado que él era el único que colocaba el sello de registro del Departamento de Contabilidad, y si estaba de baja, lo hacían otros tres compañeros. Ha afirmado que las facturas les llegaban "limpias" y ha señalado que el primer sello que se colocaba era el del Departamento de Contabilidad. También ha afirmado que las facturas se archivaban "todos los días" por orden alfabético.
   Así, durante el interrogatorio, tras exhibirle diferentes facturas del Grupo Mas, de Arrima o de Ageiron, entre otras mercantiles, el hombre ha indicado que éstas no pasaron por su departamento, ya que en las mismas no figuraba el sello.

Las CC.AA. registran un déficit del 1,14% del PIB hasta septiembre

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron un déficit de 9.790 millones, el 0,93% del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), contabilizaron un déficit de 11.978 millones de euros, el 1,14% del PIB.

   Esta cifra de déficit es superior a la registrada al término del primer semestre, que en términos de Contabilidad Nacional se situó en el 0,77% del PIB.
   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, donde ha explicado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo" y que los resultados logrados hasta la fecha permiten pensar que "se puede conseguir el objetivo" de déficit de las comunidades para 2012, que se sitúa en el 1,5% del PIB, pero no lo garantizan.
   "Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5% es fundamental para salir de esta crisis", ha dicho.
   Por ello, Montoro ha asegurado que el Gobierno sigue sin tener en mente nuevas medidas de control del déficit para este año, pero reclamará por carta "una por una" a todas las comunidades autónomas que cumplan los ajustes comprometidos en sus planes económico-financieros. "Tienen obligación de cumplir el programa", ha añadido.
   En este punto, Montoro ha señalado que el riesgo de incumplimiento del déficit "no es coincidente" con la posición que ocupa cada comunidad autónoma y que "alguna con situación aparentemente más cómoda también está en riesgo", de ahí el envío generalizado de cartas.
   Por otro lado, el ministro de Hacienda ha recalcado que cuando se conozcan los datos definitivos de ejecución presupuestaria a final de año será el momento de valorar quien ha incumplido y si es preciso aplicar las sanciones que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   En términos de Contabilidad Nacional, todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25%) y Asturias (+0,63%). Los déficit más destacados se registraron en Murcia (-2,23%) y Navarra (-2,04%), en este último caso, por razones de calendario, que superan el objetivo previsto para este año, por delante de Extremadura (-1,40%) y Andalucía (-1,35%).
   A continuación se situaron, Cataluña (-1,26%), Canarias (-1,21%), Galicia (-1,17%), Cantabria (-1,08%), Aragón (-0,85%), Castilla y León (-0,80%), Madrid (-0,79%), Castilla-La Mancha (-0,76%), Comunidad Valenciana (-0,59%), Baleares (0,33%) y La Rioja (-0,24%).

Soria asegura que Paradores iría a la suspensión de pagos si no se hace un ERE

GETAFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la empresa Paradores iría a una situación concursal y de suspensión de pagos si no se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se procede al cierre transitorio de algunos paradores nacionales.

   Soria ha señalado que la empresa Paradores, en el año 2004, tenía una situación de tesorería positiva de unos 45 millones de euros que tenía invertidos en bonos del Tesoro pero que, a finales del año 2011, esa situación ya no solo no es positiva sino que es "una situación de tesorería negativa de 113 millones de euros".
   Por ello, el ministro de Industria ha apuntado que ahora se encuentran ante la tesitura de hacer un ERE y "proceder al cierre transitorio de algunos paradores, o bien, proceder a una situación concursal y de suspensión de pagos".
   "El Gobierno cree que Paradores Nacionales es y debe seguir siendo una marca de referencia en el sector turístico español, por lo que el objetivo es salvar la empresa aunque hay que adoptar unas medidas ciertamente dolorosas como es un ERE", ha advertido el ministro tras ser preguntado por este asunto durante la inauguración de la fábrica de Loewe, en Getafe.

El Gobierno defiende convertir cajas en fundaciones para controlar a los bancos

BRUSELAS.-   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que las cajas de ahorros que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen progresivamente en fundaciones y ha dicho que de este modo podrán seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen.

   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   El Gobierno está elaborando la norma para aplicar este requisito, que se realizará en "plazos suficientemente dilatados", de años, para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". "Se van a establecer como tramos para definir la posición real de lo que es la caja como accionista del banco al cual ha transferido la actividad bancaria", ha señalado.
   "Lo que busca fundamentalmente la norma es que estas cajas de ahorros se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial. Eso es lo que va a buscar la norma y eso es lo que estamos viendo con la Comisión, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional", ha explicado Guindos en rueda de prensa tras participar en el Ecofin.
   Una vez que las cajas se conviertan en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. "Es cierto", ha confirmado el ministro de Economía.
   "Aquí el principio básico es que no tiene sentido que una caja de ahorros, que es una entidad de crédito, que ha transferido todo su negocio bancario a un banco, sea la que controle el banco. Porque la actividad bancaria tiene que estar centralizada en una entidad que tiene que ser el banco", ha indicado Guindos.
   La norma que negocia el Gobierno con la troika establecerá las condiciones para crear cajas de ahorro a futuro, con "limitaciones desde el punto de vista geográfico" y un "gobierno corporativo" que "sea mucho mejor para evitar los problemas que tuvimos en el pasado".

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.
   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".
   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.
   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.
   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".
   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".
 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Torres-Dulce manifiesta su compromiso contra la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero" frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".

   Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
   Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica."  
   Para Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia  y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
   Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
   En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos
   A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.
   Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias en un 44 por ciento. Las causas por  malversación de caudales públicos durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
   Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
   Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.
   Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.
   Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del Ministerio Público.
   Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.  
   Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
   De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.
   La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.    

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".
   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.
   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.
   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.
   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.
   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.
   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.
   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.
   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).
   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.
   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.
   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.
   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.