lunes, 5 de marzo de 2012
El PSPV dice que 183.000 viajeros del Euromed en un año "avalan" la rentabilidad del Corredor Mediterráneo
CASTELLÓN.- La vicesecretaria provincial y coordinadora del grupo interinstitucional del PSPV, María José Salvador, ha afirmado este lunes que los 183.000 viajeros que utilizaron el año pasado el Euromed con origen y destino Castellón "avalan" la rentabilidad del Corredor Mediterráneo y demuestran que es "absolutamente prioritario para nuestro futuro".
La diputada autonómica ha contrastado esta cifra con los 85.000 viajeros que tuvo el tren Alvia de Castellón a Madrid, lo que --en su opinión-- "demuestra" que el Corredor Mediterráneo es "mucho más importante" para Castellón que la conexión con Madrid.
"De ahí la importancia de no de ceder ni un ápice en nuestro esfuerzo por reivindicar una infraestructura vital para el futuro de nuestra Comunitat y nuestra provincia, frente a la nueva alianza contra el Corredor que está impulsando el PP al apostar por el eje central que lo único que conseguirá es que ni se haga la travesía transpirenaica ni nuestro corredor", ha dicho.
Salvador ha recordado que la reunión de la semana pasada entre el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se quedó en "una simple fotografía, sin ningún compromiso firme ni ninguna declaración contundente de Rajoy garantizando la ejecución del Corredor".
La también diputada autonómica ha calificado de "muy preocupante" que "mientras Fabra no conseguía ningún compromiso firme de Rajoy, los presidentes de Aragón, Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha celebraban con la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el propio ministerio, la recuperación del Eje Central, que supone el mayor riesgo que ha tenido hasta ahora el Corredor Mediterráneo".
Salvador ha insistido en que si el PP quiere defender los intereses de la Comunitat Valenciana y de la provincia, "no debe quedarse solo con las fotografías ni con bonitas palabras", sino que "tiene que impulsar iniciativas institucionales contundentes para que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga claro que no vamos a permitir que se nos castigue de nuevo, como ocurrió en el 2002, cuando el Gobierno de Aznar borró del mapa de los ejes prioritarios europeos el Corredor".
"Hemos tardado casi diez años en volver a incluirlo, gracias al impulso decidido del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el PP está ahora a punto de tirar al traste todo este trabajo", ha añadido.
Por este motivo, la vicesecretaria provincial considera "especialmente preocupante" que hace apenas una semana, el PP votara en contra de la propuesta socialista en la Diputación de instar al Gobierno a modificar el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (Pitvi) para contemplar las inversiones pendientes en la provincia. Para Salvador, "con este tipo de conductas, el PP está permitiendo a Rajoy que paralice nuestras infraestructuras".
La propia Salvador pidió a Alberto Fabra que convocara una nueva cumbre de alcaldes del Arco Mediterráneo, como la celebrada en septiembre de 2007, para "dejarle claro" a Rajoy que los socialistas no van a permitir "retrasos" y "mucho menos" que paralicen el Corredor.
Piden contundencia
Los empresarios de la Comunitat Valenciana piden al Consell que muestre "una contundencia que hasta ahora no ha habido" a la hora de reivindicar ante el Gobierno la importancia del Corredor Mediterráneo y de exigir las inversiones necesarias para que esté ejecutado en 2015. "Tienen que hacer todo el ruido que haga falta porque otras comunidades sí que hacen ruido y van allí y se hacen la foto y escenifican la presión", ha remarcado el presidente de ProAVE, Federico Félix, que asegura que le "pincharán" al Consell para que también lo haga y "se note esa contundencia".
Así lo ha señalado este lunes en la presentación en rueda de prensa del estudio 'Efectos del Corredor Mediterráneo en la competitividad de la economía de la Comunidad Valenciana', junto al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, el presidente de la APV, Rafael Aznar, y el catedrático de la UV y director del estudio, César Camisón.
Félix ha reconocido que no les hizo "ninguna gracia" el reciente encuentro entre la ministra de Fomento, Ana Pastor, y los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, aunque "forma parte de las reglas del juego" y lo aceptan como parte de su defensa del Corredor Central. De hecho, han solicitado una reunión con Pastor y le remitirán hoy mismo el estudio, que contiene cifras "lo suficientemente contundentes como para no dejar estar este tema".
"Vamos a pelear hasta donde haga falta", ha advertido Félix, que pretende "movilizar a la sociedad valenciana, que no es tan fácil".
Boluda ha constatado que les "toca presionar para que el Gobierno central se comprometa y adquiera compromisos para llevar adelante la construcción del Corredor Mediterráneo" y que lo haga, ha precisado Félix, "en el plazo adecuado, en el umbral de 2015, porque a partir de ahí podemos perder mucha competitividad y seguramente la deslocalización de algunas empresas muy importantes para nosotros", además de "entre el 40 y el 50 por ciento" de la producción agraria.
El presidente de la APV también ha alertado de que sin esa infraestructura en plazo, "está en riesgo clarísimamente" el actual posicionamiento de la Comunitat como plataforma logística.
En este sentido, Camisón ha remarcado que "las administraciones competentes deben marcar ya una agenda que asegure, tanto desde un punto de vista financiero como técnico, la finalización del Corredor Mediterráneo en 2015" y que la "presión" de la sociedad civil debería ir encaminada a lograr que en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014 "se asegure la financiación necesaria para bajar la frontera del sur de Tarragona hasta el sur de la Comunitat", unos 5.400 millones.
Según el director del estudio, en 2012 es necesario que "se consignen los recursos necesarios para licitar sin más demoras los trayectos entre Tarragona y Castellón, de los cuales nada ha dicho hasta ahora de manera explícita el Ministerio de Fomento", con lo que "la cifra no debería de bajar de 2.000 millones", y que además, "se asegure" que los 800 millones anunciados para la conexión entre Castellón y Valencia "también queden consignados" este año.
En cuanto a la compatibilidad de todos los corredores considerados prioritarios y en concreto del Mediterráneo y el Central, Camisón ha señalado que la "inquietud" existente se ve avalada por la diferencia entre los 19.000 millones que cuesta el eje mediterráneo --5.400 millones sólo para bajar la frontera-- y los 7.300 millones que Fomento prevé presupuestar hasta 2024. "Estamos muy lejos", ha dicho.
Respecto a los 77.400 millones de euros incluidos en el Plan Nacional de Infraestructuras que se aprobará en julio, aboga por "priorizar la asignación de dinero para destinarlo a aquellas obras que tienen una mayor rentabilidad económica y una mayor utilidad social", punto en el que ha defendido que el Corredor Mediterráneo "ofrece un nivel de rentabilidad económica y social incontestable".
Es más, ha subrayado que la Comunitat Valenciana "cuando recibe dinero, le sabe extraer más jugo, más productividad, que otras que en cambio han sido históricamente más beneficiadas".
"El problema es cómo se reparte ese pastel". "Habrá que hacer presión para lograr una distribución interna hacia proyectos con mayor rentabilidad económica y social y cuestionar otros que quizá en este momento no la tengan", ha apuntado Camisón, que ha cuestionado que cerca de 55.000 de esos 77.400 millones de euros se destinen a "acabar proyectos AVE por todo el territorio español".
Todos han coincidido en que el eje puede estar ejecutado en 2015 si recibe los fondos pertinentes y, en este punto, preguntados por la conveniencia de estudiar opciones de financiación público-privada, Félix ha defendido que "bastante hacen" los empresarios con ocuparse de sus respectivos sectores y que la "obligación" es del Gobierno. No obstante, se ha mostrado convencido de que "si dice 'adelante' y necesita colaboración público-privada", habría "inversores privados" interesados en sumarse dada la "rentabilidad" del proyecto.
El estudio --continuidad del presentado hace cinco meses-- subraya precisamente la rentabilidad de ese eje y plantea diferentes escenarios en función de cuando se ejecute, en los que las previsiones "son optimistas hasta 2015 pero a partir de ahí, son más bien agoreras, dramáticas y preocupantes".
Así, prevé que la demanda turística nacional aumentaría un 16,3 por ciento y la internacional un 10,6 por ciento si se acabase en 2015, mientras que de acabarse en 2020, los aumentos serían del 7,8 y del 4,9 por ciento, respectivamente, e incluso se tornarían en caídas del 16,9 y del 12,6 por ciento si no estuviese concluido en 2020.
En la misma línea, el efecto sobre las exportaciones oscila entre un aumento del 23,15 por ciento en caso de que esté en 2015 y del 3,8 por ciento si entra en funcionamiento en 2020; sobre el comercio exterior, del 37,09 por ciento al 6,18 por ciento; sobre el crecimiento anual adicional, del 0,87 por ciento al 0,11 por ciento; y sobre la reducción del paro, del 3,36 por ciento al -0,02 por ciento, al pasar de crear una media de 17.900 empleos anuales si se concluye en 2015 a destruir 1.047 puestos si no está hasta 2020, lo que sería "un castigo brutal para la competitividad" de la Comunitat.
Según el director del estudio, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo también supondrá "un pequeño terremoto" en el transporte de viajeros porque alcanzará "una cuota de mercado del 36 por ciento" en traslados hacia Europa y arrebatará al autobús "hasta un 60 por ciento" de sus usuarios actuales para este tipo de trayectos.
También la CIERVAL
El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha defendido este lunes que el Corredor Mediterráneo es "el corredor prioritario" porque, a su juicio, es lo que indican "el sentido común, la economía y todo lo demás".
El presidente de Cierval ha destacado que el Corredor Mediterráneo es el que tiene "un retorno más rápido, comunica a más gente y transporta más mercancías". Además ha señalado que es el eje "más fácil para acudir a una financiación público-privada y es el que está aprobado en Bruselas".
José Vicente González ha aclarado que la patronal autonómica "no está en contra" del Corredor Central, pero ha insistido en que el Corredor Mediterráneo es el "prioritario y empezando desde arriba hacia abajo, porque lo demás son ganas de marear la perdiz".
El máximo representante de Cierval también ha sido preguntado por los recortes realizados por los Gobiernos central y autonómico. "Hasta ahora estamos hablando de recortar y creo que eso es la mitad de la película", ha apuntado. "Claro que hay que cortar y reducir los gastos, pero hay que hacerlo con las cosas que son improductivas para poder impulsar la economía", ha explicado.
González considera que si solo se hacen recortes, el país "se meterá más en recesión".
"Hacer esa política gusta mucho a los alemanes, pero no ha dado resultado, y solo hay que mirar en Grecia, Irlanda o Portugal. Es una política equivocada", ha asegurado.
El presidente de Cierval ha insistido en que hay que "recortar muchos gastos que sean improductivos", pero luego hay que "estimular" la economía, porque "si no es así, habrá más parados, a los que habrá que pagar, habrá menos gente cotizando, menos gente pagando el IRPF, menos consumo y por tanto menos IVA".
La oposición pide a Fabra que "actúe con mano dura" con los implicados en Gürtel y Brugal y "limpie la Comunitat"
VALENCIA.- Los grupos la oposición en las Corts Valencianes --PSPV, Compromís y EUPV-- han pedido al presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que "actúe con mano dura" con los implicados e imputados en los casos Gürtel y Brugal y que "limpie las Corts y la imagen de la Comunitat".
Estas formaciones políticas se han expresado en estos términos en tres comunicados en referencia a las informaciones que apuntan a la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción una diligencias de Gürtel y Brugal como una trama de financiación irregular.
La portavoz adjunta en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha instado al presidente de la Generalitat a que "actúe ya" y "evite que, por culpa de su partido y de sus compañeros populares valencianos, el Parlamento autonómico esté repleto de imputados por casos de corrupción e investigados por la justicia".
Así, ha lamentado que "hoy los protagonistas de este vergonzante culebrón de la corrupción 'made in Comunitat Valenciana' son los diputados David Serra y Ricardo Costa, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor y también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y un largo etcétera", quienes, a su juicio, "están hundiendo la imagen de la Comunitat, mientras Fabra calla y consiente". "¿Hasta cuándo, señor Fabra?", le ha preguntado.
Ninet ha denunciado que "cada nueva noticia es una nueva vergüenza para los valencianos, castellonenses y alicantinos que ven cómo su autonomía es identificada con la tierra de la corrupción, sin que su presidente haga nada por evitarlo". Por ello, ha reiterado que "una vez más, queremos saber si Fabra va a hacer algo".
En ese sentido, la diputada socialista ha reclamado al jefe del Consell que "además de posar en la foto, ejerza de presidente de los valencianos y de su partido y limpie las Corts y la imagen de la Comunitat de la ristra de corruptos que sientan sus posaderas en los escaños de la Cámara, que representa a todos los valencianos honestos y honrados".
"Los valencianos y valencianas no nos merecemos unos políticos corruptos ni un presidente que no hace nada por remediarlo", ha resaltado Ninet, quien ha advertido de que "mientras Fabra no actúe, la Comunitat seguirá siendo conocida por sus Gürtel, sus Brugal, sus Fabras y sus Emarsas".
Asimismo, el síndic de Compromís, Enric Morera, ha subrayado que las últimas informaciones publicadas sobre Gürtel y Brugal "están en la línea de lo que siempre hemos dicho desde Compromís, que el problema no eran los trajes sino que el fondo de este caso de corrupción es la financiación irregular o ilegal del Partido Popular".
Morera considera "perfecto que finalmente se unan el caso Gürtel y Brugal porque al final se trata de un mismo modus operandi de una misma trama que presuntamente conseguía que algunos empresarios financiaran las campañas electorales del PP a cambio de adjudicaciones de la administración".
Además, ha pedido "responsabilidades políticas, ejemplaridad y que se asuma por parte del presidente de la Generalitat y del PPCV". En este sentido, entiende que es "necesario apartar de la vida pública a todos los implicados e imputados en delitos de corrupción".
Por su parte, la portavoz de EUPV en las Corts, Marga Sanz, ha señalado que "todos los caminos de las tramas corruptas parece que convergen en las mismas personas: Costa, Serra y Garcia, y parece también que el objetivo de éstas era siempre el mismo: la financiación del PP".
Sanz ha hecho hincapié en que Alberto Fabra "tiene que actuar con mano dura, obligando de inmediato a que dejen su escaño e iniciando la apertura de una investigación interna en el seno de su propio partido".
Marga Sanz ha asegurado que cada vez "se va cerrando más el círculo en torno a gente como Costa o Serra".
"Es intolerable que a estas alturas todavía estén sentados en su escaño", ha señalado la diputada autonómica, quien ha añadido que "sus nombres estan un día tras otro relacionados con la financiación ilícita del PP, y quien está permitiendo que continuen en las Corts es Alberto Fabra".
El PSPV insta a Fabra a que impida que Navajas nombre a Torres alcalde tras finalizar su inhabilitación
CASTELLÓN.- El secretario de Acción Electoral provincial del PSPV, Ernest Blanch, ha instado al responsable del PP en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, a impedir la "barbaridad" que, en su opinión, supondría que el pleno de Navajas nombre este martes alcalde a José Vicente Torres, una vez ha finalizado este lunes su inhabilitación para cargo público.
Para Blanch, Torres es "una persona que ha escondido, premeditadamente, a la oposición y a todos sus vecinos, que está inhabilitado desde el pasado mes de septiembre por un juzgado de lo Penal", según ha informado el PSPV en un comunicado.
El dirigente socialista ha denunciado lo "ridículo" que resulta que el PP convoque un pleno para nombrar alcalde a una persona "que nunca dejó de serlo, ya que ocultó a la oposición y a todos sus vecinos que estaba inhabilitado por un delito de desobediencia".
Para el secretario de Acción Electoral, "Torres, "que no ha cumplido la sentencia y no ha dejado de ser alcalde no puede pretender seguir siéndolo, porque su comportamiento es desde el punto de vista ético totalmente inaceptable".
Tanto es así -ha dicho, que "ni siquiera ha conseguido mantenerse en sus cargos en Bancaja, donde intentó aportar supuestos informes jurídicos que han sido anulados y rebatidos insistentemente por la propia entidad financiera, hasta el punto de que hace pocos días se vio obligado a dejar todos los cargos tanto en el Consejo como en la Fundación".
Por este motivo, Blanch pide a Fabra que "reflexione mucho" sobre lo que va a consentir este martes, porque "si Torres es elegido alcalde, el supuesto código ético que ha defendido en el Congreso de Sevilla va a quedar en papel mojado".
El secretario de Acción Electoral del PSPV ha añadido que se dirige al presidente regional del PP, porque del provincial, Carlos Fabra, no pueden "esperar nada", teniendo en cuenta que "sigue en el cargo a pesar de tener todos sus bienes embargados por el juzgado por los presuntos delitos de fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, por los que va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados en breve".
Blanch ha recordado que los vecinos de Navajas no han tenido conocimiento de la inhabilitación de Torres como alcalde hasta que el grupo socialista lo hizo público, "ya que se encargó de ocultarlo, premeditadamente, durante cuatro meses".
Pro Banco Valencia aboga por una reestructuración ordenada en la que intervenga el FGD y se respete a los accionistas
VALENCIA.- La Asociación para Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia (Pro Banco Valencia) aboga por una reestructuración ordenada de la entidad intervenida por el Banco de España, en la que intervenga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y se respete a los actuales accionistas.
En un comunicado, Pro Banco Valencia señala que ve "factible" decantarse por "una solución similar a la del 'caso Banesto'" de acuerdo con lo previsto en el decreto-ley que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que le atribuye mecanismos "similares" a los aplicados en esa ocasión, a fin de mantener parte del capital social en manos de sus actuales accionistas, sin reducir el valor de sus acciones a cero.
Al respecto, la asociación subraya que esa opción permitiría seguir un procedimiento que arbitrase la entrada del Fondo de Garantía de Depósitos como "mecanismo tradicional de tratamiento de crisis de una entidad de crédito", mantener el valor de las acciones y que parte del capital social quede en manos de los actuales accionistas y, además, "asegurar que se produzca una reestructuración ordenada, garantizando el apoyo social y político a ese proceso".
En su opinión, la "traslación" del 'caso Banesto' sería una solución "favorable a todas las partes" y supondría una serie de operaciones en el plan de reestructuración, como la aplicación del importe de las totales reservas permitidas a cubrir pérdidas.
Además, implicaría una ampliación del capital (de la cifra que signifique la entrada de 583 millones, incluyendo importe y prima) en dos tramos, un primer tramo dirigido a los actuales accionistas a un tipo especial y el segundo, a suscribir íntegramente por el FGD para su posterior enajenación por procedimiento competitivo.
También conllevaría la apertura de un procedimiento competitivo y adjudicación de las acciones suscritas por el FGD, así como la ejecución de una Oferta Pública de Venta por el adjudicatario sobre una parte de estas acciones a favor de los actuales accionistas, a un precio especial.
En el 'caso Banesto', se exigió a la entidad que aplicase todas las reservas permitidas a compensar pérdidas y se redujo capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones a 400 pesetas, con lo que se mantuvo un valor para las antiguas acciones. Seguidamente, se amplió el capital que fue suscrito íntegramente por el FGD de modo que, una vez adoptadas esas medidas de saneamiento, como titular del capital pudiese vender la entidad y, por tanto, recuperar gran parte del dinero invertido.
Según recuerdan las mismas fuentes, finalmente el Banco de España adjudicó a una entidad de crédito todo el paquete accionarial resultante de la operación, pero esa entidad quedó obligada a ofrecer al resto de los accionistas de Banesto un 13,27 por ciento del capital social. Así, ésta formuló a los accionistas una Oferta Pública de Venta a un precio de 400 pesetas la acción y en una proporción de una acción nueva por cada dos acciones antiguas.
Ése es, por tanto, el modelo que Pro Banco Valencia considera más conveniente para el futuro de la entidad valenciana, a diferencia de una 'operación acordeón' que valore a cero las acciones.
En su opinión, con los datos de los estados financieros del banco "no se justifica" que el Plan de Reestructuración requiera una 'operación acordeón', dado que cerró el segundo semestre de 2011 con unos fondos propios individuales de 353,4 millones de euros y consolidados de 325,4 millones y, si se aplican las reservas a compensar las pérdidas de 870,6 millones, "no sería necesaria la reducción de capital" y la privación de valor a los accionistas.
Es más, las mismas fuentes subrayan que "más allá de lo que los resultados publicados y la valoración estrictamente contable puedan reflejar, es indudable que el Banco de Valencia posee un valor intangible superior al que su valor en libros pueda recoger derivado del fondo de comercio de la entidad".
En cuanto a la necesidad de incrementar los fondos propios por un importe de 585 millones para cumplir con los niveles de solvencia exigidos por la actual normativa, Pro Banco Valencia sostiene que esas necesidades "no suponen el reconocimiento de nuevos deterioros que pudieran reducir nuevamente los fondos propios" y que "deberían ser cubiertas a través del compromiso adquirido por el FROB de suscribir una ampliación de capital de hasta 1.000 millones".
PSPV y Compromís denuncian el cierre del repetidor de RTVV en Vilafranca por "impago" a Iberdrola
VALENCIA.- PSPV y Compromís han denunciado el cierre del repetidor de Radiotelevisión Valenciana en Vilafranca por los "impagos" del Consell, en esta caso con la compañía Iberdrola. Para los socialistas, según su diputado Josep Moreno, este hecho se debe al "reiterado saqueo de las arcas" de la televisión pública que hace que "no tengan el dinero suficiente para pagar la factura de la luz".
Moreno, en un comunicado, ha lamentado que RTVV se ha gastado el dinero en "asesorías secretas, tramas empresariales e indemnizaciones a presuntos acosadores sexuales", así como en "asesorías secretas con Price Waterhouse y ahora con Garrigues para aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)".
El diputado socialista ha afirmado que el PPCV ha "hundido la audiencia de la televisión pública manipulando hasta un nivel impensable y ahora cortando la señal, y no contentos con ello, pretenden arruinar nuestra televisión pública con una información cada vez más tendenciosa".
Por su parte, el diputado de Compromís Josep Maria Pañella, considera --en un comunicado-- que "no se trata de un hecho aislado". Además, ha criticado la "mala imagen que estamos dando las valencianas por culpa del gobierno de Alberto Fabra" al que le ha pedido "destituciones" por este hecho, para no ser un Consell "encubridor" de los que "no saben gestionar correctamente el dinero de las valencianas"
Pañella ha recordado que "hace un año el PP cerraba por decisión política los repetidores de TV3" y ahora "quién le cierra los repetidores es un proveedor de la Generalitat, harto de no cobrar".
RTVV ha enviado un comunicado en el que explica que el corte de suministro eléctrico que se ha producido en el transformador de Villafranca, y que ha dejado sin señal de televisión a la comarca del Maestrat, se ha debido al "precintado de éste a causa de una denuncia por un posible enganche ilegal a esa fuente de energía de una compañía de telefonía móvil".
"En ningún caso ha sucedido por falta de pago, sino como consecuencia de esta situación, siendo el Ente público uno de los damnificados por esta incidencia", ha remarcado.
RTVV lamenta el perjuicio causado a sus espectadores y confía en que el error sea subsanado lo antes posible. Igualmente, la cadena rechaza "cualquier interpretación errónea o malintencionada que pueda darse a partir de esta situación excepcional de esta incidencia técnica".
Los funcionarios piden que no se pueda despedir a quien tiene plaza por oposición
MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha pedido este lunes a PP y PSOE que modifiquen el decreto ley de reforma laboral --que será convalidado este jueves en el Congreso-- para que no permita despedir a trabajadores públicos que han obtenido su plaza por oposición y para que no se puedan aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a trabajadores de servicios públicos.
El presidente del sindicato mayoritario de la función pública, Miguel Borra, y el secretario nacional de Acción Sindical, Eliseo Moreno, se han reunido durante aproximadamente una hora con los portavoces 'popular' y socialista de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Rafael Merino y Meritxell Batet, respectivamente.
En ambos encuentros, los responsables de CSI-F han puesto de manifiesto su visión general sobre la reforma laboral, incidiendo en que la actual redacción "abre la caja de Pandora" al permitir despedir a empleados públicos que han accedido a sus puestos por un concurso oposición, algo que a juicio de Borra "no es justo".
Además, también reclaman que no se permita aprobar EREs para trabajadores que realizan servicios sociales, y apuestan por la movilidad, fundamentalmente entre administraciones, como fórmula de flexibilidad para conseguir equilibrar las necesidades de los servicios con el personal existente.
En este sentido, Borra ha señalado que "la experiencia dice que (los despidos) reducen la calidad de los servicios públicos, que tienen que estar bien dimensionados" para ser "eficaces y eficientes", lo que, según defiende, se puede conseguir con una mejor organización del personal pero no con reducciones de jornada.
"Tenemos ganas de mejorar las administraciones públicas para adecuarlas a los tiempos que corren, pero los empleados públicos ni somos muchos ni cobramos mucho. No somos los causantes de la situación, y abogamos por una reforma y una modernización de las administraciones públicas", ha insistido el presidente de CSI-F, recordando que este colectivo "asumirá íntegramente las consecuencias del despilfarro y de la mala gestión de los administradores políticos".
Así, ha asegurado haber encontrado una "actitud receptiva" en los parlamentarios con los que se han reunido, y con los que a partir de ahora abrirá una ronda de contactos técnicos. Además, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, se reunirá con ellos "en breves fechas", según se han comprometido desde el partido que sustenta al Gobierno.
"Hemos encontrado una actitud receptiva, de diálogo. Han entendido nuestros planteamientos y esperamos conseguir esas modificaciones, porque la reforma laboral ha generado una gran inquietud entre los empleados públicos", ha reconocido Borra.
Por su parte, Merino ha señalado que el encuentro se inscribe en la ronda de contactos con los agentes sociales y los autónomos para abordar la reforma laboral, y ha destacado que los representantes de los funcionarios "conocen perfectamente la Administración" y hacen "planteamientos razonables" que el PP estudiará.
"La reforma de las administraciones públicas vendrá antes o después, y el sindicato mayoritario (de los funcionarios) tiene mucho que aportar", ha concluido el diputado 'popular'.
Rajoy podría enfrentarse a un desafío regional sobre el déficit
MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha relajado los objetivos de déficit de España para 2012, desafiando las exigencias de austeridad de la Unión Europea, y ahora debe evitar un desafío similar de los gobiernos regionales españoles.
Mientras aumentan las protestas callejeras, Rajoy hace frente al duro reto de convencer a unas regiones faltas de liquidez de asumir gran parte de los recortes.
Las 17 comunidades autónomas representan cerca de la mitad del gasto público y el despilfarro ha contribuido al desvío de los objetivos de déficit público de dos puntos y medios desde el 6 por ciento del PIB.
Rajoy modificó el objetivo de déficit de España en 2012 al 5,8 por ciento, algo más realista que un 4,4 por ciento casi imposible que se fijó cuando todavía se preveía un crecimiento de la economía este año. Ahora se pronostica una contracción de casi el 2 por ciento.
Aún harán falta recortes cuantiosos y las comunidades autónomas tendrán que ahorrar 15.000 millones de euros.
Cataluña, que representa una quinta parte del PIB español, dijo que forzar a las regiones a hacer frente a esa cuenta es injusto.
Cataluña quiere un objetivo más realista para las regiones del 1,7 por ciento del PIB este año en vez del 1,5 por ciento revisado. Una sola región, Madrid, ha conseguido la misma previsión que en 2011. Por el momento, el presupuesto de Cataluña se ceñirá a la previsión original del 1,3 por ciento.
"El objetivo de déficit asignado a las regiones es claramente desproporcionado", dijo el responsable de finanzas de Cataluña, Andreu Mas-Colell.
"No tiene sentido que el Gobierno central tenga más flexibilidad que las comunidades autónomas, salvo que la idea sea recortar los servicios públicos", expresó al periódico El País, Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda en Andalucía.
El mismo lunes, en una comparecencia en la que defendió la credibilidad del país con el compromiso fiscal y el nuevo objetivo de déficit, Rajoy volvió a reconocer que las comunidades habrán de hacer un "gran esfuerzo" y dio muestras de que exigirá una aplicación estricta de los objetivos.
España lucha por mantener la credibilidad durante la crisis de la zona euro, que ya ha forzado a Grecia, Irlanda y Portugal a pedir rescates, y unos desvíos mayores de las regiones podrían hacer sonar las alarmas a los inversores.
Los líderes regionales, que deben miles de millones de euros a los servicios de limpieza callejera y sanidad, entre otros, dicen que se puede ahorrar muy poco en sanidad y educación, los dos principales presupuestos que controlan.
El Gobierno anunció el viernes la concesión de préstamos sindicados de 35.000 millones de euros al 5 por ciento de interés para ayudar a las regiones a cumplir los pagos pendientes, con un período de carencia de dos años.
Los recortes en los servicios sociales podrían disparar nuevas protestas que, aunque sean en gran medida pacíficas, se están convirtiendo en más frecuentes.
"Nos estamos desnudando. No hay un euro más", expresó Ignacio Diego, presidente del Gobierno de Cantabria, que incumplió en 2011 su objetivo de déficit del 1,3 por ciento en más de 2 puntos y medio.
Diego se pronunció así ante periodistas después de reunirse con Rajoy, que la semana pasada habló con los líderes de las autonomías después de que se conocieran unas cifras que revelaron el excesivo gasto de los gobiernos locales el año pasado.
Rajoy todavía tiene muchos aliados en las Comunidades Autónomas, 13 de las cuales están gobernadas por el Partido Popular. Sin embargo, es consciente del precio político que habrá de pagar con una tasa de paro en un insostenible 23 por ciento.
"Hemos hecho todo lo posible, salvo usar alpargatas...(pero) si tenemos que reducir nuestro déficit al 1,3 por ciento este año, lo haremos aunque duela", expresó José Antonio Monago, presidente de Extremadura tras el encuentro con Rajoy.
Durante la transición a finales de los 70 y principios de los 80, las regiones reclamaron más autonomía, en parte para compensar la discriminación durante la dictadura franquista. Desde entonces, sus poderes han crecido.
La austeridad ha intensificado una tensión que durante mucho tiempo ha estado a punto de estallar entre las regiones, que han acumulado una deuda de 135.000 millones de euros, y el Gobierno central.
A principios de febrero, Andreu Mas-Colell dijo que Rajoy debe comunicar explícitamente a los ciudadanos la necesidad de recortar en sanidad y educación para que los gobiernos regionales tengan el apoyo moral del Estado.
La semana pasada, tuvieron lugar en Barcelona unas protestas estudiantiles por los recortes en la educación y los analistas consideran que las manifestaciones irán en aumento.
"Las protestas se intensificarán en el futuro...el presupuesto será muy duro, como también lo serán las exigencias a las comunidades autónomas", expresó Santiago Sánchez, jefe de investigación económica en la Universidad Carlos III de Madrid.
Los recortes adicionales de regiones como Castilla La Mancha, que marcó un déficit del 7,3 por ciento en 2011, 6 puntos porcentuales por encima del objetivo, afectará al crecimiento y a los ingresos fiscales.
"Creo que será difícil que las regiones puedan cumplir sus previsiones de déficit este año porque no tienen margen para recortar", expresó Sánchez.
Algunas regiones discuten las cifras oficiales del año pasado. La Rioja dice que el Gobierno central calculó mal su déficit y lo situó por encima de la realidad. Otras, incluyendo Cataluña, consideran que todavía se le deben grandes cantidades del Estado que han distorsionado el déficit de 2011.
Con el fin de recortar el gasto, las regiones están estudiando diferentes opciones, desde reducir el número de ayuntamientos (España tiene más de 8.000), hasta cerrar oficinas de representación en el extranjero.
Las Comunidades Autónomas tienen 132 oficinas de representación en todo el mundo. Sólo en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, existen 11 oficinas.
Wert propone una 'carta de derechos básicos' educativos para todas las CCAA
MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado durante su primera comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado que su departamento va a elaborar una 'Carta de derechos básicos' con el objetivo de reducir las "graves diferencias" educativas que, a su juicio, existen entre las comunidades autónomas.
Según ha indicado, con esta iniciativa se persigue que todos los alumnos españoles "accedan a un sistema educativo de calidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren". Si bien no ha precisado en qué consiste exactamente, el ministro ha señalado que con ella no pretende ir "en contra de la descentralización educativa".
"Debemos ser conscientes de que todo sistema descentralizado requiere, para su buen funcionamiento, de controles y contrapesos", ha advertido, para añadir que hay que abandonar la "relativa relajación" con la que, a su entender, se ha abordado esta cuestión. Wert ha recalcado que, de no actuar, "se podría llegar a una seria quiebra del principio de igualdad de oportunidades".
Arranca el juicio contra el exprimer ministro islandés Geir Haarde por negligencia en la gestión de la crisis
REIKYAVIK.- Este lunes ha comenzado el juicio contra el ex primer ministro Geir Haarde por negligencia en su gestión y no evitar la crisis financiera de 2008. El proceso contra Haarde es muy simbólico, ya que es el único juicio abierto contra un responsable político por la crisis.
El Parlamento aprobó en 2010 abrir un proceso contra Haarde en un tribunal especial sobre delitos de cargos públicos que data de 1905 y que hasta ahora no había sido utilizado.
En concreto, Haarde está acusado de negligencia grave por no adoptar las medidas apropiadas, por los que podría ser condenado a dos años de prisión. Haarde ha negado los cargos.
"Ninguno de nosotros se dio cuenta en ese momento de que hubiera nada sospechoso en el sistema bancario en sí, pero ahora parece que así era", ha afirmado Haarde durante la primera sesión del juicio ante el organismo fiscal especial creado para investigar los delitos relacionados con la crisis.
Los tres principales bancos islandeses se hundieron a finales de 2008 tras años de expansión basada en los préstamos. El país, de tan solo 320.000 habitantes, se vio obligado a pedir unos 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional y a otros prestamistas.
En febrero también comenzó el proceso judicial contra directivos del Kaupthing Bank por los delitos de fraude y manipulación del mercado.
Haarde dirigía el Gobierno en 2006 y lo abandonó a principios de 2009, en medio de intensas protestas populares. La banca fue nacionalizada y el Gobierno se negó a pagar las deudas de las entidades en el exterior.
Ahora la economía comienza a crecer y puede de nuevo obtener financiación en los mercados internacionales. Las agencias de calificación consideran fiable de nuevo la deuda islandesa.
Cayo Lara insta a las CCAA que pidan al Gobierno un plan de lucha contra el fraude fiscal para reducir el déficit
MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha dicho que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará mañana martes es una "oportunidad" para que las comunidades autónomas pidan al Gobierno un plan de lucha contra el fraude fiscal para reducir el déficit.
Lara ha prevenido sobre recortar el gasto autonómico, ya que "cualquier recorte que se implemente en las comunidades autónomas irá directamente a recortar en sanidad, educación y servicios sociales".
En esta línea, ha advertido de que recortar en los servicios públicos provoca un deterioro de los mismos, lo que constituye "la antesala de la privatización". Así, se ha preguntado si lo que pretenden los 'populares' es "utilizar como coartada la crisis y el déficit para seguir potenciando la privatización de la sanidad y de la educación".
Además, ha avisado a los 'barones' populares de que les puede suceder lo mismo que a sus homólogos socialistas, a quienes, a su juicio, pasó factura la política de recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "si persisten en avalar las políticas de Rajoy".
Lara considera "injusto" que en estos momentos se esté "señalando con el dedo" a las comunidades autónomas, a las que se ha referido como el "chivo expiatorio" del déficit. Además, ha constatado la "desproporción" entre los déficit y topes de déficit del Estado y de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son las segundas las encargadas de suministrar los servicios básicos.
"No hay voluntad política de controlar el déficit por parte del Gobierno", ha aseverado Lara, al tiempo que ha indicado que el 5,8% de déficit "equivale a una cantidad similar al fraude de las empresas españolas", que ha situado en 60.000 millones de euros, con datos de técnicos de Hacienda.
"Si el Gobierno luchara a fondo contra el fraude, podría no tener que hacer ninguna política de recortes para controlar el déficit que están produciendo las empresas, especialmente el 3% de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros", ha agregado.
Por otra parte, Lara ha pedido al Ejecutivo que dé marcha atrás a la reforma laboral, que, ha afirmado, "afecta de manera negativa al propósito que tiene el Gobierno de reducir el déficit". Ha tachado la norma de "innecesaria", "injusta" y "profundamente agresiva", porque, a su juicio, destruye empleo, sólo favorece a los empresarios y les da a estos todo el poder.
Además, ha adelantado que si el Congreso aprueba el real decreto sobre la reforma laboral, el grupo parlamentario de IU presentará una enmienda a la totalidad. Asimismo, ha anunciado que pedirán al Gobierno que negocie con los sindicatos para presentar un plan orientado a la creación de empleo.
No ha descartado presentar un recurso de inconstitucionalidad con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Al margen de la actividad institucional, ha apostado por las movilizaciones y ha reiterado su apoyo a todas las convocatorias que realicen los sindicatos.
Los sindicatos interponen un segundo recurso contra el decreto de recortes del Consell
VALENCIA.- Los sindicatos UGT, CCOO, CSI·F, FSES e Intersindical han interpuesto un segundo recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit del Consell, aprobado el 5 de enero. El primer recurso ya fue admitido a trámite, pero solo hacía referencia a derechos fundamentales, mientras que éste se fundamenta en vulneración de la legalidad ordinaria.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz del área pública de CCOO-PV, Arturo León, quien ha subrayado la "necesidad" de este segundo recurso, "además de la vía de la movilización".
León ha indicado que las razones de ambos recursos son "prácticamente las mismas", pero cada uno va por una vía diferente. En concreto, en este segundo escrito se denuncia que el decreto supone una vulneración del derecho a la negociación efectiva; que va en contra del Estatuto de los Trabajadores y de la normativa de los convenios colectivos --porque a través de una norma autonómica no se puede disponer de lo que una norma estatal ha previsto--; y que va en contra de la Ley de Igualdad, ya que al reducir los horarios, "se limitan las posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar".
Respecto a cómo se traducen los recortes del decreto en el personal y servicios de las consellerias, ha comentado que desde el día 1 ya hay personal interino de la Administración que está sufriendo un 25 por ciento de recorte de su jornada laboral, y en proporción también se merma sus retribución.
Asimismo, este decreto --ha añadido-- significa una reducción del salario del personal docente, y afecta al concepto de carrera profesional del personal sanitario.
También conlleva la práctica eliminación de sustituciones de personal, tanto en el ámbito docente como en el sanitario, y en plazas que son "irremplazables". Al respecto, ha recordado que ya en sanidad, las plantillas con las que se trabajan en los centros son "mínimas".
Asimismo, León ha lamentado que se están racionalizando los puntos de atención continuada, se están cerrando algunos centros, y "hay medidas del tema de contratación exterior que serían muy significativas".
"También hay problemas en relación con las listas de espera quirúrgicas", ha agregado.
Los afines a Puig considera que cuentan con el "respaldo mayoritario" de los militantes del PSPV
VALENCIA.- El portavoz de L'Alternativa Progressista del PSPV, José Manuel Orengo, ha estimado que disponen del "respaldo mayoritario" de los militantes en las tres provincias para el Congreso de los socialistas valencianos que se celebrará a final de mes en Alicante. Esta plataforma se aglutina en torno al precandidato a la Secretaría General del PSPV y diputado nacional, Ximo Puig.
Orengo, en un comunicado, ha explicado que no quiere dar cifras del número de delegados --resultantes de los congresos locales-- que apoyan las propuestas de esta plataforma para no entrar en una "guerra de datos" con las otras fuerzas del partido. Además, "nuestros delegados quieren que contemos con ellos, pero no que los contemos", ha apostillado.
En este sentido, ha destacado la "altísima participación que está registrando el proceso precongresual. Las enmiendas defendidas desde L'Alternativa Progresista "están siendo respaldadas de forma mayoritaria en las diferentes asambleas que están celebrando, a lo largo de todo el territorio valenciano, las agrupaciones socialistas ante el próximo Congreso Nacional del partido", ha remarcado.
Así, José Manuel Orengo, se ha mostrado "muy contento" con la forma en que está desarrollándose el proceso precongresual. De esta manera, ha insistido en la "altísima participación que estamos encontrando" y el "respaldo mayoritario que están encontrando nuestras propuestas".
Esta apreciación "contrasta con el suspenso que está obteniendo la gestión del secretario general del PSPV, Jorge Alarte". Para Orengo esto es una muestra clara "del deseo de cambio de los militantes socialistas, que saben que ser una alternativa real a los 17 años de gobierno del PP en la Comunitat Valenciana pasa por dar soluciones de carácter político, que debemos ofrecer, desde ya, desde el PSPV".
Por otro lado, ha apuntado que los ciudadanos "reclaman una alternativa real al gobierno del PP, y eso pasa primero por un PSPV que ofrezca una solución política a sus problemas".
Los rectores creen que si la Generalitat mantiene "regularidad" en los pagos no habrá preocupación por las nóminas
VALENCIA.- El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, ha afirmado que si la Generalitat valenciana "mantiene cierta regularidad" en los pagos a las universidades, "no habrá preocupación" por la percepción salarial de los trabajadores de las instituciones académicas.
Morcillo se ha manifestado en estos términos durante la presentación de un programa de becas remuneradas en presencia de seis rectores más de las universidades públicas y privadas de la Comunitat, en el Rectorado de la UV, donde también ha estado el presidente de Cierval, José Vicente González y un representante del Banco de Santander.
El rector de la UV ha manifestado que en este momento, las universidades están "con un diferencial de dos meses" respecto a los pagos que les adeuda el Consell, correspondientes a los meses de enero y febrero.
El máximo responsable de la Universitat ha destacado que la comunicación con la vicepresidencia de la Generalitat, la Conselleria de Educación, Formación y Empleo y la Conselleria de Hacienda, es "muy fluida".
Morcillo ha reconocido que las universidades públicas valencianas se vieron obligadas a recurrir a pólizas bancarias, hace un tiempo, "para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, y entre ellas, estaban las nóminas". Además ha recordado que "aproximadamente el 70 por ciento de los pagos" de las universidades se destinan a nóminas.
El pasado 29 de febrero, la Conselleria de Educación pagó a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana la mensualidad correspondiente al mes de diciembre, lo que supuso un montante de 66,5 millones de euros. Con este abono, la Conselleria se puso "al día" de los pagos del año 2011 con las instituciones de educación superior.
En total, la Generalitat ha pagado en 2011 a las universidades 798 millones de euros para su funcionamiento y 25 millones de euros en proyectos de investigación. Esto hace una cifra global de más de 800 millones de euros.
El presidente de Cierval, José Vicente González, ha tomado la palabra después de que Morcillo hablará de las deudas que la Generalitat mantiene con las universidades públicas. "Me da una envidia sana que solo les deban a las universidades dos meses, cosa que se multiplica por mucho cuando se trata de las empresas", ha señalado.
"Me alegra mucho por la universidad", ha agregado, a lo que Morcillo le ha respondido, entre risas, que en su discurso "había intentado ser políticamente correcto".
Desde Bankia se reclama que la banca reduzca plantillas y oficinas
MADRID.- El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, ha reclamado que el sistema financiero acometa el necesario ajuste de capacidad a través de la reducción de plantillas y del número de oficinas.
"Nos sigue quedando demasiada capacidad instalada, hay muchas entidades que no han hecho el ajuste necesario", dijo el 'número dos' de Bankia en el Encuentro Financiero organizado por la entidad y El País.
Según Verdú, el real decreto ley de saneamiento del sistema financiero contribuirá a adelgazar la capacidad instalada del sector, si bien es necesario que bancos y cajas redoblen esfuerzos para ajustar su capacidad a la situación actual.
El consejero delegado de Bankia sostuvo que la entidad presidida por Rodrigo Rato ha realizado importantes avances en la reducción de su capacidad, con unas 800 oficinas menos y una disminución del tamaño de la plantilla de en torno al 15%, lo que se traduce en unos 4.000 trabajadores.
EU dice que Fabra "tiene que deshacerse de la cúpula del PP puesta por Camps"
VALENCIA.- La portavoz de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, ha dicho hoy que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que deshacerse de la cúpula del PP puesta por Camps".
En un comunicado, Sanz se ha referido así a una información del diario El Mundo según la cual la Fiscalía estudia unir los casos Brugal y Gürtel en una única causa que investigue la supuesta financiación ilegal en el PPCV.
Para la portavoz de EUPV, "todos los caminos de las tramas corruptas parece que convergen en las mismas personas: Costa, Serra y García; y parece también que el objetivo de éstas era siempre el mismo: la financiación del PP".
Fabra, según Sanz, "tiene que actuar con mano dura, obligando de inmediato a que dejen su escaño e iniciando la apertura de una investigación interna en el seno de su propio partido".
Por otra parte, el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha abogado por "apoyar al presidente Fabra" por el bien de la Comunidad Valenciana y del PP. "Hay que cerrar filas. No existe un proyecto alternativo a Fabra, ni fuera ni dentro del PP. Su acierto será el de todos". En una entrevista publicada ayer por Levante, la responsabilidad de la situación económica es "colectiva", al no detectar un cambio de ciclo que "exigía políticas distintas". "Las administraciones públicas en general no han estado a la altura de las circunstancias", reflexiona.
Zaplana atribuye la pérdida de Bancaja, la CAM y Banco de Valencia a la "pésima actuación de los gestores en los últimos años", así como al "Banco de España y a la Generalitat" por no detectarlo.
El ex jefe del Consell apenas ha pasado de puntillas sobre el caso Gürtel. Ha reiterado que la situación le producía tristeza y que sintió "un gran alivio cuando acabó el juicio". Sobre su relación con Camps ha negado sentirse "traicionado", pero sí "sorprendido o en casos muy puntuales decepcionado". Mi relación con Francisco Camps no ha sido normal". Ha sido inexistente".
¿Debe dimitir un implicado en un caso de corrupción? El ex dirigente 'popular' cree que el responsable político tiene que tener un sexto sentido para saber si hay base en lo que se está denunciando. Y si hay base, hay que hacer que el implicado dimita".
Zaplana atribuye la pérdida de Bancaja, la CAM y Banco de Valencia a la "pésima actuación de los gestores en los últimos años", así como al "Banco de España y a la Generalitat" por no detectarlo.
El ex jefe del Consell apenas ha pasado de puntillas sobre el caso Gürtel. Ha reiterado que la situación le producía tristeza y que sintió "un gran alivio cuando acabó el juicio". Sobre su relación con Camps ha negado sentirse "traicionado", pero sí "sorprendido o en casos muy puntuales decepcionado". Mi relación con Francisco Camps no ha sido normal". Ha sido inexistente".
¿Debe dimitir un implicado en un caso de corrupción? El ex dirigente 'popular' cree que el responsable político tiene que tener un sexto sentido para saber si hay base en lo que se está denunciando. Y si hay base, hay que hacer que el implicado dimita".
El ministro Margallo pone a la Comunidad Valenciana como ejemplo de 'despilfarro'
VALENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha responsabilizado a las comunidades autónomas del "mayor desajuste" en la reducción del déficit. "La mayor parte del agujero pertenece a las comunidades autónomas y es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero también del Gobierno central, que es el que responde de sus obligaciones en Bruselas y es el que de acuerdo con la Constitución tiene la potestad de ordenar las economías y el horizonte general de la hacienda pública", ha explicado.
En una entrevista con la cadena Cope, Margallo ha lamentado "una ley de financiación completamente incompleta" y ha asegurado que el Gobierno central (el anterior) incumplió "su deber de vigilar a las comunidades autónomas".
Margallo, presentado por el PP valenciano y la Generalitat como un "ministro valenciano" pues fue diputado al Congreso por Valencia, ha asegurado que casi todas las autonomías han hecho "gastos absurdos", pero ha elegido a la Comunidad Valenciana como ejemplo del derroche. Ha dicho que España es "el único país en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales" y ha pedido también regular la representación exterior de algunas autonomías. "Yo he visto que la Comunidad Valenciana ha llegado a tener en Bruselas a más de 60 personas. Yo no he llamado nunca a la oficina de la Comunidad Valenciana, porque me resultaba más sencillo coger el teléfono y hablar con el conseller de turno", ha explicado.
"Gran parte de las comunidades autónomas han hecho gastos bastante absurdos. Hemos visto trenes de alta velocidad donde la media de ocupación era de 18 pasajeros", ha considerado el ministro.
Sigue la 'guerra' en Vocento, empresa editora del diario 'Las Provincias'
MADRID.- Zona noble de Vocento (empresa editora de 'Las Provincias'). Cuatro grabados de músicos presiden la espaciosa sala donde el Consejo celebra sus cónclaves. Una sublimación del solfeo que no sirvió para amansar a las fieras el pasado lunes. El reloj marcaba ya las nueve de la noche cuando llegó el turno de preguntas. Los consejeros acababan de aprobar por unanimidad las cuentas de 2011, mejores en su esencia de lo que sugieren los 50 millones de pérdidas, relata hoy www.elconfidencial.com
Tomó entonces la palabra Santiago Bergareche y, como quien pide una aclaración a los números, anunció el golpe de estado: un grupo de accionistas solicitaba una Junta Extraordinaria para tomar el control de la compañía. Estupefacción en unos y aceptación serena en otros. En todo caso, declaración de guerra a la familia Ybarra y primer acto de una vendetta que empezó a fraguarse hace ya un lustro. Llega el momento del desquite.
Corría el mes de mayo de 2007 cuando el entonces consejero delegado, José María Bergareche, hermano de Santiago, cesaba en el cargo. No era una tragedia, si acaso un paréntesis. Estaba pactado que accediera a la presidencia apenas meses después. Al punto de que ya había maniobrado para que el nuevo primer ejecutivo, escogido por un head-hunter, fuera Belarmino García, un hombre de paja que podría fácilmente manejar y que no sabía mucho del negocio (procedía de la operadora de móviles Amena). Todo bajo control… O casi. El resto de accionistas -los Ybarra, Urrutia y Luca de Tena- se aliaron a sus espaldas y optaron por un independiente para presidir el Consejo: una elección irreprochable, el marqués de la Romana, Diego del Alcázar. El mensaje que se lanzaba a los Bergareche no podía ser más claro: “No habéis sido fieles a nuestros pactos de familia”.
Y es que en paralelo al proceso de sucesión, Emilio Ybarra, a la sazón copresidente del BBVA, se había visto envuelto en penosos procesos judiciales por el escándalo de las cuentas secretas del BBV en Jersey. A finales de 2006, el empresario se quejaba -incluso dejando testimonio por escrito- de que el diario ABC no sólo no le había apoyado, sino que se había aliado con la parte contraria. Y, entre otros, culpaba al consejero delegado. Tampoco ayudó a Bergareche que se le hubiera escapado incomprensiblemente la compra de Recoletos (Expansión y, sobre todo, la joya de la corona Marca) en favor de Unidad Editorial y los italianos de Rizzoli. Todo a pesar de haberla fraguado él mismo con un viejo accionista de Vocento, Jaime Castellanos. ¿Conclusión? La nueva alianza en el Consejo dejaba a los Bergareche en la reserva. Así hasta el pasado lunes.
De hecho, Santiago Bergareche lanzaba el órdago con apoyos que, al menos, le acercan al 40% del capital y le conceden chance. Para empezar, está con él Víctor Urrutia, el multimillonario vicepresidente de Iberdrola siempre presente en los movimientos exitosos en el accionariado de Vocento. ¿Qué le mueve dar un paso adelante? Aquí sólo caben hipótesis. Fuentes próximas al Consejo advierten de su proximidad a las tesis de Soledad 'Petisa' Luca de Tena. Y añaden que Petisa quiere guerra desde la salida del anterior consejero delegado, José Manuel Vargas, por quien sentía especial inclinación. Como barman de este coctel estaría el propio Castellanos, a quien muchos ven como el cerebro gris de la insurrección, que además “tiene bastante más del 4,4% que se le supone”. La guinda a este combinado la ponen otros accionistas minoritarios como Manuel Jove o Félix Revuelta. Con una pregunta de fondo, ¿con qué proyecto?
¿Camino de una operación corporativa?
Sobre el papel, se trata de reducir el Consejo y aumentar el número de independientes para sacar de su actual parálisis al máximo órgano de representación de la compañía. Algunos accionistas no se lo creen. “Piensan que no hay proyecto, que son una UTE [unidad temporal de empresas] que busca tomar el control de la empresa y repartirse el botín. Y sin lanzar una opa ni poner un duro”, sugieren fuentes conocedoras de las inquietudes del frente contrario. Una reflexión que parte de que las Luca de Tena, cuya principal preocupación es el ABC, no hayan hecho público su apoyo al bloque rebelde. “Si lo hacen explícito pasan del 30% y están abocados a una opa por acción concertada”, remachan. Sin un plan para el futuro, el temor es que se trocee la compañía. Y ahí es donde surge el temor de una operación corporativa, sin que se olviden los negocios pasados de Castellanos, puro broker, con Unidad Editorial.
Sobre el papel, se trata de reducir el Consejo y aumentar el número de independientes para sacar de su actual parálisis al máximo órgano de representación de la compañía. Algunos accionistas no se lo creen. “Piensan que no hay proyecto, que son una UTE [unidad temporal de empresas] que busca tomar el control de la empresa y repartirse el botín. Y sin lanzar una opa ni poner un duro”, sugieren fuentes conocedoras de las inquietudes del frente contrario. Una reflexión que parte de que las Luca de Tena, cuya principal preocupación es el ABC, no hayan hecho público su apoyo al bloque rebelde. “Si lo hacen explícito pasan del 30% y están abocados a una opa por acción concertada”, remachan. Sin un plan para el futuro, el temor es que se trocee la compañía. Y ahí es donde surge el temor de una operación corporativa, sin que se olviden los negocios pasados de Castellanos, puro broker, con Unidad Editorial.
El nuevo pulso accionarial pone a prueba un pasado de relaciones cosidas a sangre y fuego durante casi 100 años. Por un lado, la estirpe de los Ybarra, que impulsó en 1910 el nacimiento del original El Pueblo Vasco, un periódico conservador, vasco y españolista. Por otro, la familia Echevarría, emparentada con los Bergareche, controlaba El Noticiero Bilbaino, cabecera histórica de la capital vizcaína y algo más afín a las tesis liberales. Concluida la Guerra Civil y con Franco en el poder, los dos proyectos terminaron uniéndose en 1945, bajo aprobación del Caudillo, para dar forma a lo que sería el germen del grupo de prensa regional Correo. Desde entonces, los Ybarra, Echevarría y Bergareche han ido de la mano en una aventura empresarial que consiguió abrirles las puertas del mundo de la prensa en Madrid con la compra del también centenario ABC. Pero ahora, toda esa suma está en el aire.
El peor parado en toda la intriga es Luis Enríquez, consejero delegado desde julio, que pese a las promesas trabaja sabiendo que en dos meses puede estar jugando al golf. Casi peor son las dificultades que tendrá en los próximos 60 días para motivar a un equipo marcado por una desesperante sensación de déjà vu. Y es que parece que cada vez que se dinamiza la gestión, las familias se meten en una espiral de intrigas y maquinaciones que hace derrapar a la compañía. “Es una pena. Vamos en línea con el plan en 2012 con la que está cayendo. Y el promedio diario de ventas del 'ABC' se ha incrementado en 7.000 ejemplares en febrero”, aseguran fuentes internas de la firma. Y es cierto que los aparentemente malos números de 2011 fueron bien acogidos por los analistas. No en vano más de 21 millones se fueron en indemnizaciones, más de 8 en regularizar las vacaciones fiscales vascas y otra decena en echar la persiana en La 10. Sin el esfuerzo de limpiar las cuentas, el resultado es plano. Luego de aquí en adelante sólo puedo ir mejorando, pensará Enríquez. Aunque eso será si le dejan.
El peor parado en toda la intriga es Luis Enríquez, consejero delegado desde julio, que pese a las promesas trabaja sabiendo que en dos meses puede estar jugando al golf. Casi peor son las dificultades que tendrá en los próximos 60 días para motivar a un equipo marcado por una desesperante sensación de déjà vu. Y es que parece que cada vez que se dinamiza la gestión, las familias se meten en una espiral de intrigas y maquinaciones que hace derrapar a la compañía. “Es una pena. Vamos en línea con el plan en 2012 con la que está cayendo. Y el promedio diario de ventas del 'ABC' se ha incrementado en 7.000 ejemplares en febrero”, aseguran fuentes internas de la firma. Y es cierto que los aparentemente malos números de 2011 fueron bien acogidos por los analistas. No en vano más de 21 millones se fueron en indemnizaciones, más de 8 en regularizar las vacaciones fiscales vascas y otra decena en echar la persiana en La 10. Sin el esfuerzo de limpiar las cuentas, el resultado es plano. Luego de aquí en adelante sólo puedo ir mejorando, pensará Enríquez. Aunque eso será si le dejan.
Fabra y Barberá critican las protestas en las 'mascletaes'
VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han condenado este lunes las protestas que se han producido en los últimos días en la Plaza del Ayuntamiento durante las 'mascletaes' ya que, tal y como ha dicho el jefe del Consell, esta fiesta "se merece un respeto". "Cada cosa en su momento", ha dicho la primera edil.
Fabra y Barberá han realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita al Museo del Artista Fallero y a los talleres de las fallas Exposición-Micer Mascó, Almirante Cadarso-Conde Altea y Plaza Na Jordana, en la que han estado acompañados por las Falleras Mayores Sandra Muñoz y Rocío Pascual, así como por el Maestro Mayor del Gremio de Artistas Falleros, Josep Latorre.
Al acto también ha asistido el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, el presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Francisco Lledó, y el portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, entre otros.
Fabra, durante la visita y preguntado por las críticas durante las 'mascletaes', ha expresado su "más enérgico rechazo".
"Estamos en un sistema democrático en el que aquellas personas que entienden que tienen algo que criticar u oponerse tienen elementos de sobra para poder hacerlo", ha manifestado.
Por ello, el jefe del Consell considera que "aquellos que creen que han de aprovechar el momento de la fiesta para hacer sus reivindicaciones se equivocan totalmente". En su opinión, "las fiestas merecen un respeto y son elementos para compartir la alegría y el saber estar de todas las personas que quieren disfrutar de la misma".
"Aquellos que lo único que buscan es una foto, se equivocan", ha dicho Fabra, quien ha incidido en que "la foto aquí es la de las fallas, la de las falleras, la de las comisiones, la de todas las personas que durante todo el año están trabajando para que esto sea una realidad".
A su juicio, "están fuera de lugar los que quieren utilizar las Fallas o cualquier acto de las Fallas para mostrar su posición".
"Sepamos distinguir", ha subrayado, y ha indicado que "ahora es momento de alegría, de disfrutar, de poder reconocer el esfuerzo de aquellas personas que durante todo el año se han estado esforzando para poder ofrecernos nuestra mejor imagen".
Asimismo, el presidente del Ejecutivo valenciano ha destacado que "hoy es un día de reconocimiento y agradecimiento" a los artistas falleros por "su trabajo, su esfuerzo y creatividad". Además, ha valorado que este colectivo ofrece "una imagen exportadora" de la Comunitat Valenciana, así como "las mayores garantías de profesionalidad y de calidad",
Alberto Fabra ha resaltado que, en los últimos años, se ha producido "una evolución" en la línea de la innovación. También ha subrayado que los artistas falleros "cuentan con el respaldo de la Generalitat".
Por su parte, la alcaldesa, tras la visita y preguntado por las protestas, ha señalado que el mundo fallero está dando "importantísimas y numerosas muestras de templanza, de prudencia, de moderación, de tranquilidad y serenidad".
"Cada cosa en su momento", ha señalado Barbera, quien cree que las protestas no son "más que una desafortunada acción política de un determinado grupo político".
"Eso tiene que apartarse de las Fallas", ha manifestado.
Rita Barberá considera que "hay que respetar las fallas" y "el trabajo que hacen los falleros a lo largo del año con un esfuerzo brutal", por lo que "tienen derecho a disfrutarlo absolutamente en cada momento".
Para la primera edil, "lo que tienen que hacer otros partidos políticos es separarse, condenar y rechazar las actuaciones que no tienen nada que ver con el mundo fallero, que molestan al mundo fallero", además de "entrar en el mundo institucional normal y corriente y en la fiesta y en la falla con la brillantez y la alegría que se merecen".
Preguntada por si cree que estas protestas están provocadas por Compromis, la alcaldesa de Valencia ha respondido: "lo ven ustedes, yo no".
"Ustedes saben quién está en la foto", ha añadido.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, ha expresado la "preocupación" de su partido por "las situaciones que se han visto en la Plaza del Ayuntamiento" y, en este sentido, desea que las Fallas se puedan celebran "en paz y convivencia, que son para eso".
Sin embargo, ha destacado que "hay mucha gente que está sufriendo en este momento por las decisiones que ha tomado el PP en las distintas instituciones" y, por tanto, considera "lógico" que "en Fallas y fuera de ellas expresen esa protesta".
"Poca fuerza moral tienen para pedir que no lo hagan quienes estando la vicepresidenta primera del Gobierno de España en el balcón del Ayuntamiento alentaron incluso con sus propios militantes que le silbaran y le insultaran", ha añadido.
No obstante, Calabuig ha dicho que los socialistas no son "como ellos --en referencia a los dirigentes 'populares'--, y queremos que no haya ningun insulto y que las protestas se celebren donde se crea más oportuno, pero respetando a la fiesta fallera y la convivencia entre todos".
El concejal del PSPV ha expresado personalmente a la Fallera Mayor la "solidaridad" de su partida con ellas "por el hecho de que una pequeña minoria realizó una serie de insultos" algo que, a su juicio, es "completamente impresentable".
Joan Calabuig también ha felicitado a los artistas falleros por su trabajo "en un momento de dificultad económica", y ha pedido a la Generalitat que "de una vez" ponga en marcha el modulo de Formación Profesional de Artista Fallero.
Fabra espera tener una propuesta de Ecclestone la próxima semana
VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, espera tener "la propuesta" del magnate de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, para la celebración del Gran Premio de Europa, la próxima semana.
Alberto Fabra ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al Museo del Artista Fallero y a tres talleres, preguntado por si ya se han cerrado las negociaciones para celebrar la prueba.
"Todavía estamos en negociaciones, a la espera de que el señor Ecclestone nos haga la propuesta", ha manifestado el jefe del Consell, quien ha incidido en que el tema "todavía no está cerrado".
Respecto a si sabe cuándo expondrá Bernie Ecclestone su propuesta, Fabra ha respondido: "Me imagino que no tardará mucho, la próxima semana ya se sabrá algo", ha manifestado.
El presidente de la Generalitat ya destacó la intención del Gobierno valenciano de cumplir el contrato con el patrón de la Fórmula Uno para celebrar el Gran Premio de Europa en Valencia, pero "con otras condiciones" a las actuales. Entre otras posibilidades, se baraja alternar la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia y en Cataluña.
Medio centenar de alcaldes socialistas apoyan la gestión de Alarte contra la corrupción
VALENCIA.- Medio centenar de alcaldes socialistas han suscrito este lunes un manifiesto en que reclaman "la unidad" del partido para "generar una alternativa" y dan aimismo sus apoyo a la actual dirección de Jorge Alarte en su lucha contra la corrupción, aunque consideran que "hay que dar 20 pasos más allá".
El texto, impulsado por los alcaldes de Vila-real (Castellón), José Benlloch; Alcoi (Alicante), Toni Francés; y Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha contado con el apoyo de alcaldes y portavoces de Albal, Cocentaina, Serra, Marines, Gátova, Xixona, Quart, Eliana, o Alacuàs, entre otros. En total, son cerca de medio centenar alcaldes de los 132 socialistas y otros 12 que por pactos que gobiernan en la Comunitat.
Al respecto, el primer munícipe de Vila-real (Castellón), José Benlloch, ha destacado que la dirección actual sí que ha sido "eficaz" en el planteamiento, por lo que respetando "la libertad de cada uno sí que queremos reconocer el trabajo a Alarte". Así, ha argumentado que "no es verdad que no se ha planteado una alternativa en la Comunitat", aunque "sí que es cierto que lo que más ruido hace" es la lucha contra la corrupción.
No obstante, ha aclarado: "Hay que plantearnos que no solo con la lucha contra la corrupción se ganan las elecciones, teníamos que hacerlo, era imprescindible, pero ahora ya no podemos quedarnos en eso, la Justicia debe hacer su trabajo y nosotros generan una alternativa y demostrar que donde gobernamos no hacemos estas barbaridades".
Por su parte, el alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha agregado que en el manifiesto se reclama al nuevo secretario general las cualidades que se exige a un buen alcalde como son "ser una persona capaz de cohesionar, generar equipos y sobre todo capaz de ilusionar a la gente alrededor de un proyecto".
"Es esencial la denuncia de la corrupción, pero también está claro que eso es insuficiente para generar una alternativa potente que permita ilusionar a los ciudadanos y que les hagan volver a querer votar a los socialistas", ha argüido.
Respecto a la propuesta del candidato Manuel Mata de establecer de una consulta entre todos los militantes para elegir al nuevo dirigente, el alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, ha comentado que los estatutos socialistas ya marcan "los mecanismos" y ha advertido de determinados gestos "pueden crear más confusión que aportar claridad al proceso". Así, ha señalado que en estos momentos el PSPV "ya está inmerso" en un proceso con "unas normas ya definidas que hay que respetar".
El alcalde de Vila-real ha explicado que los firmantes del manifiesto son "el reflejo de un cambio" en unos Ayuntamientos que hace ocho meses "parecía imposible" y quieren que "ese reflejo" también se aplique en la política que tiene que hacer el PSPV a partir del 12 Congreso.
En ese sentido, ha señalado que los firmantes "reivindicamos nuestros espacio dentro del programa del partido socialista" con "la defensa de unos valores que claramente nos diferencias de una política conservadora que ataca cada vez más a los ciudadanos de esta Comunitat". Así, en el texto se defiende una nueva descentralización con un 25 por ciento de la gestión de los recursos y se reclama una Generalitat "leal" que "pague lo que debe".
Por su parte, el alcalde Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha indicado que también se apueta por una "lucha contra la corrupción", así como una apuesta por un modelo social "cohesionado" que evite que "aquellos que no hicieron nada para provocar la crisis se queden en el camino".
"Los ayuntamientos socialistas podemos ser un buen escaparate para ver en estos momentos de crisis cómo puede haber un buen gestor y cuáles son los prioridades de cada uno, que en nuestro caso son las personas y la política social", ha destacado.
Del mismo modo, el alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, ha apuntado que han heredado unos Ayuntamientos "arruinados" por la crisis económica "pero también por la mala gestión del PP", por lo que hay que "aplicar políticas de austeridad reduciendo el gasto pero pensando siempre en los ciudadanos".
Por ello, ha explicado que se oponen a la política de recortes de la Generalitat que "va en contra de los servicios públicos y de los ciudadanos". Asimismo, ha apuntado "la necesidad" de "la unión" de las fuerzas de izquierda y han planteado la necesidad de realizar un foro de municipalismo para debatir la influencia en la nueva dirección.
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