martes, 13 de diciembre de 2011

Camps, siempre acompañado de su mujer y su abogado, se muestra con semblante tranquilo

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha mostrado en toda la jornada de este martes un rostro tranquilo y sereno, y no ha tenido gestos de nerviosismo. En todo momento y siempre que le ha sido posible, ha estado acompañado de su mujer, Isabel Bas, y de su abogado, Javier Boix, quien le ha descrito ante el tribunal como una persona "extremadamente afectuosa, entrañable y muy pendiente de los problemas de los demás".

   Ya cuando ha llegado al TSJCV, se ha detenido brevemente a atender a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta y ha asegurado que afrontaba la jornada del juicio "bien, con gran tranquilidad", al igual que dijo ayer, día en que se seleccionaron a las nueve personas y dos suplentes que forman parte del tribunal del jurado que decidirá sobre su posible culpabilidad.
   Camps ha entrado a la sala en la que tiene lugar el juicio contra él y contra el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, acompañado de su abogado, al igual que el segundo acusado. Ambos han tenido que sentarse en un banco forrado de rojo frente al magistrado presidente, dividido en tres butacas, y han ocupado los extremos, con lo que han dejado vacío el hueco central. Al inicio de la vista han hecho algún breve comentario entre ellos y Camps también se ha acercado a su procuradora para hacerle alguna anotación.
   Después de que el secretario de la sala leyera las calificaciones provisionales de las partes, el magistrado presidente de la causa, Juan Climent, ha pedido a los dos acusados que se manifestaran sobre los hechos que se les imputan, a lo que Camps ha asegurado que era "absolutamente inocente" y Costa ha manifestado que no estaba conforme.
   Tras ello, el magistrado ha realizado un receso con el objeto de que las partes pudieran presentar la petición de alguna nueva prueba, y debatirla. Este paso se ha realizado a puerta cerrada -pese a que no suele ser lo habitual-- y, por ello, se ha despejado de la sala tanto al público asistente como a los periodistas.
   Todos ellos --alrededor de 70 o 80 personas-- se han quedado cerca de la puerta de la sala de vistas, esperando noticias. Entre ellos estaban el presidente de las Corts, Juan Cotino, y la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar. Ambos ya hicieron cola ayer para asistir al juicio, y han repetido hoy, con el objeto de poder mostrar su apoyo a los acusados.
   Tras concluir la petición de nueva prueba, los letrados han salido de la sala acompañados por sus representados y han mantenido breves conversaciones alejadas del público asistente y de los medios. Camps, que en ese momento estaba también con su mujer, se ha acercado luego a saludar al público, quien le ha dado muestras de cariño. A ellos les ha comentado que estaba bien y les ha pedido que no se preocuparan. También se lo ha dicho a Consuelo Císcar, a quien ha recibido con un caluroso abrazo.
   Una vez concluido el receso, los dos acusados han vuelto a su sitio en la sala, y permanecían tranquilos, casi sin moverse, escuchando atentamente los informes preliminares que sus representantes han expuesto al tribunal del jurado.

La Unión Europea dinamiza los permisos de trabajo y residencia para inmigrantes

ESTRASBURGO.- Los europarlamentarios votaron el martes a favor de que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos y condiciones laborales que los ciudadanos de los países miembros del bloque.

En virtud de la nueva legislación, los extranjeros que residan o trabajen legalmente en el bloque tendrán un acceso a pensiones, seguridad social y servicios públicos similar al de los ciudadanos de la UE, además de las mismas obligaciones tributarias.
La norma recorta también la burocracia modernizando los permisos laborales y de residencia en un único procedimiento. Los países miembros conservan el derecho de aceptar o rechazar inmigrantes, pero deben tomar la decisión de garantizar al solicitante el permiso único en un plazo de cuatro meses.
"La directiva garantizará el sistema de un solo trámite, acelerando de esa forma los procedimientos tanto para el futuro empleador como para el inmigrante", dijo la comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmstrom, que propuso la legislación, en un comunicado.
"Claramente simplificará la vida de los inmigrantes que soliciten residir y trabajar en el UE", añadió.
El permiso único puede beneficiar a los temporeros de la agricultura y el turismo, además de a los trabajadores cualificados del sector corporativo que trabajen en multinacionales, dijo la Comisión.
Los países de la UE tienen dos años para acometer la directiva, que fue aprobada en el Parlamento Europeo el martes. Los 27 países ya han dado su aprobación a la norma.
Los europarlamentarios añadieron una cláusula que da a los inmigrantes el derecho a continuar recibiendo sus pensiones una vez hayan vuelto a su país de origen.
Los países miembros podrán imponer restricciones sobre pensiones a los trabajadores con contratos de seis meses o menos, y restringir los beneficios de vivienda a los extranjeros con trabajo.

Acusaciones piden al jurado que se "olvide" de lo que ha oído antes y se centre en las pruebas del juicio a Camps

VALENCIA.- La representante del ministerio fiscal ha pedido al jurado de la 'causa de los trajes' --en la que se juzga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por cohecho pasivo impropio-- que se "olviden" de todo lo que han oído hasta ahora del caso y se centren en las pruebas del juicio. 

   La fiscal, que se ha manifestado en estos términos en la explicación de su informe antes de la declaración de los acusados, ha pedido al jurado popular que se centre en las pruebas que se van a exhibir en el juicio, entre ellas, las personales, con el interrogatorio de los dos acusados y las de Rafael Betoret y Víctor Campos, que se reconocieron culpables por estos mismos hechos, y a los que ha aludido también el letrado de la acusación popular, que ha hecho referencia a las adjudicaciones de la Generalitat a las empresas de la trama.
   En su intervención, la fiscal ha hecho hincapié en que en este caso, los hechos "son mucho más sencillos de lo que parece".
"Los acusados aceptaron regalos en consideración a la función publica que desempeñaban", en el caso de Camps entre los años 2005 y 2008 y en el de Costa entre 2007 y 2008, realizados por los considerados presuntos cabecilla de la trama: Álvaro Pérez, Francisco Correa y Pablo Crespo a través de las tiendas Milano y Forever Young.
   La fiscal ha apuntado que el fin de estos regalos era para que las responsabilidades públicas que ejercían estas personas se llevaran a cabo "de forma especialmente favorable y beneficiosa" para ellos. Así, ha señalado que puede que algunos de los miembros del jurado "tengan dudas" de la existencia de delito por el hecho de "dar regalos sin contraprestación" a cambio, pero ha resaltado que el legislador es "tajante" al respecto.
   En esta línea, ha incidido en que todas las pruebas que se practiquen en este caso "son lícitas y su validez está fuera de toda duda" y ha subrayado que solo pueden formar la convicción para su veredicto con las pruebas testificales, periciales y documentales.
   Sobre las primeras, ha hecho referencia a la personal, con la declaración de los dos acusados y la de los otros dos procesados en este caso, Rafael Betoret y Víctor Campos, de los que recuerda que en septiembre, "hace tres meses", reconocieron los hechos y fueron condenados "sin necesidad de juicio".
   Les ha explicado que han citado por su parte a 30 personas, y ha recordado que el testigo tiene obligación de decir la verdad "en principio", ya que entre ellos, se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, que también están imputados en la parte del 'caso Gürtel' que se sigue en Madrid, por lo que declararán con las mismas garantías que los dos acusados y por tanto, ha dicho, tienen derecho a no decir la verdad o a no contestar.
   Pero ha advertido de que el resto "tiene obligación de decir la verdad" aunque considera que muchos testigos también pueden a pesar de todo mentir por temor a perder su puesto de trabajo o por tratar de agradar a sus superiores.
   También les ha explicado que declararán los peritos, expertos que comparecen en los juicios y prueba documental, entre ellas documentos sonoros que se irán escuchando durante las declaraciones de aquellas personas que aparecen como interlocutores, para que las puedan aclarar. Les ha recomendado que tomen nota de todo ello para que puedan posteriormente deliberar.
   La acusación que representa el PSPV, a través del abogado Virgilio Latorre, ha apuntado que su papel en este proceso es el mismo que el del fiscal, y ha recordado que "deber" del partido de realizar un control en el parlamento valenciano, donde el PSPV pidió conocer los contratos con las empresas de la trama.
   "La legalidad se ha violentado y por tanto debe haber responsabilidades", ha dicho, y ha señalado que las prendas recibidas las pagaban empresas que resultaron adjudicatarias de la Generalitat.
   El letrado ha defendido que para regalar un suéter "solo hace falta saber la talla", pero indicado que unos trajes es "una cosa muy singular" porque "requiere elegir el color, la tela y lo más relevante es que se tienen que tomar medidas y perfilar el modelo". Por ello, ha hecho hincapié en que hay "una participación del sujeto como un actor principal de lo que es el entramado".
   Igualmente ha recordado que otras dos personas, Rafael Betoret y Víctor Campos, ya han sido condenado por estos mismos hechos en sentencia firme y ha recalcado que la conducta de Costa y Camps no tiene que ser "idénticamente idéntica" a la de los condenados porque cada uno tuvo su relación individual en el sistema de compra, aunque sostiene que todo esto "se da en el contexto de la operativa" de los regalos.
   Las tres claves son, para la acusación popular, si recibieron los trajes, si los pagaron y por qué lo hicieron. Ha pedido al jurado que en especial tenga en cuenta los tiques de venta con los nombres de los acusados, la confirmación del pedido a la empresa de confección y la factura, unos rastros documentales "evidentes y concluyentes" de la entrega de prendas de ropa a Camps y Costa. En relación con quién las pagó, ha indicado que pueden comprobar si hay algún otro motivo distinto a la literalidad del regalo vinculado a un hecho concreto que lo justifique o si fueron en consideración a la función que desempeñaban.
   El letrado ha hecho un repaso a las adjudicaciones a distintas consellerias que trabajaron con as empresas de la red por importes "escalofriantes", que ha desglosado, con lo que "es inequívoca" la conclusión, según ha sostenido.

Javier Varela dejará la dirección del MuVIM el 20 de diciembre y critica un "control político constante"

VALENCIA.- Javier Varela dejará de ser el director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) el próximo 20 de diciembre, según han confirmado hoy fuentes de la Diputación de Valencia. 

   Desde la corporación provincial han asegurado que el relevo se debe a que en esa fecha se acaba la comisión de servicios de Varela, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). No obstante, el hasta ahora máximo responsable del museo reconoce "desencuentros" con la delegación de Cultura de la institución provincial, considera que no ha tenido "autonomía" y que se ha producido un "control político constante" a las actividades diarias del centro.
   Así, desde la Diputación mantienen que, tal y como marca la legislación, la comisión de servicios de Varela --"que no es un funcionario de la casa", recuerdan-- culmina el próximo 20 de diciembre y subrayan que ya fue avisado el pasado mes de julio de que estaba haciendo uso de su última prórroga. Tanto es así, añaden, que el propio profesor solicitó hace unos días su reingreso a su puesto docente.      
   Asimismo, apuntan que ya cuando Varela tomó posesión de su cargo --en sustitución del catedrático Romà de la Calle, que dimitió en protesta por la retirada del museo de una exposición de La Unió de Periodistes en la que se mostraban fotografías sobre el caso Gürtel-- se sabía que su nombramiento era "transitorio".
   Sobre la persona que asumirá en el futuro la dirección del MuVIM, las mismas fuentes han adelantado que "ya hay una persona en mente aunque no está decidido al cien por cien" aunque, en todo caso, será un funcionario de la Diputación.
   "Ente los funcionarios de la casa hemos encontrado fantásticos directores para nuestros museos", han resaltado las fuentes, que han comentado que se prevé que el nombramiento del nuevo responsable sea "inmediato" después del 20 de diciembre para que se produzca una "sucesión natural".  
   Por su parte, Javier Varela ha señalado que no se trata de una dimisión ni de un cese sino que "cuando los palos en las ruedas son constantes y cuando no se tiene autonomía para dirigir un museo es mejor dejarlo".
   "La dirección de un museo debe tener la autonomía suficiente para programar, no solo a largo y medio plazo, sino también las actividades diarias, que no pueden ser sometidas a un control político constante porque así no se puede dirigir nada. Eso es decisión para dirigir una institución que requiere creatividad", ha subrayado.  
   El hasta director del MuViM ha señalado que dos han sido "las gotas que han colmado el caso". Por una parte, la decisión de trasladar la Sala Parpalló al MuVIM, lo que ha calificado de "error, disparate y decisión radicalmente equivocada", ya que se trata de unir en un mismo espacio dos instituciones completamente distintas. Por otra parte, no fue avisado a la presentación a los medios de comunicación que la Diputación de Valencia llevó a cabo este lunes y a la que sí asistieron el resto de responsables de organismo culturales.  
   Varela ha matizado que los "desencuentros" se han producido con al diputada de  Cultura, María Jesús Puchalt, mientras que ha mostrado su agradecimiento al anterior responsable del área, Salvador Enguix, y al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, por darle "esta oportunidad de dirigir un museo durante un año y medio y con un balance que en general ha sido favorable porque el MuVIM es un gran grupo humano".
   Precisamente, Varela ha manifestado que este miércoles mantendrá una reunión "de cortesía" con Presidencia de la Diputación para expresarle su "lealtad".
   Sobre las explicaciones dadas por la Diputación sobre que su comisión de servicios es improrrogable, Varela ha ironizado al decir que "no es un contrato basura" y asegura que había otras formas de permitirle continuar al frente del centro.

Padres y alumnos ponen "de moda" el chantaje a profesores

VALENCIA.- El Defensor del Profesor, figura que el sindicato Anpe puso en marcha a finales de 2005, ha emitido un informe en el que alerta de que tanto padres como alumnos están instaurando en los centros educativos "la moda" del "chantaje" hacia los profesores y cada vez son más los casos en los que amenazan a los docentes con denunciarlos por agresión si no aprueban a los estudiantes. 

   No obstante, ha señalado que las llamadas a esta figura de asesoramiento psicológico y jurídico al profesorado ante problemas de conflictividad en las aulas han experimentado un descenso en la Comunitat Valenciana de hasta el 50% durante el último curso 2010/2011, de 131 a 58, algo que a su entender, se debe a que los nuevos reglamentos de los centros "empiezan a funcionar" y al "apoyo" de la Administración autonómica que está "perdiendo el miedo" a reconocer la "autoridad" del profesor, no como algo "carca y autoritario" sino por la "responsabilidad enorme" que tiene.
   Así lo han puesto de manifiesto durante la presentación de los resultados del informe del servicio Defensor del Profesor el asesor jurídico autonómico de Anpe, Carlos López, el presidente autonómico de Anpe, Laureano Bárcena, y la vicepresidenta nacional, Carmen Guaita, al tiempo que han precisado que los problemas de conflictividad se han reducido "un poco" con el alumnado de Secundaria pero "se mantienen" en los mismos niveles que años anteriores en Educación Primaria e Infantil, donde "el reto" es mejorar la relación con las familias de los niños, por ahora "estancadas".
   Así, en la Comunitat, el 76% de las llamadas al Defensor del Profesor durante el curso pasado fueron por conflictos en Primaria, fundamentalmente con los padres, mientras el 24% fueron de Secundaria, en su mayoría con alumnos. Por provincias, Valencia encabeza el ranking con el 68% de las llamas, y Castellón y Alicante se igualan con el 16% de las consultas cada una.
   No obstante, "si bien ha habido un descenso de los casos, los que sí se producen son más llamativos, más graves", ha advertido López, y pueden llegar a acabar en baja laboral, un extremo al que se llega por el "atasco" de los juzgados que "eternizan" años los procedimientos, causando "indefensión, impotencia, desconsuelo y ansiedad" al profesorado.
   En este sentido, ha criticado la Ley del Menor, como una "de las peores cosas" a nivel jurídico para solucionar estos problemas, que en su opinión, "parece que se protege más al agresor que a la víctima". En concreto, en la Comunitat, el Defensor del Profesor ha percibido que el 65% de los docentes que acuden a este servicio presentan ansiedad, el 22% caen en depresión, y el 13% piden la baja.
   Entre los problemas que más se acucian en las aulas, la Comunitat sigue la tendencia nacional, donde el 25% de las llamadas se deben a acoso y amenazas de padres, el 24% por problemas para dar clase, el 20% por acoso y amenazas de los alumnos, el 19% por faltas de respeto, un 17% por denuncias de padres, en un 14% tanto los insultos como las falsas acusaciones de padres y/o alumnos.
   Le sigue un 12% tiene problemas con administrativos con Dirección, un 11% que sufre conductas agresivas entre alumnos y hacia profesor, un 9% denuncia grabaciones, fotos e internet, el 7% de daños a propiedades o pertenencias, un 6% agresiones a alumnos y un 1% agresiones de padres.
   Por su parte, Guaita ha destacado que cada vez son menos los docentes que necesitan ayuda del exterior aunque todavía hay que "hacer un viaje a la madurez y el equilibrio entre profesores y padres".
   Asimismo, ha aprovechado para pedir al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que "incida en la educación en el mismo paquete que vaya la reforma económica", un Estatuto Docente, "que ya es hora", ha dicho, y que los profesores "maltratados en tiempos de bonanza, no sean ahora los primeros en pagar la crisis con recortes, mientras siguen manteniéndose gastos superfluos".
   En esta línea, ha instado al Gobierno a unificar criterios entre regiones, para que no haya desigualdades en la oferta de plazas según cada región y ha abogado por reformar la LOGSE, que ha descrito como "sistema de comprensividad", y cambiarlo por un "modelo del esfuerzo en el que los jóvenes se hagan responsables de sus resultados" y "el Bachillerato sea una criba en sí mismo y lo haga quien esté dispuesto a estudiar". Secundaria debe "ofrecer alternativas" hacia la Formación Profesional.
   Por su parte, Bárcena cree que para solucionar todos estos problemas, el Plan de Choque que prevé elaborar el conseller de Educación, José Císcar, tras recoger las propuestas de los diferentes sectores implicados, "debe incluir reformas profundas y valientes", entre las que ha instado a dar "autonomía" a los centros para que puedan elegir su organización horaria", tal como sucede en otras comunidades. Una reivindicación histórica de Anpe, que cree que "ahora es el momento" de autorizar.
   Del mismo modo, ha criticado que la Conselleria haya decidido "unilateralmente" que después de un año en vigor, que el acuerdo de interinos "no tiene validez", uno de los sectores más "perjudicado" por los recortes en la oferta de empleo. El responsable autonómico ha recordado que el jueves a las 18.00 horas se concentrarán frente a las direcciones generales de Alicante y Castellón, y a las puertas de Conselleria en Valencia en defensa de los interinos que "lo están pasando mal".

Los farmacéuticos de Valencia cerrarán tres días

VALENCIA.- Los farmacéuticos de la provincia de Valencia han acordado en la asamblea general extraordinaria celebrada este martes convocar un cierre patronal de tres días --las jornadas del 19, 20 y 21 de diciembre-- con servicios mínimos para protestar por los "impagos" de la Generalitat, que se comprometió ayer a pagarles antes de final de año los 120 millones de euros pendientes, después de que el pasado sábado venciera el plazo acordado en noviembre para desembolsarles 60 millones. 

Los colectivos de boticarios de Alicante y Castellón se reunirán este miércoles para unirse o no a esta propuesta aunque los boticarios de la demarcación de Valencia tienen previsto llevar adelante esta medida en cualquier caso, han asegurado hoy fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
Asimismo, los tres colegios provinciales van a realizar una concentración este miércoles ante la sede de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública a partir de las 13.00 horas, han agregado las mismas fuentes al término de la asamblea, que ha culminado pasadas las 23.30 horas.
Estas acciones se adoptan tras el incumplimiento del segundo de los pagos prometidos por el Gobierno valenciano, correspondiente a la mitad de las recetas que dispensaron en mayo. Con la factura de noviembre, la deuda a las farmacias ronda los 550 millones de euros.
Previamente, las asambleas de los colegios de Valencia, Alicante y Castellón "ya habían aprobado medidas de protesta para el caso de que se produjese el impago de alguno de los compromisos, cosa que ha ocurrido ya", a pesar de ese nuevo compromiso de pagar antes de 2012.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, había señalado este lunes que "con ese nuevo incumplimiento, se ha generado una desconfianza tal" que "impide" al sector "aceptar nuevas propuestas y más dilaciones en el cobro".
Según Guardiola, la situación de las farmacias "ya era muy precaria y sus existencias se han ido reduciendo día a día con los retrasos en los pagos". Así, considera "imprevisible" la repercusión de dicho incumplimiento en su actividad dado que "al haber agotado ya todos sus recursos económicos para hacer frente a los proveedores, no se descarta que se produzca una reducción importante en las existencias de medicamentos de algunas de ellas".
"Es imposible asegurar que no existan desabastecimientos puntuales en las dificilísimas circunstancias económicas en las que se encuentran las oficinas de farmacia", alertó la presidenta del Micof.

Adicae convoca en Alicante una concentración de afectados por los "productos tóxicos" vendidos por la CAM

ALICANTE.- Adicae ha convocado este viernes una concentración de afectados por los "productos tóxicos" que, a su juicio, ha vendido Caja Mediterráneo, donde presentarán las primeras reclamaciones extrajudiciales y se exigirá una salida digna para todas las familias ahorradoras implicadas, según ha informado en un comunicado la asociación.

   Adicae va a proseguir  su campaña de "denuncia pública de estos productos" y ha anunciado su voluntad de "llevar el caso ante los Tribunales de Justicia en el caso de que los afectados no obtengan una solución real".
   Según la asociación, "una vez intervenida la CAM, los consumidores han ido tomando conciencia poco a poco de que no era precisamente un plazo fijo o un depósito seguro lo que tenían contratado, aunque así fuera comercializado en su momento".
   La noticia de la aprobación por parte del Banco de España de la oferta realizada en su día por el Banco Sabadell y, por tanto, la adjudicación a éste de la caja alicantina "no hace mención a un problema sangrante para miles de ahorradores alicantinos afectados por diversos productos tóxicos".
   Por ello, ha justificado esta concentración, en la que los alicantinos afectados por la actuación de la caja expresarán su "rechazo al trato que están recibiendo, denunciarán los abusos de los que han sido víctimas y reclamarán soluciones efectivas".
   Adicae ya denunció el 19 de octubre a 52 entidades bancarias españolas por comercializar indebidamente preferentes y demás productos tóxicos a miles de consumidores.

Camps admite que recibió regalos del 'Bigotes' pero que se los iba a devolver "porque se había pasado"

VALENCIA.- Francisco Camps había marcado "una raya", un límite de valor para los regalos que le hacían los empresarios en su época al frente de la Generalitat Valenciana. El ex presidente admitió que recibió regalos de Álvaro Pérez 'el Bigotes', que lo llamó para agradecérselo y que hasta su mujer le trasladó que iba a devolverlos "porque se había pasado" del tope. El 'popular' aseguró este martes ante el jurado popular que lo juzga por un presunto delito de cohecho pasivo impropio que nunca ha pedido tickets... "Ni cuando he cogido taxis, ni cuando voy a comer a restaurantes con amigos".

   Durante cuatro horas y media, Camps tomó la palabra y dio su versión de los hechos después de lo que él definió así: "Un proceso de tres años en el que se ha roto el secreto de sumario y en el que no he podido defenderme". De ahí que su testimonio trajera consigo ciertas novedades. De acuerdo con sus palabras, cuando llegó a la Jefatura del Consejo valenciano en 2003 y vio los regalos que le hacían las empresas, dibujó "una raya".
   Esa línea establecía el valor límite de los presentes que se permitía aceptar, "y eso está documentado", subrayó. El 'popular' mantuvo que a las entidades que ofrecieran regalos excesivamente valiosos se les ofrecía dos posibilidades: que los aceptasen de vuelta o enviarlos a una sociedad de caridad. El asunto generó una confrontación entre el político y la fiscal.
   La defensa aportó como prueba de ello un escrito que la Generalitat remitía a las empresas y la representante del Ministerio Público reclamó una explicación sobre el motivo por el que el texto no había visto la luz antes. "Nunca he podido contestar a esta pregunta", afirmó el 'popular'.
   Partiendo de esta base, Camps reconoció que había recibido los regalos de 'el Bigotes' y que lo había llamado para agradecérselos, pero puntualizó que hasta su mujer habló con el empresario para decirle que le iba a devolver los presentes porque "se había pasado".
Estas conversaciones telefónicas fueron grabadas y la fiscal pidió que se escuchasen, pero la defensa y Juan Climent, magistrado-presidente, decidieron dejar este trámite para la fase documental.
   El ex presidente dedicó gran parte de su intervención a describir la relación que tenía con Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel y responsable de la empresa Orange Market. Con actitud tranquila y apoyándose en algunos papeles, el político indicó que conoció al empresario en 2002 porque quería que diseñara y organizara el acto en el que se iba a proclamar presidente de la Generalitat en 2003.
   Desde entonces, ambos trabajaron juntos hasta el año 2008, para organizar todo tipo de actos en campaña y precampaña, entre otros. Camps aseveró que la relación profesional se limitó a actividades de partido y no a acciones vinculadas a la Administración pública.
   El miembro del PP aseguró que recibió en su domicilio cuatro trajes de la tienda Milano a partir de la primavera de 2006. Los remitía el sastre José Tomás, testigo en la causa. Sin embargo, al probárselos y comprobar que no le venían, se los entregó su chófer en uno de los viajes que realizó a Madrid. "Y se acabó Milano para siempre", sentenció. Según aseguró, él solía comprar los trajes en El Corte Inglés porque "uno tiene el sueldo que tiene".
   De acuerdo con la versión del imputado, una vez devueltos los trajes, Tomás le llamó para decirle que iba a trabajar en otra tienda, Forever Young. El sastre le invitó a conocerla para hacerle otros trajes: "Le hacía mucha ilusión que fuera y me aseguró que me dejaba los trajes a la mitad de los que compraba en El Corte Inglés". En otro viaje, el entonces presidente se pasó por la tienda y encargó dos trajes, que retiró a principios de 2007.
   Luego, encargó una tercera prenda de este tipo, que recogió en marzo, y un par de zapatos, que se le estropearon el primer día de ponérselos. Todo lo pagó él, de acuerdo con su versión. En 2008 adquirió otro traje y una 'blazier' por 150 euros, después de haberlo consultado con su mujer. Como no llevaba dinero en efectivo, un escolta dejó dinero a Camps, que después se lo devolvió.
   "Los conciudadanos querrán que vaya bien vestido, supongo", afirmó sobre el hecho de que se comprase ropa. Además, puntualizó que no le dieron tickets ni recibos de los artículos: "Habitualmente, nunca pido tickets, ni cuando cojo taxis ni cuando voy a restaurantes, por dos razones elementales: porque responde a una desgravación de tipo fiscal, o porque significa que la persona cobra dietas. Y ninguno era mi caso".
   También agregó que siempre paga en efectivo y que sólo utiliza la tarjeta de crédito cuando viaja fuera de España: "Puedo haber pagado algo yendo con mi familia porque mi mujer no tuviera la tarjeta a mano, pero debe de haber sido algo súper esporádico", subrayó.
   Ante las preguntas de la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, Camps se negó contestar. Según sus palabras, el iba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a que se hiciera justicia "y no a hacer política". Al término de la declaración, llegó el turno de Javier Boix, abogado defensor. A través de las cuestiones del letrado, el 'popular' aclaró algunas cuestiones.
   A la representante del Ministerio Público le dijo: "De normal, cuando alguien persigue a otro por corrupto, lo que hace es pedirle las cuentas y, en este caso, ni la Fiscalía, que es la máxima responsable de lo que está pasando hoy aquí, me las ha pedido". "Nadie me ha pedido mi patrimonio ni mis cuentas corrientes porque ahí hay normalidad y transparencia a lo largo de estos años", añadió.
   Además, Camps afirmó que no tenía influencia para adjudicar concursos o resolver contratos -"no, imposible"-. El ex jefe del Ejecutivo regional dijo que Juan Climent es un "testigo de excepción" de ello porque trabajó en Presidencia como asesor de Joan Lerma en los años 80. Mirando al magistrado, afirmó: "Así que sabe que Presidencia no tiene capacidad alguna para adjudicar nada. Los presidentes no podemos dar indicaciones".
   El aludido le recordó que la pregunta era si tenía facultades de adjudicación, que todo lo demás era una "opinión", y que las leyes de contratación desde los años 80 han cambiado "bastante". Con ello terminó la declaración del presidente, enjuiciado junto con Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV.

Cierval pide una solución rápida para Banco de Valencia

VALENCIA.- La junta directiva de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) ha valorado en su reunión de este martes la adjudicación de Caja Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell por parte del Banco de España, por considerar que "cierra un periodo de incertidumbre".

   Según ha informado la patronal autonomómica, los empresarios de la Comunitat consideran que esa operación aporta "seguridad y confianza a los impositores y a la sociedad en su conjunto", al tiempo que "mantiene la marca y el arraigo territorial" de la caja alicantina, así como su Obra Social.
   En cuanto a la situación del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España, desde Cierval han reclamado una "solución rápida" que "permita mantener su identidad territorial y el servicio que reciben los empresarios y la sociedad valenciana".

Bankia crea un grupo inmobiliario para gestionar activos del 'ladrillo'

MADRID.- El consejo de administración de Bankia ha acordado la creación de un grupo inmobiliario partiendo de la actual Bancaja Habitat, que agrupará y gestionará todos los activos inmobiliarios, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Este único grupo inmobiliario, participado al 100% por Bankia, agrupará dichos activos, ya sean adjudicados o propios del grupo, e integrará las sociedades participadas que tengan como objeto la actividad promotora o inmobiliaria.
   Asimismo, el nuevo grupo inmobiliario gestionará los activos análogos de la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero no los integrará, precisó en un comunicado la entidad que preside Rodrigo Rato.
   El máximo órgano de gobierno de Bankia también ha previsto el establecimiento de un acuerdo marco entre Bankia y Bancaja Habitat que determinará si la aportación de inmuebles se hace vía ampliación de capital o compra, así como los posibles precios.
   También determinará la financiación de activos adjudicados que sean vendidos y que la misma se realice por los cauces habituales de Bankia, así como los precios de transferencia por los servicios de gestión de cartera.