miércoles, 12 de octubre de 2011

La Fiscalía diferencia la relevancia penal de las indemnizaciones de la CAM y Novacaixagalicia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción considera que existen diferencias en la calificación penal de las indemnizaciones otorgadas a la ex directora general de la CAM frente a las cobradas por cuatro directivos de Novacaixagalicia, ambas intervenidas por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).

   Según explicaron fuentes de la Fiscalía hoy, en el caso de la caja alicantina, el Banco de España y los administradores del FROB destituyeron a María Dolores Amorós por falsear las cuentas y por pactar una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación.
   Sin embargo, el Banco de España no ha emitido informe alguno que desacredite las indemnizaciones y pensiones de cerca de 40 millones de euros recibidas por cuatro directivos de Novacaixagalicia, ya que fueron acordadas por el consejo de administración de la entidad y la información fue enviada al Banco de España.
   En caso de que surjan datos nuevos, Anticorrupción no descarta la apertura de diligencias contra los gestores de las cajas gallegas, pero duda de si su actuación podría ser constitutiva de un delito penal, ya que el Banco de España no ha emitido informe desfavorable alguno ni apartó a los gestores de la caja, tras la intervención del Estado.
   El FROB ha inyectado un total de 3.627 millones de euros en Novacaixagalicia en 2010, en forma de acciones preferentes convertibles en dos fases. Por su parte, la CAM ha recibido 2.800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata.
   Por su parte, expertos jurídicos consideran que la calificación jurídica de la gestión de las indemnizaciones a directivos es similar en ambos casos y se enmarca dentro de los delitos societarios contemplados en el Código Penal (CP) entre los artículos 290 a 297.
   "El aprovechamiento es similar, ya que son personas que haciendo uso de su cargo se benefician de unos cobros, a pesar de su deficiente gestión al frente de las entidades", explican las mismas fuentes, que matizan que "todo esto va en perjuicio de los clientes de la cajas y de todos los contribuyentes".
   En concreto, los abogados destacan que tanto los gestores de la CAM como los de Novacaixagalicia podrían haber incurrido en un delito de administración fraudulenta, contemplada en el artículo 295 del CP, que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años o multa del triple del beneficio obtenido al acusado.
   Este artículo establece este castigo a "los administradores de hecho o de derecho" de una sociedad que "en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad", "causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren".
   Por último, Anticorrupción considera que la competencia para abrir diligencias penales contra los directivos de la cajas de ahorros correspondería a la Audiencia Nacional, mientras que varios expertos dudan de si correspondería a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde reside su domicilio social.

El «maquillaje» de las cuentas permitió cobrar un plus a la dirección de la CAM

ALICANTE.- La última vez que Caja Mediterráneo tuvo beneficios según los resultados declarados por la caja fue en marzo: 39,8 millones de euros. Tres meses después, una vez intervenida por el Banco de España, la caja alicantina —convertida ya en Banco CAM— arrojó unas pérdidas superiores a los 1.100 millones de euros.

Los administradores designados por el Banco de España consideran que el desfase entre una cifra y otra apunta a que la última directora general de la entidad, María Dolores Amorós, pudo alterar las cuentas declaradas en marzo para ocultar la dramática situación de la entidad. Una maniobra que no solo «suavizó» el balance de CAM, sino que, según la política de retribuciones de la caja alicantina, habría permitido a sus directivos embolsarse un plus por objetivos, según 'Abc'.
Según confirmaron fuentes de la comisión de retribuciones, los directivos de la caja percibían «una retribución fija, y otra variable en función de objetivos». O lo que es lo mismo, la declaración de beneficios en marzo permitió a los altos ejecutivos de la entidad embolsarse una cantidad adicional a su sueldo fijo que no habrían percibido en caso de haber aflorado las pérdidas que atribuyen a Banco CAM los administradores del FROB.
La comisión de retribuciones es, según consta en el informe de gobierno corporativo, el órgano encargado de «conocer e informar al consejo de administración sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal» de la caja. Según las fuentes consultadas, la retribución variable es habitual en los contratos de la caja, y no se aplica solo a los altos directivos, sino también al resto de personal.
En el caso de María Dolores Amorós —que llegó al cargo en noviembre de 2010 en sustitución de Roberto López Abad—, la pensión que pactó con el ex presidente de la entidad Modesto Crespo (de 370.000 euros anuales) para «blindar» su contrato en caso de despido se calculó en base a la retribución fija y variable del último año, por lo que los incentivos cobrados por cumplir los objetivos del primer trimestre del año también fueron tenidos en cuenta.
El Banco de España, precisamente, decidió el despido disciplinario de Amorós —sin indemnización— por pactar dicha pensión, además de las sospechas sobre una posible falsedad en las cuentas. Según el acuerdo del consejo de administración (que desconocía el pacto entre Amorós y Crespo), las pensiones debían calcularse según los ingresos de los tres últimos años —destaca también el aumento de sueldo de 300.000 euros como directora adjunta a los casi 600.000 como directora general desde noviembre de 2010—, y solo con la retribución fija.
Las condiciones del despido de Amorós han sido objeto de la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se refiere únicamente a la ex directora general de la entidad —despedida en septiembre tras ser suspendida de empleo a principios de agosto—, mientras que las presuntas irregularidades detectadas por los administradores son investigadas por el Banco de España.
Desde la dirección de CAM, no obstante, negaron de nuevo que se hubieran falseado las cuentas. Las mismas fuentes consultadas por 'Abc' defendieron que la empresa que auditó el balance del segundo trimestre, cuando afloraron 1.136 millones en pérdidas, «es la misma» que certificó los beneficios de 39,8 millones en marzo. 
Así, atribuyeron el desfase a la modificación de criterios por parte del Banco de España. Una tesis que ya había defendido el pasado sábado el presidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés Olmos. «Si aplicaran a cualquier otro banco los mismos criterios que a CAM, también estaría en quiebra».

Barberá indica que no tiene nada que decir sobre la depuradora de Pinedo

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy en relación a la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), cuyo gerente está declarando ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, que no tiene "nada que decir" respecto a esta cuestión.

   En este sentido, ha indicado que no tiene "nada que decir" sobre esta cuestión, y ha recordado que "está habiendo declaraciones ante el juez y será lo que diga el juez; yo no tengo absolutamente nada que decir".
   Barberá se ha pronunciado en este sentido tras ser preguntada por esta cuestión, después de que el Ministro de Fomento, José Blanco haya presentado el estudio técnico del Corredor Mediterráneo en Valencia.

El pleno de las Corts abordará la creación de una comisión de investigación sobre la CAM

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes de la próxima semana abordará la creación en el Parlamento autonómico de una comisión de investigación sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y la situación en la que se encuentra esta entidad. Esta decisión se ha adoptado este martes en la Junta de Síndics a raíz de una propuesta planteada por el grupo de Esquerra Unida (EU). 

   A este respecto, Ignacio Blanco, diputado de esta formación ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces, que su grupo en el Congreso también ha presentado a través de Gaspar Llamazares una iniciativa para pedir al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "que actúe contra los gestores de CAM" porque la Justicia ha de actuar ante su comportamiento y ante las medidas adoptadas para "favorecerse personalmente".
   Ha señalado que con estas propuestas su partido pretende que las instancias judiciales "contemplen en conjunto todas las actuaciones de los responsables de CAM" ante lo que ha considerado "el mayor escándalo financiero conocido en estas tierras".
   Blanco ha afirmado que serán "el pueblo valenciano, los clientes --de la entidad-- y los territorios del sur --de la Comunitat Valenciana, por su vinculación con la caja-- los que pagarán la pérdida de un elemento financiero importante". Ha defendido que esta entidad "sea pública y gestionada por la Generalitat con otros criterios distintos a los que se han mantenido hasta ahora".
   El viceportavoz del PP, Rafael Maluenda, ha destacado, también en una rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, que el PP ha aceptado incluir en el orden del día del próximo pleno abordar la creación de dicha comisión de investigación, pero ha precisado que el grupo 'popular' no puede por el momento pronunciarse a favor o en contra de esta iniciativa porque está estudiando su criterio al respecto.
   "Ya nos pronunciaremos", ha manifestado Maluenda, que ha indicado que el PP "estudiará éste como cualquiera de los otros puntos del orden del día". Ha recordado que los 'populares' han pedido "respeto" a los problemas que se han ocasionado a los trabajadores de CAM y que ante cualquier decisión que les afecte se tenga en cuenta a sus representantes legales, así como que se mantenga la obra social de la entidad.
   El representante del PP ha resaltado que el Consell no ha eludido en las Corts preguntas sobre CAM y que el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, ha pedido comparecer para hablar de ella. Por ello, ha señalado que "nadie" puede acusar a esta formación de "no dar paso a los temas de CAM".
   Rafael Maluenda ha comentado, asimismo, que "no se puede evitar pensar en la responsabilidad del Banco de España" en todo lo sucedido en esta caja y ha apuntado que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, incluye en su programa electoral una reforma del Banco de España "para ejercer también la gestión de control y de responsabilidad".
   Respecto a la investigación abierta de oficio por la Fiscalía Anticorrupción contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, María Dolores Amorós, ha aseverado que esta decisión merece al PP "el máximo respeto" y ha afirmado que quiere que "se salvaguarden los derechos de cualquier persona previstos en el ordenamiento jurídico".
   Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV Cristina Moreno ha manifestado, preguntada por la situación de CAM en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de portavoces, que éste es un asunto de "auténtico escándalo". Ha opinado que "se debe investigar no sólo a la cúpula sino todo lo que ha sucedido en CAM", por lo que ha defendido la propuesta de crear en las Corts una comisión para estudiar esas cuestiones.
   Moreno ha comentado, por otro lado, que hasta la fecha el grupo socialista no tiene constancia de que haya llegado a las Corts la petición del conseller de Economía de acudir a la Cámara a hablar de esta entidad y ha rechazado que éste "sólo se haga responsable de CAM desde que ostenta el cargo, hace tres meses". Ha dicho que así "queda en evidencia dieciséis años de política del PP", al que ha relacionado con "políticas equivocadas" aplicadas en esta caja.
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que también ha comparecido tras la Junta de Síndics, ha valorado la decisión de Anticorrupción de investigar a Amorós como ya pidió su coalición "en julio". Tras ello, ha pedido a la Fiscalía "que vaya más allá" y que investigue "más allá de posibles indemnizaciones, sueldos abusivos y cláusulas de blindaje".
   En este sentido, ha pedido que se investigue "la estrategia que ha llevado a la ruina a las propias entidades y a clientes" y ha estimado que ésta tiene las características de "estafa".
"Si lo hace alguien con una estampita va a la cárcel, si lo hace un directivo de CAM, no", ha planteado Oltra.
   La parlamentaria ha avanzado que Compromís estudia, junto con otros colectivos --como plataformas de lucha contra los desahucios, cláusulas abusivas de los bancos, ha precisado-- personarse como acción popular en este caso para "estudiar esta estafa colectiva que afecta a muchas familias que han perdido su casa". Ha subrayado que "la Fiscalía, que defiende el interés general debe tomar cartas en el asunto y depurar las responsabilidades civiles y posiblemente penales que existen en toda esta entidad".

La inflación sube una décima en septiembre en la Comunitat y la tasa interanual crece hasta el 3,0%

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido una décima en septiembre en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior con lo que la tasa interanual ha crecido también dos décimas, hasta el 3,0 por ciento, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En el conjunto de España, la inflación ha subido dos décimas en septiembre en relación al mes anterior, arrastrado por el fin de las rebajas, y la tasa interanual se ha elevado una décima, hasta el 3,1%, tras cuatro meses registrando descensos.
   Castilla-La Mancha y la Rioja son las comunidades donde la tasa interanual ha sido más alta, hasta el 3,5%, seguidas de Asturias, Castilla y León y Galicia, con un 3,4%.
   En la Comunitta Valenciana la rúbrica que más subio fue Bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8 por ciento, seguido de Vestido y calzado, con un 2,6 por ciento, Enseñanza con un 0,8 por ciento y Transporte con un 0,6 por ciento. Por su parte, Menaje aumnetó un 0,3 por ciento, y Comunicaciones, Vivienda y Medicina una décima cada una.
  Se mantuvieron estables Alimentos y bebidas no alcohólicas y Otros, mientras que descendieron Ocio y cultura un 2,2 por ciento y Hoteles, cafés y restaurantes un 1,4 por ciento.

Barceló (PSPV) pide que "se devuelva lo que nunca debió cogerse de la CAM"

ALICANTE.- La secretaria general provincial del PSPV en Alicante y diputada autonómica, Ana Barceló, ha reclamado una investigación a "fondo" en torno a la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y ha pedido que "se devuelva lo que nunca debió cogerse de la entidad", según ha informado en un comunicado la formación política.

   Al respecto, Barceló además ha remarcado la necesidad de que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, acceda a poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de la CAM.
   Así, al igual que defiende también el portavoz socialista de economía en  les Corts Francisco Toledo, Barceló cree que Fabra "está obligado, por responsabilidad y en aras de la transparencia a votar a favor de la puesta en marcha de esta comisión con el fin de clarificar las numerosas incógnitas que todavía permanecen ocultas en relación a la nefasta gestión de la CAM".
   Barceló ha afirmado además que, "independientemente de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esté analizando la gestión de la CAM o que, incluso la Fiscalía Anticorrupción haya tomado cartas en el asunto sobre la actuación de su exdirectora general, urge también abrir una comisión de investigación donde el PP deberá de explicar qué ha hecho el Consell y el PPCV con la CAM, asumiendo las consecuencias y dando muchas explicaciones".
   "Es necesario que se investigue hasta el fondo y se devuelva lo que nunca debió cogerse", ha señalado, al tiempo que ha considerado que es "un clamor político, social y del tejido económico de esta provincia que no puede tener una respuesta negativa por parte de Fabra".
   A su parecer, en caso de negarse, Fabra "estaría faltando a la palabra dada en su discurso de investidura cuando prometió transparencia a todos los grupos parlamentarios". Ana Barceló ha insistido también en apoyar las reivindicaciones de los sindicatos "preocupados por el trabajo de muchas personas y el futuro de muchas familias".

Fomento y Consell firman el protocolo para el Tren de la Costa, cuyas actuaciones se iniciarán en cuatro meses

VALENCIA.- El ministro de Fomento, José Blanco, y la consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, han firmado hoy en Valencia el protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa Valencia-Alicante, cuyas actuaciones se iniciarán en cuatro meses, según ha informado el Ministerio de Fomento.

   El presupuesto, según ha indicado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Transporte, Isabel Bonig, ronda los 1.300 millones de euros, de los que 560 se hará cargo el Ministerio y del resto, unos 770, la Generalitat --531 a través de aportación propia y el resto, con participación pública-privada--.
   El protocolo establece el marco general, las pautas y la metodología que deben regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y las entidades públicas ADIF, RENFE-Operadora y GTP para la realización de los estudios técnicos y económicos necesarios para el desarrollo del mencionado corredor ferroviario.
   El Tren de la Costa entre Valencia y Alicante es la conexión ferroviaria de los municipios litorales del ámbito territorial Valencia-Gandía-Denia-Benidorm-Alicante. El trazado Valencia-Cullera-Gandía forma parte de la red ferroviaria de interés general del Estado y se encuentra  en funcionamiento en vía doble entre Valencia y Cullera y en vía única entre Cullera y Gandía. La futura infraestructura ferroviaria entre Gandía y Alicante será objeto de desarrollo en los términos previstos en el Protocolo.
   Las actuaciones incluidas en el protocolo se iniciarán en un plazo de cuatro meses. Se realizarán estudios de demanda, rentabilidad y de previsión de tráficos, así como el estudio informativo previo a la redacción de proyectos. Para su realización, se tendrán en consideración los estudios previos realizados por la Generalitat Valenciana.
   Respecto a la financiación, los estudios informativos serán licitados y financiados por el Ministerio de Fomento, mientras que los estudios de demanda, rentabilidad, y previsión de tráficos los licitará y financiará la Comunitat Valenciana.
   Las partes podrán convenir la creación de una sociedad mixta para la administración y explotación del nuevo corredor, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario y sin integrar la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad, que se llevará a cabo por ADIF.
   Los acuerdos incluidos en el protocolo requerirán su desarrollo a través de los correspondientes convenios que se suscribirán entre las entidades intervinientes, a medida que se vaya avanzando en los estudios técnicos y económicos.
   Para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas, se crea además una comisión de seguimiento del protocolo presidida por el Ministerio de Fomento y formada por el director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, el director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana, el director general de Operaciones e Ingeniería de ADIF, el director General de Viajeros de RENFE-Operadora y el director Gerente de GTP.
   La consellera de Infraestructuras, Territorio y Transporte, Isabel Bonig, ha destacado tras la firma del convenio que se trata de un protocolo muy importante "por el que la Generalitat ha luchado mucho", así como los ayuntamientos implicados. A su juicio, esta infraestructura supone un elemento de vertebración "importantísimo" y ha calificado el de hoy como "un gran día".
Por otra parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha mostrado este martes su convicción de que la Comisión Europea aprobará el próximo día 19 de octubre el Corredor Mediterráneo desde Algeciras, ha recalcado, hasta la frontera francesa.    
Blanco ha presentado este martes el estudio técnico del Corredor Mediterráneo en Valencia, acompañado por  el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del que ha destacado que ya están en funcionamiento 430 kilómetros de los 1.300 kilómetros que lo conformas y que el próximo año se añadirán otros 130, con lo que ya estará más de la mitad en servicio.

El PSPV insta a Fabra a pedir "explicaciones" a Camps por su viaje a Japón y Compromís y EU plantean que deje sus cargos

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes Cristina Moreno ha instado este martes al presidente de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, a pedir "explicaciones" al ex jefe del Consell y diputado 'popular' en esta Cámara, Francisco Camps, por el viaje que recientemente realizó a Japón para presenciar el Gran Premio de Motociclismo y que, según publica Levante-EMV, hizo invitado por la escudería Aspar Team. 

   A este respecto, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, ha considerado que es "una burla" y "como reírse en la cara de los valencianos" que Camps "siga aceptando regalos", al tiempo que ha apuntado que es necesario que "alguien le pare los pies".
   Oltra ha estimado que eso es algo que tendría que hacer el PP si quiere "dar ejemplo de honestidad", además de destacar que Francisco Camps es diputado autonómico, por lo que "todavía tiene una función representativa muy importante" y miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un organismo compuestos por personas que "han de dar ejemplo".
   Por su lado, el diputado de Esquerra Unida (EU) Ignacio Blanco ha resaltado también la condición del ex jefe del Consell como componente de este organismo y como "cargo institucional" al ocupar "un escaño" en las Corts aunque "ejerza de diputado ausente", en alusión a sus ausencias en los plenos. Ha lamentado la "falta de decoro político" de Camps al aceptar regalos y ha pedido su dimisión como diputado.
   Moreno, Oltra y Blanco se han pronunciado de este modo en las ruedas de prensa que han ofrecido cada uno de ellos tras la Junta de Síndics, al ser preguntados por este viaje del ex presidente de la Generalitat y del PPCV.
   La portavoz adjunta del PSPV ha comentado que no le sorprende que Camps haya aceptado obsequios pero sí que "todavía no haya una desautorización expresa de Fabra" hacia él y que le "pida explicaciones" como parlamentario 'popular'. Ha pedido al jefe del Consell que diga "si es una tónica habitual permitir que los diputados del PP reciban regalos de quienes hace tres días subvencionaban" desde la Generalitat.
   Mònica Oltra, por su lado, ha censurado que Camps "no aprende que no puede recibir regalos como presidente ni como diputado ni como miembro del CJC. Ha opinado que el ex jefe del Consell debe tener "dinero suficiente para irse a Japón para ver las motos" por su cuenta y ha señalado que "podía acudir a los plenos" de las Corts porque "se le paga por ello".
   Tras ello, ha destacado que "tiene un cargo público" y le ha instado a "dimitir" si no cumple con él y dejar la vida pública. "Camps debe dejar de dejarse sobornar ya", ha planteado la diputada de Compromís, que ha insistido en que el PP "debe tomar cartas en el asunto".  
   Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, ha rechazado que un ex presidente "acepte regalos de lujo por parte de un empresario que recibe contratos públicos".
"Si dimite por aceptar regalos no entendemos cómo comete el error" de recibir nuevos, ha apuntado el diputado, que ha avanzado que su grupo plantea presentar una iniciativa parlamentaria "para que se dé respuesta sobre este tipo de hechos". Por ello, ha pedido la "dimisión" de Camps como parlamentario.  
   Por su lado, el viceportavoz del PP en las Corts, Rafael Maluenda, ha comentado, preguntado por el viaje a Japón del ex presidente, que no conoce ese asunto pero ha pedido "mucho respeto para una persona que ha tenido una actuación ejemplar como presidente de la Generalitat y que ha situado la Comunitat Valenciana al más alto nivel". Ha destacado que decidió dimitir como jefe del Consell "para poder defenderse libremente de cosas de las que se le acusan".
   Maluenda ha indicado también, preguntado por la ausencia de Francisco Camps en el acto institucional del 9 d'Octubre, que "merece mucho respeto su ausencia" y que "seguro que ha tenido una causa" para no acudir que habrá llegado a los organizadores de esta convocatoria.
   Igualmente, respecto a sus ausencias en los plenos de la Cámara, el viceportavoz del PP ha apuntado que el ex presidente de la Generalitat "está ejerciendo como diputado" y ha afirmado que "ejercer como diputado no es sólo asistir al pleno". Ha destacado que él no se encarga de controlar las ausencias a estas sesiones, pero ha matizado que supone que Camps explicará la no asistencia porque es "una persona sumamente correcta y respetuosa con el funcionamiento de la institución".

La CE niega que Barroso dijera a las CCAA que España está al borde del precipicio

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha negado que su presidente, José Manuel Durao Barroso, dijera ayer lunes, durante un almuerzo con nueve presidentes autonómicos, que España está al borde del precipicio. El principal mensaje de Barroso a los líderes regionales fue, según ha aclarado su portavoz, reclamarles que cumplan los objetivos de reducción del déficit.

   "He visto titulares alarmistas en la prensa española que no reconozco y que ciertamente no reflejan el contenido de las palabras del presidente a los presidentes de las regiones españolas", ha dicho la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde.
   Barroso mantuvo un diálogo "muy fructífero" e "interesante" con los presidentes autonómicos sobre la situación de la economía española y reconoció ante ellos "el gran progreso efectuado por España en la vía de la consolidación fiscal y las reformas estructurales, lo que traduce una reacción rápida a las tensiones de los mercados que hemos conocido este verano", ha explicado la portavoz.
   "Lo que estaba en el centro de su mensaje era el rol y la insistencia del presidente en el rol que las regiones y las comunidades autónomas deben jugar en estas reformas, en particular en la consolidación de las finanzas públicas. Ese era el mensaje principal del presidente", ha resaltado Ahrenkilde.
   Barroso expresó ante los presidentes autonómicos su preocupación por la "elevada tasa de paro" en España y reclamó una "actuación contundente" para reducirla. Además, señaló que España "debe hacer frente a retos importantes en su política económica" y que "los planes de consolidación fiscal deben aplicarse de forma estricta".
   "También dijo que la reestructuración del sector bancario debe completarse y que hay que dar un impulso a la competitividad, el empleo y el crecimiento a medio plazo", ha precisado la portavoz.
   El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha destacado este martes que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, explicó durante su reunión con los presidentes de las Comunidades Autonómicas que "España estaba al borde del precipicio" y "algo podría ocurrir con nuestro país en las próximas semanas".

S&P rebaja el rating de la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Standard & Poor's (S&P) ha rebajado el rating a largo plazo de la Comunidad Valenciana a 'A-' desde 'A' y el de corto plazo a 'A-2' desde 'A-1', porque considera que ha "retrasado" la puesta en marcha de "medidas significativas" de recorte de gasto en la primera mitad de 2011, y sostiene que excederá los objetivos de déficit fiscal para el ejercicio. 

   Además, añade que ve al Gobierno valenciano "poco dispuesto a hacer un uso completo de su flexibilidad en la recaudación de impuestos".
   Para esta decisión, la agencia precisa que ha tenido en cuenta "el deterioro del proceso presupuestario" en la Comunidad, incluyendo "el historial de desviaciones presupuestarias, la sobreestimación de ingresos teniendo en cuenta la ejecución a mitad de 2011", así como su opinión de que el plan de reequilibrio "introduce diversas suposiciones de difícil cumplimiento".
   La agencia de calificación cree que las estimaciones presupuestarias y financieras de la comunidad "aumentan el riesgo de desviación presupuestaria" y considera que la capacidad de la Generalitat para equilibrar ingresos y gastos "se ve lastrada por su falta de disposición a incrementar impuestos y por la tardanza en poner en marcha una reducción de costes ambiciosa".
   Así, señala que al final del primer semestre de 2011, el déficit presupuestario de la Comunidad Valenciana era del 1,9% del PIB regional, comparado con un objetivo de déficit fiscal para el conjunto del año del 1,3%.
   S&P añade que el rating de Valencia está apoyado en "gran medida" en su visión sobre el "alto nivel de apoyo que presta el sistema intergubernamental español", que espera que continúe. La agencia prevé que la carga de deuda del Gobierno valenciano llegará a un "máximo" en 2012 para reducirse después, y llega a la conclusión de que las contingencias "parecen moderadas".
   La agencia especifica que el rating se ve limitado por su opinión sobre la "débil ejecución presupuestaria" de la Comunidad, la "alta carga" de deuda, la "más alta" de todas las regiones españolas en relación al PIB, y una situación de liquidez "negativa" de acuerdo con sus criterios.
   También espera que la Comunidad modere sus inversiones, reduciendo así su déficit, con unas expectativas de crecimiento a medio plazo similares a las que prevé para el resto de España. La agencia constata que la economía valenciana "se está recuperando lentamente", después de sufrir el impacto de la crisis el sector de la construcción.
   Según S&P, la Comunidad se encuentra en situación de "liquidez negativa" por sus "menores niveles de efectivo, casi total uso de las líneas de crédito y deterioro del remanente de tesorería", incluido la "negativa" del Gobierno central a transferir el anticipo de 633 millones de euros, contabilizados en el presupuesto de 2011. No obstante, piensa que mejorará parcialmente estas tensiones "acudiendo de forma exitosa al mercado minorista español en el mes de diciembre de 2011".
   En caso de que tuviera "dificultades" para conseguir fondos, algo que ve "poco probable", apunta que el Gobierno central tiene "fuertes incentivos" para proporcionar apoyo a través de adelantos en transferencias, préstamos, compra de deuda o avales para emitir deuda, porque "cualquier dificultad financiera en la región afectaría negativamente la reputación de España en los mercados financieros internacionales".