miércoles, 11 de mayo de 2011

El 40% del alcohol producido de los residuos del vino que se reciclan en la Comunitat se exportan a países de la UE

VALENCIA.- El 40 por ciento del alcohol producido proveniente de los residuos del vino que se reciclan en la Comunitat se exportan a países de la Unión Europea (UE), según han informado en un comunicado la Gestora de Residuos Vínicos, SCV (Gestrevin), única empresa valenciana dedicada al reciclaje de los residuos del vino. 

Según Gestrevin, el mercado nacional aprovecha gran parte de los productos que se obtienen del reciclaje de los residuos de la elaboración del vino en la Comunitat Valenciana, pero los países de la Unión Europea ya concentran el 40 por ciento de la exportación de estos productos.
 
Italia es el principal país importador de tartrato de cal mientras que los países anglosajones, como Australia, Nueva Zelanda, México y Estados Unidos, importan sobre todo aceite que se elabora a partir de la pepita de uva, una vez seca y tostada. Para la temporada actual, la cifra de exportación ronda los 600.000 euros, un 40 por ciento del total de la facturación. 

Aunque la actividad principal es la fabricación de alcohol, tanto de tipo industrial como de uso de boca, el reciclaje de los residuos del vino da como resultado subproductos como la granilla de uva, para elaborar aceites de semillas; tartrato de cal, que se usa para ácido tartárico que luego se emplea como componente en la alimentación y en las bebidas alcohólicas; y biomasa, utilizada como biocombustible y para fabricar abonos y compost orgánicos, según ha explicado la Gestora de Residuos Vínicos, situada en la comarca de Requena-Utiel.

La inmigración ayuda a salir antes de la crisis y a sostener las pensiones

MADRID.- España habría sufrido una crisis más prolongada y la salida se habría retrasado "en torno a un año" sin la aportación de los inmigrantes, según un informe de la Fundación Ideas, que destaca que estos trabajadores están contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de pensiones. "La inmigración ha sostenido la actividad económica, incluso durante la crisis, y va a ser crucial para la recuperación porque sin inmigración, la riqueza nacional se habría contraído en 2010 en 0,1 puntos más", ha dicho Jesús Caldera, vicepresidente de la fundación, durante la presentación del informe "La contribución de la inmigración a la economía española".

El estudio destaca que sin la aportación de los trabajadores extranjeros, la economía española no hubiera crecido a los ritmos alcanzados durante el periodo de auge económico.

Así, señala que en la última década, el 60 por ciento del crecimiento de la economía se puede asignar a la inmigración, que tuvo un impacto positivo en la renta 'per capita', elevándola un 32 por ciento en ese periodo, hasta los 23.000 euros. Además, indica que los trabajadores extranjeros realizan una contribución directa al empleo de cerca del 15 por ciento, del total del empleo en España. 

"En los años de bonanza, los trabajadores extranjeros nos ayudaron a generar crecimiento y empleo; durante la época de crisis, sufrieron en primer impacto del derrumbe del sector de la construcción, pero inmediatamente ayudaron a recuperar la actividad en el sector servicios y con vista a la recuperación, están mostrando una iniciativa económica emprendedora muy necesaria", ha explicado Caldera. 

El informe señala que durante los diez años anteriores a la crisis, la contribución de los inmigrantes a las finanzas de la Seguridad Social supuso 5.000 millones de euros anuales (el 50 por ciento del superávit del conjunto del sector público). 

Expone que la inmigración está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de pensiones español, "ya que ha retrasado en casi cinco años la entrada en déficit del sistema, una sostenibilidad que está garantizada en el futuro gracias a la reforma que aborda el Parlamento". 

Caldera ha destacado el impacto positivo sobre el empleo nacional y ha dicho que los inmigrantes no han disputado el empleo nacional, sino que han contribuido a que se produzca un desplazamiento de los trabajadores españoles hacia tareas más cualificadas, lo que ha incidido en una elevación de sus salarios.

También, la llegada de la población extranjera ha favorecido la incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que los inmigrantes han reemplazado a las mujeres en las tareas domésticas.

CSI·F interpone un recurso ante el TSJCV contra la Generalitat por "inactividad material de la administración"

VALENCIA.- El sindicato CSI·F ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la Generalitat por "inactividad material de la administración" ante la "falta de repuesta" a las peticiones de permitir el acceso a internet a 120 funcionarios del edificio PROP II ubicado en la calle Gregorio Gea de Valencia. 

La central sindical ha resaltado en un comunicado el "agravio comparativo que supone esa falta de acceso a la información electrónica, ya que el resto de empleados públicos sí que tienen". 

Además, ha indicado que el hecho de poder utilizar internet "mejoraría el servicio que ofrecen al usuario al poder consultar los sitios web de la administración general del Estado, ministerios o el Boletín Oficial del Estado, necesarios en muchos casos para ofrecer una completa información al ciudadano". CSI.F ha recalcado que esta "restricción" en el acceso a internet "limita el derecho a la información". 

Por este motivo, el sindicato ha decidido, después de "apurar" la vía administrativa "sin respuesta alguna", recurrir "directamente ante los tribunales ordinarios" y presentar un escrito a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV. El sindicado ha subrayado que los empleados públicos del Servicio Territorial de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ubicados en el edificio PROP "son los únicos de la administración del Consell que tienen restringido el acceso a Internet en sus equipos informáticos".

En este sentido, ha destacado que el artículo 66 de la Ley de Función Pública Valenciana "establece el derecho a la participación en la modernización tecnológica de la Administración en el marco de la planificación en la citada materia" y, según ha añadido, "el acceso a Internet se incluye dentro de la citada modernización". 

El sindicato CSI·F ha reclamado a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que se libere el acceso a internet para los funcionarios del PROP de la calle Gregorio Gea, con lo que "eliminaría la discriminación establecida y equipararía a estos trabajadores con el resto de sus compañeros". 

Asimismo, considera que también "permitiría mejorar el servicio que se presta a los usuarios, que demandan una información completa, rápida y contrastada con el resto de sitios webs oficiales".