Fabra: ´El cierre de RTVV es innegociable y el proceso va a ser rápido ´

VALENCIA.-El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es "innegociable" y no va a haber "marcha atrás", de manera que se va a seguir un proceso "rápido" para proceder "cuanto antes" al cese de las emisiones de la cadena pública.

Fabra se ha pronunciado así durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat ante los medios de comunicación para explicar la decisión de cerrar RTVV, anunciada anteriormente en un comunicado por su Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulara el expediente de regulación de empleo de la empresa pública.

El presidente ha responsabilizado a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, que no va a seguir en el cargo, de las decisiones adoptadas en la aplicación del ERE, y ha reprochado a los sindicatos que no asumieran las propuestas que planteó la empresa, mientras que ha resaltado que el momento de la negociación "ya ha pasado".

Durante su intervención, en la que se oían las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados en el exterior del Palau, Fabra ha anunciado que estudian medidas jurídicas contra las consultoras que asesoraron a la Generalitat en la elaboración del ERE que ha sido anulado por la Justicia.

Además, ha reivindicado que, "por supuesto", el vicepresidente del Consell, José Císcar, va a seguir en su cargo, y ha insistido en que su Gobierno no tiene 40 millones de euros para satisfacer la readmisión del millar de trabajadores de RTVV y no va a cerrar colegios ni hospitales para mantener la radiotelevisión pública.

Asimismo, en una entrevista en Onda Cero previa a esta comparecencia, ha subrayado que no "cerrará un colegio o un hospital por tener una televisión autonómica".

"La sentencia es muy clara y no vamos a recurrir porque lo que tenemos claro en estos momentos es que las Administraciones debemos priorizar aquello que es fundamental y es garantizar el estado de bienestar", ha asegurado Fabra con rotundidad.

El presidente valenciano ha reiterado que la "sentencia supone 40 millones que no tenemos y lo que debemos hacer es garantizar servicios básicos a los ciudadanos como educación y sanidad y lo otro, aún queriendo, es inasumible".

Por ello ha asegurado que tras la resolución judicial, la única vía posible "es el cierre y es lo que se va a hacer". Ha explicado que éste se hará mediante "los procedimientos jurídicos y procedimentales necesarios" y a través de un acuerdo en las Cortes Valencianas para proceder a la extinción del ente.

El Canal Nou como categoría / Ramón Cotarelo *

El cierre de Canal Nou está lejos de ser una anécdota. Es la consecuencia necesaria de una forma de entender la política de la derecha y, más en concreto, la política de medios de comunicación. Algo que ya ha dado resultados llamativos y seguirá dándolos en Madrid, en el País Valenciano y en toda España si no se cambia una forma de entender la gestión pública caracterizada por el caciquismo, el clientelismo, la corrupción, el despilfarro y la censura.

Durante unos veinte años, la RTVV ha sido un órgano de agitación y propaganda del PP, utilizado para embellecer y adular el poder y censurar o vilipendiar a la oposición con el dinero de todos. Y un lugar en el que, siempre con el dinero de todos, se enchufaba a los amigos, se premiaban servicios políticos, se acomodaba a los clientes, se hacían negocios presuntamente ilegales (por ejemplo, con la Gürtel) y, al parecer, se cometían delitos de acoso sexual, asunto que está en los tribunales. Un lugar desde el que un puñado de periodistas literalmente a sueldo de la Generalitat, predicaban en tertulias y espacios ideológicos la doctrina de la derecha a cambio de suculentas retribuciones acompañadas de no menos suculentos ágapes en los cuales los comensales sin duda festejaban el hundimiento de la audiencia y el hecho de que el canal fuera un pozo sin fondo de fondos de todo tipo y una auténtica ruina.

Un proceso muy parecido al de Telemadrid durante los mismos años más o menos: aparato de propaganda del gobierno autonómico, de enchufe y mamandurria, un comedero de ideólogos y tertulianos de los de prietas las filas para ensalzar a los gobernantes y ningunear o vapulear la oposición. Aunque se hacía -y se hace- con algo más de refinamiento capitalino. Por ejemplo, hubo una temporada, hace años, en que acudía a una tertulia de Buruaga, supuestamente plural, doña Rosa Díez, ¡como representante del PSOE! Por aquel entonces, Díez, europarlamentaria socialista, preparaba la formación de su partido propio y, por lo tanto, dedicaba sus intervenciones a poner verde al partido en el que militaba.

El mismo proceso que lleva aceleradamente la Radio Televisión Española. Lo primero que hizo Rajoy al llegar al gobierno fue cambiar la Ley de RTVE de los socialistas (que preveía una mayoría cualificada del Parlamento para nombrar el director general) con el fin de poner a su frente hombres de su confianza, encargados del agit-prop a escala nacional. La derecha entiende que el poder descansa, entre otras cosas, en el control y manipulación de los medios.  Ya lo había entendido durante la República, lo llevó a su culminación con el franquismo y hoy lo hace a rajatabla. Siempre con el mismo resultado: en dos años, la pareja de comisarios políticos del gobierno en RTVE que cada vez se parecen más a Hernández y Fernández, ha conseguido bajar la audiencia de esta, incluidos los informativos, del primero al cuarto lugar y acabarían en el décimoquinto si lo hubiera.
De la televisión de Castilla-La Mancha, más conocida como Telecospedal, al mando de un cancerbero ideológico que parece un chiste, no merece la pena ni hablar.

Los principales damnificados de esta gestión sectaria, censora y corrupta son, en el orden humano, los trabajadores de los entes y en el de los principios, el ideal de unos medios públicos de comunicación objetivos e imparciales. En cuanto a los trabajadores, la cuestión es peliaguda. 1.600 currantes se van a la calle en el Canal Nou; EREs por doquier, en Telemadrid y en la RTVE. Los redactores, los trabajadores, se ponen en pie de protesta y cuentan con el apoyo de la audiencia. Pero no falta quien recuerde que esos mismos trabajadores no elevaron la voz en los años de las vacas gordas del enchufe y la manipulación. Y es cierto. Plantillas infladas (solo Canal Nou tenía más personal que otros tres canales juntos más o menos equiparables) y silenciosas ante las programaciones de propaganda y basura. Esto se explica porque parte importante de ese personal estaba compuesta por enchufados y los otros temían por su puesto de trabajo. Si algo deja claro el PP allí por donde pasa en los sectores públicos (y privados) es que no quiere trabajadores con derechos sino que los prefiere precarios, sumisos, sometidos al capricho y arbitrariedad de los jefes (dame una chupaeta).

En cuanto al ideal de los medios de comunicación públicos objetivos, la línea política general está clara en su mala fe: los medios deben estar al servicio del gobierno y su partido y no comprar el discurso del enemigo, como acusó la "liberal" Aguirre a Germán Yanke al ponerlo de patas en la calle. Deben administrar su extraña pócima de ideología nacionalcatólica y neoliberal al mismo tiempo en dosis de caballo con lo que, evidentemente, se consigue ahuyentar las audiencias a toda velocidad. La deserción de las audiencias demuestra que los medios audiovisuales públicos son inviables, una ruina y hay que privatizarlos. Total, dicen sus ideólogos mientras cobran una pastuqui por minuto, como los aparcamientos, solo sirven para trompetear los exitazos del gobierno de turno. Si lo sabrán ellos que así lo hacen. Una vez privatizados, los medios ya son solo suyos, esto es, del capital, las empresas, la iglesia, de los que el partido es fiel vocero.

La línea general no se reduce a los medios sino que afecta a todo lo público: la educación, la sanidad, el régimen de clases pasivas, los transportes, las infraestructuras y todo tipo de bienes públicos que ofrezcan alguna perspectiva de convertirse en negocio. Es una línea, un camino en varias etapas: primero se bajan los impuestos y se reducen los ingresos del Estado; a continuación se gestionan los servicios públicos con criterios enchufistas, clientelares, despilfarradores y malversadores al tiempo que se los descapitaliza; más tarde se revela que son insostenibles financieramente; luego se añade que son ineficientes; y se corona la tarea entregándoselos a precio de ganga (o gratis) a los amigos en gestión privada, incluso a los mismos que toman las decisiones. Si Lamela y Güemes están imputados es precisamente por esto.

No, lo sucedido con RTVV no es una anécdota sino una categoría. Un modo de entender la gobernación del país como la administración de una finca propia, a la que van a explotar a los trabajadores y obtener los máximos beneficios personales por todos los medios: el ministro de Justicia, además de consagrar como código penal la "justicia" del poder, beneficia a los notarios y registradores de la propiedad, cuerpo al que pertenece su jefe; el ministro de educación beneficia el estamento tertuliano enriqueciéndolo con su ex-pareja; este contrata con empresas en las que tiene -o tendrá- intereses; aquel beneficia los negocios de un pariente; esta otra coloca a su cónyuge en todos los consejos de administración, cajas y cajones que abarca su virreinato; aquel otro compra mediante testaferro activos que pone a mitad de precio como gobernante; este de aquí se lleva el dinero a espuertas de comisiones de unas obras faraónicas que no sirven para nada; aquella de allí coloca a todos sus parientes cognados y agnados en las administraciones públicas; y el de más allá se trae del terruño seiscientos asesores muchos de ellos sin el graduado escolar pero con sueldos de carromato.

No, no es una anécdota.

 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

Císcar pide comparecer "con urgencia" a petición propia en las Corts para explicar los motivos del cierre de RTVV

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha solicitado este miércoles comparecer en las Corts Valencianes para explicar los motivos de la decisión de la Generalitat de cerrar Radio Televisión Valenciana (RTVV) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a un millar de trabajadores.

   Según han informado fuentes de Vicepresidencia, la solicitud se ha presentado este mismo miércoles a través de un escrito, con carácter de "urgencia" y a petición propia, con el fin de que la Mesa de la cámara autonómica determine la fecha de comparecencia.

   El portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, reclamó este martes la dimisión de José Císcar porque explicó que "tenía claro que el ERE tenía que afectar a más de 1.000 personas" y "no había posibilidad ninguna de negociación".

   Durante su comparecencia pública de este miércoles, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha defendido la continuidad del vicepresidente y portavoz del Consell y ha descartado responsabilidades políticas por parte del Gobierno valenciano en todo el proceso que ha llevado al cierre de RTVV ya que ha destacado que han hecho las cosas "lo mejor posible".

Las doce mentiras y contradicciones de la directora y verdugo de RTVV

La sentencia del TSJ aclara la responsabilidad de Rosa Vidal en la nulidad del ERE. El Consell también apunta en esa dirección, pero antes hay otros comportamientos irregulares de Vidal. 

Sobre la desafectación de 186 trabajadores

A finales de julio, RTVV emitió un comunicado en el que afirmaba que con objeto de evitar el fundido en negro, y basándose en supuestos informes favorables de Garrigues –que según la nota, respaldaba jurídicamente la decisión– iba a desafectar a 186 trabajadores del ERE. Esto es, a librarlos de la guillotina. Asimismo, se informaba de que se iba a obtener el apoyo de la autoridad laboral mediante la elevación de una consulta, aunque ésta, días después, se declaró no competente al tratarse de un ERE cerrado. Pero en realidad, el despacho de Garrigues, con fecha de 30 de julio, recomendó a Vidal exactamente lo contrario: le dijo que si modificaba el ERE había riesgo de nulidad. A mayor abundancia, el fiscal coincide con el criterio jurídico de Garrigues al afirmar que los criterios aplicados para desafectar a 186 trabajadores vulneraron los derechos fundamentales de otros 800 trabajadores que ya habían salido.

Sobre el informe de la Carlos III

Rosa Vidal afirma que posee un informe jurídico del Catedrático de la Universidad Carlos III que avala su decisión de desafectar a 186 trabajadores. Sin embargo dicho informe, encargado ad hoc por la directora general, está fechado a 15 de octubre de 2013, varias semanas después de haber tomado la decisión de desafectar a 186 trabajadores. Es decir, el único informe jurídico que poseía Vidal cuando en agosto de 2013 tomó su decisión era de Garrigues instándole a que no tocara el ERE porque había peligro de nulidad. El informe de la Carlos III es superfluo porque el asesor jurídico del ERE ya se había pronunciado sobre este concreto asunto.

Sobre contratos de externalización

Públicamente, Rosa Vidal también ha defendido su decisión de desafectar a 186 trabajadores en que "hubo que empezar de cero con las externalizaciones y no daba tiempo a sacar los pliegos. El Consell ralentizó el proceso". La realidad es otra, ya que José López Jaraba se reunió con ella en la sede del Consejo de Administración de RTVV y le entregó en febrero de 2013, un mes antes de ser nombrada directora general, un pliego de condiciones para el concurso de externalización de la publicidad de Canal 9, un borrador del pliego técnico, y además le recomendó que acelerara dichas externalizaciones, esenciales para tener todo a punto antes de que llegara el límite del ERE (31 de agosto). Más de 5 meses tardó Vidal en dar curso a dicha documentación desde su acceso al cargo (6 desde que la recibió por primera vez).

Sobre el fundido a negro

Rosa Vidal ha repetido en varias ocasiones que ella no sería "la directora general que cerrara las emisiones de RTVV" y que había que tomar decisiones "para evitar el fundido en negro y cumplir la Ley de RTVV", que lógicamente consagra la continuidad de las emisiones. Por ello, afirma que contaba con al menos dos informes de los que se deducía que sin la desafectación de 186 trabajadores habría fundido en negro. Estos argumentos se derrumban al conocerse que al menos uno de esos informes advierte de que, en un escenario de crisis, se garantizarían las emisiones, lógicamente con un perfil de programación menos ambicioso, sin necesidad de modificar el ERE. Pero, incluso en el peor de los casos, con sólo mantener un par de técnicos de emisiones más, habría bastado para garantizar la continuidad del canal. Por si fuera poco, en un encuentro de Vidal con medios de comunicación en abril de 2013 ya insinuó, sin informes que la asistieran, que no cumpliría el ERE en los términos firmados.

Sobre que nunca se reunió con Jaraba

Rosa Vidal afirmó el pasado 31 de octubre, en sede parlamentaria, que jamás se ha reunido "en ninguna parte" con el ex director de RTVV José López Jaraba (al que llamó "ese señor"). Sin embargo, dicha reunión, celebrada en presencia de otros tres testigos, no sólo existió sino que fue un traspaso de poderes en toda regla.

Sobre el apoyo de Fabra a la desafección de trabajadores

Por orden de Rosa Vidal, una persona de su gabinete medió ante Las Provincias, ABC y emisoras de radio para explicar que Fabra conocía y apoyaba la decisión de Rosa Vidal de desafectar a 186 trabajadores, corresponsabilizando directamente al jefe del Consell del hecho. Ante estos comentarios el vicepresidente José Císcar tuvo que desmentirle en rueda de prensa, al asegurar que el presidente de la Generalitat "no ha autorizado ni ha avalado, ni ha intervenido en la decisión de la dirección RTVV de sacar del expediente ERE a 186 técnicos". En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Císcar insistió en que la competencia para la ejecución de ese ERE corresponde a la dirección de RTVV, que por ley goza de "absoluta independencia" en su actuación, a la que sólo se pide que para este tipo de decisiones "haya un refrendo jurídico detrás".

Sobre el traspaso de poderes

Rosa Vidal a los trabajadores y en la Comisión de RTVV del pasado 31 de octubre: "Me siento sola, tuve que empezar de cero y no hubo ningún traspaso de poderes". Pero, en realidad en febrero de 2013 hubo una reunión anterior a su nombramiento como directora general (el nombramiento fue el 28 de marzo de 2013) con López Jaraba, Juan Prefaci y varios testigos más en la que se le entregaron todos los documentos sensibles de RTVV: desde el borrador del contrato programa o los papeles del ERE, hasta la F1, pasando por los contratos con el Villarreal, el conflicto con Mediapro, etc. Tanto es así que, al día siguiente y por correo electrónico, Vidal solicitó más documentos que le fueron igualmente facilitados. Además se remitió copia de la documentación facilitada a la Generalitat.

Sobre el registro de contratos de RTVV

Vidal a la Comisión de RTVV el 31 de octubre: "No existe ningún registro de contratos en RTVV, ése es el problema que me encuentro cada día, voy a pedirlos y no me los pueden dar porque no existe un archivo donde estén uno detrás de otro para consultarlos (…) no los puedo facilitar a la oposición porque no hay manera de encontrarlo, pero si los encuentro por ahí, se los facilitaré". Sin embargo, RTVV dispone como cualquier empresa pública de un sistema de registro informatizado escaneado en el que se clasifica y guarda toda la documentación y todos los contratos desde 1989. Además, los originales de esos documentos se encuentran físicamente a disposición de los servicios jurídicos de RTVV durante un máximo de cuatro años. A partir del quinto año, los originales se envían a un almacén en la Pista de Silla. Asimismo, el departamento financiero posee copia de los contratos.

Sobre la independencia y pluralidad de RTVV con Vidal

En su reunión con los trabajadores de finales de octubre, Rosa Vidal les animó a ser profesionales independientes y les felicitó por enfadar a los partidos políticos por la pluralidad de Canal 9. Dicha pluralidad, sin embargo, se quiebra cuando las noticias afectan a Rosa Vidal: en el informativo de mediodía del pasado 31 de octubre, la noticia de su comparecencia ante la Comisión de RTVV duró 1:50 minutos y en ella no se incluyó ni una sola declaración de la oposición, ya que aparecieron tan sólo totales de Vidal.

Sobre su chófer

La única persona que a día de hoy no tiene la condición de fijo en la plantilla de RTVV es el chófer de Rosa Vidal, al que repescó el 31 de julio, como informó en exclusiva El Semanal Digital. No hay nadie que sea no fijo de plantilla que se haya salvado del ERE, ya que era el primer criterio objetivo para la selección. Por motivos de austeridad, ningún director general de la Generalitat ni de sus entidades públicas o semipúblicas tiene asignado un coche oficial con conductor.

Sobre su sueldo

A pesar de que desde enero de 2013, ningún alto cargo dependiente de la Generalitat cobra más que el presidente (67.000 euros), Rosa Vidal, sin acuerdo del Consell que le exceptúe, cobra un salario base de secretaria autonómica (cuando le correspondería el de directora general) al que suma dietas de asistencia al Consejo de Administración de RTVV, lo que la sitúa cerca de 70.000 euros anuales. Hay un informe de Abogacía de la Generalitat que pone negro sobre blanco las retribuciones que corresponden a la directora general de RTVV, y que se corresponden exactamente con el sueldo de directora general.

Sobre el servicio de peluquería de RTVV

También el ex peluquero de RTVV, Tono Sanmartín, ha desmentido a Rosa Vidal. Tras las palabras de la directora en la Comisión del pasado 31 de octubre, en las que destacaba ante la oposición el "ahorro" que ha supuesto el contrato con Acicala Estilismo en comparación con Sanmartín, el estilista ha aparecido en la prensa aclarando que los 224.000 euros anuales que percibía su equipo "no es ni mucho ni poco, el precio lo puso en su día RTVV, lo marcaron ellos; conmigo había 10 profesionales, y ahora que la televisión habrá sólo 3 ó 4, por tanto no es comparable el ahorro que se produzca, ni significa que yo era muy caro y los nuevos muy baratos. (…) Además, soy yo el que a la finalización de mi contrato no se ha presentado al concurso por los retrasos en los pagos". 

Las televisiones autonómicas tuvieron unas subvenciones de 880 millones en 2013

MADRID.- La asfixiante deuda de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) y la negativa del Gobierno de Alberto Fabra de seguir sosteniendo la situación han abocado al cierre a uno de los principales exponentes del dispendio financiero de las televisiones públicas autonómicas. Aunque su deuda es la más elevada del conjunto de los entes públicos locales, el desajuste presupuestario es el común denominador. Las televisiones autonómicas se mantienen gracias a la subvención pública, que alcanza los 882,8 millones de euros, según Abc.

La televisión pública de la Comunidad Valenciana baja la persiana con una deuda a cuestas de 1.217 millones de euros. La RTVV acaba de soportar un ERE que ha afectado a 1.198 trabajadores, de las 1.643 que integraban la plantilla.

En el caso del ente que lidera Canal 9, ha sido esa deuda el principal obstáculo para su viabilidad futura, ya que otros parámetros presentaban balances más saneados que otras cadenas. 

Así, en las cuentas de 2012, su facturación ascendió a 36 millones de euros, con unos gastos de personal de 34 millones. Esta situación, que no representa el equilibrio pues existen muchas otras partidas de gasto, es más equilibrada que la de otros competidores autonómicos.

La valenciana está a la cabeza del endeudamiento de las cadenas autonómicas, que en conjunto superan los 1.600 millones de euros y que este año suponen al presupuesto público 1.000 millones de euros entre subvenciones y asunción de pérdidas.

Tres ex altos directivos de la CAM son detenidos por orden del juez acusados de actuaciones ilícitas

MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a cinco personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos, tres exdirectivos como el exdirector general Roberto López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la Caja, César Veliz, han confirmado fuentes de la investigación.

   Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que mantiene en secreto estas diligencias, y les investiga en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal S.L, han informado hoy fuentes jurídicas. Este magistrado ha ordenado un total de cinco detenciones.

   Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco previstos por este auto de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.

   Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y han llevado a cabo el clonado de material informático.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.

   López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

   Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la Caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de "racionalidad económica". 

"En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", aseguraba.

Registran un bufete de Alicante

La Audiencia Nacional ordenó el registro de un despacho de abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM por su actuación al frente de la entidad.
Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despacho se trata.
En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó durante nueve horas.
Otras fuentes precisaron que el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones.
En Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado.
Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix.
 Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se tratara de alguno de estos dos bufetes. Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.

El 'modus operandi'

Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional. 

Castedo sobre la candidatura de Fabra: "Si la ha anunciado es porque tiene el consentimiento de quien tiene que tenerlo"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado este miércoles que si el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones autonómicas "es porque tiene el consentimiento de quien tiene que tenerlo".

   Castedo se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir al acto de entrega de los Premios Empresa Familiar de Alicante, al ser preguntada por cómo valora este anuncio de Fabra.

   "Es el partido quien debe tomar la decisión, porque nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino al partido", ha manifestado la primera edil, quien ha añadido que si Fabra ha anunciado que se presentará "es porque tiene el apoyo de quien tiene que tenerlo y, además, lo tiene".