MADRID.- La guerra abierta planteada entre el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, y el Opus Dei por la autoridad en el santuario de Torreciudad
ha destapado una pugna entre dos entidades eclesiásticas por el control
de la ‘casa madre’ de Escrivá de Balaguer, que cada año recibe más de
190.000 fieles y que aspiraba a convertirse en el Lourdes o Fátima
español, según www.religiondigital.org Este martes, después de meses de negociaciones infructuosas, el obispo
oscense decretaba el nombramiento de un rector para el santuario
mariano, gestionado desde siempre por el Opus Dei. Por primera vez no
era el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz,
quien hacía esta designación.
La decisión de Pérez Pueyo llegaba
después de un fallido encuentro, producido hace dos semanas, entre el
obispo y Ocáriz, y en el que, según fuentes conocedoras del proceso, el
titular de la diócesis comprobó que la prelatura no iba a ceder ni un
ápice en el control del santuario, que genera unos ingresos anuales
superiores, con mucho, al millón de euros.
Pérez Pueyo nombró a José Mairal Vilellas nuevo rector (tomará
posesión, si no hay cambios, a partir del 1 de septiembre) y, en una
decisión insólita, el Opus Dei contestaba al obispo, negando su
legitimidad para dicho nombramiento y reservándose el derecho a acudir a
los tribunales para frenar esta decisión.
Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué hay detrás de la guerra entre el Opus Dei y el Obispado?
Desde hacía meses, tanto la prelatura como el Obispado habían
iniciado conversaciones para modificar los estatutos del santuario. La
negociación, compleja, avanzaba con acuerdos y desacuerdos hasta que la
diócesis descubrió que se estaban llevando a cabo algunas maniobras
extrañas en el entorno de Torreciudad. “El obispo se sintió engañado y
no le gustó nada”, sostiene a elDiario.es una fuente implicada
directamente en la polémica.
El engaño
La diócesis se encontró con que la aportación simbólica que
hacía el Opus Dei por este santuario –acordada a perpetuidad en un
convenio suscrito en 1962– no se correspondía, ni de cerca, con los
ingresos obtenidos únicamente por la presencia de peregrinos (190.000 en
2022, según datos de la Memoria, que habla de 1,2 millones de euros de
recaudación).
A ello se sumaron informaciones sobre que la fundación que
gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes con la
intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al
nivel de los grandes santuarios europeos. Algo que desconocía la
diócesis.
A partir de ese momento, las negociaciones cobraron otro cariz y
la diócesis llegó a pedir un canon por peregrino –las fuentes lo sitúan
entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los
cinco millones de euros al año– además de solicitar al Opus Dei una
terna para designar al nuevo rector del santuario que actuara “en
equipo” con un grupo de sacerdotes de la diócesis.
La Obra se negó en redondo a lo primero, y fue dilatando la
respuesta a la segunda petición, hasta que hace unos días, y “al no
recibir esa terna, tras varios requerimientos”, tal y como apunta la
diócesis, el obispo consultó a Roma y, con el aval del Vaticano,
procedió al nombramiento, contestado con dureza por el Opus Dei.
El encuentro fallido entre Pueyo y Ocáriz no sirvió para
solucionar un conflicto que podría agravarse si la Obra, como sugiere en
su nota, acude a los tribunales para defender la ilegitimidad del
nombramiento de nuevo rector y la propiedad del recinto.
Trifulca entre canonistas
Lo cierto es que, con la ley (canónica) en la mano, la razón
asistiría al obispo, en virtud del canon 557, que afirma que “el Obispo
diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del
derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente
a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o
instituir al rector”.
En el párrafo siguiente, añade que “aunque la iglesia pertenezca
a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, corresponde al
Obispo diocesano conferir la institución al rector presentado por el
Superior”, algo que podría aplicarse al Opus Dei.
La Obra, en cambio,
acude a los cánones que se refieren a la prelatura personal, como el
297, que insiste en que serán los estatutos los que “determinarán las
relaciones de la prelatura personal con los Ordinarios locales de
aquellas Iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea
ejercer sus obras pastorales o misionales”.
Lo que obvia –o solo tiene
en cuenta para el primer permiso, obtenido en los años 60– que debe
hacerse “previo consentimiento del Obispo diocesano”.
En todo caso, más allá de la trifulca entre canonistas, lo
cierto es que la polémica en torno a Torreciudad hunde sus raíces en una
difícil relación entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei, que
siempre se ha considerado propietario no solo de los edificios sino de
toda la actividad pastoral, turística y económica del recinto,
demostrando su viabilidad económica (sólo el año pasado, como apunta su Memoria de 2022, ingresó 1.230.957 euros).
Una fundación misteriosa
Otra de las cuestiones sin resolver está en la propiedad del
recinto, que según la nota del Opus Dei pertenece a la fundación
canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, una institución
de la que no hay registros actualizados y que, según algunas fuentes,
está extinta. Y de la antigua ermita con su imagen, que fueron cedidas
en 1962 por el obispo a la Obra, en un contrato a perpetuidad que, en
opinión de la diócesis, no se está cumpliendo en todos sus extremos.
¿Quién tiene, entonces, la potestad para decidir sobre el santuario?
Según la propia web de Torreciudad, la gestión corre a cargo del
Patronato de Torreciudad, “una asociación civil sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior
de 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002), que incluye entre
sus fines el sostenimiento del santuario de Torreciudad y la promoción
de peregrinaciones.
Además, tiene por objeto la realización de
actividades que persigan fines de interés general, culturales,
formativas, asistenciales, de promoción del voluntariado social, de
defensa del medio ambiente y otros de naturaleza análoga, en el entorno
del santuario de Torreciudad”.
En su Memoria anual (presentada, curiosamente, el pasado 13 de julio), se lee: “El gobierno
del Patronato está encomendado a una Junta Directiva que determina y
ejerce el seguimiento de las directrices generales de actuación. Asume
su representación institucional y vela por el cumplimiento de los
objetivos fijados en el Plan Estratégico”. Su presidenta es María
Victoria Zorzano. ¿Es el Patronato de Torreciudad el sucesor de la
Fundación Canónica? No hay respuesta de momento para esta pregunta.
Una denuncia internacional acusa por primera vez
al Opus Dei ante el Vaticano
El Opus Dei
“está cohesionado por una doctrina que se transmite de manera
‘mesiánica’ y es liderado por una figura carismática que se considera
poseedora de la Verdad Absoluta”. Esta es una de las ‘perlas’ de la
denuncia internacional que un nutrido grupo de exmiembros de la Obra han
presentado ante la Nunciatura en España (y, posteriormente, enviada a
los dicasterios del Clero y Doctrina de la Fe, y a más de 600 obispos de
todo el mundo), y en la que reclaman “la supresión del Opus Dei” y su
“refundación”.
La denuncia, adelantada por Religión Digital
y a la que ha tenido acceso elDiario.es, contiene también una tarjeta
de memoria con más de 700 documentos adjuntos, entre los que se incluyen
“46 libros y documentos” que, señala el cuerpo del escrito, “conocían
parte de los miembros del Opus Dei y que fueron ocultados a la Santa
Sede” y que suponen, afirman, “las verdaderas normas por las que se
rigió y se rige el Opus Dei”.
Algo verdaderamente relevante en este
momento en el que la Santa Sede tiene que definir los nuevos estatutos
de la Obra después de que el Papa interviniera a la Prelatura y esta convocase un congreso extraordinario, cuyos resultados tampoco se conocen.
La demanda se plantea como una ‘Denuncia internacional contra el Opus
Dei por Fraude Normativo a la Santa Sede y a los propios Miembros’. En
ella se sostiene que los estatutos de la Obra son una especie de “fraude
institucional” ante la Santa Sede, “una simple referencia jurídica”.
Asegura la demanda que el estatuto depositado en el Vaticano no es el
que realmente rige el funcionamiento de la Obra, y que la mayoría de sus
miembros ni siquiera lo conocen:
“Ante los miembros del Opus Dei,
directamente fueron inexistentes de facto mientras se pudo. Los
Estatutos no fueron traducidos, ni informados jamás a los miembros del
Opus Dei”.
Antonio Moya Somolinos y Carmen del Rosario Pérez San Román
fueron los encargados de presentar la denuncia ante la sede del Papa en
España. Tuvieron que hacerlo en la calle, pues no se les recibió. Pero
quedó registro de la entrega. También, del envío de la denuncia y sus
anexos de manera telemática (con verificación certificada de contenido) a
los dicasterios del Clero y de Doctrina de la Fe.
“Los denunciantes queremos llevar a cabo la mayor transparencia
posible y evitar protagonismos personales. En consecuencia, no haremos,
en principio, declaraciones o manifestaciones relativas a la denuncia”,
señalan en una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Un decálogo de malas prácticas
La denuncia recoge una suerte de decálogo de malas prácticas en
el Opus Dei, entre las que destacan, además del liderazgo “mesiánico” de
sus responsables, la estructura de la Obra, que definen como
“teocrática, vertical y totalitaria”, en la que “se exige una adhesión
total al grupo, lo que implica distanciamiento de relaciones sociales,
lazos afectivos y actividades previas”.
“Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una
dependencia psicológica total del grupo”, recalca el escrito, que añade
que en el interior del Opus “se suprimen las libertades individuales y
la intimidad de los adeptos”, “se controla la información que llega a
los miembros del grupo”, “se emplea un conjunto de técnicas de
manipulación y persuasión coercitiva, como la meditación o el
renacimiento espiritual” y “se fomenta un rechazo más o menos fuerte
hacia el resto de la sociedad, considerándolos enemigos o al menos
sospechosos”.
“Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la
recaudación de dinero”, añade la demanda, que precisa cómo, “bajo
coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de
su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero”.
En conclusión, los denunciantes exigen, por un lado, “la
intervención de la Santa Sede” para “proteger a los católicos que han
sido miembros, que son miembros y que podrían serlo en el futuro, con la
supresión del Opus Dei en el modo en que se desarrolla actualmente”.
En
segundo lugar, reclaman a Roma la “refundación de la institución por
parte de la jerarquía de la Iglesia con nuevas normas y nuevos
gobernantes”. Finalmente, “solicitamos penas canónicas para los
principales responsables de las actuaciones ilícitas recogidas en esta
denuncia”.
