La Comissió 9 d'Octubre "pide decidir" en las políticas económicas y sociales y de la cultura

VALENCIA.- La Comissió 9 d'0ctubre ha convocado la tradicional manifestación del día de la Comunitat Valenciana, que saldrá a las 18.00 horas de la Plaza de San Agustín para acabar en el Parterre, bajo el lema "Queremos decidir" para reclamar que el Gobierno valenciano escuche a "la mayoría social" que reclama cambios de las políticas sociales, económicas y sobre la cultura y la lengua. 

El manifiesto será leído por el hijo de Enric Valor como homenaje "a lo que ha significado" este gramático de Castalla en el centenario de su nacimiento. 

  El coordinador d'Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, como portavoz de la plataforma, ha señalado que con la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat se han "abierto unas expectativas" por los "gestos" que ha demostrado, pero ha considerado que "también es cierto que de momento son buenos gestos sin hechos".  Por ello, ha confiado en que tras el 20-N concrete estas expectativas generadas "abriendo canales de diálogo en todos los conflictos abiertos, pero sobre todo con concreción en hechos".

  Así, ha sostenido que más allá de la mayoría absoluta con la que Gobierna el PP hay "una mayoría social aún mayor, con votantes incluso de este mismo partido" a favor de cambios reales en determinadas cuestiones, por lo que, ha argumentado, "si hay una mayoría social y un cambio de actitud con Fabra se puede trabajar bien para llegar a cambios positivos de la sociedad valenciana".

   Entre estos consensos mayoritarios se ha referido a la posibilidad de que se pueda ver TV3 en la Comunitat Valenciana, a favor del requisito lingüístico en la Función Pública o la retirada real del decreto de trilingüismo que presentó el exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

   Gisbert ha recalcado al respecto que la situación actual por la que la Comunitat valenciana es "responsabilidad de las políticas concretas que se han aplicado más allá dd la crisis global que existe" y que por tanto presenta "unas particularidades propias".

"No queremos que estas decisiones tan graves se hagan sin ninguna consulta a la ciudadanía", ha reclamado.

  En el manifiesto se señala que este 9 d'Octubre llega en el marco de la "más profunda crisis" económica y política desde la transición, una crisis global del capitalismo financiero que pone en evidencia "las contradicciones" de un sistema que se fundamenta en la acumulación de la riqueza mundial por "un grupo de personas cada vez más reunido", mientras que la inmensa mayoría de la gente "ve deteriorado sus condiciones de vida".

  Por ello señalan: "no queremos que decidan por nosotros: tenemos identidad propia, lengua y territorio, y queremos decidir". Entre estas cuestiones alude a las nuevas normas con objetivo garantizar un orden económico y social equitativo, decidir sobre la dación en pago de la deuda hipotecaria, medidas para un "cambio real" de la política económica, un sistema educativo "digno, lacio, de calidad, gratuidad y en valenciana" y requisito lingüístico.

   Del mismo modo, reclaman un nuevo modelo energético, un cambio del sistema electoral para garantizar la proporcionalidad, la pluralidad y la democracia participativa y sobre las inversiones que requiere la Comunitat.

  La Comissió 9 d'Octubre esta formada por los sindicatos CCOO-PV, Intersindical Valenciana y UGT-PV; los partidos BNV, Iniciativa, Els Verds, ERPV, EUPV; las asociaciones Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta Federació Escola Valenciana, Societat Coral el Micalet i Valencians pel canvi.

La DO Utiel-Requena prevé finalizar la campaña de vendimia con unos 180 millones de kilos de uva

REQUENA.- La Denominación de Origen (DO) Utiel-Requena prevé finalizar la actual campaña de vendimia con unos 180 millones de kilos de uva, lo que supone un pequeño descenso respecto a los que se recolectaron en 2010.

   Así lo ha explicado el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, José Luis Robredo, quien ha indicado que aunque esta campaña todavía no ha finalizado --aún quedan por recoger las variedades de uva más tardías--, se espera un volumen "ligeramente inferior" al del año pasado, cuando se obtuvieron 186 millones de kilos.

   Tanto la cifra de este año como la del pasado es bastante más baja que la que se espera en una campaña normal, que suele oscilar entre los 200 o 210 millones de kilos. Esta merma, según Robredo, se debió el año pasado al mildiu --enfermedad que afecta a las cepas--. Respecto a este año, la producción ha bajado por los dos pedriscos registrados, que en algunas zonas fueron "devastadores".

   No obstante, el descenso cuantitativo parece verse compensado por la mejora de la calidad. El verano seco ha permitido una temprana maduración del producto que, afortunadamente, este año no se ha visto afectado por enfermedades como el mildiu o el oidium. Estas circunstancias han hecho posible una calidad "muy alta" que hará posibles vinos "excelentes".

   Respecto a los precios, el presidente del Consejo Regulador ha explicado que aunque empezaron "a la baja", han "remontado" durante la campaña, y ahora se sitúan en alrededor de 3,1 euros el hectogrado.

   José Luis Robredo ha lamentado que el consumo nacional "por desgracia, va descendiendo". En este sentido, ha abogado por "hacer hincapié en que el vino es una bebida saludable", para "intentar que remonte el consumo nacional". Sin embargo, ha señalado que aunque aumentara el consumo en España, no podría absorber toda la demanda de vino. Por ello, "la realidad están las exportaciones".

Banco de Valencia designa a Aurelio Izquierdo nuevo consejero delegado de la entidad

VALENCIA.- El Consejo de Administración de Banco de Valencia ha aprobado este viernes la designación de Aurelio Izquierdo como nuevo consejero delegado de la entidad, en sustitución de Domingo Parra, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   La entidad ha señalado en un comunicado que Izquierdo es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ocupaba hasta la fecha el cargo de director general de Bancaja y director general de Negocio de Bankia. Anteriormente, ha sido director del Área Financiera, con la máxima responsabilidad en las Áreas de Tesorería y Mercado de Capitales, Banca Internacional, Banca Corporativa, Inversiones y Sociedades Participadas, Control de Gestión y Auditoria.

   El nuevo consejero delegado se incorporó a Bancaja en el año 1988, desarrollando el proyecto de creación del grupo, con la incorporación de las cajas de ahorros de Segorbe, Castellón, Sagunto y Carlet, así como de Banco de Murcia, Banco de Valencia y Sindibank.

   Según Banco de Valencia, con este nombramiento la entidad inicia una nueva etapa "marcada por su vocación de apoyo al tejido empresarial, como ha hecho a lo largo de su dilatada historia".

Asimismo, Banco de Valencia ha querido agradecer "el apoyo constante de sus clientes y accionistas, a los que desea servir con la mayor eficacia en estos momentos".

EU pide al Consell que renuncie al pago de los sobrecostes de Calatrava

VALENCIA.- Esquerra Unida del País Valencià ha reclamado al Consell que renuncie al pago --el pasado y el que queda pendiente-- de los  sobrecostes de los proyectos realizados por la empresa del arquitecto  Santiago Calatrava a cuenta de la administración pública valenciana.

   Según plantea EUPV en una propuesta de resolución presentada en las Corts Valencianes, "en coherencia con la atribución de responsabilidades, el Consell asignará los mismos a la empresa  licitadora de los proyectos".

   Asimismo, EU insta a "revisar a fondo los proyectos realizados por la empresa del arquitecto Santiago Calatrava por encargo de la Generalitat Valenciana, para determinar la cuantía total de los sobrecostes por cambios en las obras vinculadas a mejoras en la seguridad o a rectificación de errores de diseño"

   EUPV recuerda que en la última década, se han convertido en habituales los sobrecostes en los diversos proyectos encargados al arquitecto Santiago Calatrava por la Generalitat Valenciana.

   Asimismo, agrega que "justificados en ocasiones como mejoras en la seguridad de los edificios y, en otros, como correcciones de errores de diseño, aquello muy cierto es el cuantioso incremento que han provocado al gasto público y la suculenta facturación final que le ha supuesto al contratista".

   Como ejemplo apuntan "el incremento del 426% sobre los cálculos originales del proyecto CACSA, sobrecoste que se traduce en 1.072 millones de euros que el Consell aceptó pagar de más a Calatrava con dinero de todos los valencianos".

   De hecho, afirman, "contratar con el señor Calatrava se ha convertido, en cualquier lugar del mundo, en una garantía de sobrecostes: ahí está el puente de Zubi Zuri en Bilbao o el llamado cuarto puente de Venecia, los cuales han sufrido defectos  de funcionalidad que, además de poner en riesgo a los ciudadanos, en la mayor parte de los casos se han debido corregir cargándolos a cuenta del licitador, quien ha sido en todos ellos la administración".

   Pero, advierten, "no siempre ha sido así. En el Palacio de Congresos de Oviedo, por ejemplo, la justicia ha condenado a la empresa de Calatrava, entre otros, a indemnizar el perjuicio económico generado a la compañía aseguradora por las deficiencias  técnicas en el diseño y la dirección de obra".

   Sin embargo, lamenta este grupo parlamentario, "la realidad es muy diferente en el País Valenciano, donde la Generalitat parece premiar a Calatrava por los errores cometidos pagándolos del bolsillo del contribuyente".

   A su juicio, "habría que recuperar para la hacienda pública un gasto que nunca se debería haber pagado por errores cometidos por otro, pero, sobretodo, es necesario que la administración corrija un modus operandi caracterizado por la oscura y costosísima contratación de proyectos públicos".

Fabra critica que CCAA se constituyan como "miniestados" y les pide trabajar "codo con codo"

MÁLAGA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha criticado este viernes que haya comunidades autónomas que se constituyan como "miniestados" y ha reclamado a todas que trabajen "codo con codo" al servicio de España. Ha advertido, además, de que a los 'populares' no les tiembla la mano para poner en práctica el mandato que tienen de los ciudadanos.

   Fabra ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en la segunda jornada de la Convención Nacional que celebra el PP en Málaga y que mañana clausurará Mariano Rajoy, donde ha querido dejar claro que en este país "son muchos los indignados" y "no sólo los del 15M". "Llevamos mucho tiempo indignados con el Gobierno socialista viendo como quería hacer dos españas y de enfrentar a las CCAA", ha resaltado.

   Por ello, ha abogado por realizar un trabajo conjunto por parte de todas las CCAA y les ha pedido trabajar "codo con codo" al servicio de España. "Basta ya de tener CCAA que se constituyan como miniestados", ha exclamado, antes de recordar que las regiones son parte del todo y en este momento "lo que es bueno para las CCAA es bueno para España y lo más importante es que lo que es bueno para España es bueno para las comunidades".

   Por eso, ha dicho, "tenemos que trabajar codo con codo, todas las CCAA". "Somos del mismo partido, gente comprometida, gente que sabemos lo que hay que hacer, lo estamos poniendo en práctica, no nos da miedo nada, queremos responder al reto que los ciudadanos nos han marcado", ha apostillado.

   Así, ha indicado que las autonomías van a pedir al Estado "lealtad" pero ha alertado de que también el Estado va a sentir "nuestra solidaridad" trabajando de forma conjunta y haciendo que "nuestra voz unánime esté al servicio de España".

   En este sentido, ha indicado que cuando Mariano Rajoy llegue al Gobierno le van a pedir que "utilice a todas las comunidades autónomas para crear un proyecto común para resolver los problemas que tenemos, vamos a ponernos al servicio del Gobierno central y vamos a hacer que los problemas se puedan arreglar de forma conjunta".

   A su juicio, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no le convenía reunir a las CCAA y por ello sólo hablaba con ellas de una en una, algo que "se tiene que acabar". "Desde Valencia le decimos a Rajoy: ahí nos tienes, estamos al servicio de España y para resolver los problemas de todos", ha insistido Fabra.

   Durante su intervención, ha admitido que los ciudadanos van a exigir mucho al PP en el Gobierno y también que "los políticos hagan un esfuerzo diario importantísimo, tengan la bandera de la ética y sean responsables" y ha resaltado que hay que construir entre todos una nueva administración al servicio de los ciudadanos "que no sea de subsidios, sino de incentivos y ponga este país a andar y lo tenemos que hacer todos juntos".

   Fabra ha recordado que el empleo y la economía es lo que "quita el sueño a millones de familias españolas" y sin embargo, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, "no se atreve, por vergüenza torear, a abordar los temas que preocupan a los ciudadanos".

   En cualquier caso, ha subrayado que él viene de una tierra de emprendedores, que "no se resignan" y ha hecho un llamamiento para devolver la ilusión a los ciudadanos, mirarlos a la cara y decir lo que está pasando. En este sentido, ha aseverado que al PP "no le tiembla el puso ante nada" y que sólo busca abordar los temas con rigor.

Nos atrevemos a sugerir una solución a la crisis / Ángel Tomás Martín *

En el último trimestre del 2.007 aparecieron los síntomas inequívocos de la gran crisis que se iniciaba y que se ha mantenido a lo largo de los casi cuatro años transcurridos.

 

Comenzado el último trimestre del 2011, nuevamente aparecen claros síntomas de una muy preocupante crisis financiera, sin que se haya conseguido estabilizar la que estamos sufriendo durante demasiado tiempo. Afrontar una recuperación sin un sistema bancario sólido y con liquidez suficiente imposibilita el crecimiento del tejido empresarial y por tanto la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, las arcas Públicas en situación desesperada absorben cuantos fondos pueden lograr de los mercados financieros, de los bancos centrales y de la presión fiscal, para cubrir con su extraordinario endeudamiento y la disminución de la recaudación tributaria.

Nos encontramos en la banca también unos activos inmobiliarios incorporados a sus balances con valores superiores a los de mercado actuales, debido a una práctica crediticia incontrolada, aun conociendo que el desarrollo inmobiliario superaba exponencialmente a lo que el mercado demandaba, eliminando las compras especulativas. De ahí que se haya formado un stock de viviendas y locales comerciales que requerirá muchos años para equilibrarse. Sanear sus balances intoxicados resulta incuestionable e inaplazable.

Si seguimos sin admitir lo expuesto anteriormente, negando como hecho real el desequilibrio financiero, y no hacemos un esfuerzo inteligente, colectivo y coordinado, habremos demostrado incapacidad, llegaremos tarde y el futuro no será precisamente el que todos deseamos, sin olvidar que sin ilusión y esperanza tampoco encontraremos el camino de un relativo Estado del bienestar.

¿Existe solución al gran problema que afecta a las economías de ambos lados del Atlántico? La ciencia económica nos ofrece experiencia suficiente para proyectarla y acometerla.

Hagamos previamente un análisis-diagnostico...

 
La caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, acrecentó la crisis en EEUU. Por los mismos motivos la Eurozona se contagia, y ya tenemos la inestabilidad de los países más avanzados confirmada a lo largo del 2.008.

El gasto sin tasa, saltándose el rigor presupuestario, empieza a emitir alarmas de debilidad e insolvencia, se prorrogan obligaciones de pago y se busca tesorería que encarecen los mercados ávidos de una alta rentabilidad. Grecia, Irlanda y Portugal, son los primeros en pedir ayuda como miembros de la Eurozona. La debilidad empieza también a manifestarse en Italia, España e Inglaterra.

Los bancos centrales inyectan fondos a la banca para evitar que se declaren morosos al no poder cumplir a su vencimiento con las obligaciones de pago. Esta masa de deuda bancaria debería haberse empleado en la financiación de las empresas para crear empleo y propiciar el crecimiento de la recaudación fiscal, único camino para sanear las cuentas públicas si al tiempo, se acomete la reducción del gasto. Las continuas emisiones de deuda soberana para cumplir con el endeudamiento público contraído, y la casi paralización del interbancario, completan el desalentador panorama.

El crédito sigue sin llegar a las empresas, provocando el cierre de muchas de ellas y el aumento del desempleo; la recuperación no ha sido posible, puesto que ésta solo es viable de la mano de la economía real si se implantan las medidas adecuadas y urgentes, retrasadas tal vez por el temor a la pérdida de popularidad.

Un periodo legislativo de cuatro años ha demostrado ser demasiado corto para el desarrollo de la economía, máxime cuando los errores se justifican y las soluciones se aplazan. Ambos son incompatibles, ya que los problemas no admiten aplazamientos, ni soluciones partidistas.

La exigencia de la urgente captación de recursos del sistema bancario, agotados o inaccesibles otros caminos, apela al capital privado, no de las empresas que tienen problemas de liquidez, sino del ahorro personal poco animado a invertirlo en valores mobiliarios de cualquier titulación (emisiones de pagarés, convertibles, ampliaciones de capital etc...).

La cartera de inmuebles, constituidas por hipotecas basura a precios establecidos en un mercado en alza, se ha devaluado con la crisis y los activos bancarios están sobreestimados y han perjudicado seriamente su tesorería; situación difícil de soportar y de contribuir a la salida del estancamiento en que nos encontramos.

La solución no es fácil pero existen otros sistemas económicos posibles, y si el que existe nos ha conducido a la situación actual, surgirá el nuevo que aún desconocemos. Ayudemos a construirlo para superar el pasado.

Que sea difícil no debe impedir la búsqueda de la solución, sentando como base que la dialéctica sea constructiva y jamás destructiva. Para alcanzar el crecimiento, previamente hay que sanear el sistema financiero y posteriormente afrontar su renovación estructural.

¿Cómo sanear los balances a la vez de dotar a la banca de la tesorería que han perdido? 

Atrevámonos a hacer un planteamiento a sabiendas de que políticamente pueda no ser aplicable, aunque resulte incompleto o rectificable:

Primero.- Crear un Ente Público sin ánimo de lucro, dependiente del Banco de España y controlado por el Tribunal de Cuentas del Estado, cuya disolución sea obligatoria cuando se concluya la misión que se describe en el apartado siguiente.

Segundo.- El Ente tendría como objetivo controlar los inmuebles que se le incorporasen, conservarlos y proceder a su venta cuando la cotización lo aconsejara, y dentro de un periodo no inferior a diez años (tiempo que se estima necesario para que la demanda se revitalice). Terminada su gestión, los resultados positivos o negativos revertirían o repercutirían en las entidades de crédito y en proporción a los valores de los inmuebles incorporados en su día.

Tercero.- Traspasar todos los inmuebles terminados (aquellos en fase de construcción suponen un riesgo inaceptable) que figuren en los activos de la banca procedentes de los prestamos fallidos y libres de cargas.

Cuarto.- El importe de los inmuebles aportados quedaría compensado contablemente con el efectivo que se recibiría de los bancos centrales, cuyo destino no podría ser otro que el de su aplicación al desarrollo de la economía real. Una vez vendidos todos los inmuebles que recibió el Ente retornaría nuevamente a los bancos centrales de donde salió.

Para un país de economía libre tendría más viabilidad que para los incorporados a una economía vinculada que necesitaría de un acuerdo unánime. Los bancos con problemas no descritos anteriormente o sin ellos, quedarían excluidos.

(*) Economista y empresario.

La Generalitat aplaza a 2013-2022 los pagos de gastos corrientes e inversión a universidades de 2011-2012

ALICANTE.- El Gobierno valenciano ha aprobado un convenio por el cual se modifica el anterior acuerdo suscrito por las cinco universidades públicas valencianas y la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, para que se aplacen los gastos corrientes y de inversión de 2011 y 2012. "La situación presupuestaria hace necesaria" este aplazamiento, ha indicado el ejecutivo valenciano. 

   Así, el importe correspondiente a las dos anualidades anteriores se distribuirá entre las correspondientes al periodo 2013 a 2022, con lo que se produce un "reajuste de los importes en las anualidades futuras".

   Estas líneas de subvención son "independientes" de la financiación ordinaria que resulte de cada año para las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana, ha apuntado.

   El plenario del Gobierno valenciano también ha aprobado el convenio con las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana por el que se adhiere al desarrollo del proyecto Campus Habitat 5U en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional.

   A través de este convenio, la Generalitat y las cinco universidades acuerdan colaborar activamente en el desarrollo del proyecto Campus 5U.

   La Generalitat se adhiere a este proyecto por considerar que sus objetivos son "coherentes y afines" a los objetivos de Campus 5U, que se articulan sobre cuatro áreas de actuación: la edificación, el hogar, el ámbito del hábitat y la planificación y la gestión del territorio mejorando el espacio social, tanto urbano como rural.

   El proyecto Campus Habitat 5U tiene como objetivo fundamental la configuración de un polo de formación, investigación, creatividad, atracción de talento e innovación de relevancia Internacional en torno al conjunto de instituciones de educación superior que integran el sistema universitario público valenciano: la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume l de Castellón y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Desestiman un recurso de Barreda contra las demarcaciones del Júcar y Segura

TOLEDO.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, presentó ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura. 

   Según reza la sentencia, el Ejecutivo que presidía Barreda demandó a la Administración General del Estado, a la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, y solicitaba que el alto tribunal declarase la nulidad del artículo 2 en lo que respecta a las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar.

   El anterior Gobierno del PSOE alegaba que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, no podían computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente (la de Castilla-La Mancha) y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios.

   Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Ejecutivo socialista era que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso.

   Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado que dicho Real Decreto es conforme a derecho, y para ello, comienza diferenciando lo que son cuentas intracomunitarias, de las intercomunitarias. Así, determina que la cuenca que discurre por una comunidad es intracomunitaria, y en el caso de que pase por varias comunidades es una cuenca intercomunitaria, cuya competencia viene atribuida al Estado.

   Defiende el tribunal que tanto la Comunidad Valenciana como Murcia son titulares de la competencia en materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía así lo atribuyen.

   El Supremo matiza también que la fijación de la demarcación de las comunidades demandadas -Comunidad Valenciana y Murcia- sobre estas cuencas tiene carácter provisional o temporal, temporalidad que terminará cuando las comunidades afectadas asuman de manera definitiva la competencia sobre dichas cuencas.

   Aunque el alto tribunal admite que habrá que revisar las demarcaciones correspondientes "hasta entonces, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada queda provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la confederación a la que pertenezca la cuenca".

Blanco confía en que la Unión Europea tendrá en cuenta los corredores ferroviarios desde España

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró estar en "condiciones de afirmar que probablemente" los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva relación de Redes Transeuropeas prioritarias que se anunciarán el próximo 19 de octubre.

   Blanco calificó de "muy positiva" la reunión mantenida sobre este tema ayer jueves en Luxemburgo con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas.

   "En la reunión de ayer el comisario reconoció que hemos hecho una gran trabajo, dado que hemos planteado un objetivo muy ambicioso, que busca articular mejor el país", detalló Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   "Se trata de un ambicioso proyecto, de la segunda gran modernización de las infraestructuras españolas, que presenta una visión mallada y articulada del conjunto del país", añadió.

   Asimismo, el titular de Fomento confesó sentirse "bastante satisfecho" del trabajo realizado por el Gobierno español ante la revisión de las redes transeuropeas. "Espero noticias positivas para el país", subrayó al respecto.

   El ministro aseguró que la propuesta española establece además los parámetros y el tipo de financiación y la inversión necesarios para cada corredor.

   Con todo, Blanco afirmó estar "en condiciones de afirmar que probablemente se consiga" que los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva Red Transeuropea de Transportes para el periodo 2014-2020. Entre estos corredores figuran el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, el Cantábrico-Mediterráneo y el Eje central por los Pirineos, entre otros.

Un experto internacional señala a Francisco Camps como directo responsable del 'agujero' de la CAM

SALAMANCA.- El catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Empresas y Economía de la London School of Economics, el español Luis Garicano, ha asegurado que "el verdadero agujero" que ha dejado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, "se llama CAM".

 Garicano ha asegurado y añadido que las cajas de ahorro, cuyo sistema considera "desaparecido", se han gestionado, salvo "honrosas excepciones", en "beneficio de sus patronos políticos".

Garicano ha atribuido "la desaparición" del sistema de cajas de ahorro en España a que, salvo "honrosas excepciones", se han puesto al frente de ellas a "gestores poco profesionales" que han realizado su trabajo "para el beneficio de sus patronos políticos".

El catedrático, que ha tildado de "sangrante" el caso de Caja Mediterráneo (CAM), ha subrayado que a pesar de que se sigue hablando de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "el verdadero agujero que este señor dejó se llama CAM".

"Las decisiones adoptadas y los préstamos horrorosos concedidos" por esa entidad financiera "van a costarle a España mucho en el futuro", ha apostillado.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el sector financiero español "estaba bastante bien preparado para una crisis" en el sentido que "tenía mucho capital", si bien, ha reconocido que "ha habido razones para que en el exterior hubiera preocupación".

Tras las intervenciones realizadas por el Banco de España a tres cajas españolas -Caja Mediterráneo (CAM), Caja Sur y Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM)-, Garicano ha explicado que la información dada sobre este tipo de entidades financieras hizo que "la gente se preguntara sobre si existían temores".

En todo caso, ha considerado que "algunas cajas", aunque no ha especificado cuáles, "han mentido" y así ha confiado en que "paguen sus consecuencias".

"Me parece inconcebible -ha sentenciado- que unas instituciones financieras que van a costar miles de millones de euros a los españoles puedan irse con indemnizaciones millonarias y que no pase nada".

No obstante, ha hecho hincapié en que los bancos españoles "más sólidos", entre los que ha mencionado el BBVA y el Santander "están muy bien gestionados y no tienen ningún riesgo de rescate".

Garicano ha abordado la desconfianza habida en el exterior respecto a los mercados financieros e inmobiliario, el paro, la economía sumergida y las finanzas públicas españolas.

Sin embargo, a juicio del catedrático, "la luz al final del túnel va a venir sola", pero va a haber que "concienciar a los ciudadanos de las reformas que será necesario llevar a cabo".

"Lo realizado este año por el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un principio chiquitín de lo que hay que hacer", ha puntualizado.

En su opinión, lo ejecutado hasta ahora "ha demostrado que se puede salir del grupo de cola porque tenemos puntos de partida que no están mal siempre que se sanee el sistema financiero, se reforme el mercado laboral y se asegure la financiación autonómica".

En este sentido y respecto a los resultados electorales del 20-N ha resaltado que "cualquiera de los dos partidos -PP y PSOE- que llegue al poder tendría que tomar medidas drásticas para reconducir la situación".

Sin embargo, el Consell no quiere saber nada ahora de sus responsabilidades en la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), pese a que la Ley de Cajas de la Generalitat, vigente desde 2003, le otorga competencias de control. La norma surgió para adaptar la legislación valenciana de cajas a la ley estatal de medidas de reforma de sistema financiero de 2002. La ley, sancionada por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, ahora vicepresidente de Bankia, sustituyó al decreto legislativo de 1997 y politizó aún más los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, recuerda 'El País'.

La legislación valenciana sobre entidades financieras de ahorros dice: "La presente ley introduce expresamente nuevas obligaciones de información con el organismo supervisor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se consideran esenciales para el desempeño de una labor más eficaz. Entre estas obligaciones, cabe destacar la comunicación previa de las emisiones de valores negociables que sean susceptibles de computar como recursos propios, que vienen adquiriendo en los últimos tiempos una gran notoriedad".

Por su parte, el reglamento del IVF recoge entre sus competencias "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".

La Generalitat está presente en los órganos de las cajas (asamblea general y comisión de control), que también fueron modificados por la ley de 2003. En la asamblea general de la CAM la Generalitat cuenta con 45 de los 180 miembros de la asamblea. Y en la comisión de control, con el vicepresidente del órgano, José Manuel Uncio que fue presidente del IVF, según han confirmado fuentes de la entidad.

El IVF completa su presencia en la comisión de control de la CAM con un representante con voz pero sin voto. Este miembro, según fuentes de entidad, apenas participa en las reuniones de ese órgano, "salvo en vísperas electorales".

La comisión de control, además de supervisar la gestión general de la caja, también inspecciona las auditorías internas y externas sobre los balances de la caja. Este órgano, que preside el exedil del PP de Murcia, Juan Ramón Avilés, mantiene sus funciones tras la intervención de la caja por parte del Banco de España.

El consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, soslayó este cuerpo legislativo y aseguró que las competencias sobre la solvencia de las cajas "residen en el Estado a través del Banco de España, que ha estado inspeccionado la CAM desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2009". Pero a renglón seguido, el consejero defendió las actuaciones del IVF, en su calidad de supervisor de las entidades financieras.

El titular de la Consejería de Economía señaló que el Consell no ha interferido en la gestión y administración de la caja, "porque corresponde de forma exclusiva y excluyente a sus órganos de administración".

Verdeguer compareció a raíz de una pregunta formulada por Francisco Toledo, portavoz de Economía del PSPV, sobre las actuaciones del IVF en la CAM. Toledo responsabilizó al PP del proceso de intervención de la CAM porque, según él, nombró al consejo de administración.

"La larga sombra del PP vacía las arcas de la CAM", dijo el diputado socialista. "Esta caja y Bancaja podrían haber sido socios estratégicos, pero los consejeros del PP los han llevado al traste", añadió.