Castellón lidera en la Comunidad Valenciana la caída del precio en la vivienda de segunda mano

CASTELLÓN.- La mayor caída en el precio de la vivienda de segunda mano que se ha producido en las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana durante el último año se ha registrado en la capital de La Plana. Castellón es la capital valenciana donde este descenso ha sido más brusco (un 10% en un año).

Además, entre las grandes ciudades analizadas en un estudio realizado por Fotocasa, Castellón se sitúa a la cabeza de este descenso, superada tan sólo por la localidad valenciana de Alaquàs (un descenso del 14,4% en el precio) y por Benicarló (11,2% menos).

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.es ya publicados, el precio de la vivienda de segunda mano en el mes de octubre ha descendido un 0,5% y se sitúa en 2.076 euros/m2. De esta manera, el valor del metro cuadrado en esta Comunitat se afianza en torno a los 2.000 euros, después de que comenzara su descenso en junio de 2007, cuando se pagaba a 2.414 euros/m2.

La provincia de Castellón presenta una variación mensual negativa del 0,8%, mientras que en el último trimestre el descenso se sitúa en un 1,5%. "Estos datos hacen que el precio medio en esta provincia alcance los 2.022 euros por metro cuadrado durante el mes de octubre", manifestaron fuentes del portal inmobiliario en un comunicado.

En Castellón de la Plana, el valor del metro cuadrado baja un 0,5% en el último mes, con lo cual el precio de la vivienda en esta capital se sitúa en 2.157 euros por metro cuadrado. El coste es un 10% más económico que en el mismo mes del pasado año. En octubre de 2007 el metro cuadrado en la capital superaba los 2.372 euros.

Es decir, el mismo piso usado de 90 metros cuadrados en Castellón ha pasado de costar 213.500 euros a 194.130. Un ahorro de casi 20.000 euros.

Por otro lado, en Vila-real, la vivienda de segunda mano ha caído un 1,4% en el precio durante el último mes y un 1% respecto al año anterior. En Vinaròs, la caída anual se ha situado en un 9,3%, un 5,1% menos en Almassora, y un descenso del 5,8% en Burriana.

En cuanto a las otras capitales de la Comunitat, el precio del metro cuadrado descendió en Valencia un 6,7% en el último año, situándose ahora en 2.643 euros. En Alicante, el precio cayó un 4,6% en un año y el coste del metro se sitúa en 20.082 euros.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Castellón acogió ayer una jornada para difundir las tendencias actuales que llevan a las empresas a un proceso de transformación para afrontar la crisis económica. Se abordaron temas como el liderazgo transformador como técnica de motivación personal, el desarrollo de una visión compartida como técnica de alineación colectiva y el trabajo en equipo, entre otras cosas.

Bancaja y Lubasa ceden y cambiarán la calificación de las viviendas protegidas de San Antonio para rebajar su precio

VALENCIA.- Géber Urbana, la empresa de Bancaja y Lubasa encargada de construir las 81 viviendas protegidas de San Antonio de Benagéber que sorteó el ayuntamiento de esta localidad el pasado mes de abril, se ha comprometido a cambiar su calificación para que el precio de las casas sea el que anunció el equipo de gobierno del PP a los adjudicatarios y que resultó no ser cierto, recoge "Levante".

Según figura en una carta firmada por un representante de la promotora remitida al ayuntamiento, Géber solicitará a la conselleria de Territorio que "el régimen que desarrolle la promoción en la parcela 15-1 del sector San Vicente sea de Vivienda de Protección de Régimen General".

Tal como ha venido recogiendo Levante-EMV, el pleno de San Antonio votó por unanimidad en 2007 un convenio con Bancaja y Lubasa para que se encargaran de la construcción de las VPO de "régimen concertado". Esto suponía que a los adjudicatarios les iba a costar unos 1.600 euros cada metro cuadrado de su casa, mientras que el ayuntamiento anunciaba que el coste sería el propio de un "régimen general", es decir, alrededor de 1.300 euros el metro.

Los adjudicatarios se dieron cuenta pronto del "encarecimiento" repentino de sus futuras viviendas, cuyo coste se situaba casi a la misma altura que algunas casas de renta libre en la misma zona. El equipo de gobierno del PP se dio cuenta del error (aunque ayer volvió a recordar que todos los partidos votaron a favor del convenio) e inició una negociación con Bancaja y Lubasa para cambiar el tipo de régimen de los inmuebles.

Lo cierto es que la negociación ha sido lenta, tanto que los adjudicatarios se han constituido en gestora, han protestado por la falta de información a la que les sometía el consistorio, han enviado varias cartas a las constructoras y han convocado una concentración ante las puertas del ayuntamiento para este domingo.

Finalmente, al menos sobre el papel, las VPO de San Antonio serán de régimen general y, por lo tanto, más baratas de lo que pretendía venderlas la promotora. Los jóvenes adjudicatarios se reunieron ayer para festejar el cambio de régimen de sus casas y destacaron la presión hecha por la gestora y el apoyo de los vecinos para lograr sus revindicaciones.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Felipe del Baño, quiso "agradecer a todos los adjudicatarios su apoyo y comprensión", y también a Bancaja y a Lubasa porque "en un momento complicado para el sector, y teniendo derechos adquiridos, han sido sensibles a nuestras necesidades, que no han sido otras que ofrecer viviendas a los jóvenes".

Un rebaño feliz / Fermín Bocos

La gente pasa de los políticos y los políticos se toman la revancha, pasando de la gente. Los datos de las audiencias televisivas del pasado martes, durante la “Noche americana”, son reveladores: “Gran hermano” derrotó a Obama; derrotó, en suma, a la política. Al interés por saber a quien elegirían los norteamericanos como futuro presidente de los Estados Unidos y, de paso, del resto de mundo.

Apenas un millón doscientos mil ciudadanos consiguieron reclutar las tres cadenas nacionales que ofrecían programas dedicados a contar el gran suceso político del año y puede que de la década. El desinterés de las grandes masas por la información que va algo más allá de los chismes de corrala, el famoseo y los “videos de primera”, es patético.

En España, por ley, la escolarzación es obligatoria. En términos históricos, nunca hemos tenido los españoles tantas y tan variadas oportunidades para disponer de información, para adquirir cultura, para saber cómo marcha el mundo y cómo van aquí las cosas. Lo dicen las estadísticas, pero la realidad es otra. El grueso del personal huye de la información, “pasa” de la cultura: es feliz siendo rebaño.

Quien pasa de la política acaba siendo la primera víctima de los políticos. Después, que no se quejen.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que el derecho a honrar a los familiares prevalece a trifulcas judiciales

VALENCIA.- El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso, manifestó hoy su "respaldo" a las familias que acudieron al juez Baltasar Garzón para que la Justicia solucione la situación en torno a miles de desaparecidos y las fosas comunes donde sospechan pueden estar sus familiares, y subrayó que el derecho de toda personas a honrar a sus familiares "está por encima de cualquier trifulca judicial".

Alonso se expresó en estos términos en un comunicado en relación con la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Garzón es o no competente para investigar estos hechos.

El coordinador de la asociación se mostró preocupado por el hecho de que la Justicia "pierda celeridad en solucionar la situación que plantean varias familias y asociaciones acudiendo a ella en busca de amparo para hacer efectivo un derecho negado durante décadas".

En esta línea, lamentó que "algunos esgrimen una ley decimonónica como es la de Enjuiciamiento Criminal para quitar la competencia al juez Garzón, olvidando que esa ley también obliga al juez de una demarcación donde se conozca la existencia de un enterramiento ilegal a desenterrar los restos, analizarlos, entregarlos a sus familias y a buscar al culpable".

"Ahora, como el perro del hortelano, invocan una ley que nunca aplicaron para dar cristiana sepultura a compatriotas enterrados como alimañas durante décadas en las cunetas y barrancos de España", añadió Alonso.

"Nos avergüenza que figure la ley de Amnistía como uno de los argumentos, la misma ley que la comunidad internacional acaba de rechazar equiparando nuestro país a otras dictaduras bananeras con leyes parecidas, y nos avergüenza la posibilidad de que algún juez de otro país tenga que asumir la iniciativa de Garzón que, en definitiva, no es sino procurar una solución rápida a viejos problemas originados por un régimen que cometió crímenes contra la Humanidad" remarcó.

El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia remarcó que "por encima de competencias y piruetas judiciales está el derecho de la persona a su condición de tal, negada al estar enterrada sin nombre, y el de sus familias a tener un sitio donde honrar su recuerdo".

Por este motivo, hizo un llamamiento a la cordura y aseguró que su grupo no pide exhumaciones "a mansalva".

"Nosotros no somos los dueños de las fosas que vamos denunciando ni de la memoria contenida en ellas; los dueños son los muertos y sus familiares, que tienen todo el derecho a exigir al Estado que devuelva la dignidad a aquellos que mató y enterró ilegalmente", apostilló.

En opinión de Alonso, "son muy dueños de exigir al responsable de aquellas atrocidades la devolución de sus restos y la restitución de la dignidad a los lugares donde, como en las fosas de Valencia, se les enterró en muchos casos clandestinamente, sin conocimiento de quienes nunca pudieron honrar su recuerdo".

Así, subrayó que el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia apoyan que, "de una u otra manera, por encima de personalismos y de piruetas jurídico-mediáticas, se garantice con la máxima urgencia el derecho de los familiares a recuperar a sus desaparecidos y a cerrar la herida que servidores del Estado abrieron hace ya demasiados años".

Finalmente, Matías Alonso exigió a la Justicia "celeridad ante todo" ya que, a su juicio, "no es de recibo que por consideraciones de orden técnico, al final haya que adoptar un método tortuoso y lento, y de nuevo personas ancianas desaparezcan sin ver realizado su viejo anhelo de cerrar la antigua herida que demasiados años arrastran ante la indiferencia general".