Los trabajadores de Ford Almussafes aceptan las ofertas de la empresa para ERE y convenio

VALENCIA.- Los trabajadores de la planta de Ford en Almussafes (Valencia) aprobaron en el referéndum celebrado este miércoles, con un 75,1 por ciento de los votos, las ofertas presentadas por la empresa tanto para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) --400 voluntarios con reingreso hasta 2012 y prejubilaciones o bajas incentivadas para los 200 restantes--, como para el convenio colectivo --vigente hasta 2013, conversión de 700 temporales en indefinidos y subida salarial según el IPC previsto--.

Del total de 5.060 votos emitidos, un 75,1 por ciento --3.801 trabajadores-- se pronunciaron a favor de las propuestas planteadas por la dirección, presentadas de forma conjunta en una única papeleta, y un 20,7 por ciento en contra --1.047 trabajadores--, mientras que se registraron 119 votos nulos y 93 votos en blanco.

Al cierre de las urnas, que tuvo lugar a las 19 horas, se habían acercado a votar 5.060 trabajadores de los 6.854 que posee la factoría valenciana en la actualidad, un 73,8 por ciento de la plantilla.

El director de Fabricación de la planta, Antonio Adés, aseguró que están "contentos" con el resultado del referéndum celebrado hoy. "Nuestros empleados han sabido reconocer y valorar las condiciones ofertadas en la propuesta de convenio colectivo", resaltó Adés, quien señaló que es "uno de los mejores en la industria del automóvil en España".

Según informaron fuentes de la multinacional automovilística, las votaciones comenzaron entre las 4.30 horas con la participación de los trabajadores del 'mini turno' de noche, y se desarrollaron con "absoluta y total normalidad" durante todo el día para que pudieran pronunciarse también sobre las propuestas los empleados de los turnos de mañana y de tarde.

La dirección de Ford España presentó el día 14 la oferta sobre el ERE y un día después, la propuesta con la que retomaba la negociación del convenio, bloqueada en abril tras el rechazo en referéndum de la propuesta presentada por la compañía y respaldada por UGT, que recogía las principales demandas del sindicato mayoritario, como los cinco años de vigencia, el incremento salarial según el IPC previsto y un plan de jubilaciones con relevo.

El comité de empresa ratificó ambas propuestas el pasado viernes, con los votos a favor de UGT, después de que la compañía les comunicara que, en caso de que se aprobara el convenio, accedería a la petición del sindicato mayoritario de complementar el salario de los afectados por el último ERE temporal vigente de mayo a diciembre, de modo que cobren el 80% del sueldo, con lo que revalidaría el acuerdo firmado en abril en la reunión del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre empresa y UGT.

El PP rechaza en las Cortes Valencianas una propuesta de la oposición para crear un organismo contra la corrupción

VALENCIA.- El grupo 'popular' en las Corts Valencianes rechazó hoy con sus votos, en el pleno de la Cámara, una propuesta respaldada por toda la oposición para crear en la Comunitat, por medio de un proyecto de ley, un organismo contra la corrupción "que luche eficazmente contra cualquier tipo de abuso presente o futuro". PSPV, Compromís y el grupo de No Adscritos pidieron al Consell "transparencia" e información sobre las contrataciones de la administración autonómica con empresas vinculadas a la 'trama Gürtel'.

El pleno de la Cámara valenciana debatió una Proposición no de ley presentada por Compromís sobre la suspensión de la contratación por parte de la Generalitat con las empreas de construcción mencionadas en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel'.

Los socialistas presentaron a esta propuesta una enmienda, aceptada por los otros dos grupos de la oposición, en la que se planteaba la creación del organismo contra la corrupción.

Representantes de PSPV, Compromís y No Adscritos intervinieron en este punto de la sesión plenaria para exponer la posición de sus respectivos grupos, mientras que ningún miembro del PP tomó la palabra para intervenir en este debate aunque sí participó en la votación final para manifestar su rechazo.

La propuesta de Compromís planteaba que "la vinculación aparecida en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Audiencia Nacional entre empresas del sector de la construcción y la presunta trama de financiación ilegal del PP, introduce serias dudas sobre la gestión de las contrataciones públicas realizadas con cargo a los presupuestos de la Generalitat".

Asimismo, señalaba que su objetivo era "aclarar e informar a la ciudadanía sobre los procedimientos y destino de las contrataciones públicas de la Generalitat, que pueden ascender a cerca de 1.000 millones de euros, parte de los cuales pueden haber servicio para financiar ilegalmente el PP".

La diputada de Compromís Mireia Mollà, que defendió esta iniciativa, agregó que con ella se pretendía "recuperar los valores democráticos y restablecer la legalidad en la gestión pública" ante las "situaciones desagradables que vive la política valenciana".

Mollà consideró que "no es de gusto que el partido que sustenta el Gobierno valenciano esté implicado en un entramado de corrupción" y estimó "ridículo negar la situación que vivimos y mirar hacia otro lado", tras lo que invitó a "no negar la realidad, ni evadirla, ni negarla".

La proposición de Compromís planteaba instar al Consell a facilitar información sobre los procedimientos de contratación y a encargar a auditores externos independientes la auditoría de las contrataciones efectuadas desde 1999 con las empresas que aparecen en el informe policial "para facilitar información a la justicia".

Asimismo, establecía solicitar un informe especial a la Sindicatura de Greuges y a la de Comptes respecto a las actuaciones de funcionarios y autoridades en esas contrataciones en todo lo que no esté siendo investigado por la justicia. Compromís también pretendía instar al Gobierno autonómico a suspender la contratación con dichas empresas y su participación en futuras adjudicaciones de la Generalitat hasta la aclaración del destino de las cantidades pagadas con cargo a los presupuestos autonómicos y la relación de sus responsables con esta 'trama Gürtel'.

Este último planteamiento fue retirado finalmente después de que Compromís aceptara la enmienda presentada por el PSPV para crear en la Comunitat un organismo contra la corrupción.

Mollà afirmó que las medidas que demandaba su grupo al Consell eran "oportunas" porque no ha visto "en ningún momento voluntad política de ningún miembro del PP para reponer la situación" actual, además de afirmar que las pide también "la ciudadanía en general".

Agregó que son "medidas simples" y aseveró que no encuentra "argumento coherente para decir que no" a ellas, además de rechazar el "oscurantismo" y el "hacer y deshacer sin rendir cuentas a los ciudadanos".

Criticó que "en lugar de poner transparencia y eficiacia", la "ficha" que ha movido el PP haya servicio para "sacrificar la cabeza" de su secretario general y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, "un sacrificio" que no se puede entender "si no tienen nada que esconder", señaló.

Por su parte, el diputado del PSPV Ximo Puig explicó que su grupo respalda "cualquier iniciativa para profundizar en la democracia y garantizar la transparencia", al tiempo que estimó "necesaria la visualización de lo que el Consell hace con el dindero público" y dijo que "no debería ser objeto de discusión dejar a los diputados acceder" a esta información. Rechazó la "opacidad" e indicó al PP que la "legitimidad" se obtiene "con el comportamiento diario y la acción de gobierno".

Puig manifestó, respecto al 'caso Gürtel', que "la mera existencia de un informe policial y toda la documentación presentada exige" del Consell "explicaciones y asunción de responsabilidades políticas". Aseguró que "es momento de responsabilidad, de decir --si los 'populares'-- están o no de lado de la corrupción".

La portavoz del grupo de No Adscritos, Marga Sanz, comentó que "cualquier iniciativa que aclare las contrataciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat es necesaria para recuperar la credibilidad democrática en este momento".

Opinó que "el PP tiene en sus manos aclarar lo que el informe policial dice de esas empresas y de las contrataciones", pero lamentó que "al Consell le falta voluntad política de actuar con transparencia".

Alarte dice que la querella no busca imputar a Camps sino que no haya impunidad y se investigue hasta el final

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, aseguró hoy que la querella que presentará la formación contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y otros altos cargos de su Gobierno y su partido por financiación ilegal y otros delitos en relación con el 'caso Gürtel' después de haberse conocido el contenido del informe policial, no persigue ver imputado al jefe del Consell sino que se investigue hasta el final.

Alarte, en una entrevista en RNE, señaló que esta querella por presuntos delitos de financiación irregular, malversación de fondos, cohecho, delito fiscal y alteración contable se presentará "con toda seguridad" en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la próxima semana.

Ante los argumentos del PPCV que ayer anunció que responderá con una querella por "falsedad", Alarte explicó que "la razón fundamental" de esta actuación de los populares ya ha sido resuelta cuando el entonces secretario general del partido Ricardo Costa presentó una denuncia contra la Policía por haber elaborado este informe y la respuesta del fiscal, "dada en 24 horas, fue clara" y apuntó que "el informe es cierto".

Explicó que no se puede dejar que una información "tan grave" quede en la "impunidad" porque sería "peligroso para el futuro de las instituciones, para la confianza de las personas, que pueden pensar o creer que los políticos pueden hacer lo que quieran".

Hay dos ideas que el PP y Camps quieren instaurar en la Comunidad con las que no coincide: "que la corrupción es inherente al sistema político", ya que contra la corrupción debe haber 'tolerancia 0' e "intentar instalar un cierto nivel impunidad. Nada ni nadie quedará impune", dijo.

En este sentido explicó que el PSPV no persigue ver imputado a Camps sino que se quiere que se investigue hasta el final. "Si alguien está tranquilo con lo que ha hecho, no debe tener nunca miedo a jueces, ni policía, ni fiscales de la democracia. Me preocupa, cuando veo tanto miedo, que intenten ocultar algo con esa preocupación", dijo.

Además señaló que está preocupado por futuro del al Comunidad, por la imagen que se da de ella, y porque "hay un presidente que miente y no lucha contra la crisis. Todo esto son razones para exigir responsabilidades", argumentó.

Alarte considera que hay "otra ética" y "humildemente" la formación quiere ser esa alternativa. Recordó que el PP presentó dos denuncias en Fiscalía contra su familia y su persona que "ni siquiera llegaron a fase judicial" y no denunció a nadie porque no tiene miedo, no ha hecho nada y confía en la democracia.

Preguntado por si confía en la justicia y teniendo en cuenta que el informe policial ya fue rechazado por el TSJCV aseguró que confía en la "imparcialidad y en la tremenda profesionalidad de los magistrados y jueces".

En cuanto al hecho de que se pueda estar haciendo un juicio paralelo, explicó que "hay muchos indicios que hacen pensar que se ha contravenido delitos penales pero, políticamente, hay otras responsabilidades políticas: Camps nos ha mentido y esta es una responsabilidad ineludible".

En este sentido explicó que la Comunidad Valenciana no debe sentirse avergonzada, debe estar orgullosa de quien les representa y el presidente de la Generalitat es de todos, dijo.

Ante las encuestas que apuntan que en caso de haber ahora elecciones volvería a ganar el PP en la Comunitat Valenciana, Alarte señaló que no tiene ninguna duda de que cuando haya elecciones, que cree que tienen que ser ya para que haya respuesta democrática, van a ganar.

Señaló que es "muy testaduro" lo que es es "un gran defecto pero para esto puede ser un potencial". Explicó que "Gürtel no es sólo un caso generalizado de corrupción, que lo es, no solo es que haya políticos deshonestos, es también una manera de hacer política", indicó.

"Gürtel es el modelo Camps de esta Comunidad, millones de euros de dinero público para hablar y construir una imagen de una comunidad que no era tan feliz y que abajo tenía unos pies de barro increíbles. Ha aguantado peor que nadie la crisis y hay un líder que no lo es porque ha perdido lo más importante, la credibilidad y la confianza", indicó.

El PSPV de Castellón pide un pacto político que incluya el compromiso de una "verdadera" regeneración democrática

CASTELLÓN.- La Comisión Ejecutiva municipal del PSPV de Castellón ha aprobado una resolución en la que pide un pacto político que incluya el compromiso de una "verdadera" regeneración democrática, según informó el PSPV en un comunicado.

Los socialistas denunciaron la "grave y bochornosa situación que nos está deparando todo el tinglado de corrupción que se ha descubierto en torno al caso Gürtel, corrupción ligada a una más que presunta financiación ilegal del Partido Popular y a una red clientelar de intereses económicos cuyas consecuencias penales estamos lejos de conocer en toda su magnitud, corrupción que ya se ha cobrado a dos importantes políticos, pero que lleva camino de que sea la puntilla de otros de mayor altura incluso".

"También hemos puesto en evidencia el singular papel que, en todo este entramado, ha jugado el Partido Popular en Castellón, pues los dos cesados son militantes de nuestra ciudad y tres de las empresas citadas en los informes del caso son también castellonenses", indicaron las mismas fuentes.

Según el PSPV, "Castellón está, pues, en el centro de la vorágine, y por eso nuestra ciudad, sus ciudadanos y el tejido empresarial, están pagando las consecuencias", y añade que "los políticos del Partido Popular, sus formas de hacer política, las prácticas tantas veces denunciadas de irregularidades en la gestión en el Ayuntamiento y en la Diputación, sus pocos escrúpulos para ejercer el poder, su estrategia del 'todo vale' para perpetuarse, nos han llevado a una situación, en unos momentos de crisis especialmente graves, ante la que tenemos que reaccionar".

Así, la Comisión Ejecutiva aprobó una resolución en la que los socialistas señalan ser "conscientes de que, en estos momentos de grave recesión económica, una de las consecuencias que trae la corrupción política es la desafección ciudadana hacia la política y los políticos, cuya deriva es la antesala de la fractura social".

No obstante, agregó que desde el PSPV de Castellón, "una vez más, hemos de manifestar rotundamente que, al margen de los programas políticos de cada partido, ni todas las formas gobernar son iguales ni todos los políticos somos iguales". "Los socialistas defenderemos siempre, por encima de todo, unos principios éticos basados en la honestidad y en el respeto de la ley", indicó la formación.

Las resolución también indica que "las reglas de juego que ha impuesto el Partido Popular en sus relaciones con la sociedad en nuestra ciudad y en nuestra provincia han llevado a tres grandes empresas de larga tradición a verse envueltas en este caso y, los socialistas, por el contrario, basamos la acción de gobierno en la transparencia, la libre concurrencia y la ecuanimidad".

Según señala el documento, "la sociedad de Castellón está sufriendo la incapacidad del Partido Popular para hacer frente la difícil situación económica, pues a los problemas legales que penden de proyectos de singular importancia y a la gestión errática se unen la paralización de los proyectos dependientes del Consell, colapsado por los problemas derivados de la corrupción".

"A esta situación debe añadirse la dañina imagen que ofrece Castellón hacia el exterior y su repercusión negativa en el imprescindible despegue económico. El Partido Socialista reitera nuevamente la oferta de un pacto político de alcance, a través del Grupo Municipal, que permita salir con mayor eficacia de la grave situación en que nos encontramos; un pacto que incluya el compromiso de una verdadera regeneración democrática", finaliza la resolución.

El PP aprueba investigar las cuentas y el PSOE lo rechaza por intento de extender sospechas

VALENCIA.- El PP en las Corts aprobó este miércoles la creación de una comisión no permanente de investigación que estudie la financiación y las cuentas de los partidos con representación en la Cámara, a la que los grupos de la oposición votaron en contra, al considerar que los 'populares' tratan de "extender las sospechas de corrupción" al resto de formaciones políticas. Por ello, el PSPV declaró que se niega a participar en la misma.

El portavoz adjunto del PP Cesar Augusto Asencio, en este sentido, aseguró que en el PP están "tranquilos" porque "no tienen nada que ocultar, las cuentas están claras y los jueces lo determinarán en su momento". Así, explicó que esta comisión tiene por objetivo "contrastar" las cuentas de los demás partidos con las del PP que las tiene "muy bien auditadas", subrayó.

Por el contrario, criticó a los socialistas por negarse a participar en la comisión y se preguntó si puede ser que las cuentas del PSPV, a pesar de estar "formalmente arregladas, no se correspondan con la veracidad fáctica", que es, según dijo, lo que refleja un estudio contable. Así, pidió conocer las empresas con las que contrata el PSPV durante las elecciones y si éstas tienen relación con administraciones gobernadas pro los socialistas.

Asencio, además se dedicó a cuestionar el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía "de Rubalcaba", que apunta a una supuesta financiación ilegal del PPCV y con el cual, el PSPV justificaba la creación de una Comisión de Investigación en las Corts, pero que el PP rechazó a cambio de la aprobada hoy.

En este sentido, señaló que dicho documento, donde sólo el "3 o 4 por ciento" del mismo se refiere a aspectos relacionados con la Comunitat, "no esta ni firmado" y está además "constituido por trozos, como el monstruo de Frankenstein", con la intención de "dar una veracidad de asertos que no se corresponden con la realidad".

Del mismo modo, añadió que en dicho informe aparecen "conclusiones no probadas, resúmenes de informes aislados que por sí mismo no quieren decir nada y grabaciones convenientemente filtradas". Asencio criticó que no se hayan publicado las informaciones que "exoneran" a los dirigentes 'populares' valencianos y se haya facilitado así un "linchamiento mediático sin precedentes en la democracia".

El dirigente 'popular' subrayó que las contrataciones de la Generalitat "son correctas y han pasado los procedimientos" legales; tras lo cual, un diputado socialista, desde su escaño levantó la voz para pedir que "vuelva Costa".

El portavoz del PSPV, Ángel Luna, recordó que ellos pidieron una comisión de investigación --rechazada por el PP en la Mesa de las Corts-- con los contratos públicos de la Generalitat, que es lo que debe controlar las Corts, dijo.

Además, argumentó que se negarán a comparecer en dicha comisión amparándose en que el artículo 502 del Código Penal, que "es el que podría obligar a alguien a venir", es una "norma penal en blanco".

Es decir, necesita de otra norma para ser "rellenada". Así, afirmó que "no hay manera de hacer" que alguien comparezca en una comisión de investigación en las Corts; haría falta una norma que "rellene dicha norma penal en blanco". Asencio, contestó que eso "se arregla enseguida con un pleno extraordinario".

Luna, durante su intervención leyó algunas de las conversaciones telefónicas transcritas en el informe de la Policía en la que se aludía a la mujer de Camps y desde la bancada 'popular' indicaron que "eso no está probado".

Además, el síndic socialista añadió que nadie en el PP "ha negado en público" dichas conversaciones. Así, apostilló que este asunto "es serio, está fundamentado y está en los tribunales".

En este sentido, aconsejó a los 'populares' a "dar explicaciones y a asumir" las consecuencias porque "no basta con el pseudo corte de cabeza que se ha hecho con Costa".

El síndic socialista apuntó que ni la Generalitat ni el PP "tendrán credibilidad hasta que no faciliten los expedientes de contratación" de la administración publica valenciana. Al respecto, declaró desde la Generalitat se ha "obligado a pasar por taquilla a los empresarios que aparecen en el informe policial "para obtener algunos contratos del Consell, que son los que "han puesto las condiciones para que aquí haya corrupción política".

Por otro lado, la síndica de Compromís, Mónica Oltra recriminó al PP el "sainete" que han montado con la creación de esta comisión. Incluso señaló que Asencio "se ha traído" a la televisión municipal de Crevillent --de donde es alcalde-- para "cubrir" su intervención. Asimismo, la portavoz de la Agrupación de Diputados No Adscritos, Marga Sanz, indicó que "lo que no está claro es la caja B del PP, que es lo que hay que investigar".

Asencio, durante su primera intervención, argumentó sobre el informe policial que, "sabiendo que Rubalcaba y el PSOE están por el medio, sabiendo que en su día fueron capaces de organizar un crimen de Estado como el GAL y de robar los fondos públicos", entonces considera que "son capaces de un informe de estas características".

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, que al inicio de su intervención pidió disculpas por su afonía, advirtió de que es "increíble" que quiera "pedir excusas por los GAL quien ha negado el Holocausto".

Asencio, al respecto, lamentó que Luna no haya" respetado a un menor de 17 hace 30 años", ya que fue con 17 años cuando Asencio realizó un escrito negando el holocausto judío, a lo que el síndic socialista apuntó que él cuando tenía 17 años "luchaba por las libertades de este país".

El PSPV dice que si Fabra se hubiese preocupado, las inversiones estarían hechas

CASTELLÓN.- La diputada nacional del PSPV-PSOE por Castellón en el Congreso Antonia García indicó este miércoles al presidente de la Diputación y máximo responsable del PP, Carlos Fabra, que "si en los ocho años de José María Aznar en la Moncloa se hubiera preocupado de Castelló en lugar de interesarse sólo por agilizar las licencias de los productos fitosanitarios de las empresas de su ex esposa, tal y como está investigando el juzgado de Nules, muchas de las inversiones que ahora están pendientes estarían ya terminadas".

García Valls se manifestó en este sentido después de que Fabra criticara los presupuestos del Estado en Castellón, que contemplan más de 1.980 millones de euros en gasto social, más 175 millones en inversiones directas, según informó el PSPV en un comunicado.

Por este motivo, la diputada invitó a Fabra a "que deje su demagogia a un lado y, si de verdad le preocupan las inversiones de Castelló, le pida al presidente de la Generalitat que deje de marginar a nuestra provincia, porque hace dos años que no se licita ninguna carretera nueva, con lo que no tiene ninguna intención de empezar obras este año; no se ha empezado ninguna de las 21 actuaciones pendientes en el presupuesto de este año, cuando faltan dos meses para acabar; y tampoco se han iniciado los centros de salud de Almassora, Peñíscola, Vinaròs, Hermanos Vilafaña, Onda, Oropesa ni los hospitales de Peñíscola ni Vall d'Uixó".

"Lo único que le preocupa a Fabra es cómo tapar el escándalo de corrupción del Caso Gürtel que, por mucho que intente negar, está hasta en la médula del PP de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Castelló", dijo.

La diputada defendió los presupuestos del Estado y recordó que "la situación extraordinaria en la que nos encontramos ha hecho más necesario que nunca centrar la gran parte de los esfuerzos en incrementar las prestaciones para ayudar a todos los que están sufriendo las consecuencias de la crisis".

En este sentido, aludió a los 1.980 millones destinados a gasto social, "para pagar más de 117.000 pensiones y garantizar una subida del 4,2 por ciento a más de 30.000 personas que reciben la pensión mínima". También resaltó los 16,5 millones para becas, 1,2 millones para plazas de 0* a 3 años o los 14 millones de euros para beneficiar a las cinco mil familias por la ayuda de los 2.500 euros por nacimiento o adopción.

Valls recordó que, "desde el primer momento, Zapatero ha cumplido su promesa electoral y las familias de Castelló están recibiendo las ayudas por hijo adopción, mientras todavía estamos esperando la ayuda prometida por Camps que nunca ha existido y que, a tenor de la poca palabra que tiene, nunca llegará".

García Valls destacó otros 2,8 millones de euros "que beneficiarán a más de 800 jóvenes gracias a la ayuda a la renta básica de emancipación", los 17,5 millones de euros, "un 35,9 por ciento más que el año pasado para la Ley de Dependencia", y 180 millones más al INEM "para garantizar el desempleo con las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno".

Respecto a las infraestructuras resaltó los 20 millones de euros para el AVE, "lo que pone de manifiesto el impulso del gobierno de Zapatero para esta infraestructura en nuestra provincia, después de que Aznar, en los ocho años que estuvo en la Moncloa, fuera incapaz siquiera de soñarlo".

En este sentido, recordó que "ha tenido que ser un gobierno socialista el que ha traído el AVE a la Comunitat Valenciana y será un gobierno socialista, pese al boicot del PP, el que lo hará llegar a Castelló con una inversión de 640 millones de euros".

De hecho, en este apartado de infraestructuras recordó que "si el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, no hubiera puesto tantas trabas al proyecto de la variante de la N-340, estaría más avanzado, pero sus reiteradas iniciativas, incluida la presentada en las Cortes pidiendo la paralización de la redacción, han supuesto retrasos innecesarios en esta infraestructura tan necesaria".

La Comisión del Diputado emite dictamen favorable para la elección de Pajín como senadoraV

VALENCIA.- El Boletín Oficial de las Corts Valencianas (BOCV) publica este miércoles el acuerdo de la Comisión de Estatuto de los Diputados adoptado en la reunión celebrada el día 6 de octubre de 2009 de elevar a la Mesa de la Cámara el dictamen favorable sobre las propuestas para la designación de senadores en representación de la Comunitat, presentadas por el PSPV, de la secretaria general del PSOE, Leire Pajín, como titular, y el secretario de Política Municipal y Autonómica del PSPV-PSOE, José María Ángel, como suplente.

Los miembros de la comisión entienden que ambos candidatos reúnen los requisitos exigidos en el artículo 4 de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1988, de 23 de mayo, de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana.

El PP presentó un escrito, que se tiene que tramitar en la Mesa, en el que pide la comparecencia de Pajín en la comisión para conocer sus compromisos por la defensa de los intereses de la Comunitat en el Senado, según informó el día 6 el entonces portavoz adjunto de los 'populares' en la Cámara, Rafael Maluenda.

De esta forma, antes de que esta decisión de la Comisión --de aprobar la documentación presentada por el PSPV para la elección de Pajín como senadora-- pase por el pleno del Parlamento valenciano, el PP propone, en base al Reglamento de la Cámara, la comparecencia de la responsable socialista.

Para ello, la Mesa deberá estudiar y tramitar los escritos del PP, para que luego sean aprobados en la Comisión. Una vez superados estos trámites, la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, se pondrá en contacto con Pajín para acordar la fecha de la comparecencia.

El BOCV publica además la Proposición de ley de reforma del artículo 15 de la Ley 3/1988, de 23 de mayo, de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario 'popular'.

El objetivo de la reforma es introducir en la Ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, la obligatoriedad de los candidatos, y sus suplentes, de comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados antes de que ésta emita el dictamen de elegibilidad y compatibilidad, en su caso, con el fin de que informen "sobre los extremos que fueran consultados referidos a cuestiones de interés general para la Comunitat Valenciana".

Además, incluyen que, para la comparecencia, no sea necesario que deba mediar acuerdo previo de la comisión, dado que, según los motivos que expone el PP, "si bien el Reglamento de las Corts ya lo regula con carácter general, parece razonable que se incluya en la ley específica y, además, en sentido imperativo".

La norma actual establece que "las comisiones, de acuerdo con el presidente de las Corts, podrán solicitar la comparecencia de los senadores designados en representación de la Comunitat Valenciana para que informen sobre temas relacionados con su actividad parlamentaria".

Al respecto, la modificación contempla que los propios senadores designados en representación de la Comunitat Valenciana también puedan solicitar su comparecencia ante la comisión competente para informar sobre "cuestiones de interés general para la Comunitat Valenciana".

Reconocen desde la CAM que 'está verde' una fusión con Cajamurcia

ALICANTE.- El presidente territorial de Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante, Armando Sala, aseguró que "no ha habido conversaciones a otro nivel" con Cajamurcia en torno a una hipotética fusión, aunque coincidió con el presidente de la entidad, Modesto Crespo, en decir que si CAM y Cajamurcia "aunaran esfuerzos, sería positivo para ambas entidades".

Interrogado sobre una hipotética fusión con Cajamurcia, Armando Sala se ciñó a las palabras de Crespo, quien en un encuentro reciente con el Rotary Club de Elche, "estuvo hablando de una forma hipotética y sin profundizar en nada y sin conversaciones de ningún tipo, de que la provincia de Alicante y la Comunidad de Murcia tienen muchas cosas en común".

"Nos afectan las infraestructuras de carreteras y estamos también muy unidos en el tema de la llegada del AVE, tanto a Alicante como a Murcia", indicó. "Él vino a decir que tenemos muchos intereses en común y que si aunáramos esfuerzos sería positivo para ambas entidades, sin profundizar en nada más, y además, porque tampoco ha habido conversaciones a otro nivel", comentó.

Al respecto, afirmó también que "no hay un plazo" para una hipotética operación de este tipo en la CAM, y aludió a las "asociaciones" entre entidades de otras comunidades autónomas que se están planteando, entre las que mencionó la de Caja Navarra y Caja Canarias, y Caixa Penedés y Caixa Laietana, así como Sa Nostra. En este sentido, no obstante, señaló que "aunque no hay un plazo, el Banco de España sí quiere algo de agilidad en el tema".