miércoles, 9 de mayo de 2018

El fin del boom del turismo en España amenaza el crecimiento de la economía

MADRID.- La economía española lleva creciendo por encima del 3% desde 2015. Un cúmulo de vientos de cola, entre ellos boom del turismo, han ayudado a lograr esta robusta expansión. El turismo ha tenido una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB en los dos últimos años, una cifra que va a menguar considerablemente y que puede afectar a otros sectores como el inmobiliario y, sobre todo, al mercado laboral, según recoge El Economista.

Desde el banco suizo UBS destacan que el número de turistas extranjeros y los ingresos que generan han crecido a doble dígito en los dos últimos años. El año 2017 cerró con un récord de visitantes extranjeros. Los 81,8 millones de turistas que llegaron desde todas las partes del mundo son responsables en parte de la buena marcha de la economía española este año. Nunca hasta ahora se había logrado una cifra tan alta que le ha permitido convertirse en el segundo destino mundial, desbancando a Estados Unidos y únicamente por detrás de Francia. Los turistas han elegido España en detrimento de Turquía, Egipto o Túnez.
Gracias a estos movimientos del pasado, España ha disfrutado de un boom del turismo (junto con Francia y Portugal) que ha aportado 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en España durante 2016 y 2017. Este favorable entorno "ha supuesto la creación de 250.000 puestos de trabajos desde 2015 y un fuerte efecto multiplicador sobre toda la economía".
El turismo ha pasado a suponer el 11,2% del PIB de España desde el 10,2% del año 2010, según datos del INE. Durante los años de recuperación este sector ha ganado peso, y este aumento es el que se refleja en la aportación positiva al crecimiento del PIB. Es decir, si la economía española creció un 3,1% en 2017, 0,4 puntos de ese crecimiento son gracias al turismo.
Pero esta situación no se va a prolongar: "Más de la mitad de este crecimiento se puede atribuir al desplome del turismo en Turquía, Egipto y Túnez por los ataques terroristas y la inestabilidad política", destacan desde UBS.
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ya destacaba hace unas semanas la "notable recuperación" de la demanda de los países competidores, especialmente de Turquía y Egipto. 
"Si la tendencia se acelera afectará a los destinos españoles de playa en los próximos meses y en verano", indica la patronal. Todavía se arrastra la débil demanda de británicos por culpa del Brexit.
La situación está cambiando relativamente rápido. Tanto el número de turistas como la cantidad de ingresos se están desacelerando en España desde pasado verano a medida que los competidores del Mediterráneo comienzan a recuperarse.
"A medida que las heridas de estos países se cierran, los turistas empiezan a volver en detrimento de España, Portugal, y de una forma más suave lastrando también el turismo de Francia e Italia", según destacan desde UBS.
"En el mercado inmobiliario español ha reflejado el auge del turismo de los últimos dos años mediante una fuerte recuperación de los precios y las transacciones en los centros de las grandes ciudades y las principales zonas costeras... La entrada de turistas más lenta, probablemente, enfriarán los aumentos de precios interanuales en las áreas principales, pero esperamos que continúe la recuperación desigual (entre grandes ciudades y lugares premium, respecto al resto del país) en el mercado inmobiliario".
El mercado inmobiliario en las zonas ahora denominadas calientes podría comenzar a enfriarse. "La caída de los influjos de turistas y una regulación más estricta sobre los alquileres turísticos enfriarán los datos", aseguran los economistas de UBS.
Prevemos que el crecimiento del PIB en España retrocederá gradualmente en los próximos años a medida que los vientos de cola favorables (un euro débil, petróleo barato y políticas expansivas del Banco Central Europeo) y algunos factores idiosincrásicos (crédito positivo e impulsos fiscales, así como el auge del turismo ) se desvanecen.
"Esperamos que el crecimiento del PIB real baje del 3,1% el año pasado al 2,8% este año y 2,3% el próximo, aunque debería mantenerse por encima del potencial hasta que el crecimiento global se pierda impulso", destacan los expertos de UBS.
Según los cálculos que manejan los expertos de UBS, la contribución del turismo extranjero en la actividad económica se reduciría en más de la mitad este año y aportará sólo un 0,1 punto porcentual al PIB después. 
"Dado su alto efecto multiplicador en la economía en general, es probable que su desaceleración afecte a la creación de empleo y a los ingresos de los hogares, lo que tendrá un papel importante en la economía española", aseguran desde el banco suizo.

C's obliga al PP a retratarse frente a la inmersión lingüística en Valencia

MADRID.- Ciudadanos ha elevado al Congreso de los Diputados el debate sobre la inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana para obligar al Gobierno a tomar cartas en el asunto y al resto de grupos a fijar posición, según relata El Español. 

Los diputados Antonio Roldán y Marta Martín han registrado este martes una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado en septiembre por la Generalitat para saltarse la suspensión judicial de su controvertido modelo lingüístico.
La proposición no de ley de C's invoca la protección de la tutela judicial efectiva, puesto que los niveles de valenciano vigentes en la escuela pública valenciana se basan en una ley suspendida cautelarmente por el TSJ valenciano. Pero la cuestión de fondo es la vulneración de los derechos lingüísticos y la implantación en la Comunidad Valenciana de un modelo educativo inspirado en el catalán y basado en la inmersión.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, aprobó un decreto lingüístico que vinculaba las horas de enseñanza del inglés al nivel de valenciano de cada centro, lo que en la práctica suponía castigar con menos horas y menos capacidad de lingüística en inglés a los alumnos -y centros- que optaban por la enseñanza en castellano. 
Aquella norma fue recurrida hasta nueves veces y suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la Generalitat aprobó en septiembre un decreto de medidas urgentes para seguir matriculando a los niños en un sistema según el cual los centros se adscriben tres niveles equiparables a los seis niveles lingüísticos prefijado por el decreto anterior: es decir, para seguir adelante con el plurilingüismo.
C's pidió entonces al Gobierno recurriera al Constitucional para impedir que los niños siguieran matriculándose en esas condiciones, pero el gabinete que dirige Íñigo Méndez de Vigo no hizo hizo nada al respecto. 
El Gobierno valenciano acaba de aprobar en el Parlamento regional una nueva ley del plurilingüismo con los mismos vicios que la anterior.
Con su PNL, Ciudadanos lleva al Congreso el debate sobre la inmersión en Valencia y busca paralizar el decreto Marzà “para que vuelva la normalidad a los colegios", según ha explicado la diputada Marta Martín.
Ciudadanos mantiene que el actual Gobierno de la Generalitat "está obsesionado con imponer el valenciano en los centros educativos aunque ello implique incumplir sentencias judiciales, medidas cautelares e ignorar los informes del Defensor del Pueblo".

Los bancos reciben más de 400.000 reclamaciones por gastos hipotecarios

MADRID.- Las reclamaciones por los gastos asociados a la firma de una hipoteca, como el arancel del notario, se han convertido en la nueva pesadilla de la banca. El Supremo dejó claro en febrero que el sujeto pasivo del impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que supone cerca del 70% de estos gastos, corresponde al hipotecado y no a la entidad financiera tras meses de dudas jurídicas y sentencias contradictorias en los juzgados, según Expansión

Para los costes de notario, gestoría, registro y tasación sigue sin haber jurisprudencia clara. Consumidores y bancos están a la espera de una aclaración por parte del Supremo cuando lleguen al Pleno alguno de los recursos planteados.
La perspectiva de que el asunto acabe en el TJUE europeo, como sucedió con las cláusulas suelo, ha disparado las reclamaciones.
El año pasado, los servicios de atención al cliente de la banca recibieron más de 400.000 reclamaciones sólo en el caso de los bancos cotizados, según la información pública disponible. Parte de ellas acabarán en los juzgados.
Asumiendo una devolución media de entre 900 y 1.100 euros, el impacto económico ascendería a unos 440 millones de euros.
Los bancos con una mayor cartera hipotecaria son los que más quejas han recibido. BBVA gestionó el año pasado 171.146 reclamaciones, de las que el 90% corresponden a gastos de formalización hipotecarios. Santander no detalla la cantidad, pero afirma que admitió a trámite 69.321 reclamaciones sobre créditos.
En la banca mediana destacan por su número las más de 36.000 reclamaciones recibidas por Abanca; las alrededor de 9.000 llegadas a Deutsche Bank España y las 33.838 en KutxaBank. La entidad vasca ha desestimado todas las recibidas. 

Valencia se suma a la guerra contra los apartamentos turísticos

VALENCIA.- La Comunidad Valenciana se ha sumado a la guerra que las Administraciones mantienen contra la proliferación de los apartamentos turísticos. Las Cortes Valencianas pactaron ayer las enmiendas a la nueva Ley de Turismo que se aprobará antes del verano y concederá un amplísimo margen de maniobra a los Ayuntamientos para regular a su gusto y en función de sus necesidades una actividad que crece a velocidad vertiginosa. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la ley implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas, adelanta hoy El País.

Las batallas se libran en buena parte de la España turística. Empujadas por los problemas que el rápido desarrollo de las plataformas por Internet están generando en el mercado residencial de viviendas, con subidas en los precios de compra y alquiler, Ayuntamientos y comunidades están tomando medidas. Palma adoptó el mes pasado la más extrema al prohibir el alquiler de pisos a turistas. El Consistorio gobernando por PSOE, Més y Podem solo dejó fuera del veto a casas aisladas, chalés y entornos como el del aeropuerto y los polígonos industriales.
Barcelona, la ciudad con mayor oferta de pisos turísticos de España y donde los residentes están sufriendo más la reconversión de viviendas residenciales, cerró el año pasado en torno a un millar de pisos y ha impuesto a Airbnb y Homeaway multas de 600.000 euros. En toda Cataluña, la Generalitat ha recaudado cuatro millones de euros en sanciones a pisos turísticos desde 2012. La Comunidad de Madrid permitirá a las comunidades de vecinos prohibir el uso turístico de los edificios, y el Ayuntamiento de la capital quiere que a partir de 90 días de alquiler al año los propietarios de los apartamentos necesiten una licencia urbanística de uso terciario. Andalucía obliga desde 2016 a los dueños a registrar las viviendas en una base de datos y otras comunidades, desde el País Vasco a Canarias, han empezado a legislar la actividad.
La vía elegida por la Comunidad Valenciana deja en manos de cada Ayuntamiento la regulación. Con la nueva ley, para poder inscribirse en el registro autonómico, que es obligatorio y en el que figuran 66.755 viviendas, los propietarios tendrán que obtener un "informe municipal de compatibilidad urbanística", según la enmienda acordada este martes por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
El número de registro deberá aparecer en todas las ofertas publicadas por las plataformas de Internet. Y si estas rehúsan hacerlo, serán multadas. La Agencia Valenciana de Turismo ya ha sancionado con 30.000 euros a Airbnb, Homeaway y Rentalia. La nueva ley eleva las multas por incumplimientos reiterados a 600.000 euros. 
"Para ordenar el turismo son necesarios consensos y alianzas, pero también acabar con la sensación de impunidad. Las multas que teníamos hasta ahora no eran disuasorias ante las grandes compañías de alquiler online", afirma el director de la agencia y exalcalde del municipio turístico de Benicàssim, el socialista Francesc Colomer.
Con la entrada en vigor de la ley, para obtener el certificado en la ciudad de Valencia pasará a exigirse el cumplimiento del PGOU vigente, que no permite que una vivienda se destine a actividades terciarias —como el alquiler turístico— si tiene por debajo otras de uso residencial. 
Ello, según la teniente de alcalde y líder local del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, significará que la mayoría de nuevas aperturas se verán limitadas a bajos y primeras plantas.
Los edificios dedicados íntegramente a apartamentos turísticos tienen su propia regulación, requieren una licencia similar a la hotelera y en el casco histórico —el distrito de Ciutat Vella— existe una moratoria que impide nuevas aperturas.
Valencia aprobará, además, planes especiales para zonas donde la actividad empieza a generar conflictividad social, como los distritos de Ciutat Vella y del Eixample, o que presentan una arquitectura particular, como El Cabanyal, donde muchas viviendas solo disponen de planta baja y un piso.
"Con la nueva normativa, los Ayuntamientos vamos a recuperar el control de los usos urbanísticos y en Valencia vamos a poner de entrada una barrera muy importante para que el fenómeno no vaya a más en el futuro", señala Gómez. 
Según los cálculos municipales, el 70% de los pisos turísticos de Valencia infringen la normativa del PGOU, cuyo cumplimiento se comprobará a partir de ahora antes de expedir el informe municipal necesario para acceder al registro autonómico. 
La concejal de Desarrollo Económico Sostenible descarta exigir el cumplimiento del Plan General a los pisos turísticos que ya están inscritos en el registro, un total de 4.441, para evitar generar "inseguridad jurídica".
La situación de Valencia, añade Gómez, donde según la patronal Hosbec existen 5.500 apartamentos de este tipo que ofrecen unas 20.000 plazas —los hoteles suman 16.200— está lejos de ser alarmante, salvo en algunos barrios. 
"Nuestro caso es muy diferente al de Palma, ellos son un destino de sol y playa y sí tienen un problema de saturación. Cada ciudad debe adaptar las medidas a su realidad".

El último 'ranking' de las universidades españolas destaca a las valencianas

MADRID.- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Navarra (UNAV) son las universidades españolas con mayor número de indicadores de mayor rendimiento (un total de 24), según el Ranking de la Fundación CYD, que analiza 22 ámbitos de conocimiento y 2.235 titulaciones, y en el que participan las 50 universidades públicas españolas y 32 privadas.

Cerca de ellas, aparecen la Universitat Pompeu Fabra (23 indicadores de mayor rendimiento), la Carlos III de Madrid (21), las de Gerona, Autónoma de Madrid y Deusto (con 20 cada una), Barcelona (19), Rovira i Virgill, Ramon Llull, Politécnica de Catalunya, Pontificia de Comillas y Mondragon Unibertsitatea (con 18 cada una), Valencia-Estudi General (14) y Politécnica de Valencia (13), que obtiene el mismo número de indicadores de mayor rendimiento que la Politècnica de Madrid.
De las 15 universidades mejor situadas en esta clasificación, diez son públicas y cinco privadas (Navarra, Deusto, Ramon Llull, Pontificia de Comillas y Mondragon), y se reparten en cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que por este orden lideran la clasificación por comunidades autónomas, seguidas por Asturias, Cantabria, Baleares, Galicia y Aragón.
Del ranking se desprende que las universidades con menor rendimiento relativo --es decir, aquellas que tienen más indicadores en el grupo de menor rendimiento--, se encuentran la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la de Jaén, Valladolid, la Politécnica de Cartagena y la Universidade Da Coruña.
"No podemos ni queremos responder a la pregunta de qué universidad es mejor, porque no se puede dar una respuesta unidimensional", ha explicado el director del ranking, Martí Parellada, durante la presentación este miércoles en Madrid de los resultados, que tienen por objetivo que "sirvan para la gestión de las universidades y orientar su actividad con la máxima información posible", según Parellada.
"Todas las universidades participantes tienen algún indicador en el grupo de mayor rendimiento", ha subrayado el director del ranking. Por su parte, el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, ha destacado que el ranking demuestra que las universidades españolas han "resistido" tras años de falta de recursos financieros.
"En un momento determinado en el que han caído los recursos de la universidad y ha habido normas como la imposibilidad de la sustitución del profesorado, en esta situación lo razonable es que la universidad hubiera ido para atrás de forma notable", ha afirmado Solé, apuntando que junto al aumento de financiación, la mejora de la autonomía de las universidades podrían mejorar sus rendimientos.
En esta edición, el ranking CYD ha incorporado cinco nuevos ámbitos de conocimiento (Farmacia, Odontología, Enfermería, Ciencias Políticas y Educación) y ha actualizado los datos de otros cuatro (Medicina, Psicología, Sociología y Trabajo Social) que se suman a los trece que ya se incluían en esta clasificación de las universidades españolas.
Así las universidades que destacan por tener un mayor número de indicadores de mayor rendimiento en cada ámbitos son la de Barcelona en Farmacia, la de Deusto en Trabajo Social, la Carlos III de Madrid en Sociología, la Autónoma de Barcelona en Psicología, la Complutense de Madrid en Odontología, la de Alicante en Enfermería, y la Autónoma de Madrid en Educación, Medicina y Ciencias Políticas.
Además, el ranking CYD clasifica a las comunidades autónomas por los resultados del rendimiento de sus universidades en diferentes ámbitos. De esta manera, Navarra, País Vasco y Castilla y León destacan en Enseñanza y Aprendizaje, mientras Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia lo hacen en Investigación.
Por otra parte, Cataluña, Madrid y País Vasco son las mejores en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional, mientras en Contribución al desarrollo regional destacan las universidades de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
En estos ámbitos, la Universidad de Navarra logra los mejores resultados en Enseñanza y Aprendizaje e Investigación, y la Autónoma de Barcelona en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional. 
Además, la Internacional de Catalunya es la más destacada en Contribución al desarrollo regional, según los datos del ranking de la Fundación CYD, que en esta edición incluye un gráfico de evolución de los resultados de la universidad española en los últimos tres años.
Estos datos acumulados revelan que desde 2015 ha aumentado un 50,1% las patentes concedidas por el profesorado, un 20,9% las publicaciones por profesor y un 20,5% las publicaciones regionales, como resultados más destacados. Por contra, el número de profesores extranjeros se ha reducido un 8,5%, los fondos privados un 4,3% y los fondos de investigación regionales un 3,5%.
Este trabajo detalla las universidades con mayor rendimiento por ámbitos de conocimiento. Así, para Farmacia destacan las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela.
En Trabajo Social sobresalen Deusto, Granada, Málaga, Rey Juan Carlos, Valencia (Estudi General); en Ciencias Políticas: Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Ramon Llull y Salamanca.
En cuanto a Sociología: Universidad Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Zaragoza; en Psicología: Autónoma de Barcelona, Deusto, Lérida, Oviedo, Salamanca; en Educación: Autónoma de Madrid, Gerona, Salamanca, Valladolid, Zaragoza.
Y en Medicina: Autónoma de Madrid, Barcelona, Navarra, Pompeu Fabra, Salamanca; Odontología: Complutense de Madrid, Granada, Internacional de Cataluña, Murcia, Salamanca; y Enfermería: Alicante, Navarra, Pública de Navarra, Salamanca, Valladolid.

Para los cinco indicadores que toma el Ranking CYD sobresalen diversas universidades:
Para Enseñanza y Aprendizaje destacan: Católica de Valencia San Vicente Mártir, Deusto, Gerona, Navarra, Pompeu Fabra y San Pablo-CEU.
En Investigación: Cantabria, Gerona, Jaume I de Castellón, Navarra, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili.
En Transferencia de Conocimiento: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Mondragón Unibertsitatea, Navarra, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia y Zaragoza.
En Orientación Internacional: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Deusto y Pompeu Fabra y en Contribución al desarrollo regional: Autónoma de Barcelona, Barcelona, Deusto, Gerona, Internacional de Cataluña, La Laguna, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili y Sevilla.
Por otro lado, nueve autonomías aparecen en el grupo que obtienen mayor número de indicadores agregados de mayor rendimiento.
Así, Castilla y León, Navarra y País Vasco sobresalen en Enseñanza y Aprendizaje; Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia en Investigación; Cataluña, Madrid y País Vasco en Transferencia de Conocimiento; Cataluña, Madrid y País Vasco en Orientación Internacional; y Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana en Contribución al desarrollo regional.
Parellada ha señalado que entre 2015 y 2018 la crisis se ha reflejado en que han disminuido los profesores a los que se reconoce capacidad investigadora (-10,8) y los docentes extranjeros, pero las patentes concedidas por profesor aumentaron un 50,1 %.

'Mercadona' contrata a 9.000 personas para la campaña de verano, 2.000 más que en 2017

MADRID.- Cuando llega el verano pocas son las cadenas de supermercados que no se enfrentan al encaje de bolillos: parte de la plantilla se va de vacaciones pero hay que mantener un retén lo suficientemente numeroso en las tiendas y oficinas como para poder afrontar la avalancha de turistas que llega a muchas zonas de España.

Todas las cadenas amplían su plantilla de cara a la campaña de verano. En el caso de Mercadona, el grupo ha anunciado hoy que contratará a 9.000 personas para afrontar estos meses estivales y "poder seguir dando el mismo servicio excelente".
Es la mayor cifra de contratación de los últimos años. Son 2.000 personas más que el año pasado (cuando se incorporaron 7.000 empleados nuevos) y casi el doble que en 2016, cuando se contrató a 5.000 personas.
Para Mercadona, la campaña de verano comienza este mes de mayo y acaba en septiembre. Tras estas incorporaciones, la plantilla de la cadena valenciana asciende ya a 84.000 trabajadores.
Según José Elías Portalés, director de Contratación de Recursos Humanos, con este extra de personal se pretende "ofrecer a los jefes (los clientes, en la jerga de la empresa) el mismo servicio excelente que reciben el resto del año".
Mercadona tiene más de 1.600 tiendas en todas España. Lo que se pretende es reforzar el personal en estos establecimientos de cara a estos meses en los que parte del personal se va a de vacaciones y, a la vez, millones de turistas llegan a España para disfrutar de las suyas.
Los empleados que se incorporen recibirán un salario de 1.132 euros al mes y una formación adecuada para poder desempeñar su puesto una vez comiencen a trabajar.
 A lo largo de todo el pasado año la cadena ya incorporó a 5.000 personas más a su plantilla.
Mercadona está ultimando estos meses su nueva web de venta online, que está previsto que esté lista para el segundo semestre de este año. Se trata de un proyecto en el que la cadena está poniendo mucho empeño, hasta el punto de que el año pasado redujo su beneficio a la mitad para poder invertir en esta plataforma de venta online y en la renovación de sus tiendas físicas, según informa El Mundo.

"Malhaya quien nace yunque" / Ramón Cotarelo *

Hace unos años se celebraba a bombo y platillo el fin del "bipartidismo". Se acabó el turnismo de la derecha y la izquierda, o seudoizquierda, falsa izquierda, centro izquierda, y hasta derecha civilizada según quien juzgara. El caso era que se había acabado. El bipartidismo daría paso a un multipartidismo, reflejo de la variedad popular. 

Algo de esto ha habido, cierto tumulto multipartidista a la sombra de un partido dominante, el PP, pero ya los sondeos permiten avizorar un horizonte curioso. El bipartidismo derecha-izquierda se convierte ahora en otro derecha-derecha. Las izquierdas, arrumbadas en el trastero de la irrelevancia. 

Con la experiencia del gobierno del PP y la promesa de C's, que es más antisocial que aquel (y ya es decir), cualquier observador exterior, uno venido de Marte por ejemplo, concluiría que el electorado español es masoquista. Le gusta que le roben o que lo exploten y, en todo caso, que lo expriman. O sea, que ha nacido yunque. Pero eso será porque el observador, siendo de Marte, no se entera. Bastará con hacerle ver las alternativas, PSOE y Podemos para que el marciano comprenda la racionalidad del comportamiento electoral de los españoles. 

Según la doctrina oficial, sostenida por los partidos dinásticos, por las fuerzas vivas de toda índole celestial o secular, por los medios de comunicación y otros centros de adoctrinamiento, como las fundaciones, los thinks tanks, las universidades, los intelectuales y las celebrities, España es un Estado democrático de derecho en el que hay libertad de expresión y todos tienen las mismos derechos. Esos presos políticos que dicen que hay no lo son sino políticos presos. Fin de la cita. 

Si todos los partidos tienen también las mismas posibilidades, sin duda la incapacidad de las izquierdas para alcanzar los primeros puestos en la intención de voto, aparte de cuestiones menores, radicará en la de inadecuación de su discurso a las preferencias del electorado. 

Las preferencias del electorado están impregnadas de Catalunya. El factor catalán explica la conservación del bipartidismo y su carácter de derechas. La dureza con el independentismo da réditos en España sobre todo porque viene avalada por el éxito de C's en Catalunya, en donde es el más votado, asunto que eriza el vello a los indepes. El éxito catalán avala a C's que va como un cohete a la hegemonía de las derechas, presto a hacer realidad un hecho pintoresco: el primer presidente de gobierno catalán después de Prim (sin contar los de la I República) será un catalán anticatalanista. 

C's y PP, bloque nacional español pata negra y camisa azul. A distancia les siguen el PSOE y Podemos, hecho unos zorros en su interior precisamente por la cuestión nacional, esa que atribuye a las "corruptas" burguesías. En el PSOE, el nacionalismo español es tan intenso como en el PP, pero le falta la pata negra del nacionalcatolicismo, aunque algunos de sus líderes son verdaderos zampahostias. Pero hay mucho masón ahí, y ateos y descreídos y febles defensores del imperio. No son de fiar estos socialistas que hasta tienen un partido socialista catalán

Lo de Podemos, a quien este sondeo del CIS trata muy bien no tiene arreglo. La posibilidad de nuevo tentadora del sorpasso, música celestial a oídos de los tiempos heroicos de IU, tampoco acaba de materializarse. Hasta la actual dirección del PSOE se ha dado cuenta de que la batalla por la hegemonía de la izquierda también se librará en Catalunya. A pesar de sus veleidades sociales, su nacionalismo español es mucho más convincente que el de Podemos, obligado a armar un discurso con elementos contradictorios en el terreno nacional que suena confuso a los oídos de los españoles, muchos españoles aunque sean de izquierdas.

Así que, visto el panorama general, la pregunta de por qué vota el electorado mayoritariamente a la derecha solo tiene una respuesta: porque la prefiere a la izquierda. 

Admito que esto parece no tener cuenta del peso del monopolio práctico de los medios de comunicación por las derechas. Habría mucho que hablar al respecto pero tampoco las izquierdas han hecho valer aquí su mayoría respecto a los medios públicos de comunicación. 

España será gobernada por una coalición de hecho de los dos partidos de la mayoría (cosa que ya tienen) y la oposición de los dos de la izquierda. Todos ellos, a excepción de algunos diputados de Podemos, como los anticapis por ejemplo, cerrarán filas en el bloque dinástico nacional frente a Catalunya. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Llarena, contra las cuerdas / José Antich *

Si las informaciones que llegan de diferentes países europeos son ciertas, en muy pocas semanas -en algún caso incluso en unos días- pueden producirse una serie de noticias judiciales que abran en canal toda la instrucción practicada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. 

La justicia belga es cada vez más contraria a aceptar las dos euroórdenes que pesan sobre los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, en este caso, por malversación y desobediencia. 

Por su parte, el tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, que tiene en sus manos la decisión respecto al president Carles Puigdemont por rebelión, malversación y desobediencia descartó la primera acusación hace varias semanas y, respecto a la segunda, se está produciendo con el paso de los días un cierto estupor sobre la insuficiente información recibida por parte del Supremo.

La noticia de la oposición de los tribunales de los dos países ha originado un enorme enfado en el gobierno español, la judicatura y las diferentes instituciones del Estado, que se empiezan a preparar ante una eventualidad de esta naturaleza. 

En el plano político, excepto Ciudadanos, que mira de obtener el mayor rédito electoral posible, salta a la vista que el Partido Popular ha rebajado sus comentarios para que el tema no ocupe cada día todas las informaciones. Lo mismo han hecho la Fiscalía y otros estamentos de la judicatura española. 

En el terreno mediático, una pluma relevante como es la del ex director de ABC José Antonio Zarzalejos, que se mueve en posiciones siempre próximas a lo que sería el Estado en su sentido más amplio, ya habla abiertamente de escenarios alternativos para Llarena si se rechazan las euroórdenes.

El último elemento conocido de la documentación solicitada por la justicia alemana y belga, para valorar con mayor conocimiento el supuesto delito de malversación como sostiene el juez Llarena, es la simple valoración indiciaria de un supuesto delito. 

Sin pruebas, sin apoyo documental del Ministerio de Hacienda, sin ningún asiento contable en el que figure tal malversación, Llarena pretende que la justicia europea dé por buenos unos hechos sobre los que no existe una prueba directa. 

Demasiado poco para delitos tan graves, apuntan unas fuentes. Y, otras, demasiado volátil para aprobar unas euroórdenes que están siendo miradas con lupa por tribunales de diferentes países y sobre las que un día se tendrán que pronunciar los tribunales europeos.

Todo apunta, por tanto, y dicho sea con la mayor prudencia posible, que podemos estar en vísperas de noticias halagüeñas y definitivas para los que hemos considerado siempre que el relato policial y judicial era en buena medida insostenible a medida que se objetivara el juicio y no fuera una causa general contra el independentismo. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia