Camps amenaza con fundar un partido regionalista si Rajoy le obliga a dimitir

VALENCIA.- El PP es una olla a presión. El auto del juez Pedreira aceleró los movimientos para tratar de buscar una salida al futuro del presidente de la Generalitat, dispuesto, al menos por ahora, a atrincherarse, pero que ya se aferra al último asidero del precipicio. Y el titular del Consell parece estar decidido a morir matando, según 'Información' y 'Levante'.

Hasta el punto, de que hace unos días llegó a amenazar a un interlocutor de Génova con romper el PP y liderar una escisión de corte regionalista en los próximos comicios autonómicos de 2011 en el caso de que se le obligue a dimitir. Así lo sostienen dirigentes populares.

En cambio, Presidencia rechazó tajantemente este extremo. Tras conocerse el auto, en las filas del PP se desató la tensión. En Génova, de momento, guardan silencio. Aunque la procesión vaya por dentro. Mariano Rajoy permaneció reunido en la sede con algunos de sus más directos colaboradores. No hubo ni declaración oficial del PP tras conocer el durísimo auto de Pedreira ni tampoco un comunicado de apoyo a Camps.

Lejos de eso, en estos momentos, en Génova se empieza a interiorizar la necesidad de que el presidente de la Generalitat debería preparar las maletas y marcharse para no deteriorar, aún más, la imagen del PP. Desde Génova esperan su reacción para afrontar una decisión definitiva.

Al PP le aprietan los plazos. Entre junio y julio, la dirección que encabeza Mariano Rajoy tiene que decidir los candidatos en las trece autonomías que celebran sus comicios en 2011. Y el escándalo que los populares tienen montado en Valencia condiciona todo el proceso. Máxime cuando existe pleno convencimiento de que, en ningún caso, Camps debe seguir por mucho tiempo -el tope máximo es la apertura de juicio oral- y que, por tanto, no debe ser candidato.

¿El problema? Mariano Rajoy, reacio a tomar decisiones fulminantes, no quiere destituirle directamente desde Madrid. Pretende, de alguna manera, repetir con el jefe del Consell la operación que ensayó en su día con el ya ex senador Luis Bárcenas. Es decir, propiciar que sea el propio Camps el que decida marcharse para atajar la crisis del partido y, acto seguido, plantear la suspensión de militancia.

El escollo, en estos momentos, es que el presidente de la Generalitat no está por la labor de dejar el cargo y centrarse en su defensa judicial. Todo lo contrario. Se mantiene en sus trece de atrincherarse y venderá cara su derrota. La revelación de cargos del PP sobre las insinuaciones de Camps para "resucitar" el regionalismo, que se quedó sin representación en las Corts en 1999, y liderar otro partido en 2011 son una muestra del escenario de tensión.

Bruselas deja en evidencia la liquidez de la CAM y Bancaja

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha registrado una pregunta dirigida al Consell en la que solicita que "se responsabilice" y "dé explicaciones" en las Corts Valencianes sobre la suspensión por parte de la Comisión Europea (CE) de los expedientes de concesión de avales de la Generalitat a Caja Mediterráneo (CAM) y a Bancaja, por creer que "atentan contra las normas del mercado común".

En un comunicado, Compromís señaló que en diciembre de 2009 el Consell "aprobó una medida para favorecer supuestamente la financiación empresarial mediante avales de 300 millones de euros de la Generalitat a CAM y Bancaja", que ahora se encuentra "paralizada" por la CE "porque considera que avalar la titulación de activos a la CAM y Bancaja para la emisión de valores de renta fija que supuestamente tiene el objetivo de financiar empresas atenta contra las normas del mercado común".

La diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, criticó que, de este modo, "quedan de nuevo en evidencia las supuestas medidas que dice estar tomando el gobierno de Francisco Camps contra la crisis".

"Anuncian 300 millones para las pymes, que en realidad eran avales a la CAM y Bancaja para que las dos cajas consiguieran financiación de terceros para poder dar créditos a los empresarios, y resulta que esto atenta contra las normas del mercado común y la Comisión Europea lo paraliza", reprobó.

En este sentido, Mollà denunció que "al final, las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana se quedan sin un céntimo de la financiación que en teoría les iba a llegar de parte del gobierno del PP".

Recalcó que Compromís criticó en su día esa "práctica de conceder avales para la titulación de activos a una entidad privada", puesto que, en su opinión, "los títulos de las cajas de ahorro deben estar avalados por su propio patrimonio y por su propia actividad, no por los recursos públicos".

Mollà indicó que "si CAM y Bancaja fueran la banca pública de la Generalitat no harían falta avales, ya que directamente formarían parte del sector público, con todas las ventajas para la sociedad de disponer de un banco público", pero "ese modelo de banca pública lo rechaza el PP, y lo que no se puede pretender es que las cajas sean públicas para unas cosas y privadas para otras, según los intereses del Consell", reivindicó.

Hizo hincapié asimismo en que, "como ha señalado la Comisión Europea, esa forma de actuar es manifiestamente incompatible con el mercado comunitario y con los intereses de la población que esperan que los recursos públicos se destinen a favorecer los intereses generales y no a garantizar resultados contables positivos de entidades privadas por muy caja de ahorros que sean".

Aprobado un decreto ley que suprime trámites urbanísticos

VALENCIA.- El Gobierno valenciano aprobó hoy un decreto ley de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y generar empleo, a propuesta de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

La norma, que adelanta algunas de las medidas que contemplará la futura reforma de la ley urbanística valenciana, suprime trámites urbanísticos como el concierto previo o la cédula territorial de urbanización, así como la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y permite a los ayuntamientos reducir hasta un 50 por ciento el canon por actividades en suelo no urbanizable.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, destacó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Ejecutivo autonómico, que los objetivos del decreto son "reducir y simplificar la tramitación urbanística, facilitar el desarrollo de las actividades productivas y potenciar la inversión pública".

La norma otorga "más posibilidades de actuación a los ayuntamientos" y "simplifica y agiliza la tramitación de los planes urbanísticos", explicó, al tiempo que justificó su aprobación por decreto ley porque es "urgente adoptar medidas positivas" ante la actual situación de crisis.

Para ello, indicó que se modifica "puntualmente" la normativa urbanística, concretamente la Ley Urbanística Valenciana, la ley de Suelo No Urbanizable, la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, citó.

Remarcó que no se trata de una "reforma global de la legislación urbanística" e incidió en que las medidas son "coherentes" con el borrador de la futura modificación de la ley urbanística. Las calificó de "necesarias para poder reaccionar de forma inmediata y eficiente" a la crisis.

Así, explicó que se adelantan "algunas modificaciones concretas" que contemplará la nueva ley "para reducir la burocracia y agilizar iniciativas en la creación de empleo".

Las medidas se han consensuado con los agentes económicos y los ayuntamientos, aseguró Sánchez de León, quien especificó que cuentan con "todas las garantías jurídicas, como cualquier norma que emana del Gobierno de la Generalitat", y "han pasado todos los filtros e informes necesarios para estar absolutamente dentro de la legalidad vigente".

El decreto suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales de ordenación urbana, dado que de este modo se facilitará la aplicación de la nueva evaluación ambiental estratégica, se eliminarán dudas jurídicas y se reducirá considerablemente el tiempo necesario para aprobar un plan, según explicó el Consel.

También se elimina la Cédula Territorial de Urbanización, necesaria hasta el momento para tramitar planes de desarrollo que modifiquen la ordenación estructural del Plan General, así como la exigencia de que los suelos dotacionales de red primaria adscritos a un sector, es decir, parques, espacios libres, infraestructuras de transportes y comunicaciones, sean colindantes o adyacentes al sector.

Desaparece la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, y sólo será necesario con la publicación en el Boletín de la Provincia. Se limita el contenido de la publicación al acuerdo de aprobación y a la normativa, sin que se tengan que publicar los planos de ordenación.

El decreto ley también elimina la exigencia de nueva Declaración de Interés Comunitario para reformas sin ampliación exterior de edificios previamente autorizados en suelo no urbanizable.

Asimismo, se suprimen determinadas restricciones para el desarrollo de actuaciones de renovación o reforma interior en suelo urbano, lo que facilitará la rehabilitación de centros históricos, o regeneración de barrios donde hay industrias, según el Consell.

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

Asimismo, esta norma establece un nuevo procedimiento de urgencia para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable --como casas rurales, tiendas de productos agrícolas o campings--, de forma que el periodo máximo para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) pasa de seis a tres meses.

A través de este decreto ley también se adapta el canon por actividades en suelo no urbanizable a las dificultades financieras de la empresa, de forma que se da a los ayuntamientos la capacidad de determinar la cuantía del canon y les permite otorgar prórrogas, fraccionamientos o reducciones, especialmente para actividades que crean empleo.

Además, el Ayuntamiento puede proponer una reducción de hasta el 50 por ciento del canon cuando se trate de actividades productivas que puedan crear empleo.

Por otro lado, se permite que los ayuntamientos puedan disponer del canon por actividades en suelo no urbanizable sin necesidad de tramitar programas de sostenibilidad para poder utilizar esos recursos.

Asimismo, Sánchez de León explicó que mientras "dure la situación de crisis, los ayuntamientos que se vean obligados a resolver PAI porque el agente urbanizador no pueda cumplir los plazos de ejecución, podrán evitar que el suelo afectado pierda automáticamente la condición de urbanizable", salvo que así lo decida expresamente el Consistorio.

Esta medida, que tendrá validez hasta que concluya 2012, fecha que podrá ser prorrogada, permitirá que los ayuntamientos puedan decidir entre mantener la clasificación del suelo como urbanizable, de modo que una vez mejore la actual situación de crisis puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos, o desclasificar el suelo y devolverlo a su situación de origen.

Los ayuntamientos también podrán disponer de manera inmediata de los ingresos del canon por declaraciones de interés comunitario para impulsar la construcción de viviendas de protección pública. Se potencian también las posibilidades de actuación de las empresas públicas, como Vaersa, la Entidad de Saneamiento o el Instituto Cartográfico Valenciano, indicó Sánchez de León.

La portavoz del Consell remarcó que con la aprobación de este decreto "se evidencian claramente dos formas diferentes de gobernar y de encarar los problemas y la crisis".

Así, señaló que frente al real decreto "de la soledad y la debilidad" del Gobierno estatal, que se "ceba con los más débiles" y que, en la Comunitat Valenciana, afectará a "200.000 empleados públicos, muchos de ellos mileuristas" y a 700.000 pensionistas "que perderán 150 millones de euros", el Ejecutivo valenciano se posiciona en favor de los sectores productivos, las empresas, el desarrollo económico y el empleo, aseveró.

El PSPV dice que Sáenz de Santamaría "no quiere fotografiarse" con Camps porque es un "cadáver político"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Carmen Ninet, manifestó hoy que la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "no quiere fotografiarse" con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque el PP de Génova "ya se ha dado cuenta de que es un cadáver político" y "su futuro pasa por juzgados y, probablemente, por los calabozos".

Ninet, que se pronunció en estos términos, a través de un comunicado, después de conocer "el nuevo plante de Génova a la dirección regional" tras anular la visita a Valencia que tenía previsto hacer Sáenz de Santamaría el próximo lunes, remarcó que Camps "representa el pasado de esta Comunitat" y es "un imputado, procesado por graves delitos que está absolutamente solo y aislado".

La responsable socialista indicó que la dirección nacional del PP "ha tardado, pero por fin se ha dado cuenta de que Camps es un cadáver político del que nadie con aspiraciones quiere estar cerca".

"Su futuro pasa por los juzgados y, probablemente, por los calabozos", añadió, y, en este sentido, aseguró entender que Soraya Sáez de Santamaría "no quiera fotografiarse con él, porque sería una mancha en su imagen".

La diputada destacó que "nadie" de la dirección nacional en Madrid "quiso acudir a aplaudir" a Camps en el acto 'Nosotros cumplimos' del pasado sábado, y apuntó que el líder del PP, Mariano Rajoy, "ya le ha dicho a Camps que se olvide de ese acto de proclamación de candidato previsto para julio en la plaza de toros".

Ninet lamentó que algunos diputados y alcaldes "continúen fingiendo en público que apoyan a Camps e incluso le aplaudan y, cuando éste se da la vuelta, reconocen que lo que más le conviene al PP y a nuestra democracia es que se le aparte del cargo y se centre en su defensa, porque lo va a tener muy difícil".

La dirigente socialista citó "los varapalos de las sentencias recientes", y recomendó a los amigos de Camps, "si es que tiene alguno además de Álvaro Pérez, que le indiquen el camino más adecuado: su dimisión".

La parlamentaria subrayó que Camps "se ha inventado una conspiración inexistente y ficticia de todo un estado democrático que pretende acabar con él".

"Sin duda es una persona que no está en condiciones de ostentar la principal responsabilidad de esta comunidad autónoma", aseveró.

Saénz de Santamaría aplaza un viaje a Valencia

MADRID.- La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que para el partido "nada ha cambiado" en su relación con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pese a que está siendo investigado por la Justicia, por su presunta implicación en la rama valenciana de la trama de corrupción Gürtel.

En declaraciones a RNE, Sáenz de Santamaría indicó que aunque en el auto del juez Antonio Pedreira se aprecien indicios de delitos electoral, cohecho, financiación ilegal y la Hacienda Pública en su Gobierno, Camps tiene el "mismo apoyo" del partido que "tenía hasta el momento".

"Para nosotros nada ha cambiado y tiene el mismo apoyo que tenía hasta el momento", remarcó la portavoz de los 'populares' en el Congreso.

Por último, preguntada por qué ha anulado el viaje que tenía previsto a Valencia para el próximo lunes si el PP sigue apoyando a Camps, Sáenz de Santamaría aseguró que no es una "cancelación" sino un "aplazamiento" debido a un cambio en su agenda política, tras conocerse hoy un rumor sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudiera formar un partido regionalista.

Valencia está entre los municipios más endeudados de España

MADRID.- De los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, un total de 5.137 tienen contraida algún tipo de deuda financiera. Los hay con grandes, grándísimos endeudamientos como en el caso de la capital, Madrid, que acumula por sí sola 6.776 millones de euros, gestados en su mayoría por grandes proyectos urbanos como la renovación de la M-30 y otros similares.

Todo seguido encontramos a Valencia, que con sus 834 millones de euros de deuda para 814.208 habitantes saca un resultado de 1.024 euros de deuda por valenciano. Otra gran capital como Barcelona, con 1,62 millones de habitantes en 2009, tiene sin embargo una deuda de 753 millones que, dividido por habitante, sale a 464 euros por persona, más de cuatro veces menos que los madrileños.

Zaragoza (751 millones, 1.115 euros por persona), Málaga (719, 1.266 por habitante), Sevilla (522, 742 por habitante), Córdoba (312 millones, 951 por habitante) y Murcia (258 millones, 591 por habitante) completan la lista de ciudades españolas con más deuda.

Aunque por encima tienen, incluso, a otro tipo de entidades públicas, como por ejemplo la Diputación Foral de Vizcaya, con 758 millones de deuda.

Entre los cien municipios con más deuda encontramos otros como Cartagena (129 millones de deuda, 610 por habitante), Alcorcón (146, 870 euros por habitante) o Tarragona (143 millones, 1.020 de deuda por habitante).

Según estos datos, no sólo los grandes núcleos urbanos acumulan grandes endeudamientos, sino que también pequeños municipios acumulan una deuda muy importante en relación con su población.

Justo es reconocer también que hay más de 3.000 municipios de casi todas las provincias españolas que no tienen contraído ni un sólo euro de deuda municipal sino que llevan a cabo un equilibrio de gastos encomiable. Pequeñas localidades aunque algunas son conocidas, como es el caso de Medellín (Extremadura) o Medinaceli (Soria).

Grecia suprime dos tercios de sus ayuntamientos para recortar el gasto público

ATENAS.- El Parlamento griego aprobó anoche por ley la reducción de su número de ayuntamientos de 1.034 a 355, lo que supondrá un ahorro de 1.185 millones de euros anuales para el país.

Ahogado por el endeudamiento del país, el gobierno ha decidido reformar su administración con ayuntamientos con más poder que tengan un mínimo de 10.000 habitantes y puedan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Los parlamentarios del oficialista partido socialista Pasok, junto a tres legisladores disidentes, votaron a favor de la normativa, que fue aprobada por 160 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

Para aligerar la administración, el severo recorte de personal reducirá a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos.

La nueva ley establece además que, a partir de 2014, las elecciones municipales se celebrarán cada cinco años, y no cada cuatro como hasta ahora, para hacerlas coincidir con los comicios europeos, lo que supondrá un ahorro estimado de 75 millones de euros.

La reforma administrativa ha sido recibida con fuertes protestas por parte de los empleados locales, que esta semana han bloqueado carreteras y se han manifestado ante el Parlamento.

Grecia aprobó recientemente un plan de austeridad de 30.000 millones de euros, con importantes recortes salariales del sector público y congelación de pensiones para sanear las endeudadas cuentas públicas.