Sumar registra la coalición para el 23J con Podemos dentro

MADRID.- Las izquierdas han llegado con algo de margen temporal al registro de su coalición para las elecciones generales. La confluencia del Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Verdes Equo, Alianza Verde y otra serie de partidos territoriales (hasta completar la docena) ya es una realidad legal de cara a los comicios que se celebrarán en apenas 40 días, el próximo 23 de julio.

Según ha podido saber Público, tras las declaraciones pronunciadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al mediodía, la formación morada y los de Díaz han continuado conversando a lo largo de toda la tarde. Finalmente, se ha registrado la coalición con la firma de Podemos y sin acometer ningún cambio sobre el acuerdo que la propia Belarra ha criticado unas horas antes.

Según fuentes de la negociación, el acuerdo concreto que se ha alcanzado reserva a Podemos un total de 13 puestos de salida, y en al menos ocho de ellos se estaría en condiciones de sacar diputado (algo que sólo dependerá de los resultados electorales).

La formación encabezará las listas de Ávila, Álava, Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Las Palmas, Murcia, Navarra, Palencia Segovia y Teruel. En Álava, en principio, iría como cabeza de lista Roberto Uriarte; en Granada, Martina Velarde; en Gipuzkoa, Pilar Garrido; en Murcia, Javier Sánchez Serna y en Navarra, Idoia Villanueva.

En Madrid, el primer puesto para Podemos sería el quinto, por el que concurriría la secretaria general, Ione Belarra y, además, tendrían el cuarto puesto en Barcelona, que podría ocupar la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge. 

Según diversos medios, las listas electorales no asignan ningún puesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni al hasta ahora portavoz del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Tampoco estarían el actual diputado Rafa Mayoral,  la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Por la mañana, Ione Belarra ya había avanzado, en su comunicado ante los medios, que la propuesta de Sumar excluía de las listas electorales a la ministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, y que no garantizaba la presencia de Podemos en el Congreso de los Diputados tras el 23J (debido a que los morados no copan, aseguran, puestos de salida).

Este punto era posteriormente desmentido desde Sumar, desde donde han defendido que la presencia y la representación de Podemos está "ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma", con la propuesta sobre la mesa. La plataforma liderada por Díaz también advertía de que no permitirían que se repitiera un escenario como el de Andalucía, donde las diferencias entre las izquierdas terminaron en un registro fallido en el último minuto, sin Podemos dentro la coalición jurídica.

En su declaración, tras una reunión de una dirección avalada muy ampliamente por la militancia para tomar la decisión final, Belarra garantizaba la unidad, "un mandato del Consejo Ciudadano Estatal y de la ciudadanía de izquierdas", y aseguraba que la decisión de concurrir con Sumar estaba "tomada".

Sin embargo, también denunciaba esa supuesta exclusión de Montero de la que el partido habla desde principios de semana, y apuntaba a que una parte suya sentía que el acuerdo era "injusto" con su formación.

Podemos quedaba para el final de la confluencia (ya va siendo una costumbre), pero en las jornadas y horas previas otras formaciones han ido confirmando su presencia en Sumar: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Catalunya En Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana,  Iniciativa del Pueblo Andaluz y Zaragoza En Común completan la coalición.

En IU, las sensaciones son agridulces. Parte de la militancia esperaba más presencia en las listas de Sumar para las generales. La eurodiputada Sira Rego, que entraba en las quinielas como uno de los pesos pesados de IU en las papeletas de Sumar, seguirá en Bruselas y Estrasburgo lo que queda de legislatura europea, hasta la próxima primavera. Otra duda está en qué provincia concurrirá el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Dan por hecho que será por una andaluza.

La formación liderada por Alberto Garzón concurrirá por los puestos números 1 en Málaga, Córdoba y Tarragona; el 2 por Sevilla y el 3 por València... En estos hay más opciones de obtener representación. Además, también pelearán el escaño desde el 1 por Huelva, Jaén, La Rioja, Valladolid, Cuenca, Huesca, Soria y Zamora. Parten en segunda posición en las listas de Asturias, y en la novena de Madrid. Encabeza IU la circunscripción madrileña para el Senado.

La activista saharaui Tesh Sidi y el que fuera el número dos de Podemos y actual diputado de Más País, Íñigo Errejón, concurrirán en los puestos 3 y 4 de la lista por Madrid de Sumar. Más Madrid también ha conseguido los puestos 7 y 10 de la candidatura madrileña.

Por su parte, Compromís, liderará la provincia de Valencia. Y saldrá en el segundo puesto de las tres provincias valencianas: Valencia, Alicante y Castellón. 

"Se trata del acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la época democrática entre fuerzas progresistas y verdes", reza un comunicado difundido por Sumar. Esta rúbrica supone, según el equipo de Yolanda Díaz, "el primer paso para construir un proyecto ilusionante, feminista y ganador que ponga siembre la justicia social y climática en el centro".

"El futuro es una obra abierta. Salimos a ganar el país", culmina este texto de Sumar. "Ganar el país" es una expresión abstracta y difícil de cuantificar. Se contarán los votos el próximo 23 de julio. Hasta entonces, la coalición de izquierdas tiene una difícil campaña electoral por delante y otra complicada tarea: cicatrizar las heridas abiertas entre las izquierdas durante mucho tiempo.

 

Los de Podemos que se salvan

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no están en la lista de nombres pactados entre Podemos y Sumar para las generales, una vez registrado el acuerdo de coalición de la izquierda. Tampoco irá en las listas la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Podemos contará con 15 puestos en las listas, pero son ocho los que podrían conseguir escaño si se repitiesen los resultados de Unidas Podemos (junto a Más País y Compromís) de 2019. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, irá de cinco por Madrid y la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, irá de número cuatro por Barcelona.

Además, el coordinador en Murcia, Javier Sánchez Serna, irá por esa circunscripción; la coordinadora de Euskadi, Pilar Garrido, por Gipuzkoa; la excandidata al Parlamento de Canarias, Noemí Santana, por Las Palmas; la de Andalucía, Martina Velarde, por Granada; y Roberto Uriarte por Álava.

 

Compromís pacta con Sumar para ir juntos el 23J en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Compromís y Sumar han cerrado a primera hora de este viernes el acuerdo por el que acudirán de la mano a las elecciones generales el próximo 23 de julio en la Comunidad Valenciana. Un pacto que llega el mismo día en el que se cierra el plazo para poder registrar la coalición, como recuerda Valencia Plaza. En la consulta a las bases, la militancia de las tres formaciones que integran Compromís han refrendado con amplia mayoría el acuerdo alcanzado con Sumar con un apoyo superior al 80%.

Se llamarán "Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar", y en el reparto de listas, los nacionalistas podrán designar el primer y segundo puesto por Valencia al Congreso de los Diputados, así como el 2 y el 4 por Alicante. El nombramiento del cabeza de lista en esta circunscripción y también el número 3 correrá a cuenta de la plataforma de Yolanda Díaz. En el caso de Castellón, el número 1 será una persona de consenso que ambas fuerzas acuerden, y el 2 podrá nombrarlo Compromís. 

En el caso de Alicante, el movimiento de Yolanda Díaz podría ceder ese puesto a un candidato de Podemos, en el caso de que se llegue a un acuerdo con la formación de Ione Belarra, que tiene entre sus más fieles a la exdiputada alicantina y actual directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez. 

Un reparto el anterior por el que Compromís se garantiza designar al diputado que saldrá elegido en los próximos comicios (el 1 por Valencia que en su día ocupó Joan Baldoví), pero también el segundo parlamentario que tiene más papeletas para salir (el 2 por esta provincia). 

La situación difiere de lo acordado por Sumar en otros territorios como Baleares, donde la plataforma tendrá la potestad de nombrar a los cabeza de lista. 

En el caso del Senado, será Sumar quien proponga al cabeza de lista por Valencia, mientras Compromís podrá designar al número 1 por Castellón y Alicante. 

Los nombres saldrán de un proceso de primarias que la coalición celebrará la semana que viene.

El nombre de la coalición y que figurará en la papeleta (Compromís-Sumar) tampoco es baladí. Como ya avanzó este diario, para Compromís era importante que su marca no se diluyera en una sopa de siglas y que sus votantes pudieran identificarla fácilmente a la hora de acudir a un colegio electoral el 23 de julio. Por ello, esta fue una de las primeras condiciones que pusieron sobre la mesa cuando iniciaron las conversaciones con Sumar. 

La plataforma de Díaz no veía mal esta petición. Sin embargo, las negociaciones que mantenían por su cuenta con Podemos a nivel estatal hicieron tambalear el compromiso, dado que los morados reclamaron que con ellos ocurriera lo mismo. Es decir, que su marca apareciera en la papeleta como iba a estar la de Compromís. Algo a lo que Sumar no estaba dispuesto ante las dudas de lo que podría "restar" su identificación.   

Otro de los puntos sobre los que ambas fuerzas han llegado a un acuerdo es sobre la autonomía que tendrá Compromís dentro del grupo parlamentario que se forme en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas quieren aprovechar sus iniciativas para poner en la agenda estatal los principales problemas que tiene la Comunitat Valenciana. 

Si consiguieran cinco escaños, podrían constituir grupo parlamentario propio, algo que facilitaría esta tarea. 

La plataforma, según fuentes de Compromís, "no tiene problema en tener agenda valenciana". Por lo que, si bien es una incógnita qué reflejo tendrá en el programa electoral con el que se presenten finalmente (el acuerdo recoge que será "consensuado entre las fuerzas políticas firmantes), se da por hecho que incluirá alguna mención a la reforma del sistema de financiación autonómico. 

También podría incorporar la defensa de la transferencia del servicio de Cercanías a la Generalitat que incluya un plan de financiación para gestionarlo de manera eficaz o la defensa del Corredor Mediterráneo. 

Así, el pacto plantea que "el programa estará especialmente centrado en la defensa de los intereses de los valencianos, además de responder a las necesidades de la mayoría social del conjunto del Estado y de sus sujetos políticos". 

Antes de que se registre la coalición esta noche, el acuerdo deberá ser refrendado por los tres partidos que componen Compromís -Més, Iniciativa y VerdsEquo- en sus respectivos órganos. Una votación que será telemática y debe acabar esta tarde.

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez han valorado el acuerdo como una "ventana de esperanza", pues el objetivo reconocido de Compromís es "buscar de nuevo un grupo parlamentario valenciano si jurídicamente es posible", algo que en el pasado ya supuso un motivo de ruptura con Podemos. En todo caso, la defensa de la agenda valenciana forma parte del acuerdo en materia programática.

Larga negociación

Tras una negociación frenética y a pocas horas de que concluyera el plazo, Compromís y Sumar han alcanzado este viernes a primera hora un pacto para concurrir juntos a las próximas elecciones generales en la Comunidad Valenciana. 

Ha sido precisamente este territorio el que se ha convertido en uno de los mayores motivos de conflicto entre Podemos y la formación de Yolanda Díaz, que finalmente ha priorizado a Compromís al admitir buena parte de sus exigencias.

La primera era liderar la candidatura valenciana, algo clave para la coalición valencianista y que ha enturbiado hasta límites insospechados las relaciones con Podemos, que lo ha considerado un veto, según El Mundo.

Una a de las claves del pacto es el nombre, que será finalmente Compromís-Sumar: sumem per guanyar. Si algo tenía claro Compromís es que debía visualizarse su marca, una condición indispensable para evidenciar que es la formación de Joan Baldoví la que lidera en la Comunidad Valenciana el espacio a la izquierda del PSOE. 

Y para esto han esgrimido los resultados electorales del 28-M, donde Unidas Podemos ha quedado directamente fuera de las Cortes Valencianas al no superar la barrera del 5% del voto autonómico. 

En cualquier caso, ni una palabra sobre Podemos. Compromís ha querido borrar al partido morado de las negociaciones, que han sido bilaterales entre los equipos de Baldoví y de Díaz. De hecho, las fuentes consultadas insisten en que Sumar nunca ha tratado ni siquiera de condicionar las negociaciones y forzar cesiones por parte de Compromís apelando al entendimiento con Podemos o a la necesidad de allanarle el camino para confluir.

Micó e Ibáñez han vuelto a subrayar que "no se ha vetado a nadie": "Esa política testosterónica no es nuestra manera de actuar".

Compromís-Sumar: Sumem per guanyar, con una imagen gráfica que decidirá Sumar. Además, los diputados que salgan elegidos en los próximos comicios formarán parte del grupo parlamentario de Sumar, pero tendrán autonomía y voz propia para “defender los intereses de los valencianos”, según El País.

Podemos obtuvo en las anteriores generales cuatro diputados en la Comunidad Valenciana: dos por Valencia, uno por Alicante y uno por Castellón. Compromís solo obtuvo representación en la provincia de Valencia. 

Pero en las pasadas elecciones autonómicas, Podem, la rama valenciana de Podemos, no llegó al 5% del mínimo necesario para obtener representación en las Cortes valencianas y perdió más de 125.000 votos respecto a los anteriores comicios autonómicos y más de 250.000 respecto a las generales de 2019. 

El panorama con el que se ha trabajado dibuja la consecución de entre dos y tres diputados por Valencia, uno o dos en Alicante y entre cero y uno en Castellón.

La UE prohíbe el principal pesticida del arroz valenciano mientras lo permite en el arroz indio

MADRID.- Su nombre técnico es triziclazol. Asociaciones como ASAJA aseguran que no perjudica la salud. Resulta decisivo para mantener bajo control la principal enfermedad del cultivo del arroz, la Pyricularia oryzae. Y en la UE ha quedado prohibido. Pero prohibido para la producción comunitaria. Porque lo cierto es que el arroz indio cuenta con permiso para usarlo y exportarlo a Europa. De hecho, Bruselas ha respondido a una pregunta formulada por el europarlamentario del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, y ha confirmado que quiere que los arroces de países terceros que vengan a la UE sí puedan usarlo, aumentando incluso el umbral de tolerancia de importación de 0,01 a 0,09 mg/kg, según cuenta  www.libremercado.com

Desde la prohibición de este fungicida, los productores disponen de dos sustancias alternativas autorizadas, pero el hongo parece haber desarrollado resistencia a estos pesticidas. Sólo en la variedad de arroz bomba ha provocado ya una reducción del 50% en la producción de los arrozales de la zona valenciana de La Albufera y Marjal de Pego.

Y la asociación agraria ASAJA no ha tardado en reaccionar: "Hemos recibido una nueva burla de Bruselas. Aunque ya es algo habitual, no deja de irritarnos y nuestro compromiso es denunciarlo para que no vuelva a ocurrir", afirma Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA-ASAJA. 

"La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha respondido en nombre de la Comisión Europea a una pregunta formulada por el europarlamentario del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, en relación al Triciclazol, una materia activa fitosanitaria que Bruselas prohíbe usar en el arroz de la Unión Europea, pero que ahora quiere que los arroces de países terceros que vengan a la UE sí puedan usar". 

Es más, no sólo es que lo permite, es que pretende ampliarles el umbral de tolerancia de importación desde 0,01 a 0,09 mg/kg.

"El señor Zoido, atendiendo a la reivindicación de AVA-ASAJA, preguntó "qué justifica, a ojos de la Comisión, este cambio de postura", si "es consciente del grave impacto económico y sanitario que tendría esta medida para los productores europeos" y "qué líneas de ayudas prevé para los afectados si finalmente llegara a aprobarse", señalan desde ASAJA.

"La contestación la hemos tenido dos meses después, con la agilidad que caracteriza a esta Comisión. La señora Kyriakides revela que "no se espera que la medida propuesta tenga un impacto negativo en la salud, ya que el nuevo LMR (límite máximo de residuos) es seguro para los consumidores". 

Los agricultores no dan crédito a la respuesta: "Entonces, si es tan seguro y no perjudica a la salud, ¿por qué únicamente pretende permitir su uso a los arroces de fuera y no a los europeos? Si la excusa fuera su supuesto daño al medioambiente, ¿significa eso que a Bruselas le importa un bledo la contaminación que se genera fuera de Europa? ¿Acaso no sabe que hay un único planeta Tierra y que la contaminación que fomenta fuera acaba pasando factura al clima de Europa y de todo el mundo?", se pregunta Cristóbal Aguado.

La comisaria también reconoce que este tipo de procedimientos tiene como objetivo principal "facilitar el comercio internacional", que "no se requieren evaluaciones de impacto específicas" y que "no está prevista ninguna ayuda específica a los productores de la UE como consecuencia del nuevo LRM". 

ASAJA señala que resulta increíble la postura y que confirma "lo que ya sabíamos, que el propósito de la Comisión –liderado por los países del centro y norte de Europa que no cultivan arroz– no es otro que facilitar aún más la entrada de las importaciones, aunque sus intereses comerciales pisoteen la reciprocidad en el mercado, la lucha contra el cambio climático, la preservación de parques naturales como La Albufera y Marjal de Pego que dependen del cultivo del arroz y la soberanía alimentaria europea". - Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-09/tras-la-fresa-golpe-al-arroz-valenciano-la-ue-prohibe-su-principal-pesticida-mientras-lo-permite-en-el-arroz-indio-7023054/

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Compañías españolas y argelinas confían en el cambio de Gobierno para desencallar un año de bloqueo comercial

MADRID.- Hace justo un año Argelia jugó la baza de la vendetta económica contra España como respuesta al cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental que se había producido en marzo. Se cumplen doce meses en los que el comercio entre ambos países se ha reducido al mínimo, excepto el suministro de gas natural sujeto a contratos de larga duración. Empresarios afectados a un lado y otro del Mediterráneo confían en que un cambio de Gobierno en España pueda hacer desencallar un bloqueo comercial que arroja pérdidas por encima de los 4.000 millones de euros, según recuerda El Independiente.

“Nunca unas elecciones generales en España habían sido tan seguidas en Argelia”, comenta a El Independiente Djamel Eddine Bouabdellah, presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE). Confirma que desde que el 8 de junio el régimen argelino paralizara el  Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, “no se ha producido movimiento ni evolución alguna”. Los canales entre ambos gobiernos se hallan rotos y las transacciones bancarias desde y hacia España bloqueadas.

Una constatación que también confirman desde el empresariado español. “Estamos totalmente paralizados. La situación no ha cambiado en nada”, señala a ese diario Julio Lebrero, presidente de la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis con Argelia (AECA), registrada oficialmente durante la última semana tras meses de gestiones.

 La integran inicialmente una veintena de las 650 compañías españolas que operaban en Argelia hasta el giro del Gobierno español en el contencioso del Sáhara. El adelanto electoral decretado la pasada semana por Pedro Sánchez ha dejado sin efecto las iniciativas parlamentarias que trataban de impulsar ayudas para el sector.

“En una de sus comparecencias, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo había prometido ayudas para poder beneficiar a las empresas, pero ahora está todo bloqueado”, lamenta Lebrero. 

La asociación mantiene entre sus planes la presentación de una reclamación patrimonial contra el Estado español por los perjuicios causados por el cambio alineándose con los postulados de Marruecos en la ex colonia española, avanzada por El Independiente el pasado marzo. Los informes jurídicos que han encargado la consideran una reclamación viable. En total, las pérdidas económicas de las empresas asociadas alcanzan los 100 millones de euros en el ejercicio de 2022.

La cifra real es mayor si se cuantifica el volumen total del comercio de las empresas hispano-argelinas y los datos del comercio bilateral inmediatamente anteriores. En total, unos 4.000 millones de euros, según fuentes argelinas. La política, apuntan en Argel, es la única motivación que ha convertido en proscrita cualquier relación con los proveedores españoles. 

“Lo que siempre nos han trasladado las autoridades es que se trata de una crisis política y que no hay ninguna solución. Solo queda confiar en las elecciones generales del 23J y que se pueda abrir una nueva página”, desliza Bouabdellah.

Argel exigirá un gesto al nuevo Gobierno

Una vez celebrados los comicios y formado nuevo ejecutivo, Argelia reclamará un gesto previo a cualquier deshielo de los lazos que, de algún modo, suponga subrayar que la resolución del litigio saharaui se circunscribe a la ONU, en línea con las últimas declaraciones de Portugal. 

Así al menos lo expresan fuentes cercanas a Argel en declaraciones a este diario. Valdría un movimiento de tal calibre ignorando la carta enviada por Sánchez a Mohamed VI en la que, a diferencia de otros países europeos, se usaba el superlativo para reconocer el plan de autonomía presentado por Rabat en 2007 como “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto.

Según se desarrollen las próximas semanas y los primeros contactos con el Congreso de los Diputados que configuren las urnas, los empresarios españoles no descartan trasladar sus demandas a Bruselas. Se niegan, en cualquier caso, a dar por perdido un mercado en el que disfrutaban de posiciones de liderazgo, tal y como sugirió el ministerio dirigido entonces por Reyes Maroto. “Abrir un mercado e implantarse no se hace en quince días. A mi empresa le costó nueve años”, comenta Lebrero.

Uno de los sectores más damnificados por el volantazo español en el Sáhara es la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos. Hasta el pasado junio Argelia era el segundo destino de sus exportaciones. Fuentes de la asociación admiten que el negocio “lleva un año paralizado”, con pérdidas económicas que superan los 140 millones de euros. 

“Entendemos que el bloqueo argelino se debe a la actuación del gobierno, por lo que esperamos que el nuevo ejecutivo retome las negociaciones diplomáticas y resuelva la situación, que afecta directamente a nuestro sector, principal exportador a Argelia en la Comunidad Valenciana”, esbozan. Un cierre del mercado que se suma a la falta de ayudas por el incremento del precio del gas.

Italia y Portugal, en busca de las oportunidades

Ante el veto impuesto a los productos españoles, otros países europeos han aprovechado la coyuntura. Italia, Portugal, Francia o Alemania han resultado los más beneficiados. El ministro italiano de Agricultura y Pesca ha visitado Argel esta semana para reforzar los lazos comerciales y a finales del mes pasado fue el sector de la automoción italiano el que desembarco en una feria sectorial en la capital argelina.

Los encuentros al más alto nivel se han sucedido en algunos de los países involucrados. En enero la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que esta semana ha viajado a Túnez, eligió Argel para su primer periplo por África desde que asumió el cargo. A finales del mes pasado fue el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune quien aterrizó en Lisboa para estrechar contactos comerciales.

Roma ha logrado reducir notablemente su dependencia al gas ruso del 40% al inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania hasta el 10% el pasado octubre mientras las exportaciones de energía hacia Argel crecieron un 34%, en una estrategia iniciada en tiempos de Mario Draghi como primer ministro. Ha sido precisamente el gasoducto que conecta Argelia con Túnez e Italia el que ha permitido aliviar esa exposición al gas ruso.

Los acuerdos de Eni con la petrolera estatal Sonatrach y el inicio de la producción de automóviles de Fiat en Argelia desde el pasado marzo se han visto ya reflejados en las cifras, duplicando el comercio, de los 8.000 millones de dólares en 2021 hasta los 16.000 millones el año pasado. “Italia y Argelia, ahora más que nunca, aspiran a una asociación en la que todos salgan ganando”, apunta desde el italiano Centro de Estudios Internacionales.

En el caso español, Argelia fue el principal proveedor de gas natural el pasado abril por delante de Estados Unidos y Rusia, según los datos difundidos por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En total, Argel aportó 10.247  gigavatios hora, un incremento del 7,3 % respecto al año pasado y un 26,7 % del total de las importaciones netas de gas natural.

Las empresas españolas han contribuido en cierta medida a la entrada de otros países europeos en el mercado argelino. Algunas firmas han deslocalizado su producción a países vecinos como Portugal o Francia para sortear así las trabas impuestas por Argel. “En realidad, es una quijotada. Les hemos puesto en bandeja a otros el acceso al mercado argelino”, lamentan algunos empresarios consultados.

En otros casos, se ha optado por emplear compañías con sede en otros estados europeos para hacer transitar la mercancía, elevando los costes. “Los empresarios argelinos han empezado a buscar proveedores en otros países pero la relación óptima en términos de coste y calidad es España. Estamos más cerca de España que de cualquier otro socio europeo y lo normal sería que todo vuelva a su cauce”, concluyen desde Argel.

Las exportaciones españolas a Argelia caen más del 90% en 2023 y aumentan hacia Marruecos en casi un 20%

MADRID.- Un año después de la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Amistad con España en respuesta a la nueva posición adoptada por el Gobierno respecto al Sáhara, las exportaciones hacia el país magrebí han quedado reducidas a la mínima expresión, mientras que se mantiene inalterable el suministro de gas argelino, según los últimos datos oficiales.

La otra cara de la moneda es Marruecos, país con el que el reconocimiento del plan de autonomía para el Sáhara como "la base más sólida, creíble y realista" para una solución sentó las bases de una nueva relación bilateral que se ha visto traducida en un aumento considerable del comercio, con la balanza inclinada del lado español.

Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones a Argelia cayeron un 45,9% en 2022 con respecto a 2021, pasando de 1.888 millones de euros a 1.021 millones. La tendencia se ha mantenido en el arranque de 2023 y hasta el mes de marzo, último con datos, solo se habían realizado exportaciones por valor de 30,2 millones de euros, frente a los 472,9 millones del mismo periodo en 2022, lo que supone una caída del 93,6%.

El impacto es homogéneo en todos los sectores, desde la alimentación pasando por los productos energéticos, las materias primas o los productos químicos, con retrocesos por encima del 90% en las ventas a Argelia. 

El golpe ha sido algo más mitigado en bienes de consumo duradero --un 59,4% menos-- y en manufacturas de consumo --un 68,4% menos--. Desde el Gobierno, nada más producirse el anuncio de Argel de que suspendía el Tratado de Amistad, se acudió a Bruselas, puesto que las competencias en materia comercial están transferidas y la Comisión Europea verbalizó su apoyo a España.

En el año transcurrido desde entonces, el Gobierno ha hecho llegar a Bruselas religiosamente los problemas con los que se han venido topando los empresarios españoles en sus transacciones comerciales con Argelia, si bien por el momento el Ejecutivo comunitario no ha emprendido ninguna acción concreta.

La Comisión Europea mantiene su coordinación con el Gobierno español en este asunto y seguirá evaluando "las implicaciones de las restricciones argelinas, aparentemente incompatibles con el Acuerdo de Asociación" entre el bloque y este país. "La UE está dispuesta a alzarse contra cualquier tipo de medida aplicada contra un Estado miembro", han prevenido.

En el plano diplomático, el Gobierno ha insistido en todo momento en que tiene la "mano tendida" a Argelia y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha repetido incansablemente que España quiere con este país las mismas relaciones que con el resto de sus vecinos, incluido Marruecos, si bien se ha escudado en la necesidad de discreción respecto a la gestión de esta crisis.

Con todo, fuentes diplomáticas consultadas insisten en que no ha sido una crisis buscada por el Gobierno y esgrimen que un tercer país no puede interferir en decisiones soberanas como lo es el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, detonante de la retirada del embajador argelino de Madrid primero y de la suspensión del Tratado de Amistad tres meses después.

En este sentido, exponen que Argelia no ha emprendido medidas ni tampoco ha adoptado ningún tipo de represalia hacia los países que han abierto consulados en la antigua colonia española, mayoritariamente africanos y latinoamericanos, pero entre los que también está Emiratos Árabes Unidos.Por su parte, Argelia parece haber optado por la indiferencia en lo relativo a España en los últimos meses, sin que se hayan producido nuevos cruces de declaraciones. 

Su presidente, Abdelmayid Tebune, prometió desde el principio que el suministro del gas está garantizado, algo que siempre ha reconocido el Gobierno español, y también dejó claro que su problema es con el Ejecutivo y no con España.La postura argelina de los últimos meses pone de manifiesto que en Argel están a la espera de lo que deparen las elecciones. 

Inicialmente el cálculo era aguantar hasta diciembre, con la expectativa de un nuevo Gobierno del PP que dé marcha atrás al "paso en falso", en palabras de Tebune de Sánchez, respecto al Sáhara pero el adelanto electoral jugaría ahora en su favor.

Entretanto, la nueva etapa con Marruecos inaugurada con la visita de Sánchez y su encuentro con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 y ratificada con la Reunión de Alto Nivel (RAN) del 1 y 2 de febrero pasados ha traído aparejado un considerable descenso en las llegadas de inmigrantes irregulares --algo que Bruselas ha destacado esta misma semana-- y un fuerte incremento en los intercambios comerciales.

Así, en los tres primeros meses del año las exportaciones han aumentado en un 18,6% --3.250,8 millones frente a 2.740,4 millones--, en línea con el aumento del 23,8% que se produjo durante 2022 en comparación con 2021. 

El año pasado se alcanzaron los 11.748,2 millones de euros de exportaciones, con un aumento especialmente señalado en el caso del apartado de carbón y electricidad, donde el aumento es del 254,9% este año y fue del 874,1% en 2022.También han aumentado las importaciones procedentes de Marruecos, aunque en menor medida, según los datos del Ministerio de Industria y Comercio. 

En 2022 se produjo un incremento del 18,9%, tras alcanzarse los 8.692,3 millones frente a los 7.309,8 de 2021, y en el primer trimestre el aumento era del 8,2%, con compras por valor de 2.395,4 millones.Esas importaciones no se están produciendo por el momento a través de Ceuta y Melilla. 

La declaración conjunta de abril de 2022 estipulaba la reapertura de la aduana de Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente en el verano de 2018, y la creación de una nueva en Ceuta, donde hasta la fecha no había existido. El acuerdo se ha traducido hasta la fecha en tres operaciones de paso de mercancías el 27 de enero, el 24 de febrero y el 26 de mayo. 

En los tres casos se ha tratado del paso de una pequeña cantidad de productos hacia el país vecino y solo en la última ha habido por primera vez entrada de productos marroquíes en las ciudades autónomas.

Pese a la escasa envergadura de las operaciones, desde el Gobierno se pone de relieve el "hito" que supone la apertura de una aduana en Ceuta y esgrimen que con ello, al margen de eventuales declaraciones de dirigentes marroquíes, Rabat está reconociendo la españolidad de ambas ciudades autónomas, ya que solo se tienen aduanas con otros países.