UPyD propone fusionar el 71% de los municipios de la Comunitat como medida de ahorro

VALENCIA.- UPyD Comunitat Valenciana ha instado este domingo a la Generalitat a fusionar los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 71% del total, para aglutinar tareas y servicios y conseguir, de este modo, un ahorro para las arcas públicas.

   En un comunicado, la formación ha recordado que esta propuesta estaba incluida en su programa electoral y ha resaltado la necesidad de poner en marcha la medida ante las "estrecheces" económicas de los municipios valencianos, que "ya sea por la crisis, por la mala gestión o porque no llega el dinero" han visto disminuir sus ingresos y se han visto obligados a realizar ajustes.

   Según el Área de Análisis Político de UPyD, de los 542 municipios existentes en día en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, un total de 384 localidades tienen menos de 5.000 vecinos y, de estas, 218 están habitadas por menos de 1.000 personas.

   UPyD ha resaltado que los 542 alcaldes y los 5.748 concejales elegidos democráticamente en las últimas elecciones locales y autonómicas "están cobrando un sueldo o, al menos, una contraprestación económica por asistir a plenos y reuniones, y mantienen a duras penas servicios inviables por falta de presupuesto".

   Para el coordinador territorial de UPyD en la Comunitat, Romain Muzzati, es una realidad que muchos alcaldes y concejales de municipios, incluso de más de 5.000 habitantes, han renunciado a su sueldo "porque sencillamente no hay dinero en la caja y solo cobran por dietas por su asistencia a los plenos o a reuniones".

   A su juicio, si los 384 municipios con menos vecinos y las áreas metropolitanas de Castellón, Valencia y Alicante profundizaran en la gestión compartida de servicios "se podrían evitar duplicidades, abaratar costes, renegociar a la baja contratos con proveedores y compartir inmuebles, además de aprovechar los conocimientos y la experiencia de los trabajadores cualificados". En este sentido, se ha preguntado si "es viable que un pueblo de 1.000 habitantes construya una piscina que se usa menos de tres meses al año y que el pueblo de al lado, de 500 vecinos, haga lo mismo".

   La formación ha precisado que algo más de 2,6 millones de habitantes, el 50% de la población valenciana, reside en las áreas metropolitanas de Valencia, Alicante-Elche y Castellón, y ha apuntado que si se fusionaran los ayuntamientos, PP y PSOE "verían peligrar los feudos que han gestionado durante décadas, como si se tratara de cortijos" y "enchufados y amigos del partido tendrían mucho más difícil cobrar un sueldo público del consistorio, sencillamente porque el número de asesores y personal de confianza contratados se reduciría drásticamente".

   UPyD ha insistido en que no propone una eliminación o anexión de pueblos, sino "una reorganización de la estructura local a nivel nacional", y ha recordado que España "es uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no ha agrupado ayuntamientos ni ha reducido el número de municipios". Para Muzzati, "la distribución parroquial, base de la administración local española del siglo XIX, todavía en vigor hoy en día, es totalmente obsoleta e ineficiente".

Alarte critica que el PPCV ha llevado a la Comunitat a una "catástrofe de desprestigio colectivo"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha lamentado este domingo que el "derroche y despilfarro" de los gobiernos del PPCV ha provocado "una catástrofe valenciana de desprestigio colectivo" y ha provocado que la Comunitat esté "peor que los peores", en una situación "de quiebra e impago generalizado".

   Así se ha pronunciado el socialista en un comunicado, en el que ha resaltado que los recortes "no son una novedad" en la Comunitat Valenciana, donde el PP "lleva aplicando desde hace 16 años el retroceso en el Estado del Bienestar y en las políticas públicas". En este sentido, ha indicado que durante este período se ha recortado la inversión en recursos públicos, "suprimiendo centros sanitarios y educativos, instalando barracones, eliminando paulatinamente profesores y médicos o aplicando recortes en la política social".

   El síndic en las Corts ha señalado que el "derroche y despilfarro continuado en grandes eventos, fastos y excesos del PPCV" ha llevado a la Generalitat "a una situación de quiebra y de impago generalizado", en la que "no pueden pagar ya ni la luz".

   "No pagan las operaciones de cataratas, dentro de poco no pagarán ni los antigripales, las farmacias no cobran, veremos colegios cerrados y decenas de residencias llamarán a las familias para decirles que se lleven a sus familiares porque allí ya no pueden estar", ha alertado Alarte.

   Según ha indicado, el Consell tiene 62.000 millones de euros de compromisos de pagos vinculantes para los próximos 50 años, consecuencia de una gestión de "derroches" que, a cambio, "ha dejado una sanidad mal gestionada, mal financiada y en situación precaria, ha dejado a 19.000 niños en unos barracones que ya forman parte del paisaje de la sociedad valenciana y ha realizado una progresiva transferencia de recursos desde lo público hacia lo concertado y lo privado".

   Ante esta situación, Alarte ha defendido "una alternativa al ajuste" que comience con la derogación del Decreto-ley 1/2012 y ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones en la primera sesión de las Corts y plantearán una propuesta "global" para reformar el modelo económico valenciano. "Porque es posible un ajuste justo, digno y solidario", ha concluido.

El STEPV dice que la fiscalización del gasto de los centros es "una nueva provocación" del Consell

VALENCIA.- El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) ha criticado la decisión del Consell de fiscalizar el gasto de los centros de titularidad pública y en el personal docente, y ha advertido de que supone "una nueva provocación" al sector.

   En un comunicado, la organización sindical ha señalado que estas auditorías afectan especialmente al personal interino, que lleva ya dos años "padeciendo directamente la política de recortes" del Gobierno autonómico, en los que se están produciendo "retrasos injustificados" en las sustituciones.

   Además, ha señalado que con esta medida "se culpa nuevamente al sistema educativo y al resto de servicios públicos de ser los culpables del derroche económico que ha llevado a la Comunitat a esta situación de ruina".

   El sindicato ha recordado que los centros reciben una cantidad determinada para hacer frente a sus gastos de funcionamiento y que éstos dan cuenta cada año del dinero invertido y están sometidos a la supervisión de la inspección educativa, por lo que apuntar a centros y profesorado interino con estas medidas de fiscalización "solo se entiende como una nueva provocación".

   Por otra parte, STEPV ha instado a los ciudadanos a colapsar el correo de 'Capavant', la página web creada para que los valencianos aporten ideas sobre cómo ahorrar a la Administración, con las propuestas lanzadas por Intersindical Valenciana en la campaña 'Ayudando al President'.

   Entre estas, anima a que propongan la eliminación de 79 asesores que duplican las tareas encomendadas a funcionarios, la sustitución de los directores de los parques naturales por personal técnico funcionario de carrera, el cese de aquellas personas que no tengan la condición de funcionarios en las direcciones generales y subsecretarías o la sustitución de las plantillas de las empresas públicas.

   Asimismo, reclama una simplificación del organigrama de las nuevas empresas públicas o un plan de revisión de contratos de la Generalitat, en lugar de aprobar recortes de sueldo, jornada u otros derechos del personal interino.

   Según STEPV, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debería poner en marcha estas medidas, que son "más ahorradoras, más ejemplificadoras y, sobre todo, menos lesivas para el sector público".

   Asimismo, ha insistido en la necesidad de auditar las cuentas de la Generalitat con carácter de urgencia para determinar si la situación justifica o no las medidas aprobadas por el Consell.