Bono espera que la transparencia se extienda "desde Madrid a Valencia"

MADRID.- El presidente del Congreso, José Bono, considera "razonable" la transparencia en las cuentas públicas de las comunidades autónomas que demandó este lunes el líder del PP, Mariano Rajoy, y ha apuntado que espera que esta propuesta del primer partido de la oposición se extienda "desde La Coruña hasta Valencia y desde Madrid hasta Toledo".

   En declaraciones a los periodistas a la salida de la Junta de Portavoces, Bono ha dicho que está de acuerdo con Rajoy en que se imponga la transparencia en las autonomías "incluso a calzón quitado" y que todo sea "perfectamente claro y diáfano". Eso sí, ha advertido, sin alarmismos. "No se puede ser transparente en un sitio y sembrar la alarma en otros", ha indicado.

   En este punto se ha referido a las declaraciones que el PP está realizando contra el Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha, al  que acusa de ocultar datos y "mentir" a los ciudadanos sobre la situación financiera de la comunidad.

   Tras reiterar que todas las deudas que el PP manifiesta que Castilla-La Mancha tiene podrían pagarse con la deuda que tiene Canal 9, la televisión pública valenciana, Bono ha subrayado que todas las comunidades autónomas tienen "dificultades importantes" desde el punto de vista económico y financiero.

   Bono ha concretado que la deuda de Castilla-La Mancha supone el 0,8 por ciento respecto de la deuda del Estado y el 5 por ciento de la deuda de todas las comunidades autónomas, por lo que ha admitido que le duele que su región sea noticia de un modo tan "desproporcionado".

   Preguntado sobre si piensa que el PP está siendo desleal con las acusaciones que está vertiendo contra la Junta de Castilla-La Mancha como aseguró este lunes el secretario de Organización de los socialistas, Marcelino Iglesias, Bono no ha querido entrar en valoraciones de esa naturaleza.

   Tan sólo se ha limitado a señalar que cree "razonable" que Rajoy abogue por ir por el camino de la transparencia "en todos los ámbitos y con el sosiego y la tranquilidad de saber que España tiene dificultades desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario, pero que es un país con crédito".

   "Y el crédito de España no lo puede quitar ni una crítica a la hora de trasladar el poder por razón de un resultado electoral ni por una declaración más o menos juiciosa de un líder regional --ha aseverado--. España tiene crédito y Castilla-La Mancha tiene crédito y, aunque ganemos o perdamos, que gane España debe interesar a los socialistas y al PP bastante más que quien sea presidente o presidenta de uno de esos territorios".

   Dicho esto, ha vuelto a salir en defensa del presidente en funciones castellano-manchego, José María Barreda, que de quien ha dicho que es uno de los políticos más honrados que conoce. "Conozco a muchos políticos, pero no conozco a ninguno más honrado que Barreda; pueden igualarle pero más honrados que él no", ha abundado.

   De ahí que el ex ministro de Defensa no dé crédito alguno a las acusaciones de que Barreda esté autorizando ninguna actividad "ilícita o vergonzosa".

"No es justo ni lícito que a un presidente honorable que ha perdido las elecciones se le quiera echar la losa de la indignidad --ha enfatizado--. No lo aceptaría de ningún otro presidente, pero no lo puedo aceptar de Barreda, un hombre honrado a quien conozco y al que toda España no tiene más que mirarle a la cara, que suele ser el espejo del alma".

   Por último, interrogado sobre si cree que en Castilla-La Mancha puede ocurrir como en Cataluña, que la deuda oculta aflore, Bono no ha querido entrar a hablar de hipótesis que pueden darse o no darse: "Que Barreda es honrado es un hecho; que hay dificultades financieras, económicas y presupuestarias importantes en las comunidades autonómicas  y presupuestarias en todas las comunidades autónomas, también, pero de ahí a generar alarma, yo creo que no".

El TSJCV obliga al Consell a facilitar a Compromís los contratos menores con las empresas de la trama Gürtel

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga al Consell a facilitar a Compromís los contratos menores que las Consellerias firmaron entre 2003 y 2008 con las empresas que fueron identificadas en el primer auto sobre el 'caso Gürtel' de Baltasar Garzón cuando era magistrado de la Audiencia Nacional.

    En total son 1.508 peticiones parlamentarias de información que la coalición solicitó al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, pero que éste denegó porque se encontraban en ese momento bajo secreto de sumario en las diligencias que se seguían en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el 'caso Gürtel. En el caso de las empresas que no estaban afectadas por el secreto sumarial, el conseller afirmó que no se había celebrado "contrato menor alguno entre 2003 y 2008".

   En la sentencia, notificada este martes, la sección quinta de sala de lo contencioso-administrativo número 5 del TSJCV y contra la que cabe recurso de casación en un plazo de 10 días, considera que el secreto sumarial al que estaban sometidos en ese momento los contratos solicitados "afectaría tan sólo si la petición de información lo fuera de documentos que forman parte del propio sumario y sólo de él". No obstante, esto "no es predicable en esta circunstancia" porque la información solicitada "preexistió antes del sumario" y "hayan sido o no incorporados al mismo, su naturaleza pública es previa".

   Resuelta la cuestión sobre el secreto sumarial, la Sala se plantea la constitucionalidad de la respuesta del Gobierno valenciano. Así, el TSJCV señala que la petición de información tiene finalidad de "control de gobierno", que es una función parlamentaria "básica" y "garantizada" por la Constitución.

   Así, la sala estima que la negativa del Consell de facilitar los contratos "ha de ser declarativa de vulneración constitucional", al tiempo que aclara que "no se trata de que la respuesta gubernamental haya sido insatisfactoria o no adecuada a las pretensiones" de Compromís, sino que ha sido "negada".

   "Tampoco es acogible el argumento relativo a una presunta función enervadora de los juicios paralelos puesto que no puede predicarse de la labor parlamentaria tal condición". Es más, entre las responsabilidades del Consell no se encuentra la "función protectora al respecto" ha declarado.

   La portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, ha valorado esta sentencia y considera que "va a marcar la legislatura" porque el Consell no podrá acogerse al secreto sumarial para denegar información a la coalición.

   Oltra ha asegurado que esta sentencia "no es casual" sino que es el resultado del trabajo de los diputados de Compromís, que "comienza la legislatura recogiendo los frutos de la anterior". De este modo, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha fallado en cinco ocasiones contra la Mesa de las Corts por inadmitir varias iniciativas parlamentarias de Compromís sin motivo justificado. A esto le sigue ahora la sentencia del TSJCV contra el Consell por denegar información a la oposición.

   Al principio no tramitaban las cuestiones y luego "contestaban lo que les daba la gana", ha lamentado Oltra, quien ha afirmado que con esta sentencia se establece una "doctrina" en el alto tribunal valenciano, "que le dice al Consell que debe contestar a lo que se le pregunta". "Espero que el Consell rectifique", ha apostillado.

   Aunque la actual legislatura está viva hasta el jueves, hasta la constitución de las nuevas Corts, Oltra no cree que dé tiempo al Consell a facilitarles la información solicitada, por lo que tendrán que requerirla de nuevo en estos cuatro años.

   En esta línea, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha advertido de que no les servirá como excusa que se vaya a "paralizar la administración" para poder satisfacer la solicitud de Compromís, ya que "basta con darle al botón" y buscar los contratos por los CIF de las empresas.

El 24% de los que pernoctaron en la Casa Caridad en 2010 son valencianos

VALENCIA.- Durante 2010, Casa Caridad realizó un total de 392.086 actuaciones con personas desfavorecidas, dato que sigue la tendencia iniciada a comienzos de 2009 y que supone un incremento del 88% de las atenciones desde que comenzó la crisis económica. Además, la presencia de menores en el albergue ha aumentado un 6%, mientras que otro perfil en crecimiento es el de personas de nacionalidad española, concretamente valencianos, que ya representan el 24% de los usuarios que pernoctan en las instalaciones de Casa Caridad. 

   Frente a la nacionalidad española, los extranjeros no comunitarios han ido poco a poco disminuyendo y desapareciendo nacionalidades --como Ghana y Guinea--, aunque continúan siendo el grueso de población atendida.

   El aumento está relacionado principalmente con la llegada de personas normalizadas demandando ayuda y con la creciente atención a familias y menores en todos los servicios.

   Así, durante 2010, se atendió a una media de 40 familias al mes, lo que se traduce en un repunte de los menores tanto en el Comedor (9%) como en el Albergue (12% de los usuarios). Según el presidente de Casa Caridad, Antonio Casanova, "estamos ante un problema social creciente que, creemos, se agravará en los próximos meses debido al incremento del paro y a la desaparición de algunos subsidios. En estos momentos hay 82.100 hogares valencianos con todos sus miembros desempleados y las perspectivas no auguran un futuro de mejora".

   Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la Memoria Anual de Actividad de Casa Caridad, que recoge todas las acciones realizadas a lo largo del pasado año, así como sus cuentas auditadas. El acto ha sido presentado por Antonio Casanova, presidente de la institución, que ha estado acompañado por Luis Miralles, vicepresidente de Asuntos Sociales, Fernando Giner, vicepresidente de Marketing y Comunicación, y Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad.

   Por su parte, desde el servicio de comedor se han repartido un total de 335.759 raciones de alimento. Además, el mes de abril fue especialmente difícil cuando la institución alcanzó su cifra récord al repartir 529 comidas en tan solo un día. "El 51% de usuarios que accedieron en 2010 al comedor tenía entre 21 y 40 años y se incrementó la franja de edad de 41 a 65 años hasta el 38%. Es decir, nueve de cada diez personas que hicieron uso del este servicio se encontraban en edad de trabajar", ha apuntado Casanova.

   Ante esta situación el presidente de Casa Caridad ha lamentado que "estamos normalizando lo que debería ser excepcional dada la falta de soluciones y medidas apropiadas para resolver estos problemas".

   Sin embargo, durante 2010 el número de socios se incrementó hasta alcanzar los 2.793, un 14,5% más que el ejercicio anterior. "El gran aumento de los socios en estos años de crisis, un 38% más si tomamos como referencia 2007, es una satisfacción para nosotros y nos indica que vamos por el camino correcto ya que el pueblo valenciano sigue apoyándonos incluso en épocas difíciles y confía en la función social de nuestra Institución", ha afirmado Fernando Giner, vicepresidente de Marketing y Comunicación. En 2010 también se alcanzó la cifra de 170 voluntarios.

   Por su parte, la campaña 365 Comidas Solidarias, por la que empresas y particulares pueden financiar con 1.500 euros un día de comida en Casa Caridad, ha continuado afianzándose, alcanzando los 245 días de comida sufragados y llegando a las 80 empresas que se han hecho socias, un 9,5% más que en 2009.

   Los responsables de esta institución además no prevén una mejoría, ya que en los cinco primeros meses de 2011 han continuado repartiendo más de 10.000 raciones de alimento al mes; se están cronificando la situación de personas normalizadas --la misma gente requiere mayores atenciones-- y ha aumentado el tiempo de permanencia de las personas alojadas en el albergue.

   "Nos encontramos con una cronificación paulatina de las situación de las personas que acuden a Casa Caridad. Nuestros usuarios ya no utilizan nuestros servicios como un recurso puntual o pasajero sino que las atenciones se mantienen en el tiempo. Esto se ve en el Albergue donde tenemos personas que llevan durmiendo aquí más de un año", ha señalado Luis Miralles, vicepresidente de Asuntos Sociales.

   Por otra parte, Casanova ha avanzado que están estudiando la creación de una residencia similar a la unidad de convalecientes de Casa Caridad, que ha cumplido un año de funcionamiento en fase piloto, ha atendido a 38 personas y es "el único recurso existente en la ciudad dirigido a atender a personas sin hogar en estado convaleciente o postoperatorio, que carecen de recursos y de redes sociales y familiares y no tienen ningún lugar donde ser atendidos".

   La nueva residencia, para cuyos terrenos están barajando varias opciones, --desde la cesión hasta la compra--, se compondría de una escuela infantil, un centro de día, apartamentos para familias y un comedor social.

   Por otro lado, preguntado sobre si considera que la recaudación de la cena de gala benéfica del Gran Premio de Europa debería destinarse a la Casa de la Caridad, el presidente ha manifestado que "lo bonito" sería vincular este acontecimiento con la institución valenciana, pero, ha dicho, "desgraciadamente, no tenemos categoría suficiente para poder negociar con el señor Ecclestone", presidente y director ejecutivo de la Formula One Management y Formula One Administration.

La Eurocámara aprueba la norma que permite subir peajes a camioneros españoles

ESTRASBURGO.- El pleno de la Eurocámara ha aprobado -por 505 votos a favor, 141 en contra y 17 abstenciones- la norma que permite aumentar hasta un 30% los peajes para los camiones españoles que cruzan Europa. Esta subida se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular las tarifas no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación.

   La denominada 'directiva euroviñeta' ya ha sido pactada entre el Parlamento y los Veintisiete. Tras el voto, los Estados miembros adoptarán formalmente la norma antes del verano. Después, los Gobiernos tendrán dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales, según ha informado la Comisión.

   El Gobierno no tiene previsto aplicar las nuevas tasas en las carreteras españolas, según ha informado un portavoz del ministerio de Industria.

   España votó en contra de la norma por considerar que penaliza a los países periféricos de la UE y supone una carga excesiva para el sector del transporte en el actual contexto de crisis. También Italia rechazó el acuerdo, mientras que Portugal, Irlanda y Países Bajos se abstuvieron.

   La directiva perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías. Sus mayores defensores son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas.

   La norma aprobada establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La directiva sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos. Los Gobiernos pueden además decidir dejar fuera a los vehículos de menos de 12 toneladas.

   En la actualidad, los peajes existentes varían entre 15 y 25 céntimos por kilómetro, dependiendo del tipo de camión y carretera. La nueva directiva autorizará de facto un incremento de las tarifas de entre el 20% y el 30%, según los cálculos de Bruselas.

   Finalmente, los Veintisiete han decidido excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión.

   Además, los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tendrán que pagar extra por la contaminación durante los primeros años. En concreto, los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no pagaran por contaminar hasta finales de 2013 y los 'Euro 6' hasta finales de 2017.

   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Sólo podrá fijarse un tope de cinco horas punta al día y que el incremento máximo de precio será del 175%.

   La Comisión había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, finalmente la obligación ha sido sustituida por una simple recomendación.