La plataforma, en la que se invertirán un total de 98,4 millones de euros y que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, es una infraestructura de transporte y logística situada en la parcela TI de 688.000 metros cuadrados dentro del área delimitada en el Plan Especial de Ordenación del Área Logística de Sagunto (PE).
El Gobierno valenciano asume la financiación de la obra con recursos propios para cumplir con el compromiso adquirido con la filial de Volkswagen PowerCo de comenzar las obras en los primeros meses del año, pese a que inicialmente iba a ser asumida por el Estado, a través de Adif y la Autoridad Portuaria de València.
El Consell aprobó el pasado 24 de octubre un convenio entre la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, y Espacios Económicos Empresariales (EEE) para el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la infraestructura.
El pasado 3 de noviembre el Consell también autorizó la contratación de las obras de la fase 1 de la plataforma intermodal en el Área Logística de Sagunto, Parc Sagunt II, así como el proyecto de construcción de la urbanización interior, con un presupuesto de gasto máximo para el contrato de 114,3 millones.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado que los Presupuestos de la Generalitat para 2024 incorporan 51,4 millones para esta infraestructura a través de Espais Economics Empresarials (EEE), ente gestor del polígono que actúa como agente urbanizador.
Según indica Merino en una nota de la Generalitat, las promesas del Gobierno anterior "se transforman en acciones concretas a través de inversiones reales".
La Dirección General de Patrimonio también ha iniciado la búsqueda de suelo para la instalación del centro de formación Campus Battery en Sagunto para proveer de personal cualificado a la gigafactoría.
La secretaria autonómica de Economía y presidenta de EEE, María José Mira, ha destacado que la plataforma intermodal sitúa a Parc Sagunt y a la Comunitat Valenciana "en el centro neurálgico de la actividad logística e industrial internacional y como referente de un modelo productivo sostenible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente".
Con la plataforma "acompañamos a PowerCo en su propósito de conseguir un polo logístico e industrial de cero emisiones de gases de efecto invernadero con los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea", ha señalado.
La plataforma permitirá el aporte de mercancías al Corredor Mediterráneo por ferrocarril hacia el resto de Europa, y también a los corredores nacionales de Centro (Valencia-Madrid) y Cantábrico-Mediterráneo (Valencia-Zaragoza-Norte), como rutas de salida y entrada de mercancías tanto al puerto de Valencia-Sagunto como a las industrias de la Comunitat Valenciana.
El proyecto constructivo está dividido en una parte para la ferroviaria, y otra para la urbanización.
En el ámbito ferroviario, permitirá la puesta en servicio de la instalación que también podrá servir como apoyo a la factoría industrial que se instalará en el área logística de Sagunto, e incluye las vías, la electrificación, las instalaciones de señalización y seguridad.
La urbanización interior incluye los accesos asociados a la terminal, así como las zonas verdes, redes de servicios e instalaciones generales asociadas.
En el ámbito de la nueva plataforma se van a realizar dos paradas de autobuses, estacionamiento de bicicletas; itinerarios peatonales y accesos adecuados.
Los riesgos de nivel amarillo no activan la
preemergencia, ya que el peligro es bajo, aunque los bienes y la
población vulnerable o en zonas expuestas a los fenómenos meteorológicos
adversos pueden sufrir algunos impactos, según ha informado el '112 CV'
en un boletín de riesgos meteorológicos compartido a través de sus
redes sociales.
La
presentación pública de esta plataforma tuvo lugar el 29 de octubre,
en la madrileña plaza de Colón y corrió a cargo de César Pintado
Planell, supuesto disidente que se informa en el medio Russia Today controlado por el Kremlin e impulsor de la página HerQles. Otra plataforma llamada 711 hace
referencia al año en el que los musulmanes se enfrentaron a los
visigodos y que dio comienzo a la invasión árabe de la Península
Ibérica.
En cuanto a Alvise Pérez, comparte con sus seguidores
información imprecisa y sospechosa. El 27 de noviembre de 2021, los
criptofascistas de Hazte Oír anunciaban a bombo y platillo que lo
premiaban por defender la libertad. Lo que en realidad hacía, era
difundir las ideas de Ignacio Arsuaga, Marcial Cuquerella, Luis Losada y
demás yunqueros que anidaban en 7NN, grupo de trumpistas a los que financia la oligarquía alineada con Putin.
Hay
que añadir que uno de los abogados de Alvise fue Juan Garcia-Gallardo,
actual Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cuyo bufete
defendía los intereses de la familia Ruiz-Mateos, la cual proporcionó
la infraestructura necesaria para que la secta paramilitar “católica ” Yunque se instalase en España.
Otro
de los aliados de Alvise en su batalla cultural, al que acudió cuando
buscaba información sobre la ex Fiscal General del Estado Dolores
Delgado, es el “matarife” Álvaro Uribe, expresidente de Colombia,
paramilitar que supuestamente facilitaba a Pablo Escobar las licencias
de vuelo en la mayor red de tráfico de cocaína de la época entre
Colombia y Estados Unidos.
De hecho, en su viaje a Colombia, aparte de reunirse con Uribe y su corte, Alvise mantuvo contacto con miembros de la inteligencia colombiana, dirigida entonces por Rodolfo Enrique Amaya, antiguo jefe de la casa militar del “matarife”. Estos contactos fueron facilitados por miembros de Vox y de la secta Yunque, con la intervención del abogado Juan Gonzalo Ospina, cuya familia está vinculada presuntamente al cartel de Medellín (y al propio Uribe), quien, al parecer, da cobertura a la organización “Unidos por la Vida”, una de las plataformas colombianas del Yunque.
Ospina es un viejo conocido de Alvise: ambos participaron en uno de los programas de Javier Negre, otro agitador trumpista que dio cobertura a la movilización GobiernoDimisión durante la pandemia. Estos golpistas siempre han contado con la red internacional de neoliberales ultra capitalistas (Escuela de Chicago) de la Organización Atlas Network que ya han patrocinado varios golpes en Latinoamérica.
En España, la FAES, el laboratorio de ideas del PP, dirigido por José María Aznar, los representa, así como las asociaciones Foro España Cívica y Foro Libertad y Alternativa.
En lo referente a La pelea
de Dani Esteve como valetudo hace años, aún está en las redes
sociales. Tras hacer un KO a su oponente (se enfrentaba a un hombre de
110 kilos mucho más corpulento que él), le propinó una patada en la
lona. Al público no le ha gustado eso de golpear a un rival en el
suelo.
Su empresa Desokupa, conocida por irrumpir a la fuerza en viviendas ocupadas, ha sido acusada de organización criminal, cuyos miembros tienen antecedentes policiales por amenazas, extorsión, estafa, detención ilegal, robo con violencia y lesiones. Al menos seis trabajadores de la empresa paralela de Desokupa, DEM Urbanas, denunciaron a Daniel por irregularidades en sus contratos.
Según un ex-trabajador: “engaña a las cuatro partes: al cliente, al okupa, a la Policía y a los trabajadores. Se enzarza a discutir por teléfono, es una persona agresiva, nerviosa y apenas duerme”.
De
hecho, se hace pasar por policía. De los pisos controlados, dicen que
se lleva dinero, drogas, subrayando el hecho de que la Policía se lo
permite y le deja carta blanca en este asunto (ilegal), lo que hace
suponer que es un informante de la Policía. “A su alrededor, han caído
todos, menos él”.
Ahora me hago la pregunta siguiente: ¿Vale la
pena reunirse con estos delincuentes y seguirlos en su violenta
revuelta para defender España?
(*) Maestría en Lengua Española por la Universidad de La Sorbona
Nunca una decisión (y menos un acuerdo forzado) de Pedro Sánchez, de los muchas que ha logrado sacar adelante durante sus cinco años de mandato desde que llegara a la presidencia del Gobierno, tras la moción de censura del 2018, ha concitado a tantas fuerzas políticas y sociales en su contra, incluso algunas procedentes de su propio partido, como la de Felipe González y la del manchego Emiliano-García-Page. Parafraseando a Unamuno en 1936: Será investido pero no convencerá.
La enumeración de colectivos que ha expresado su oposición a la amnistía pactada con los catalanes de Junts es ingente, y crece por momentos. Podría decirse incluso que la lista es excepcional, porque hasta ha conseguido que colectivos que tradicionalmente han estado enfrentados, se hayan unido en esta ocasión contra Sánchez por las cesiones prometidas a los independentistas para conseguir los siete votos que le hacen falta de Junts para poder permanecer en La Moncloa otra legislatura más.
Al rechazo de la sociedad civil española a la opción de Pedro Sánchez para seguir en el poder, se suman los medios internacionales, como en el caso del Wall Street Journal. Este da por hecho que la preferencia de Sánchez, aliándose con los independentistas catalanes y vascos, a quienes ha tenido que hacer concesiones a las que siempre se había negado, supone un mayor riesgo que el que habría supuesto un gobierno del centro y la derecha española.
El listado opositor a Sánchez es muy numeroso. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han participado este viernes en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar por la Ley de Amnistía y apoyar a los 45 agentes investigados por las cargas para impedir el referéndum del 1-O, a todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas, o los sindicatos de ADIF que han anunciado huelgas.
Lo ha hecho también la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), para quien el pacto de investidura sellado por PSOE y Junts amenaza el principio de igualdad entre españoles y amenaza con generar “comunidades autónomas de primera y segunda”. O el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que traslada a la opinión pública su rechazo “frontal y absoluto” a los acuerdos entre Junts y el PSOE para la futura investidura de Pedro Sánchez, por lo que ellos consideran, supone “vulnerar” el principio de igualdad de la Constitución.
Según los inspectores de trabajo, el pacto pretende eliminar la obligación que encomienda el artículo 9.2 de la Constitución Española a los poderes públicos, para promover que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas y alertan de que “en definitiva” se trata de “un pacto que vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual”.
A su vez, 79 jueces decanos de toda España han firmado un documento en el que rechazan las referencias al Lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias en el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts.
Así, los Decanos se adhieren al comunicado publicado este jueves día 9, por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), en el que criticaban esta idea.
Como se indica en el comunicado, "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
La patronal CEOE sube el tono de la crítica
También la patronal española, CEOE, que ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la amnistía, ha subido el tono de la crítica al conocer los detalles del acuerdo firmado entre los secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y ha convocado un Comité extraordinario ante la grave preocupación empresarial.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario el próximo lunes, según trasladaba la patronal española en un comunicado, en el que explica que lo hace “ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial” tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El comunicado de la CEOE llega después de haberse pronunciado en varias ocasiones en contra de la amnistía, contra la que también lo han hecho algunas de sus asociadas, como es el caso de la patronal madrileña, CEIM, que lo hizo el pasado miércoles.
Miembros de la patronal contactados por capitalmadrid.com aseguran que le han transmitido al presidente de la patronal que el mensaje a la sociedad española, en este caso, tiene que ser muy claro y rotundo contra la amnistía, advirtiéndole que no se puede hacer como hicieron con los indultos. En aquella ocasión inicialmente dijo: “si acaba en que las cosas se normalizan, bienvenidos sean”.
Aunque tras las críticas de muchos dirigentes empresariales trató de explicar que no había estado a favor de los mismos asegurando que “o no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos”.
A todos estos colectivos se sumaban a última hora de la tarde del viernes decenas de abogados del Estado que rechazan el acuerdo de investidura. Más de un centenar de ellos rechazan el acuerdo porque supone “un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad y quiebran el Estado de Derecho”.
Rechazan “la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas garantías procesales y jurídicas, tras una instrucción y un enjuiciamiento impecables”. Como también lo hacen contra el acuerdo para la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que suponen un “ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial y una injerencia contraria al principio de separación de poderes, y que buscan ampliaciones indefinidas del ámbito subjetivo de la prevista Ley de Amnistía”.
Preocupación en el mundo financiero internacional
Esta preocupación por parte de la sociedad civil se traslada también a los medios internacionales, como es el caso de uno de los más influyentes medios en el ámbito financiero internacional, el Wall Street Journal, que dedica un editorial a la situación que atraviesa España con el titular: “El primer ministro de España juega con el separatismo”.
El diario neoyorquino afirma en el primer párrafo, que, después del miedo que se generó en España ante la posibilidad de que Vox entrara en el Gobierno, ahora la alternativa podría ser peor. Así textualmente se pregunta: “¿Recuerdas el verano pasado cuando todos tenían miedo de que un partido de extrema derecha pudiera hacerlo bien en las elecciones españolas y poner en peligro a España y la Unión Europea?” para responderse: “Bueno, ahora parece que la alternativa era peor, después de que el jueves el primer ministro Pedro Sánchez cerrara un acuerdo con separatistas regionales para permanecer en el poder".
Interpreta el Wall Street Journal que España lleva sufriendo ya unos meses de incertidumbre política desde las elecciones de julio en las que “el Partido Popular de centro-derecha liderado por Alberto Núñez Feijóo fue el gran ganador, pero los partidos de derecha no lograron obtener suficientes escaños en total para formar un Gobierno de coalición. Esto se debió en parte a que los votantes rechazaron al partido Vox, más a la derecha del PP, en medio de una campaña mediática global advirtiendo de que el partido era reaccionario en política social y una amenaza para la posición de España en la UE”.
Las estimaciones del alcance que podría tener la ley de amnistía no son menores, según el diario estadounidense, para quien “los separatistas exigieron un alto precio por su apoyo. La cuestión central es una amnistía para todos los involucrados en el referéndum de independencia catalán ilegal en 2017. La amnistía también podría incluir a aquellos acusados de actividades separatistas ilegales antes y desde entonces, una lista que podría superar fácilmente las 1.000 personas”.
El acuerdo, escribe WSJ, “está creando malestar en España, con una larga historia de separatismo regional y donde la unidad nacional es un tema político poderoso”. El diario también recoge que está creando “problemas para la UE”. Y concluye el editorial diciendo que “el partido español Vox ha provocado ardor de estómago en toda Europa porque sus políticas conservadoras no están en sintonía con la cultura convencional liberal de Bruselas. Pero esos desacuerdos políticos no son una amenaza para la democracia. Lo que podría serlo, en España, es un partido de izquierdas dispuesto a negociar con el Estado de Derecho”.
No menos alarmante es la advertencia que lanza desde su primera página otra gran publicación como es la agencia Bloomberg, en su artículo titulado “El futuro de España depende de la capacidad de Sánchez para controlar a los nuevos socios catalanes. El presidente del Gobierno ha prometido amnistías para cientos de separatistas para conseguir un tercer mandato, lo que ha indignado a los conservadores españoles”.
En su análisis, el grupo de quien fuera el alcalde de Nueva York, advierte de que “el riesgo es que Sánchez sumerja a España en una crisis constitucional o algo peor”. El autor de la crónica da muestras de conocer muy bien a Pedro Sánchez, de quien dice en el primer párrafo de su análisis, que “ha pasado la mayor parte de su carrera política en la cuerda floja y se juega el futuro de España en su capacidad para hacer otro escandaloso ejercicio de equilibrismo”.
García-Page reitera que recurrirá las cesiones de Sánchez a Puigdemont y Lambán advierte de que el pacto "socava la autoridad moral del Estado y da alas al independentismo"
De nuevo este viernes se han vuelto a hacer notar las dos voces discrepantes entre los actuales dirigentes del PSOE, el castellano manchego, Emiliano García-Page y el aragonés Lambán.
El presidente de Castilla-La Mancha reiteraba que recurrirá las cesiones que el PSOE se ha comprometido a hacer a instancias de Carles Puigdemont a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez con referencias directas a los dos principales dirigentes de ambos partidos.
Page ha advertido de que “lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y la unidad de España. No lo vamos a permitir”.
El líder socialista castellano-manchego, ha recordado que él se sigue oponiendo a la amnistía a los implicados en el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, porque “significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas”, pero ha advertido que el pacto que se ha rubricado en Bruselas es “algo peor”, porque es “un intento de reescribir lo que pasó”.
Y añade: “discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos, es falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada”.
En alusión directa a Sánchez y Puigdemont, García-Page ha dicho que “lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado, de gobernar y, por otro lado, de librarse de la cárcel, mucha necesidad y ninguna virtud”. Para concluir “si hay que ejercer recurso, lo haré; si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura de la Constitución española”.
Por su parte, Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón, expresidente de esta Comunidad y senador en la actualidad, ha expresado que el pacto con Junts “socava la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo”. Ha recordado que siempre ha manifestado su posición sobre la amnistía, que “no es una buena solución y no hay una mayoría progresista, no es constitucional y no tiene encaje político”.
Para el actual senador socialista, dicho acuerdo no solo no resuelve el problema de Cataluña, sino que crea “uno nuevo en España” al abrir una etapa de inestabilidad política. En su opinión, los independentistas han dejado claro que quieren marcar la agenda del Gobierno y tienen los votos para ello.
Dudas sobre la legislatura
A pesar de todas las cesiones explícitas e implícitas de los acuerdos firmados por el PSOE con los independentistas, fuentes socialistas, admiten que no se puede saber cuánto va a durar la actual legislatura si finalmente es investido el próximo jueves Pedro Sánchez.
Calculan que la Ley de amnistía podría retrasarse en entrar en vigor hasta dos años y que el Partido Popular podrá retener su aprobación en el Senado hasta un año. Otro año más, como mínimo, tardaría el Constitucional en emitir su decisión.
En esos dos años la Justicia Europea puede haber dejado la puerta definitivamente abierta para que sea extraditado Puigdemont, lo que podría echar por tierra una parte de los acuerdos, abriendo la posibilidad de que el líder de Junts entrara en la cárcel, lo que ha pretendido evitar a toda costa en sus seis años de prófugo. La idea de la cárcel no le deja dormir.
¿Por cuánto tiempo podría permanecer en ese caso el apoyo de Puigdemont al Gobierno? El líder prófugo de la justicia española, residente en Waterloo, sabe que no tiene todavía garantizado que no se le pueda extraditar y, durante dos años, más vivirá en la intranquilidad permanente.
Compleja situación la que vive la política española, con el agravante de que la oposición española no ha dado muestras de tener ideas claras de cómo actuar en este caso. Feijóo venía para gobernar y no se ha hecho todavía al papel de líder de la oposición, pese a la gravedad del momento, situación que el Wall Street Journal califica de seria amenaza para la democracia española.
(*) Periodista
Hasta ahora, el camino hacia la crisis constituyente permanecía enmascarado. Desde ayer, las mascarillas han caído y los propósitos del sanchismo han quedado al aire libre. No sé si por torpeza o por un meditado cálculo, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le ha correspondido desvelar los oscuros propósitos finales de Pedro Sánchez.
“Junto a la crisis constituyente -afirmó el ministro ante el Congreso de los Diputados- tenemos también un debate constituyente”. Más claro ni el agua del Lozoya. “Nuestro modelo social se rompe”, añadió con rotundidad el ministro.
Para el
sanchismo, el espíritu de la Transición es un cadáver y hay que
sepultarlo para construir una España diferente a la que se consagró en
la Constitución de 1978, aprobada de forma abrumadoramente mayoritaria
por la voluntad general del pueblo español libremente expresada.
El
sanchismo, en fin, controla más y más los medios de comunicación, sobre
todo los audiovisuales; construye una España subsidiada, en la que un
número cada día mayor de españoles viven de la asignación que les
proporciona el Estado; fragiliza de forma incansable las estructuras
públicas, incluso devastando algunas hasta ahora inatacadas como la
Guardia Civil y la Monarquía… y ha dado a sus terminales en toda España
esta consigna: “Todo el poder para el Gobierno”.
La operación ha sido
inteligentemente meditada. No se trata de someter al pueblo español a
un trágala de golpe. No. Se trata de ir desmontando poco a poco la
España de la Transición para establecer la nueva normalidad al gusto del
Frente Popular que nos gobierna.
(*) Periodista y de la Real Academia Española
Me refiero a personas o personajes como
la Sra. Margarita Robles, el Sr. Grande-Marlaska o el Sr. García-Page.
De ellos voy a hablar. No tengo la menor duda de que, cuando llegue el
momento de responder de sus actos, afirmarán que no tuvieron ninguna
participación e incluso presumirán de heroísmo. Cuando no, lo que será
aún más doloroso, de patriotismo. Desde mi punto de vista, serán los
únicos responsables de lo que está por llegar, ellos y otros como ellos.
No
escribo para expresar mi desolación porque ya he tenido cauce para ello
en el Consejo General del Poder Judicial. Nunca pensé, cuando me
incorporé a este órgano constitucional hace ya más tiempo del debido,
que viviría algo semejante a lo que estoy viviendo ahora. Y eso que he
vivido de todo.
De hacer frente desde el gobierno del Poder
Judicial a un intento de golpe de Estado en una parte de nuestro
territorio nacional a organizar la justicia en tiempos de pandemia,
pasando por el enfrentamiento cotidiano con los ataques al Poder
Judicial del propio Gobierno y de nuestro Parlamento, con el intermedio
de "manadas" y suelta de violadores por aquello de que "sólo sí es sí".
No
me arrepiento, pese a la dureza de la situación, de seguir en el CGPJ:
es el único órgano constitucional (lo creo así, el único) que queda en
pie y con sentido de Estado para reaccionar ante el ataque frontal a
nuestra democracia que ahora estamos viviendo.
La desolación, por
otro lado, creo que está más que justificada. Abiertamente se pacta
que, a cambio de un puñado de votos para seguir gobernando, se conceda
la impunidad por sus crímenes a quien, con sus votos, se ha concedido la
capacidad de auto amnistiarse, al más puro estilo de las antiguas
dictaduras argentina o chilena.
Obvio es que eso supone la
ruptura del Estado de derecho, totalmente irrecuperable. Una vez que se
pierde el pudor para romper las reglas y se demuestra que los tribunales
y la ley pueden ser pisoteados por el interés personal, es imposible
saber cuándo va a volver a suceder, aunque la respuesta es previsible:
sucederá siempre que le convenga al que lo ha hecho una primera vez y
comprueba que puede seguir haciéndolo sin asumir ninguna responsabilidad
por sus actos.
Francamente, he dejado de verle sentido a seguir enseñando Derecho en la Facultad.
También
está justificado que diga que esa desolación se ha incrementado a
medida que, del pisoteo del Estado de derecho, se ha pasado a su pura y
simple destrucción.
Eso ha sucedido cuando, a cambio del Gobierno
de España, se ha pasado de regalar (en el caso del Sr. Sánchez) y
arrogarse (en el caso del Sr. Puigdemont) la irresponsabilidad y la
impunidad por crímenes que incluyen la corrupción, a pactar que las
investigaciones judiciales de esos delitos fueron lawfare (guerra sucia
judicial) y que la responsabilidad de los jueces será declarada en
comisiones parlamentarias de investigación (¿también de parlamentos
autonómicos?) para, después, ser exigida (¿por quién?).
Aquí gana
todo su sentido aquella pregunta que en su día hizo el Sr. Sánchez a un
periodista: "¿Quién nombra al fiscal general del Estado? Pues eso".
Es
cierto que después se ha querido matizar por uno de sus autores el
sentido de esa cesión al independentismo. Pero ¿quién puede creerse esa
"explicación"? El acuerdo dice literalmente lo que dice, y hasta las
asociaciones judiciales y fiscales de rotunda tendencia izquierdista lo
han interpretado así.
Sin olvidar que ese acuerdo responde a la exigencia de los independentistas, que en absoluto han desmentido ese sentido literal.
En
todo caso, la explicación alternativa llega tarde. Si al más puro
estilo mafioso se ha querido atemorizar a los jueces para que no
cuestionen por vías legítimas la validez de la venta del Estado de
derecho y la auto amnistía del Sr. Puigdemont, la amenaza ya ha sido
lanzada.
Insisto en que gana sentido haberse preguntado en voz
alta quién nombra al fiscal general del Estado que puede querellarse
contra los jueces al dictado del Gobierno.
Pero, como decía, no es esa desolación la que me hace escribir ese artículo, sino el interés por compartir una reflexión.
Pienso
en los muchos personajes de la historia, dictadores y dictadorzuelos,
muchos de ellos psicópatas o sociópatas, la mayor parte ineptos enfermos
de avaricia por el poder, y me pregunto cómo es posible que
consiguieran hacerse con el gobierno de naciones que después llevaron al
desastre.
Y a menudo la respuesta no está en ellos, sino en
otros personajes que les rodeaban y que, pudiendo impedir el desastre,
no lo hicieron. Personajes que, después del desastre, pretendieron
aparentar pureza y marcar distancias.
Esta reflexión me lleva a
varios personajes actuales. La Sra. Margarita Robles, ministra, que ha
reaccionado ante los acuerdos del CGPJ que denuncian los pactos con los
independentistas diciendo que los vocales debemos quedarnos callados,
pero sin criticar nuestro mensaje, no sea que después le convenga decir
que estuvo en contra de esos acuerdos y de la ley de amnistía.
Me
lleva también al Sr. Grande-Marlaska, ministro, que en privado (se
conoce que no lo suficiente como para que no se le oiga en los
restaurantes) confiesa que el tema le plantea una "dicotomía", en
términos que me hacen dudar de que entienda el correcto sentido de la
palabra, pero que parecen sugerir que no acaba de decidirse entre la
vergüenza y la desvergüenza, con lo que se deja la puerta abierta para
poder refugiarse en lo que más le convenga.
O el Sr. García-Page,
presidente de comunidad autónoma que, mientras proclama que recurrirá
la ley de amnistía, al mismo tiempo rechaza que los diputados de su
región voten en contra, lo que le permite mostrarse muy patriótico al
mismo tiempo que ayuda a pisotear el Estado de derecho con su aparente
pasividad.
La mayoría de las personas nos morimos sin haber tenido
la oportunidad de demostrar nada, ni valía ni valor. Yo he tenido y
tengo amigos que sí han podido hacerlo. Lo hizo mi querido amigo Juan
Antonio Ramírez Suñer, juez de Instrucción nº 13 de Barcelona, que, a
costa de su salud y de su vida, se empeñó en cumplir con su deber para
con la nación cuyo Estado de derecho juró proteger.
Lo ha hecho y lo sigue haciendo mi gran amigo Pablo Llarena, anteponiendo ese mismo juramento a su seguridad y la de su familia.
Y
lo ha hecho y lo hace mi admirado amigo Manolo Marchena, que dio una
lección al mundo de lo que es un juicio justo y que un pacto innoble
quiere convertir en lawfare.
La Sra. Robles y el Sr.
Grande-Marlaska tienen ahora la oportunidad de demostrar algo, si no
valía y valor, al menos vergüenza. Abandonar el Gobierno cuando tiene
sentido lanzará un mensaje nítido y les ahorrará tener que mentir cuando
se les pidan explicaciones.
Y la oportunidad que tiene el Sr.
García-Page es aún mucho mayor, porque es de las pocas personas (no la
única, pero de las pocas) que puede impedir la destrucción de nuestro
marco de convivencia. Si no lo hace, su anunciado recurso sólo le
delatará como el impostor en que se habrá convertido.
Si ninguno de ellos lo hace, yo les acuso hoy y les acusaré mañana.
(*) Vocal del CGPJ
