jueves, 28 de junio de 2012

El juez cita a declarar como testigo a Julio Iglesias por el 'caso Ivex'


VALENCIA.- El juzgado de instrucción nº 19 de Valencia, que dirige la investigación por el conocido como 'caso Ivex', ha dado traslado a la Policía para que proceda a la citación en calidad de testigo para el próximo día 10 de julio a las 10.00 horas del cantante Julio Iglesias, en cumplimiento de las diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial de Valencia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

   Este juzgado de Valencia llevaba tiempo sin localizar al cantante, al que quería citar para que prestara declaración como testigo en esta causa que investiga posibles indicios de falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma en la que el Instituto Valenciano de la Exportación pagó al artista por desarrollar una labor de representación de la Comunidad Valenciana.
   Recientemente se dio a conocer que este mes de julio el cantante va a ofrecer un concierto en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia --previsto en principio para el día 7 aunque, posteriormente, se retrasó al 8-- por lo que la acusación popular, ejercida por el PSPV, solicitó al juez que aprovechara la visita del afamado intérprete a la ciudad del Turia para citarlo y tomarle declaración.

El juez del 'caso Fabra' pide al CGPJ amparo por presiones

CASTELLÓN.- El titular del juzgado nº 1 de Nules, Jacobo Pin, encargado de instruir la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amparo para que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón deje de "perturbar" su independencia al tratar, según asegura, de "imponerle" indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho del que está acusado el actual presidente provincial del PP.

   Así, en un escrito dirigido al CGPJ, el juez pide que este órgano le ampare frente a la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, ya que se considera "inquietado o perturbado" en su independencia como instructor.
   "Solicito al CGPJ que me ampare frente a la Sección Primera de la Audiencia de Castellón, requiriendo a la misma para que cese de perturbar mi independencia a la hora de proceder, conforme al artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho del que las partes han acusado a uno de los imputados, bien disponiéndolo ella misma expresamente, bien permitiendo a este instructor decretar la apertura del juicio oral también por dicho delito, remitiendo la causa para su enjuiciamiento al órgano judicial que se estime competente, de conformidad con lo legalmente previsto y lo resuelto por la propia Audiencia Provincial", dice el documento.
   El instructor recuerda que, tras una "procelosa" instrucción que se ha prolongado durante más de ocho años, en el año 2010 se concretaron los hechos punibles en las figuras delictivas de cohecho, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública y los imputados por los mismos, entre los que se encuentra Carlos Fabra.
   En su alegato ante del CGPJ, Jacobo Pin indica que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha atentado contra su independencia como juez instructor con varias resoluciones.
   En una de ellas, la sala decretó la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, con retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior de dictarse dicho auto, al considerar que la sección segunda de la propia Audiencia de Castellón había declarado que los hechos no pueden ser constitutivos de delito de cohecho y el auto de apertura se dictó antes de conocerse los razonamientos de la dicha sección.
   Además, la sección primera pide al instructor que redacte otro auto en el que se concreten los delitos sobre los que se debe seguir la causa y acuerde el sobreseimiento por lo que no proceda "con estricto respeto a lo ya resuelto por la sección segunda" en sus resoluciones.
   En los fundamentos de la solicitud, Jacobo Pin indica que, como instructor de la causa durante tres años, considera que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho imputable, al menos, a uno de los acusados -Carlos Fabra-, y que el procedimiento adecuado para su enjuiciamiento es el abreviado, "toda vez que la sección segunda desestimó la posibilidad de acudir al Tribunal del Jurado por varias razones que continúan inalteradas".
   El juez prosigue señalando que "y aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad, la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón acuerda de oficio e inaudita parte la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral y me ordena que vuelva a proceder de conformidad con el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la intención de que sobresea la causa por el presunto delito de cohecho calificado por las partes", algo que la citada sección "no puede hacer en el estado actual del procedimiento".
   El instructor destaca que si él actuase de esa manera "vulneraría el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías que ampara a todas las partes procesales, incluidas las acusaciones", además de incurrir en "una grave incoherencia dado que, sin la práctica de más diligencias, sin que ningún órgano judicial superior me lo ordenase expresamente y sin justificación legal para ello, estaría variando el sentido de una resolución".
   Pin recuerda que "advertida" la sección primera de que no iba a proceder en tal sentido salvo que por la misma se le ordenase expresamente, dicha sección dictó nueva resolución en la que se mantiene su "reticencia" a acordar expresamente el sobreseimiento por el presunto delito de cohecho, pero en la que, sin embargo, sí declara que si el instructor considera que debe mantenerse la calificación de cohecho, debe transformar el procedimiento al Tribunal del Jurado, y si no considera que deba mantenerse dicha calificación, debe acordar el sobreseimiento y remitir las actuaciones al órgano judicial competente para su enjuiciamiento.
   "Con lo que, sin manifestarlo expresamente, me está diciendo que si no quiero contravenir lo indicado por dos de las secciones de la Audiencia Provincial, debo acordar el sobreseimiento por el presunto delito de cohecho, imponiéndome así una decisión que la ley deja exclusivamente en manos del juez instructor, fuera de los cauces legalmente previstos, por ejemplo, vía recurso", indica el juez en su escrito ante el CGPJ.
   Pin recuerda al respecto que, a pesar de las múltiples ocasiones en que la sección segunda de la Audiencia Provincial se ha pronunciado sobre la presente causa en virtud de los recursos legítimamente planteados por las partes, "en ninguna de sus resoluciones ha acordado el sobreseimiento que ahora la sección primera pretende imponer".
   "Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo General del Poder Judicial contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi Independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional al haberse producido por propia iniciativa de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, sin sujetarse a los cauces que la ley prevé expresamente para ello, sin tener facultades para ello, intentando imponerme una decisión que me corresponde exclusivamente a mí como juez instructor e impidiéndome culminar la Instrucción", alega Jacobo Pin.
   Finalmente, considera que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas "impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está totalmente concluida desde hace meses".

La Abogacía lo ve grave

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha señalado este jueves que es "gravísimo" el hecho denunciado por el juez instructor de la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el cual ha pedido amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)para que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón deje de "perturbar" su independencia al tratar de "imponerle" indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho del que está acusado el actual presidente provincial del PP.
   Carnicer, que ha participado este jueves en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Castellón, ha señalado que el hecho denunciado "es gravísimo, probablemente el hecho que más puede vulnerar la administración de justicia", es decir, "atentar contra la independencia de un juez, el cual debe ser, en todo caso, neutral y tener garantizada absolutamente su independencia".
   Según ha lamentado, "pensar en que la propia judicatura pudiese atentar contra este principio es de suma gravedad", y ha añadido que las instituciones judiciales democráticas "han funcionado y el juez instructor, si cree que está siendo objeto de afección de su independencia, debe hacer exactamente lo que ha hecho, ponerlo en conocimiento del CGPJ para que, si considera que la materia es delictiva, podría deducir el correspondiente testimonio y perseguir el asunto por vía criminal".
   Finalmente, ha destacado que, "por fortuna", en la historia judicial no hay muchos casos como éste, y ha recordado que en los más de 40 años que lleva ejerciendo ha habido dos o tres asuntos similares.


Instan a investigar

  El secretario de Política Institucional del PSOE, Antonio Hernando, ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) a investigar la "gravísima" denuncia del juez que instruye el 'caso Fabra', que ha pedido amparo al órgano de gobierno de los jueces denunciando presiones de sus superiores para que archive el caso.
   "Creo que el CGPJ, si quiere recuperar su prestigio, tiene que hacer algo más que justificar sus gastos y actuar de forma decente, tiene que cumplir con su obligación, y su obligación es que si hay un miembro de la carrera judicial que está denunciando presiones para archivar un caso que afecta al PP tiene que investigarlo inmediatamente", ha declarado Hernando en los pasillos del Congreso.
   Según publica el diario 'El País', el juez Jacobo Pin ha pedido amparo al CGPJ porque entiende que la Audiencia Provincial está "perturbando" su "independencia". Pin instruye el caso contra el presidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provicial, Carlos Fabra, desde hace tres años. Es el noveno juez instructor que se hace cargo de él desde que se presentó la primera denuncia en diciembre de 2003.
   Para el PSOE, la denuncia es de la "máxima gravedad" y "sería un auténtico escándalo" si se demostrase que un juez "que investiga un caso de presunta corrupción estuviese recibiendo presiones de sus superiores jerárquicos" en un caso que afecta a un dirigente del PP y en el que, en palabras de Hernando, "el PP tiene que dar muchísimas explicaciones".
   "Quizás ahora empecemos a explicarnos por qué han sido tantos los jueces que han pasado por la instrucción del 'caso Fabra' y por qué han sido tantos los que se han ido", ha remachado.
   Por eso, ha instado al CGPJ que investigue de forma inmediata quiénes están presionando al juez y desde cuándo, independientemente de la situación de "interinidad" que vive el Consejo y de que su actual presidente, que remplazó hace una semana a Carlos Dívar, Fernando de Rosa, haya sido "dirigente del PP y responsable de Justicia en la Comunidad Valenciana".
También el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a estudiar en su reunión de este jueves a las presiones denunciadas por el juez que instruye el 'caso Fabra', Jacobo Pin.
   Según publica el diario 'El País', el citado juez ha pedido amparo al órgano de gobierno de los jueces tras las presiones que afirma estar recibiendo por parte de la Audiencia Provincial de Castellón para que archive el presunto delito del cohecho del que se acusa al presidente del PP castellonense, Carlos Fabra.
   En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Llamazares ha subrayado que la principal tarea del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y que, por tanto, en su encuentro de hoy, "además de hablar de ellos mismos y de sus dietas", deberían abordar los problemas del Poder Judicial y, singularmente, el citado caso.
   Un caso en el que, según ha constatado el diputado de IU, no se ha hecho más que cambiar a los jueces instructores "a lo largo de los años". Y ahora, lo último, es que al que lo instruye se le presiona para que la investigación "no avance".
   "Creo que es un hecho gravísimo que cuestiona la independencia del Poder Judicial", ha manifestado Llamazares, antes de pedir explicaciones al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por un lado, y al CGPJ, por otro.
   "Algo tiene que decir el ministro de Justicia, que parece que sólo está para hacer política de marketing, y el CGPJ, que está enormemente débil y que parece que está dedicado únicamente a su procelosa vida interna", ha concluido.
Finalmente, el grupo parlamentario EUPV, a través de su diputado en el Congreso, Ricardo Sixto, ha solicitado la comparecencia del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, en el Congreso para que explique la "perturbación de la independencia" del juez del 'caso Fabra'.
   EUPV ha anunciado que realizará esta petición después de que el titular del juzgado nº 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, encargado de instruir la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, haya pedido al CGPJ amparo para que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón deje de "perturbar" su independencia.
   La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha denunciado que "en Castellón también hay caciquismo judicial". Por ello, la formación de izquierdas quiere que De Rosa explique la denuncia del juez del 'caso Fabra' sobre la "perturbación" sobre su independencia por parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón y "qué medidas ha tomado el máximo órgano de gobierno de los jueces para asegurar la independencia del magistrado".
   Marina Albiol ha asegurado que esta petición de amparo "explica muchas cosas raras e inquietantes que han acompañado la instrucción del 'caso Fabra', sin ir más lejos, el brutal retraso". En este sentido, ha pedido a la Audiencia Provincial de Castellón que "faciliten a los jueces su tarea sin presiones".
   Albiol ha destacado el carácter "excepcional, casi inédito" de la medida adoptada por el juez y ha ironizado con el destinatario de la petición: "un exconseller de Camps del mismo partido que el acusado Carlos Fabra".
   Así, la formación de izquierdas, a través de su diputado en el Congreso, Ricardo Sixto, ha registrado una petición de comparecencia del presidente del CGPJ para que explique qué medidas pretende impulsar el máximo órgano de gobierno de los jueces para asegurar la independencia del juez de Nules.

Fomento, el Puerto y el Ayuntamiento de Valencia desbloquean la cesión a la ciudad de los terrenos de la dársena

VALENCIA.- La Autoridad Portuaria de Valencia, el ayuntamiento y el Ministerio de Fomento han logrado desbloquear el convenio que se firmó en diciembre del 2008 para la cesión de los terrenos de la dársena interior del puerto a la ciudad, según han indicado el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, en rueda de prensa este jueves después de celebrar el consejo de administración de la institución.

   Aznar ha estado acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. La desafección de estos terrenos se corresponden con el ámbito de la antigua dársena hasta el puente corredizo, incluido el edificio del Veles e Vents. "Una vez se tenga la titularidad se podrán hacer cesiones al Consorcio Valencia 2007", ha explicado Barberá.
   La alcaldesa ha calificado la decisión de "paso importante". 
 "Ahora sí de verdad los papeles se llevarán al registro a finales de julio", ha apuntado Aznar ha indicado que el proceso podría estar "cristalizado como máximo en diciembre".
 "Hemos tenido paciencia y al final las cosas, cuando son lógicas salen", ha añadido la alcaldesa.
   Este convenio se firmó en diciembre de 2008. "Aquel acuerdo me llenó de satisfacción porque la ciudad aspiraba a ello durante mucho tiempo", ha recordado la alcaldesa. Han pasado tres años y medio para que el acuerdo se haga realidad. "Esto ha sido debido a la oposición y a las trabas del Gobierno socialista que las han puesto para evitar el progreso y desarrollo de la ciudad de Valencia", ha indicado Barberá.
   La alcaldesa ha destacado que "ha tenido que llegar el Gobierno de Rajoy para que aquel acuerdo tome todo su valor para hacerse realidad". Lo que se ha aprobado en el consejo de administración de este jueves es una propuesta de "impulso y de gestión" del convenio en cuanto a la cesión de los terrenos de la dársena. "Son terrenos que no tenían actividad portuaria y que han cambiado después de la Copa América porque antes no había ni canal, ni 'Veles e Vents' ni aparcamiento, por ejemplo", ha manifestado.
   Barberá ha agradecido al consejo de administración del Puerto de Valencia y "especialmente" al Gobierno de España y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que "es la que ha dado el impulso definitivo para gestionar la dársena que estaba paralizada por el Gobierno anterior".
   La alcaldesa ha recordado que Pastor "vino a Valencia --con motivo del Corredor Mediterráneo--, lo entendió, lo vio y dio órdenes". Después de esto encargó al presidente de Puertos del Estado que pusiera en marcha "todos los mecanismos que estaban atrancados por falta de voluntad política". Hasta el momento ha habido dos reuniones entre los técnicos para llevar la propuesta y concretar "al máximo" el acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros.
   Barberá ha destacado que una vez el Ayuntamiento de Valencia tenga la titularidad de los terrenos podrá cederlos al Consorcio 2007. "Ahora se podrán atender las muchas ofertas de empresas e inversores que están preguntado y están llegado al Consorcio", ha indicado.
   La alcaldesa ha adelantado que las empresas interesadas están relacionadas con el ocio, el turismo y los servicios para barcos, además de cuestiones tecnológicas. "Será una de las marinas más avanzadas al relacionarla con los servicios propios del mar", ha destacado. También ha indicado la importancia que tiene de cara a la posible subsede olímpica de vela de cara a Madrid 2020.
   Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, considera que el acuerdo de hoy sirve para desbloquear una situación que estaba "enquistada". 
"Es excepcional que asista a un consejo de administración pero hoy valía la pena porque se demuestra la voluntad política del ministerio y del ayuntamiento para desbloquear esta situación", ha resaltado.
   Al mismo tiempo ha anunciado el compromiso de Fomento y Puertos del Estado para "agilizar al máximo" la tramitación administrativa necesaria para que el desbloqueo sea "completo".
   El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, ha calificado el consejo de "singular y muy importante" porque se ha tratado el punto "estrella" de impulsar el convenio de cesión al Ayuntamiento de Valencia y del convenio interadministrativo con el Consorcio Valencia 2007.
   Este consejo "especial es una satisfacción" para la autoridad portuaria porque se ha conseguido avanzar en para "alcanzar el compromiso leal y real de cesión de los terrenos a la ciudad al subsanar y simplificar los procesos".

La Fiscalía, a favor de que Pedraz investigue al Banco de Valencia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la Audiencia Nacional asuma la competencia para investigar la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, contra cúpula del Banco de Valencia por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.

   Según el escrito enviado por el Ministerio Fiscal, los hechos descritos por los administradores del FROB tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" por lo que la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional.
   El informe de Anticorrupción concluye que la querella pone de manifiesto que en octubre de 2011 el consejo de administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad.
   Esto dio lugar a la intervención del banco por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.
   "Los hechos descritos en la denuncia presentada, siendo que además es una empresa cotizada, suponen la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas", concluye el escrito del fiscal.
   Anticorrupción pide así al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que estudie la admisión a trámite de la denuncia y reclama al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional y traslade las diligencias previas realizadas por la querella presentada por un grupo de accionistas contra varios miembros del consejo de adminsitración del Banco de Valencia.    
   En el escrito remitido al juzgado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informó de que sus administradores detectaron en la entidad indicios de actuaciones irregulares y solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial, que es la base de la denuncia presentada.
   En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.

El PP cree necesario eliminar empleo público

MADRID.- La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

   "Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope.
   En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.
   "Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado
   Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.
   Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.