viernes, 1 de julio de 2011

El Gobierno fija un tope de gasto para el Estado y las entidades locales

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y las entidades locales ligado a la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores, el año en curso y las previsiones de evolución para los tres años siguientes.

   De esta forma, el Gobierno asume el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía.
   Además, el Gobierno ha acordado también proponer una iniciativa análoga a las comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales del mes de julio.
   En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que la nueva norma afecta al Estado y a las administraciones locales más importantes, entre las que se encuentran un total de 90 ayuntamientos y 38 diputaciones.
   En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto computable de cada administración no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española.
   Esta tasa se define como el crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimeinto de los tres años siguientes. A esta tasa se le añade la previsión de inflación (2,75%) y con ello se fija el gasto máximo.
   Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando, por el contrario, se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuir en la cuantía equivalente.
   En caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.
   Según Rubalcaba, se trata de una regla que limita el gasto en función de lo que crezca la economía, por lo que supone un control de la estabilidad con "tiempo".
"No se trata de fijarlo año a año", ha señalado el vicepresidente primero, sino de controlar el déficit en el ciclo.
   A su parecer, se trata de una norma "bastante sensata" que hará que se gaste lo que se parece que se puede gastar, de forma que si se acaba creciendo más de lo previsto permita cierto ahorro o superávit, mientras que si el resultado es negativo se puede compensar el déficit con lo ahorrado en otros ejercicios.
   "Vamos a la austeridad", ha subrayado el 'número dos' del Gobierno, quien ha explicado que el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo por el que insta a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a proponer esta regla de gasto a las comunidades para buscar un acuerdo político en todas las administraciones.

La refinanciación y venta de activos marcarán la pauta de las grandes inmobiliarias de la Comunitat

VALENCIA.- Las 21 principales empresas inmobiliarias de la Comunitat Valenciana registraron en 2009 unas pérdidas después de impuestos de 37 millones de euros; nueve veces más que el ejercicio anterior, según un estudio realizado por la consultora KPMG, que revela que los próximos años vendrán marcados en este sector por la refinanciación y venta de activos a entidades financieras. 

   El análisis concluye que el futuro del sector pasará por tres medidas prioritarias: adaptar y mejorar el producto a las necesidades de un mercado cada vez más exigente; generar un modelo de negocio basado en una cadena de valor eficiente en cada proceso y buscar una estructura organizativa coherente con el nuevo modelo de negocio, que deberá mantenerse con los recursos básicos internos y la externalización del resto de actividades.
   El estudio, bajo el título, 'El Ibex 21 del sector inmobiliario' y realizado por KPMG por séptimo año consecutivo, analiza los indicadores económico-financieros más importantes de las cuentas auditadas de las 21 mayores empresas del sector, según ha informado la consultora en un comunicado.
   A pesar de que 2009 fue un año en el que se llevaron a cabo "importantes ajustes", la caída de los principales indicadores fue más moderada que en 2008. No obstante, 2009 fue el año en el que cayó por primera vez el precio medio por metro cuadrado de las viviendas, un 7,7 por ciento. Ese ejercicio registró, además, la cifra más baja de visados de dirección de obra y transacciones inmobiliarias de viviendas de la última década.
   Las mayores empresas del sector valenciano, pese a sus esfuerzos por "reorganizarse y reestructurar" su deuda, "no pudieron compensar la caída en la demanda de viviendas". La cifra de negocios del conjunto de las 21 sociedades analizadas registró una fuerte caída hasta los 1.067 millones de euros, el 25 por ciento menos que en 2008, cuando se alcanzaron los 1.422 millones de euros.
   Para analizar estos datos en su contexto, la consultora ha destacado que se debe considerar que la caída real de las ventas fue mayor, ya que la cifra "incluye las operaciones de canje de deuda por activos, por unos 400 millones de euros, realizadas en los procesos de reestructuración de deuda de las sociedades".
   Con ello, el saneamiento de activos realizado durante los dos últimos ejercicios alcanzó los 421 millones de euros, de los que 188 millones correspondían a existencias y 233 millones de euros a escisión de sociedades participadas.
   El beneficio de explotación conjunto sufrió una caída del 66 por ciento. En porcentaje sobre las ventas, el resultado de explotación bajó desde el 15 por ciento en 2008 hasta el 7 por ciento de 2009, como consecuencia de la caída del margen bruto provocada por descenso de las ventas y la reducción de las promociones en curso. No obstante, esta situación se vio "parcialmente compensada" por los ajustes en costes fijos aplicados para adaptar la estructura de las empresas a la demanda. Esto supuso, por ejemplo, una reducción de costes de personal, del 24 por ciento.
   La consecuencia más directa fue la pérdida de empleos que, para el conjunto de las 21 sociedades analizadas, se sitúa en el entorno de las 551 personas.
   El resultado neto después de impuestos continuó en negativo con unas pérdidas de 37 millones de euros; mientras el resultado financiero experimentó una mejoría por el descenso de los tipos de interés y la venta de sociedades participadas.
   Junto a estos datos provocados por la mala situación económica, la consultora ha destacado otros positivos como que once de las 21 sociedades obtuvieron beneficios y diez sociedades mejoraron su resultado neto durante 2009. Ello supone que la mayoría de las grandes inmobiliarias valencianas que incluye el estudio consigue hacer frente a la crisis.
   Respecto al Balance, la partida de Existencias bajó el 18 por ciento en términos relativos, aunque se mantuvo como la partida de mayor peso del activo agregado, dada la reducción de las promociones en curso.
   Las deudas con entidades de crédito, principal partida del pasivo, se redujeron en 357 millones de euros; por lo que el ratio de endeudamiento se situó en 2,2 veces en 2009. La mayor parte de las empresas analizadas se vio obligada a refinanciar su deuda en 2009. Aún así, dadas las perspectivas económicas, la consultora no descarta que algunas deban afrontar nuevas restructuraciones en el futuro ya que, a 31 de diciembre de 2009, el endeudamiento conjunto de las grandes inmobiliarias alcanzaba los 2.700 millones de euros.
   En esta línea, ha apuntado que las expectativas de actividad futuras siguen siendo "reducidas y consecuentes con la demanda real de vivienda existente dada la renta disponible, los tipos de interés o el nivel de confianza de los compradores".
   Asimismo, "no parece que el crédito, tanto desde el punto de vista del promotor como del comprador de vivienda, vaya a resultar tan accesible como en el pasado" y ha subrayado que está además pendiente de completarse la reforma del sistema financiero español.
   "Estos factores harán viables sólo a aquellos operadores que puedan adaptarse a las especiales y duras circunstancias del momento por poseer activos diversificados distintos a los de promoción residencial y que puedan seguir contando con el apoyo financiero para mantenerse a la espera de la recuperación del mercado residencial", ha recalcado el estudio.

El PSPV exige al Consell un plan de Tesorería que se "ajuste a los calendarios de pago establecidos"

VALENCIA.- El portavoz de Economía y Presupuestos del PSPV en las Corts, Julián López, ha exigido al Consell que, "con carácter urgente, apruebe un plan de tesorería que se ajuste a los calendarios de pago establecidos a principios de año por el propio Consell". 

   López, en rueda de prensa con el portavoz de la Función Pública en el grupo, Rafa Rubio, ha explicado que se trata de una demanda incluida en una Proposición No de Ley, que ya ha sido registrada, y que se une a varias iniciativas encaminadas a conocer "cuál es el retraso que se ha producido en el pago de las nóminas de los trabajadores de la Generalitat Valenciana".
   El grupo socialista ha realizado una pregunta al conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, para saber "por qué se han producido los retrasos en los pagos" de las nóminas a funcionarios y ha mostrado su "preocupación" acerca de este asunto porque "esos retrasos pueden afectar negativamente a la recuperación de la Comunitat Valenciana, en tanto que los empleados de la Generalitat son también consumidores y, ante la incertidumbre, sus decisiones de gasto pueden verse retrasadas".
   Por ello, ha reclamado la adopción de "medidas urgentes que garanticen la viabilidad de la tesorería de la Generalitat Valenciana", y ha urgido al Consell a que "haga efectivos los compromisos y, si no es capaz de asumirlos, que diga en qué medida quiere cambiar el plan de pagos".
   Por su parte, Rafa Rubio, ha exigido a Verdeguer que "tranquilice a los trabajadores de la Administración Pública asegurándoles que van a cobrar en tiempo y forma, que es lo que nosotros queremos".
   Rubio ha recordado que el nuevo conseller dijo que "iba a ser casi imposible cumplir lo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su Gobierno habían aprobado". "Lo que tiene que hacer el conseller es garantizar y tranquilizar a los empleados públicos asegurando que van a cumplir el calendario que aprobó la Generalitat", ha remarcado.
   El diputado socialista ha puesto como ejemplo al personal que trabaja en la Sanidad que debía haber cobrado la paga extra el 23 de junio y la ordinaria el 29 pero "las 60.000 personas que trabajan en este departamento cobraron ayer las dos pagas, por lo que exigimos que lo que se planificó en su día se cumpla".
   Así, ha recordado que "los funcionarios públicos son quienes atienden a nuestros hijos cuando nacen, se ponen enfermos, van al colegio, quienes velan para que disfrutemos de un Medio Ambiente sano son, en definitiva, quienes trabajan en beneficio de la sociedad", ha dicho.

El PSPV insta al Consell a hacer público el contrato de la F-1 para saber cuánto cuesta la prueba

VALENCIA.- El diputado socialista en las Corts Rafael Rubio, ha pedido a la portavoz del Consell, Lola Johnson, que haga público el contrato de la Fórmula 1 en Valencia y los ofrezca "públicamente" para que "sepamos de verdad cuánto cuesta" la prueba.

   Rubio se ha expresado de esta manera en rueda de prensa, junto con el parlamentario socialista Julián López, con motivo de la negociación para prorrogar el contrato de la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno en Valencia.
   En este sentido, se ha referido al canon que se paga por prueba: "hemos asumido por bueno que el canon --de la prueba-- son 18 millones de euros pero no sé de dónde han salido los 18 millones. "Se dio por bueno".
   "Lo primero que tendía que hacer Johnson si quiere empezar bien es sacar el contrato y ofrecerlo públicamente para que sepamos cuánto cuesta de verdad la F-1 y saber si el canon son 18 o 36 millones porque no lo sabemos". "Tenemos que hacer un acto de fe con esa cantidad", ha apostillado.
   Rubio ha criticad la cuestión de la confidencialidad del contrato que "aduce la Generalitat" para no hacerlo público, ya que "con la Ley de contratos en la mano, las condiciones de la cláusula de confidencialidad están claras; son para contratos que afectan a la defensa nacional y los que tienen que ver con la propiedad intelectual, que no es el caso", ha aseverado.
   Si lo mostraran, "a lo mejor la sorpresa sería que no son 18 millones de euros", ha señalado el diputado socialista.
   Preguntado por la negociación, Julián López, ha señalado que "no es el momento más adecuado", sobre todo en momentos en los que la Generalitat Valenciana tiene "dificultades para hacer frente a los pagos más necesarios".

Luis Redondo, nuevo director de TVV

VALENCIA.- Luis Redondo López es el nuevo director de Televisión Valenciana (TVV), en sustitución de Lola Johnson, que dejó el cargo para ser la actual consellera de Turismo, Cultura y Deporte, según ha informado el ente público en un comunicado.

   El nombramiento supone "una decisión de continuar el trabajo realizado hasta ahora por el equipo directivo". Según RTVV, la experiencia televisiva de Redondo "viene avalada por su trabajo como subdirector de producción y medios técnicos" del ente público.
   Además, ha destacado que el nuevo director de TVV "conoce perfectamente el funcionamiento de la televisión autonómica valenciana, ya que su carrera se ha desarrollado fundamentalmente dentro del grupo".
   Luis Redondo, de 36 años, es licenciado en Ciencias de Información por el CEU San Pablo en la promoción de 2002. En 2003, después de un período de prácticas profesionales, se incorporó a la plantilla de RTVV en Alicante, de ahí pasó a ser jefe de producción de informativos hasta octubre de 2009.
   Con el nombramiento de José López Jaraba como Director General de RTVV y Lola Johnson como directora de TVV, pasó a desempeñar el cargo de Subdirector de Producción y Medios Técnicos, responsabilidad que ha seguido desempeñando hasta este nombramiento.
   En Televisión Valenciana ha sido responsable de coordinar dispositivos especiales como el de la Volvo Ocean Race, la Fórmula 1 o actos institucionales como el 9 d'octubre, así como retransmisiones en directo como las relativas a la Semana Santa, las Fallas o las Hogueras de Alicante.

Hoy ha nacido 'Albacete Confidencial'

ALBACETE.-  Hoy, 1 de julio, ha nacido Albacete Confidencial con el único objetivo de generar un espacio de análisis y reflexión, a partir de la mejor información de calidad e interés, seleccionada por periodistas profesionales desde los propios contenidos específicos referidos a Albacete, que aparecen en Internet.

Albacete, capital económica de Castilla-La Mancha y hoy indiscutible referente estratégico de una logística moderna entre puertos del Mediterráneo occidental, el Atlántico Norte y el interior de la Península Ibérica, cobra una importancia creciente conforme avanza el siglo XXI y, en consecuencia, tiende a generar una información valiosa de cara a inversiones y proyectos, que aseguren su actual nivel de vida y sustenten su futuro a largo plazo.

Una nueva etapa política, además, en Castilla-La Mancha parece la coyuntura idónea para arrancar con la última fase de un proceso que, anteriormente, nos llevó a editar boletines digitales semejantes en Alicante-Elche, Murcia-Cartagena, Valencia-Castellón, Almería y Madrid, dentro de una expansión reiniciada en la primavera de 2006.

Ahora en fase experimental, pero, a partir de octubre, a velocidad de crucero, Albacete Confidencial pretende conectar con las minorías ilustradas y más inquietas de esta provincia singular al objeto de destilar contenidos de auténtica calidad susceptibles de ser útiles en la vida profesional diaria de todos y cada uno de los seguidores manchegos que vayamos añadiendo a nuestra nómina de lectores fieles.

El ICO ayudará a las pymes que tengan deudas con los ayuntamientos

MADRID.- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó hoy que esta medida, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, se trata de una idea "sencilla" y no dudó de que va a funcionar de forma satisfactoria.
   El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.
   El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.
   Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.
   De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la "difícil situación" en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.
   Por otro lado, el decreto ley recoge también una medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo.
   Para ello, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.