martes, 8 de febrero de 2011

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.
La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.
El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,
El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.
Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.
El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.
En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.
En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.
El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.
La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.
Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).
Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.
Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.
También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.
   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.
   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.
   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.
   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  
   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.
   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.
   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.
   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.
   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.
   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.
   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.
   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.

Rubio reclama a Rus que explique "cómo va a cubrir la plaza de toros sin destrozar el monumento histórico"


VALENCIA.- El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, ha reclamado este lunes al presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, que "explique cómo pretende cubrir la Plaza de Toros sin destrozar el monumento y atentar contra la imagen de la ciudad".

   El grupo socialista ha solicitado, mediante un escrito a la Comisión Informativa de Administración General y Patrimonio, que "informe y entregue el proyecto de la cubierta" del coso taurino de la calle Xàtiva de Valencia.
   En este sentido, Rubio ha advertido que, como grupo de la oposición, "nadie nos ha informado sobre la intención de cubrir la plaza, cómo tienen previsto hacerlo, quién ha realizado el proyecto o cuánto costará", de hecho, añadió que "sólo tenemos información a través de la prensa y nada más". Por ello, esperan que en la próxima comisión que se celebrará este miércoles 9 de febrero se aporte "toda la información requerida sobre el proyecto".
   Para el portavoz socialista, Rus "cree que es el amo y señor de la Plaza de Toros y que puede montar su propia sala de conciertos en ella" y ha recordado que la plaza es "de todos los vecinos de Valencia, es de la ciudad y es un Bien de Interés Cultural que debería respetarse".
   Por ello, ha advertido de que cualquier actuación en este edificio histórico requiere "del mayor consenso social" algo que, según ha explicado, Rus "no ha buscado nunca ni lo buscará" porque "cree que la plaza es de su propiedad y lo está negociado todo él solo". Por eso, Rubio espera que "Patrimonio vele por el interés general y no acepte esta barbaridad".

PortCastelló duplica sus nuevos tráficos en 2010 y consolida su proceso de diversificación

CASTELLÓN.- El Puerto de Castellón ha duplicado las toneladas de sus nuevos tráficos al pasar de 411.863 en 2009 a 932.493 en 2010, lo que supone consolidar su proceso de diversificación. Así lo ha expuesto este lunes el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Juan José Monzonís, en el transcurso del primer Consejo de Administración del nuevo año.

   El crecimiento ha sido "espectacular" en tráficos como biodiésel, aceites vegetales, coque y cereales. El biodiésel, por ejemplo, se ha convertido en el séptimo tráfico más importantes del recinto portuario castellonense sumando más de 370.000 toneladas y un incremento del 103 por ciento. El coque ha aumentado más de un 400 por ciento, situándose como el décimo tráfico más relevante.
   Los aceites vegetales y los cereales han experimentado una subida del 30 por ciento en ambos casos. Por último, el clínker y el cemento han generado 61.000 toneladas. Los nuevos tráficos del Puerto de Castellón, fruto de un "ambicioso" proceso de diversificación, constituyen ya en su conjunto más de un 17 por ciento del total de mercancías de las dársenas del puerto (Zona 1), según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.
   Monzonís también ha informado a los consejeros del crecimiento global del Puerto de Castellón en el último ejercicio, cifrado en un 12,4 por ciento, al pasar de poco más de 11 millones de toneladas de 2009 a un total de 12.446.926 toneladas en 2010. Asimismo, los contenedores han marcado un récord histórico con un crecimiento del 55 por ciento, lo que ha posibilitado rebasar los 100.000 TEUs de nuevo y conseguir un un máximo histórico en este tipo de mercancías.

El nuevo banco de Bancaja trata de mantener frente al Banco de España la opacidad de sus hipotecas con alto riesgo de impago

MADRID.- Es el aspecto que mejor refleja la ambición por crecer sin la prudencia que siempre debe acompañar al negocio financiero: las hipotecas que se concedieron por más del 80% y del 100% del valor de tasación de los pisos. 

Los préstamos con estas arriesgadas características suman 89.819 millones de euros, pero faltan importantes entidades con las que la cifra sobrepasaría de largo los 100.000 millones. Representan casi una de cada cinco de las concedidas por las cajas y los principales bancos para la compra de vivienda y su morosidad es del 6,1%, lo que triplica la media del sistema.

Estas hipotecas son lo más parecido a las subprime de Estados Unidos, como las definió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Los expertos apuntan al sector de los inmigrantes y de los jóvenes con contrato temporal, como los principales clientes de las hipotecas-bomba. El Banco de España. más allá de realizar avisos públicos y privados, no impidió esta dudosa práctica bancaria.

Entre las entidades ausentes (o que no ofrecen la información completa) están: la fusión de Caja Madrid-Bancaja y cinco pequeñas entidades más; Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra); Caja 3 (Caja Inmaculada de Zaragoza, Caja Badajoz y Círculo Católico de Burgos) y Unicaja, que no han facilitado la información de manera homogénea con la plantilla del Banco de España y dificulta su comparación, según revela el diario 'El País'.

"Compre un apartamento en Ampuria Brava y con el dinero de la hipoteca podrá adquirir un amarre y una embarcación".

Este fue el eslogan de una entidad financiera en los años de la abundancia. Un kit completo y sugerente, pero basado en una ilusión que podía convertirse en pesadilla. Primero para el que lo aceptara si ha tenido algún problema laboral porque habrá arrastrado a todos sus avalistas y aún se puede haber quedado con una deuda de propina. 

En segundo lugar, para la entidad que se puede haber convertido en dueña del apartamento, el amarre y el barco (tres bienes en depreciación) que generan gastos de mantenimiento. Los banqueros y cajeros dieron por buena la ilusión de que los pisos no podían bajar, incluso algo peor: que no dejarían de subir.

Así que casi daba lo mismo cuánto dinero se le prestara a un cliente por su vivienda (que debe ser la principal garantía del crédito), porque el piso siempre sería suficiente para resarcir el préstamo. Pero se pinchó la burbuja y estalló el lío.

Los datos pedidos por el Banco de España a las entidades reflejan una regla de tres: la morosidad sube a medida que el crédito es más alto sobre el valor de la vivienda. En concreto, hay seis veces más morosidad cuando se da un crédito por más del 80% que cuando supone menos del 50%. Con las hipotecas de más del 100% del valor, los impagados se multiplican por 10. 

Entre las entidades que destacan por su arriesgada concesión, a partir del 80% del valor de tasación, están: Caja Madrid-Bancaja, con 19.221 millones; el BBVA, con 15.556 millones; el Santander, con 9.286 millones; La Caixa, con 9.232 millones; Caixa Catalunya, con 6.528 millones y Banco Base (Cajastur, CCM, CAM) con 5.810 millones. 

Por morosidad en esta franja, los peores son Caja Duero- España, Unnim y la Kutxa de San Sebastián. Entre los bancos, el Sabadell y el BBVA. En total las cajas suman 56.000 millones en créditos problemáticos frente a los 27.650 millones de los seis bancos principales. El resto de hipotecas, bien concedidas, suman más de 437.000 millones, cuatro veces más que las malas. Pese a la gran diferencia, sólo suman morosos por 5.801 millones.

José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda, critica las hipotecas arriesgadas. 

"Es un espanto que muchas hipotecas se hayan valorado por encima del precio de mercado, que es el pactado entre comprador y vendedor. Creo que algunas tasaciones no se han hecho bien. Las tasadoras recibieron presiones de las entidades para elevar la valoración de la vivienda y así poder conceder un dinero que representara, entre comillas, el 80% de la tasación. 

Al final se convirtieron en préstamos de altísimo riesgo". En su opinión, la razón de que las normas digan que no se debe dar más del 80% del valor de tasación es que "los intereses del préstamo van a costar, como mínimo, el 20% restante".

Navas critica una modalidad típica de una burbuja: los créditos que se actualizaban constantemente, a medida que se amortizaban, para prestar dinero para viajes, muebles y otros destinos, con el piso como garantía. El coordinador del Observatorio recuerda que ya en 2004 advirtieron al sector financiero que la vivienda estaba sobrevalorada. En su opinión, la combinación de la caída de los precios con los créditos mal concedidos a clientes que "casi no tenían que hacer ningún desembolso inicial, han multiplicado los problemas".

Sin embargo, Navas no es pesimista porque sostiene que el sector ya ha reducido sensiblemente los precios de los pisos y pronto pueden volver a encontrarse la oferta y la demanda. "No habrá una hecatombe".

Calles dice que con el auto de la Audiencia Carlos Fabra "pierde" y la democracia "gana"

CASTELLÓN.- El candidato socialista a la alcaldía de Castellón, Juan María Calles, ha afirmado este lunes que "cada vez que Carlos Fabra pierde en los tribunales, la democracia gana", en referencia al auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón en el que se rechaza el recurso de apelación del presidente provincial del Partido Popular, Carlos Fabra, contra una sentencia previa que exculpó a Calles de un presunto delito contra el honor, según ha informado el grupo socialista en un comunicado.

   "La Justicia está poniendo a los Fabra en su sitio, pues le ha dicho que su intento de coartar la libertad de expresión de los adversarios políticos no se ajusta a la doctrina constitucional y a Alberto Fabra le dice que no puede eludir el debate en los plenos para taparle las vergüenzas a su padrino político", ha afirmado.
   Calles ha recordado que ésta es la cuarta ocasión en la que el concejal de Castellón y presidente de la Diputación pierde una denuncia judicial contra él, a expensas de que se resuelva otro recurso de Fabra en el Tribunal Supremo que la Fiscalía ha pedido archivar. "Los tribunales le están endosando un duro correctivo a Fabra. No tiene la razón política y tampoco tiene la razón judicial", ha aclarado.
   El candidato socialista ha lamentado el "deterioro institucional" que Fabra está causando al Ayuntamiento de Castellón y a la Diputación Provincial, y ha instado al dirigente conservador a "pedir perdón a la ciudadanía por un comportamiento tan falto de ética política". 
"Castellón tiene que desterrar estas actitudes tan poco edificantes y que tanto daño están haciendo al prestigio de la capital y la provincia", ha añadido.
   "Carlos Fabra se está apartando de la política antes de que las urnas y la Justicia le echen, pues en los últimos siete años los tribunales han dejado en evidencia su intento de amordazar a la oposición y silenciar que está acusado de posibles delitos de corrupción política, pero, además, su propio partido le ha dicho ¡basta ya! y ha frustrado su intento de seguir en la primera línea de la política local", ha expuesto.
   Según Calles, Alberto Fabra "sabe que Carlos Fabra es un activo tóxico y no lo quiere ver ni en pintura, porque la pretensión del líder provincial es seguir dirigiendo el partido desde la sombra". 
"El lío está montado en el PP, aunque cierren las ventanas para que no se vea el espectáculo lamentable que están dando", ya concluido.

La Audiencia de Castellón desestima un recurso de Fabra al archivo de una querella a Calles por calumnias e injurias

CASTELLÓN.- La sección segunda de la Audencia Provincial de Castellón ha desestimado un recurso de apelación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra un auto de 29 de julio de 2010 que ya desestimaba un recurso de reforma contra la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Castellón de sobreseer provisionalmente las actuaciones iniciadas por una querella del dirigente del PP contra el portavoz de grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan María Calles, por calumnias e injurias.

   El auto recurrido sostiene el archivo de las actuaciones basándose en el hecho de que las expresiones críticas referidas a Carlos Fabra por parte de Juan María Calles en un pleno de Ayuntamiento, y que dieron lugar a la querella, "iban dirigidas al mismo no como particular, sino con su condición de concejal y miembro relevante de un partido político, considerándolas amparadas por el derecho de participación política".
   La querella se interpuso como consecuencia de las declaraciones realizadas por Calles en el turno de ruegos y preguntas en el pleno del 28 de mayo de 2009, en la que preguntaba al alcalde si consideraba que "la acusación de falsedad documental por la que se piden dos años de cárcel para el concejal Carlos Fabra no es motivo más que suficiente para conminarle a que abandone el cargo y oxigenar así el deterioro ético causado al Ayuntamiento y a la ciudad por las graves imputaciones y acusaciones a las que tiene que hacer frente en los juzgados".
   Así, el portavoz socialista recordaba al alcalde los delitos por los que estaba imputado Carlos Fabra, le dijo que no podía continuar encubriendo a un imputado por delito fiscal contra la Hacienda Pública y le pidió la dimisión del dirigente 'popular'.
   La Sala estima que las declaraciones de Calles fueron realizadas en su condición de concejal del Ayuntamiento de Castellón; fueron referidas a un concejal de otro partido político; se vertieron en el punto del orden del día que permitía introducir aquellos temas que no han sido expresamente incluidos en el mismo. Las declaraciones no van referidas a Fabra como ciudadanos particular, sino a su condición de concejal, subraya.
   Además, señala que las consideraciones que realiza Fabra relativas a que el querellado le ha tildado de "inmoral, indigno y hombre carente de ética" no se corresponden con las declaraciones vertidas por Calles, las cuales consistieron en una petición de responsabilidad política de un cargo político por encontrarse imputado en un procedimiento judicial, "opinión que no puede considerarse 'formalmente injuriosa' ni 'absolutamente vejatoria'".
   "La imputación en un procedimiento penal de un concejal de un ayuntamiento resulta, sin duda, una cuestión de relevancia e interés público, respecto del cual no puede negarse la posibilidad de la existencia de debate político, salvo que pretenda cercenarse la existencia de una opinión pública informada y responsable", añade el auto.

Reacción de Fabra

   El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha señalado este lunes que el auto de la Audiencia Provincial que desestima su recurso por el archivo de una querella por injurias y calumnias que interpuso contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan María Calles, "dice que los políticos no tenemos honor y nos pueden pisotear sistemáticamente".
   Fabra ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la sede del PP junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, para hacer un balance del Plan Confianza y tras ser preguntado por el auto.
   Según ha asegurado Fabra, este auto "sigue la línea del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que dicen que los políticos no tenemos honor, nos pueden pisotear sistemáticamente porque siempre prevalece la libertad de expresión sobre el honor de las personas".
   El dirigente del PP ha señalado, no obstante, que Calles "tenía que mirar a su gallinero, que ostenta en récord de imputados en toda España, con más de 270".
 Fabra ha reiterado este lunes que no se presentará a las próximas elecciones, aunque ha aclarado a los medios de comunicación que se va porque quiere.
Según ha dicho, "no me presento, y ya lo he dicho por activa y por pasiva", y ha añadido que "lo demás" se lo "montan algunos medios de comunicación".
"Es una paja mental de Calles y de los medios de comunicación", ha agregado, en relación al dirigente socialista Juan María Calles.
   Así mismo, ha aclarado que "el único núcleo duro de mi partido es Alberto Fabra y Javier Moliner, pero me voy porque quiero y dejando la mejor herencia que puede dejar un partido político, pues ganaremos en más de 100 municipios y aumentaremos los diputados en la Diputación y en las Corts Valencianas".
   Finalmente, Fabra ha aconsejado al candidato del PSPV a la alcaldía de Castellón, Juan María Calles, que "tranquilice al número 8 de su grupo", que "está acojonado por si no sale", ha dicho.

IU no permitirá que el PP gobierne en CC AA y Ayuntamientos si depende de ellos

CIUDAD REAL.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que, "ni por activa por ni por pasiva", la coalición va a permitir que el PP gobierne en ayuntamientos o comunidades autónomas después de las elecciones del próximo 22 de mayo si depende de ellos.

   Lara se ha manifestado así este lunes, a preguntas de los medios, antes de asistir al 'Foro Diálogos', que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real.
   No obstante, Lara también ha criticado al PSOE, partido que ha tratado "muy mal" a Izquierda Unida. Así, ha mostrado su rechazo con el acuerdo promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma de las pensiones.
   De este modo, el dirigente de IU cree que estas políticas que está aplicando el Gobierno socialista van a repercutir "negativamente" en las opciones de los candidatos que presente el PSOE, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos.
   Lara, en todo caso, ha señalado que las leyes electorales, entre ellas la de Castilla-La Mancha, no facilitan las posibilidades para que IU obtenga una representación en los parlamentos en consonancia con el número de votos que tienen.