miércoles, 3 de octubre de 2012

La Inteligencia rusa culpa a Al Qaeda de la ola de incendios en el sur de Europa

MOSCÚ.- El jefe de los Servicios de Seguridad Federales (FSB), la Inteligencia interior rusa, Alexander Bortnikov, ha denunciado este miércoles que la red terrorista Al Qaeda está detrás de la ola de incendios que ha sufrido Europa este año, especialmente, los países del sur, como España, con la mayor superficie quemada en una década.

   "Los fuegos en bosques de la Unión Europea deben considerarse como una de las nuevas formas de actuar de Al Qaeda. Con esta estrategia, puede infligir un gran daño en la economía y en la moral de la población sin una preparación seria, equipo técnico o una gran financiación", ha señalado el jefe del FSB en Moscú, según la agencia RIA Novosti.
   Bortnikov ha indicado que los servicios de seguridad europeos tienen pocas posibilidades de capturar a los responsables. El jefe de la Inteligencia interior rusa ha apoyado sus denuncias en que varias páginas web de extremistas islámicos han mencionado la "yihad de los bosques", donde se explica la forma más efectiva de iniciar un fuego.
   El director del FSB ha señalado que la prioridad de los servicios de seguridad es contener la amenaza terrorista procedente de Oriente Próximo y el norte de África. Bortnikov ha subrayado que las redes criminales pueden utilizar las crisis y protestas en estas regiones para "amenazar al estabilidad de regiones enteras" y amenazar a la comunidad internacional.
   Los países del sur de Europa se han llevado la peor parte por el número de incedios este año. En total, en España ha ardido una superficie de 189.320 hectáreas, tres veces más que en 2011, cuando fueron 54.659. Este es el peor dato de la última década, ya que supera en 85.286 hectáreas la media de zona quemada en todo el decenio.

Los convenios sanitarios para inmigrantes irregulares no cubrirán los medicamentos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles los convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.

   Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la sede del Ministerio, en el que han fijado que la cuantía de dicho convenio será de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de 65 años.
   "Es una cifra razonable y equitativa", ha reconocido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que ha estado presidida por la ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho declaraciones a su finalización.
   No obstante, el consejero y responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP también ha recordado que lo acordado en el Consejo es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden.
   Igualmente, Echániz ha querido dejar claro que el convenio les da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios pero no a los medicamentos. Por tanto, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta sanitaria.
   Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos.
   No obstante, Echániz también ha explicado que se han establecido los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer "un efecto llamada".
   Para ello, establece un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
   Por otro lado, en el Consejo Interterritorial también se han evaluado los efectos de las medidas de la reforma sanitaria aprobada antes del verano, como el cambio en el copago farmacéutico, que ha supuesto "un alivio" de 400 millones de euros para la factura sanitaria de las comunidades en sólo dos meses de funcionamiento. "Casi un millón de euros diarios", ha aseverado.
   Además, con la entrada en vigor de este nuevo sistema los pensionistas han abonado de media cuatro euros al mes en las oficinas de farmacia, y ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración para que la medida se haya puesto en marcha "sin problemas".

El 'banco malo' no aceptará pisos de menos de 100.000 euros

MADRID.-   La banca no podrá transferir al 'banco malo' activos adjudicados del 'ladrillo' de menos de 100.000 euros ni préstamos por importe inferior a 250.000 euros, según ha adelantado en el Congreso de los Diputados, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

   En su comparecencia ante la comisión del ramo para dar cuenta de la última reforma financiera y de los resultados de la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman, Guindos avanzó que la sociedad de gestión de activos (SGA), conocida como 'banco malo', "no aceptará determinados activos con el objetivo de facilitar su gestión".
   El 'banco malo' adquirirá los activos tóxicos del ladrillo de las entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas "a precios muy conservadores" y permitirá abaratar la vivienda, porque, además de sanear los balances de los bancos, aspira a dinamizar el mercado inmobiliario en España. "Pondrá a disposición de los españoles "viviendas a precios más reducidos", sostuvo.
   Al término de su comparecencia, Guindos especificó que es pronto para hablar de a qué descuento sobre el valor en libros comprará el 'banco malo' los activos, pero recalcó que el precio "ha de ser lo suficientemente conservador y cauto" como para que el instrumento resulte rentable a medio y largo plazo y atraiga la inversión privada.
   El objetivo del Gobierno -especificó el ministro de Economía- es que entidades financieras sanas, aseguradoras y fondos de inversión, entre otros, tengan una participación mayoritaria en el capital del 'banco malo' de al menos el 55%.
   Guindos reconoció que el precio de compra de activos puede "provocar pérdidas en los bancos ayudados", contingencia para la que se podrán emplear las ayudas europeas. "La entidad que suelta activos al 'banco malo' está relativamente cubierta. Tenemos que tener los dos instrumentos", enfatizó.
   Por esta razón, el ministro precisó que para sanear la banca el Gobierno combinará el uso de la sociedad ideada para limpiar sus balances de 'ladrillo' y de los aproximadamente 40.000 millones de euros de fondos europeos que solicitará para cubrir las necesidades de capital.   
   A su parecer, el 'banco malo' se perfila como una herramienta de saneamiento bancario "más importante incluso que las ayudas de capital" que se pedirán para rellenar el déficit identificado por la consultora Oliver Wyman por más de 53.000 millones de euros.
   El 'banco malo' presenta dos ventajas: sus quince años de andadura previstos y la financiación, apuntó. "El suelo hoy puede ser un activo malo, pero adquirirá valor con el tiempo", ilustró Guindos, convencido de que el Gobierno dispone de los medios para acabar con las entidades "zombies" que "contaminaban injustamente" a las sanas.
   No obstante, Guindos aclaró que el objetivo del Ejecutivo no es la liquidación de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), sino su reestructuración y la venta de los negocios más rentables.
   "Las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tienen una parte que vale mucho y otra contaminada. Estamos separándolas, porque este método "servirá para pagar el préstamo" europeo, especificó. "El cierre 'per se', el achatarramiento, no es una alternativa", argumentó.
   Sobre si las medidas articuladas por el Gobierno para sanear y recapitalizar la banca permitirán que fluya el crédito a la economía, el ministro sostuvo que limpiar los balances de la banca es una condición imprescindible para alcanzar este objetivo, si bien reconoció que "no es la única".

Los promotores de vivienda piden "limpiar en lo posible" los balances de la banca

MADRID.- El presidente de los promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, no se opone a que las viviendas que engrosen el 'banco malo' tengan un umbral mínimo de precio de 100.000 euros, siempre que ello no dificulte su gestión, y advierte de que se deben "limpiar en lo posible" los balances de la banca.

Galindo se ha referido así a la posibilidad apuntada este miércoles por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha explicado que este umbral mínimo permitirá que posteriormente el 'banco malo' sea manejable.

"De lo que se trata es de que el 'banco malo' sea gestionable. Si no se pasan muchos pisos que compliquen la gestión no me parece mal", ha señalado en este sentido Galindo, quien cree además que cuando el Ejecutivo está haciendo ese corte es porque las viviendas que se quedará la banca, "de muy poco valor", son precisamente "las que están saliendo más rápido" de sus balances.

Ahora bien, Galindo ha hecho hincapié en que "conviene limpiar todo lo posible esos balances", para "que no queden dudas" sobre el saneamiento de la banca. Si la carga de activos que se queden las entidades financieras tras las trasferencias al 'banco malo' "pesa poco, no pasará nada".

Para evitar mayores problemas, Galindo ha valorado incluso la posibilidad de que se establezca como condición a la banca que sanee sus carteras de activos "en determinados plazos".

Por otro lado, el presidente de los promotores ha explicado que "es importante conocer también las condiciones en las que se gestionarán esos activos", ya que si, por ejemplo, estas viviendas pierden valor, ello supondrá a su vez pérdidas para todos los contribuyentes.

 "Hay que ordenar y estructurar esos productos de forma que se les dé salida en plazos de maduración de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos", ha apostillado.

Por otra parte, el consultor inmobiliario de la banca y fundador de la Red de Expertos Inmobiliarios (REI), Eduardo Molet, afirma que las condiciones que plantea el Gobierno para que la banca traspase sus activos al 'banco malo' dejará fuera a más del 36% de sus viviendas.

   En un comunicado, Molet cree que se trata de una "solución a medias" "Se atenúa el problema de los balances de los bancos más expuestos al mercado inmobiliario, pero no es suficiente. La limpieza tendría que llegar a todos los activos", añade. 

   "La principal incógnita a la que se enfrenta ahora el mercado inmobiliario es saber cuál será el precio que el Gobierno considera razonable para esos activos tóxicos", apostilla.

Blasco dice que Fabra "nunca" le reclamó que dejara el escaño y que si se lo pide lo hará

VALENCIA.- El ya exportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad e Inmigración, Rafael Blasco, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "nunca" le ha pedido que deje su escaño en el parlamento autonómico y ha precisado que, si se lo solicita, lo hará. "Siempre consideraré que su decisión es la que busca lo mejor en el interés del partido e institucionales y yo no voy a ser obstáculo en esto", ha aseverado.

No obstante, Blasco, en una entrevista en ABC Punto Radio, ha mantenido que hablar sobre esta posibilidad es "entrar en una dinámica absurda" porque, se ha preguntado, "cómo se le puede negar a una persona algo tan fundamental como es la presunción de inocencia".

En ese sentido, ha recalcado que no tiene "ningún apego a ningún cargo" y prueba de ello, ha apuntado, es que pusiera su cargo de síndic a disposición de Fabra y del grupo popular sin estar imputado. 
 
Con todo, ha apuntado que aunque "cualquier decisión que adopte el presidente" la entenderá pero ha insistido en que "no tendría ningún sentido" dejar el escaño para "depurar" si hay alguna responsabilidad, que en su caso se muestra convencido de que no, y para "respetar los principios constitucionales como el derecho de presunción de inocencia y evitar un juicio paralelo".

Sin embargo, argumenta que debe dimitir como portavoz para defenderse de "unas acusaciones sin fundamento" y que el GPP no se vea condicionado por su propia actuación en esta "situación temporal y coyuntural". "Mi dimisión ha sido voluntaria y fui yo quien se la planteé voluntariamente a Fabra en el mes de junio cuando ni siquiera había sido imputado", ha recordado.

Así, ha recalcado que lleva 24 meses sometido a "un linchamiento político" y a una serie de acusaciones "sin fundamento" cuando los delitos que le imputan "no tienen ninguna base jurídica ni ningún fundamento político". "No he intervenido en ninguna desviación de dinero ni de desvío de fondos, ni en ninguna irregularidad administrativa ni de gestión administrativa", ha recalcado Blasco.

De hecho ha apuntado que sólo estuvo al frente de la Conselleria de Solidaridad durante dos meses "del año y pico investigado con conversaciones telefónicas intervenidas". Además, ha afirmado que él no participaba ni intervenía directamente en la gestión administrativa, y que, "desde el punto de vista la tramitación de los expedientes, ha sido impecable".

Del mismo modo, ha asegurado que es "absolutamente falso" que él fuera el interlocutor en una conversación en el que se aludía a una entidad de cooperación como "Negrolandia" y en las que se decía: "primero hay que ocuparse de lo nuestro".

"No he mantenido ninguna conversación en la que se haya utilizado esa terminología, pero sin embargo se ha publicado", ha afirmado Blasco, quien ha insistido en que esas manifestaciones no tienen "ninguna relación" con él. Asimismo, ha afirmado que este diálogo "no está en el sumario ni ninguna trascripción policial habla de esa conversación con él.
En ese sentido, ha criticado que la Policía haya "seleccionado" transcripciones cuando el ordenamiento jurídico dice que lo tiene que hacer la propia jueza. "Hay de hecho conversaciones que no figuran en el sumario y que han sido utilizadas en el auto de la juez del juzgado de Instrucción nº 21", ha afirmado Blasco, que ha señalado: "hay una cantidad de anomalías, irregularidades e ilegalidades que precisamente para esto está la justicia ahora para depurarlas y aclararlas".

Bellver sustituye a Blasco en la portavocía del PP en las Corts

VALENCIA.-   Jorge Bellver ha sido nombrado nuevo portavoz del PP en las Corts tras la dimisión de Rafael Blasco con motivo de su imputación este martes en el caso de Cooperación, según han informado fuentes 'populares' .    

De esta manera, Bellver se convierte en el segundo portavoz 'popular' en las Corts desde el inicio de la legislatura, ya que comenzó siendo Blasco que, aunque no dejó el cargo, delegó sus funciones en Rafael Maluenda el pasado mes de junio.

Bellver dejará la Concejalía de Urbanismo por ser "absolutamente incompatible" con la portavocía en las Corts

VALENCIA.- El nuevo portavoz del PP en las Corts Valencianes y hasta ahora concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, ha expresado este miércoles su intención de dejar esta cartera municipal por ser "absolutamente incompatible" con la portavocía del grupo parlamentario 'popular' en la Cámara autonómica.

   No obstante, Bellver, que se ha pronunciado de este modo en los pasillos de las Corts, ha apuntado que podría mantener su acta como edil en el consistorio de la capital porque "no es incompatible" su escaño en la corporación local con el que ocupa y con su nueva responsabilidad en el Parlamento valenciano.
   A pesar de ello, no dado detalles de cuál será finalmente su situación en el Ayuntamiento de Valencia porque, según ha dicho, aún no ha hablado con la alcaldesa, Rita Barberá, de estas "cuestiones de intendencia". Ha avanzado que este jueves tratará estos asuntos con la primera edil, que se encuentra esta jornada en Madrid.
   Jorge Bellver ha precisado que tratarán "todo lo que afecta al Ayuntamiento de Valencia, a su "situación" allí y a las decisiones que tomaba en el día a día porque su elección como portavoz parlamentario conlleva "algunos cambios". Con todo, ha pedido que no se tenga "tanta prisa" en sacarle del consistorio valenciano.  
   El nuevo síndic 'popular' ha manifestado su "agradecimiento al grupo 'popular'" en las Corts y al presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, "por la confianza" depositada en él para su nueva responsabilidad parlamentaria.
   Ha indicado que para él este nuevo cargo es "importante", tanto desde el punto de vista personal como político y ha considerado que supone "un cambio trascendente" en su discurrir político. El diputado ha recordado que "el municipalismo" ha sido su "escuela" a través del Ayuntamiento de Valencia y ha destacado que ha estado dedicado a este ámbito "los  últimos 25 años" de su vida".
   Bellver ha considerado que los actuales son "momentos complicados" y ha resaltado "el paso adelante" dado por Fabra para designarlo portavoz del PP, así como su decisión de aceptarla. Así, ha valorado la posibilidad que se le ha dado de "ser el portavoz de un proyecto político que necesita en estos momentos explicar muy claramente cuáles son sus posturas y distanciarse, en la medida de lo posible, de la política de espectáculo a la que acostumbran otros".
   Ha afirmado que no es partidario de este tipo de política porque "la política es algo muy serio" a lo que se dedican personas con "unos valores y principios claros" que "hay que defender siempre"
"Esta es mi postura. A partir de ahora, cuando tome posesión efectiva de la portavocía voy a empezar a ejercer y a tomar decisiones", ha señalado.
   A su vez, ha dicho que esto será "posiblemente a lo largo de esta semana, cuando se convoque el Comité Ejecutivo" del PPCV, "en el que se dará cuenta de esta decisión" y donde se hará oficial. Ha respaldado las decisiones de este órgano y las que adopte en él Alberto Fabra.
   Preguntado por la presencia de imputados en el grupo parlamentario 'popular' y por la decisión de Fabra de que ninguno de ellos tenga protagonismo político, Bellver ha respondido que "lo que dijo el presidente ayer está claro"
"No sólo lo dijo el presidente, de estas cuestiones en el PP venimos hablando desde hace tiempo y el PP ha tomado decisiones al respecto", ha manifestado.
   A este respecto, ha agregado que "demostración" de ello es "lo que ha ocurrido hoy" con el cambio de portavoz parlamentario y la decisión del anterior portavoz, Rafael Blasco, de dejar el cargo tras su imputación por el 'caso Cooperación'. "Eso demuestra el posicionamiento del PP respeto a estas cuestiones", ha subrayado.
   El nuevo síndic del PP ha comentado que esta formación "tiene imputados" y que el PSPV "ha tenido imputados" y ha considerado que esto "no es agradable", al tiempo que ha insistido en las decisiones que los 'populares' están tomando al respecto y lo "muy claro" que está siendo.
   Tras ello, Jorge Bellver ha hecho un "llamamiento a la presunción de inocencia" y a respetarla para evitar el "mucho daño" que se puede hacer a un grupo político o a instituciones como las Corts. "No se puede jugar con estas cuestiones", ha dicho.

Capitanía estudia el plan de reflotamiento para uno de los buques y pone medidas de seguridad para el segundo

VALENCIA.- Capitanía Marítima está estudiando el plan de reflotamiento presentado por el armador del BSLE Sunrise, mientras que ha puesto una serie de condiciones al plan ideado para el buque Celia. 

   Así lo ha trasladado este miércoles el Capitán Marítimo de Valencia, Felipe Cano, en una reunión en la que se han tratado las operaciones relativas al reflotamiento de los dos buques varados frente a la playa de El Saler, el Celia y el BSLE Sunrise.
   Al encuentro han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; la concejala de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal; representantes de la Generalitat valenciana; el director del Puerto de Valencia, Ramón Ferrer; así como técnicos de Capitanía Marítima, de Salvamento Marítimo y de la Demarcación de Costas.
   En la reunión se ha informado de que Capitanía Marítima está estudiando el plan de reflotamiento presentado por el armador del BSLE Sunrise. Por lo que respecta al buque Celia, Capitanía Marítima ha puesto una serie de condiciones al plan presentado y, una vez cumplidas, comenzarán las operaciones de reflotamiento.
   En cuanto a los efectos producidos por la varada de estos buques en la playa, los técnicos de la Demarcación de Costas han determinado que la afección a la misma es transitoria y, además, reversible, puesto que el volumen total de las arenas se mantiene en la zona. Por ello, se prevé que la recuperación de la playa sea posible con la acción natural del mar y con la eventual ayuda de medios mecánicos.
   No obstante, y en el caso improbable de que esto no se produjera, la Demarcación de Costas ha previsto una cuantía inicial de 10.000 m3 de arena, por si fuera necesario realizar desde otro sitio un aporte adicional a la playa afectada con el fin de acelerar el proceso de recuperación.

Se rompe el acuerdo para elegir a la directora general de RTVV y a los consejeros de oposición

VALENCIA.- Los candidatos propuestos por el PP al consejo de administración de Radio Televisión Valenciana --Lázaro Marín, Aranzazu Calzada, Vicente Navarro de Luján y María Estela Bernard-- han sido los únicos que han sido proclamados en el pleno de las Corts de este miércoles porque solo ellos han obtenido la mayoría de tres quintos requerida, tras romperse el acuerdo para elegir a la directora general planteada por el PP, Rosa Vidal, y a los cuatro consejeros presentados por la oposición.

   En concreto, las cuatro personas planteadas por el grupo popular han logrado 92 votos, mientras que los propuestos por el PSPV, Rosa Solbes y Xelo Miralles; de Compromís, Rafael Xambó, y de EUPV, Manuel Jardí, tan solo han recabado 42, los de los diputados de los tres grupos de la oposición.
   A pesar de que tras la junta de portavoces parlamentarios de la semana pasada se anunció que esta lista de candidatos había sido consensuada, finalmente el PP no ha respaldado a los consejeros planteados por los tres grupos de la oposición y éstos tampoco han apoyado a la directora general propuesta por el grupo popular, la abogada Rosa Vidal, que ha obtenido 49 votos. PSPV, Compromís y EUPV han votado en blanco.
   Estos resultados obligarán a repetir el jueves la votación, para la que solo será necesaria mayoría absoluta. De esta forma, el consejo de administración de RTVV podría estar ocupado solo por miembros elegidos por el grupo parlamentario popular.
   El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha anunciado que recurrirá la votación por considerarla "inválida" porque, a su juicio, "no se puede proclamar un órgano a medias". El diputado 'popular' Rafael Maluenda, por su parte, ha respondido que la Mesa "ha interpretado correctamente" la nueva Ley de RTVV.
 La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha protestado desde su escaño y ha llamado "golpistas" a los diputados del PP, mientras que el presidente de las Corts, Juan Cotino, le ha llamado al orden en dos ocasiones.
   Por su parte, la síndica de EUPV, Marga Sanz, ha pedido a la Mesa un informe de los servicios jurídicos en el que explique "cómo debemos proceder mañana a la votación". Cotino le ha respondido que "se hará con arreglo a la ley y antes de la votación se dará la explicación correspondiente".
   Durante el escrutinio de las votaciones, cada vez que el presidente de la Mesa de las Corts leía una papeleta con los nombres de los candidatos del PP, diputados de la oposición golpeaban en sus mesas como señal de protesta. Asimismo, el parlamentario socialista Juan Soto llevaba un esparadrapo rojo en la boca.
   El PP y el PSPV se han acusado mutuamente de haber roto el acuerdo adoptado para elegir a los ocho consejeros y a la directora general de RTVV. En declaraciones de los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, el portavoz 'popular' en funciones, Rafael Maluenda, ha señalado que tras hablar de "condiciones asumibles", finalmente el grupo socialista ha planteado "a menos de 24 horas de la elección" pretensiones "inadmisibles".
   En concreto, Maluenda ha indicado que el PSPV ha planteado como condiciones para apoyar a Rosa Vidal paralizar los expedientes sancionadores abiertos a empleados de RTVV y rebajar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 200 trabajadores, lo que ha tildado de "chantaje". "El PSPV ha impedido que hayan sido elegidos los ocho consejeros y la directora general", ha resaltado.
   Rafael Maluenda ha explicado que en la sesión plenaria de mañana solo se podrá votar en blanco o favor de los cuatro candidatos que no han salido en las votaciones y del mismo modo en lo que se refiere a la directora general. En cualquier caso, Vidal saldrá elegida directora general, porque solo se requerirá mayoría absoluta, pero si los diputados del PP votan en blanco en los que respecta a los consejeros propuestos por la oposición, se abriría un nuevo plazo de presentación de candidatos y se votaría en el pleno del día 17.
   Preguntado por si se podría dar la circunstancia de que los 'populares' voten a los candidatos de Compromís y de EUPV y no del PSPV, Maluenda ha respondido: "se pueden dar muchas circunstancias, incluso que el grupo socialista reconsidere su decisión de hoy y mañana vote a la directora general".
   Por su parte, el síndic socialista, Antonio Torres, ha dicho que Maluenda es "el mayor enredador" y ha aclarado que el único acuerdo al que llegaron fue referente a los ocho consejeros y no a la directora general. "El PP propuso que hubiera una candidatura conjunta, cedimos todos los grupos de la oposición y se planteó", ha indicado.
   Con posterioridad , tras conocer la propuesta de la directora general y escucharla en comisión, Torres trasladó al vicepresidente del Consell, José Císcar, y a Rafael Maluenda que los socialistas podrían "reconsiderar" su posición inicial "siempre y cuando se paralizaran los expedientes disciplinarios a los 55 trabajadores y que el ERE se rebajara".
   "Si estas condiciones se cumplían, estábamos dispuestos a cambiar de posición, pero nos dijeron que era imposible", ha señalado Torres, quien ha acusado al PP de tratar de impedir que la oposición pueda tener representación en el consejo de administración de RTVV.
   Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha manifestado la "absoluta preocupación" de este grupo por "las formas utilizadas por el PP en estas Corts" con "el consentimiento" del jefe del Consell, Alberto Fabra. "Consideramos que la democracia va a padecer mucho. Estamos visualizando un PP en descomposición y un grupo parlamentario que está desorientado y vulnerando principios de la democracia", ha planteado en este sentido.
   Morera, que ha señalado que "el PP no es de fiar", ha explicado que ha preguntado a Fabra, "si estaba en la maniobra" del grupo 'popular' y ha indicado que le ha dado a entender que "sí". Ha opinado que Fabra es "un presidente débil y considera una "urgencia democrática" cambiar el Consell y una mayoría "que ya no tiene y que está vulnerando acuerdos fundamentales para la salud democrática".
   Del mismo modo, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha acusado a los 'populares' de "amenazar a las Corts, la democracia y la pluralidad" y ha señalado que "hemos asistido a una irregularidad manifiesta en la votación", ya que "hoy se elegía a todo el consejo, no a candidatos sueltos", ha explicado.

La Comunitat Valenciana, líder en desahucios con 9.370 operaciones en el primer semestre

MADRID.-   La Comunitat Valenciana es la autonomía que ha registrado mayor cantidad de desahucios solicitados ante los juzgados en el primer semestre de 2012, al aglutinar un total de 9.370 operaciones, según el estudio 'Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales' elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   A nivel nacional, el número de lanzamientos --procedimientos de desahucio-- solicitados a los servicios comunes también ha sido el mayor de la historia en el segundo trimestre de 2012, un total de 18.668, un 13,4 por ciento más que en el segundo trimestre de 2011.
   En lo que se refiere a las ejecuciones hipotecarias, el número de las iniciadas en el segundo trimestre asciende en la Comunitat Valenciana a un total de 4.162, un dato ligeramente inferior al registrado en el primer trimestre en el que se alcanzaron 4.731.
   A nivel nacional, los datos apuntan que se han registrado un total de 23.421, lo que supone un 14,2 por ciento superior al mismo trimestre de 2011.
   Por su lado, el informe también informe sobre procesos concursales. Así, en lo que respecta a concursos de acreedores iniciados, se han registrado en el segundo trimestre un total de 432 en la Comunitat Valenciana.
   Por provincias, Valencia ha sido la que ha registrado la mayor cantidad de procesos, al aglutinar un total de 251; seguida de Alicante, con un total de123; y Castellón con un total de 58 concursos iniciados.

Marruecos podría aplicar en sus tomates 56 sustancias activas prohibidas en la UE, según COAG

MADRID.- El acuerdo de libre comercio agrícola entre la UE y Marruecos, que ha entrado en vigor esta semana, deja "barra libre fitosanitaria" a las producciones del reino alauita, según denuncia la organización agraria COAG, que advierte de que Marruecos podría utilizar para el tratamiento de plagas en el cultivo de tomate al menos 56 sustancias activas prohibidas en la UE.

   COAG ha realizado un estudio a partir de datos oficiales de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, en el que recoge aquellas materias activas que están prohibidas en España para las formulaciones fitosanitarias en tomate pero que, sin embargo, para las importaciones de terceros países tienen fijado un límite máximo de residuos que "en la práctica supone el visto bueno para su posible utilización en cultivos".
   Por este motivo, la organización agraria ha pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que, durante la cumbre hispano-marroquí que se celebra en Rabat, exija a las autoridades marroquíes "avances sustanciales y tangibles" en la reducción de fitosanitarios prohibidos en la UE.
   Asimismo, ha reclamado que el Gobierno refuerce los controles en frontera para evitar que entren al mercado comunitario productos con un límite de residuos mayor del permitido.
   "La hipocresía de las autoridades comunitarias y la tibieza del Gobierno español está pasando factura a los productores españoles de frutas y hortalizas, que se encuentran indefensos ante la competencia desleal de estos productos", lamenta COAG, que señala que "las reglas del juego tienen que ser iguales para todos".
   La organización apuntó además que esta situación contrasta con los esfuerzos de los agricultores españoles para reducir el uso de "químicos" en sus cultivos.
   Según sus datos, en España, la práctica totalidad de las hectáreas de frutas y hortalizas tiende al cultivo con técnicas de producción integrada y el 80% del cultivo en invernadero utiliza ya la lucha biológica para combatir las plagas.

Sanidad informa a las CCAA del presupuesto "austero" que tendrá para 2013

MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentará este miércoles a las comunidades su presupuesto para 2013 que, según ha reconocido la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, es "austero" pero "comprometido con las personas y las políticas sociales", en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra en la sede del Ministerio.

   La número dos del departamento de Ana Mato ha hecho declaraciones justo antes de una reunión en la que, a diferencia que en otras ocasiones, no contará con una rueda de prensa al final en la que la ministra informe de los principales acuerdos adoptados en el Consejo.
   En los presupuestos presentados por el Gobierno el pasado sábado se establecía que la partida destinada a las políticas sanitarias disminuía un 3 por ciento con respecto a 2012, mientras que el presupuesto para el departamento de Ana Mato descendía entre un 15 y 22 por ciento, si se tiene en cuenta que parte de la dotación de 2013 se destinará a pagar deudas de años anteriores.
   Una de las partidas del presupuesto que más bajan con respecto al presupuesto de este año es la destinada al Fondo de Cohesión del SNS, que pasa de tener 93,29 millones a 36,29 millones. No obstante, Farjas ha reconocido que dicho fondo, que se gestionará "como un fondo extrapresupuestario" al igual que el Fondo de Garantía Asistencial.
   De hecho, Farjas ha destacado que ambos fondos son "el instrumento más potente que hay para garantizar que los españoles son atendidos con igual calidad en cualquier lugar en que se encuentren".
   Asimismo, ha negado que el Fondo de Cohesión vaya a pasar a depender del Ministerio de Hacienda, tal y como ha afirmado la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero.
   En este aspecto, ha insistido en que se gestiona a través de una ponencia técnica en la que participan todas las comunidades, y que sólo será la liquidación de los fondos lo que se haga a través de los planes de financiación autonómicos.
   Durante la reunión con los consejeros, Farjas también ha informado de que se aprobarán los convenios especiales para que los inmigrantes que no tengan tarjeta sanitaria puedan ser atendidos como el resto de los ciudadanos, mientras que también se actualiza el desarrollo de la Plataforma Centralizada de Compras de medicamentos y productos sanitarios, que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros.

La Audiencia de Castellón rebaja en un millón de euros la fianza impuesta a Carlos Fabra

CASTELLÓN.- La Audiencia de Castellón ha estimado un recurso del expresidente de la Diputación y del PP de la provincia Carlos Fabra en la causa en la que está procesado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, y le ha rebajado la fianza impuesta en 1,05 millones de euros, por lo que queda en 3,21 millones.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Nules ordenó la apertura de juicio oral el pasado 20 de enero y se estableció una fianza para Fabra de 4,2 millones de euros, de 1,7 para su exesposa, María Amparo Fernández, y 800.000 euros para Vicente Vilar y su exmujer.
Asimismo, el juzgado rechazó el recurso presentado por Fabra y su exmujer, los cuales recurrieron nuevamente.
La defensa de Fabra afirmaba que las fianzas impuestas a él y su exesposa son inadecuadas por imponerles "el doble del valor de lo defraudado" presuntamente a Hacienda.
La Sección Segunda de la Audiencia, en un auto hecho público hoy, resuelve el recurso y establece que sí es posible revisar la fianza en este momento procesal, previamente al inicio del juicio, y hace un nuevo cálculo basado en el valor de lo supuestamente defraudado.
El magistrado explica que la fijación de la fianza es un "juicio de provisionalidad asegurativo de una posible condena futura", y, en todo caso, debe ser "proporcionada" para que no se convierta en "una pena anticipada no compatible con la presunción de inocencia".
El auto desgrana las cantidades que solicitaron las partes por cada uno de los delitos de los que se acusa a Carlos Fabra: cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.
En cuanto al delito continuado de cohecho, el magistrado de la Audiencia Provincial explica que la inclusión del mismo en la causa es una cuestión pendiente al estar recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que la fijación de la cuantía es "meramente provisional" y por tanto es posible modificarla.
Así, establece la multa en una cuantía de 16.400 euros, muy inferior a lo solicitado por las acusaciones, que oscilaba entre los 600.000 y los 450.000 euros, porque según argumenta, "se habían hecho los cálculos basándose en el Código Penal anterior".
Sobre el delito de tráfico de influencias, el auto explica que se deduce del escrito de acusación de la Unión de Consumidores que el supuesto delito tuvo unos "presuntos beneficios" y por ello fija una cantidad de 440.000 euros.
En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, el magistrado afirma que es correcto solicitar el doble de las cantidades supuestamente defraudadas en tres de los cuatro periodos en los que se supone que se produjo el fraude.
Sin embargo, en el cuarto la cantidad asciende a 124.078 euros, muy cerca del límite establecido de 120.000 euros, por lo que "se ha de aplicar la cuantía defraudada", y no el doble de la misma. De la suma de los cuatro periodos se obtiene como resultado un total de 1.262.070 euros.
Sobre la posible responsabilidad civil para indemnizar a la Hacienda Pública, ésta se fija, según el magistrado, en las liquidaciones realizadas por los delitos contra la Hacienda Pública, y que suman un total de 693.074 euros.
Por todo ello, el magistrado suma 693.074, 1.262.070, 440.000 y 16.200 euros, que da como resultado 2.411.344, a lo que se le ha de sumar un tercio de la misma según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que eleva la fianza a imponer a 3.215.126 euros, 1.055.733 menos de lo inicialmente establecido por el Juzgado de Nules.

El Gobierno traslada a las CCAA que su problema es financiarse y no aliviar el déficit

MADRID.- El Gobierno ha respondido a las CCAA que han reclamado un reparto diferente de la carga del déficit entre el Estado y las regiones, que el problema no es poder tener más o menos déficit, sino de que no se pueden financiar en los mercados, según informaron fuentes del Ejecutivo.

   Todas las CCAA han mostrado durante la reunión de hoy de la Conferencia de Presidentes, que se está celebrando desde esta mañana en el Senado presidida por Mariano Rajoy, su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit público.
   Sin embargo, varias de ellas, sobre todo las presididas por dirigentes socialistas y Cataluña, han pedido que se redistribuya la carga del déficit y que el Gobierno reparta el 'oxígeno' que le da Bruselas al ampliarle el cumplimiento de los objetivos.
   Pero la respuesta del Gobierno a este planteamiento ha sido negativa, ya que, según las fuentes consultadas, el problema no está tanto en que las regiones puedan tener un déficit mayor o menor, sino que está en que no se pueden financiar en el mercado.
   Fuentes de Moncloa han reconocido que es "legítimo" que cada autonomía quiera "mejorar" su posición a la hora de repartir la carga del déficit pero subrayan, además, que "no toca" llevar este tema a la Conferencia de Presidentes sino al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, creen que no es factible abrir esa discusión en plena senda de consolidación fiscal.

Se revisarán los criterios de reparto del déficit

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que la Conferencia de Presidentes ha acordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) establezca un procedimiento de cara al 2013 para determinar los criterios de reparto de los objetivos de déficit público a partir del año 2014.
   Rajoy ha hecho este anuncio en una multitudinaria rueda de prensa en el Senado al término de la reunión de la V Conferencia de Presidentes, que ha concluido con un acuerdo unánime de todos los presidentes en torno a una declaración sobre la situación económica de España y el futuro de la Unión Europea.
   Los criterios de reparto sobre el cumplimiento del déficit ha sido uno de los caballos de batalla de algunas comunidades en esta cita autonómica, en especial de las gobernadas por los socialistas, además de Cataluña y Canarias, según fuentes del Gobierno. De hecho, la Junta de Andalucía anunció públicamente que presentaría una propuesta formal con esa petición para redistribuir mejor el esfuerzo.
   Ese documento arranca con el compromiso de la Administración central y autonómica de "superar los desequilibrios" y "recuperar la senda del crecimiento", haciendo hincapié en el argumento de que las comunidades autónomas "no son el problema sino parte de la solución". En este punto, expresan su "compromiso" con la consolidación fiscal, "imprescindible para recuperar la confianza" en la economía española.
  "Esto es muy importante porque ayuda a la confianza en nuestro país", ha enfatizado Rajoy, tras recordar que es "bueno" lanzar este mensaje porque España es un país "fuertemente descentralizado". A su entender, reducir el déficit "nunca es malo" sino que lo que es malo es "gastar lo que no se tiene".
   El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que todas las administraciones "van a hacer cuánto esté en sus manos para cumplir los objetivos de déficit". Ha subrayado que eso es un "buen mensaje de cara a los mercados" y ha recordado que, aunque ahora España tiene un "déficit público muy elevado", llegó a tener superávit "no hace muchos años".
   En ese marco de corresponsabilidad y cooperación, las comunidades se han comprometido cumplir los objetivos de reducción del déficit estructural y han acordado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca un procedimiento de cara al próximo año para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de los objetivos de déficit derivados de la senda de consolidación fiscal fijada en el seno de la UE", analizando los conceptos de gastos y servicios sostenidos por cada una de ellas, según reza en el documento suscrito en esta reunión.
   Rajoy ha querido dejar claro que en 2013 no se va a aplicar un nuevo reparto del déficit porque "no es bueno de cara a los mercados". 
"Por eso no se va a producir en 2013 sino que se trata de plantearlo en 2014 a la vista de la evolución de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas", ha explicado.
   Tras insistir en que el "objetivo capital" es que España cumpla con sus compromisos con la Unión Europea, ha señalado que "no tiene inconveniente" en que se produzca un debate sobre el reparto de la carga en 2014. "Ahora no tendría sentido y, desde luego, tanto la Administración central del Estado como las comunidades y la Seguridad Social tienen que hacer un esfuerzo conjunto para superar esta situación", ha añadido.
   El presidente de Gobierno ha destacado la "importancia" de la Conferencia de Presidentes porque, según ha dicho, se ha ocupado de los temas que "preocupan" a los ciudadanos con el fin de "afrontar la crisis y resolver los problemas de los españoles".
   Además ha expresado su satisfacción por el documento que han apoyado todos los asistentes aunque se trate de "puntos de encuentro que son generales".
 "A mi me reconforta y creo que nos debe reconfortar a todos", ha exclamado, tras recordar que había personas de partidos políticos diferentes.
  "Creo que hoy España da un buen mensaje, hay acuerdo y puntos de encuentro en temas muy importantes. Todos hablamos de la necesidad de hacer reformas, de la consolidación fiscal, del déficit público. Le doy mucho valor y por eso agradezco el esfuerzo de todos", ha destacado.
   Aparte de expresar su compromiso con el déficit y establecer un nuevo sistema para determinar los sistemas de reparto, el documento apoyado por todos los presidentes abre la puerta a revisar la financiación autonómica. Así, señala que corresponde al Comité Técnico Permanente de Evaluación analizar el efecto de la aplicación del sistema de financiación e informar sobre los resultados de ese análisis al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, "tomará, en su caso, la decisión oportuna".
   Asimismo, el texto señala que es imprescindible seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas a fin de favorecer el crecimiento y la creación de empleo. También apoya las reformas estructurales en Europa, en el marco del 'Pacto por el Crecimiento y el Empleo' recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio.
   Igualmente, sostiene que la actual tensión financiera y las dudas sobre la viabilidad de la moneda única, hacen necesaria la disponibilidad de instrumentos - como el Banco Central Europeo- que "garanticen el acceso a una financiación adecuada", no solo a las Administraciones Públicas, sino también al sector privado, con especial consideración a las pequeñas y medianas empresas.
    Finalmente, se constata que la actual crisis económica ha puesto de relieve las deficiencias de la arquitectura institucional de la zona euro. Por ello, respalda la iniciativa del Consejo Europeo del pasado mes de junio de "avanzar sin reservas en la integración europea".
 "El presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades comparten sin reservas el objetivo común de contribuir al avance de Europa y la estabilidad del euro, como fundamento y marco para la recuperación económica y la prosperidad futura de nuestro país", finaliza el documento.

Compromís critica "la falta de información" por parte del gobierno local sobre "la destrucción del Saler"

VALENCIA.- La concejala del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Pilar Soriano ha criticado este martes, tras haber quedado varados dos mercantes en el Saler por el temporal del pasado viernes, "la falta de información" por parte del gobierno local, en manos del PP, sobre la "destrucción" de esta playa.  

   Soriano, que se ha pronunciado de este modo en un comunicado, ha preguntado "por qué la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la concejala de Playas, Lourdes Bernal, han hecho dejación de sus funciones en la destrucción de la playa del Saler".
   Ha censurado, en este sentido, que no se haya mantenido informados a las ciudadanas y ciudadanos de Valencia. "Aún estamos esperando aunque sea un mínimo comunicado al respecto", ha planteado la edil de Compromís.
   Pilar Soriano ha señalado que la concejala de Playas "tendría que haber dado las explicaciones oportunas, en primer lugar porque es concejala de playas de Valencia y la playa del Saler es, quiera o no quiera Bernal, una playa de Valencia y, por tanto su negociado".
   "Por mucho que todo el operativo sea responsabilidad de Capitanía Marítima, Lourdes Bernal al menos tenía la obligación de dar toda la información pertinente y sólo nos hemos encontrado un silencio inexplicable y que ralla la dejación de funciones", ha criticado.
   La representante de Compromís ha afirmado que los miembros de esta coalición están "muy preocupados por la destrucción de la playa del Saler" y "por los altos costes que supondrán volver a dejarla en su estado anterior".
 "Por todo ello, exigimos al Ayuntamiento que recabe todos los informes de todas las administraciones públicas para poder tener toda la información y poder valorar, con mayor detenimiento y mayor información, este hecho", ha declarado.
   Por otra parte, Soriano ha lamentado "la ausencia de la Policía Rural para proteger las dunas del Saler ante la avalancha de curiosos que se acercan a ver el espectáculo de los dos barcos varados". "La Policía Rural debería tener un dispositivo especial para evitar que, con la excusa de los visitantes, se acabe por dañar un ecosistema tan frágil como las dunas de la Devesa", ha planteado.

La playa de El Saler se restaurará "sin problemas" tras la marcha de los barcos

VALENCIA.-   La concejala delegada de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, ha destacado que el consistorio está trabajando en coordinación con Capitanía Marítima y con la Demarcación de Costas para garantizar que los buques varados en la playa de El Saler no producen ninguna afección al medio ambiente de este espacio natural y la zona se restaurará "sin problemas".

   La edil ha confirmado que "no se ha producido ningún daño medioambiental" en la playa de El Saler, una franja de arena ha sido desplazada a causa del estancamiento de estos grandes buques muy cerca de la playa, pero "la arena no se ha perdido, sino que simplemente se ha desplazado, como ha confirmado la Demarcación de Costas, y por lo tanto esta zona podrá volver a ser restaurada sin problemas e inmediatamente después de que sean reflotados los barcos".
   La concejala ha indicado que en coordinación entre el ayuntamiento, Capitanía Marítima y Demarcación de Costas, se va a proceder a colocar vallas protectoras en la zona en que se ha originado el talud de arena, para evitar que los paseantes y curiosos se acerquen a la orilla, en prevención de cualquier riesgo que pueda surgir durante las operaciones para el reflotamiento de los buques.  
   Lourdes Bernal ha apuntado que se exigirá a las compañías navieras que costeen cualquier daño que hayan producido sus barcos así como el coste de la regeneración de la playa. No obstante, como ha insistido la edil, "no se ha producido ningún peligro medioambiental y en poco tiempo se podrá dejar la playa tal como estaba".
   En este sentido, Bernal ha lamentado las declaraciones del grupo municipal de Compromís. "Están buscando el sensacionalismo para hacer política y deberían informarse mejor, sin ningún tipo de ética quieren aprovecharse de situaciones provocadas por la naturaleza y de catástrofes que no son atribuibles a ninguna administración", ha explicado.
   Bernal se ha preguntado además "¿por qué la concejal Pilar Soriano de Compromís ni siquiera ha llamado por teléfono ni a la concejalía, ni al servicio de Playas, para informarse un poco por la situación de la playa de El Saler?". Además ha apuntado que si tan preocupada está, "cómo es que no se ha informado"
 "Esta es una prueba de lo poco que le importa la playa, la arena, los buques y la protección medioambiental. Demuestra que lo suyo es el sensacionalismo barato y poco más", ha criticado.
   Lourdes Bernal ha recordado que su "responsabilidad" es con los valencianos y con las administraciones y por supuesto con la alcaldesa, y "por eso mientras Soriano se dedica a no informarse y a escandalizar, desde la concejalía de Playas estamos desde el mismo viernes por la noche en contacto con todas las delegaciones y con las administraciones que corresponden trabajando en este tema, siguiendo la evolución de los buques encallados y su afección a nuestras playas".

Fabra respeta que Blasco mantenga el escaño

MADRID.- El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha destacado que "respeta" la decisión del hasta ahora portavoz del PP en las Cortes Valencianas Rafael Blasco, de mantener su escaño en la cámara autonómica pese a estar imputado en la llamada 'causa de la Cooperación' porque las actas "son personales" y cada uno "puede hacer lo que considere porque es su derecho". Eso sí, ha matizado que el exportavoz --que ya ha anunciado que sí renuncia a ese puesto-- lo que no tendrá es responsabilidad dentro del grupo porque, según ha dicho, "un imputado no debe tener protagonismo en un partido".

   Así lo ha manifestado el presidente valenciano en Madrid --donde ha participado en la V Conferencia de Presidentes-- en respuesta a los periodistas que le han pedido una valoración sobre la imputación de Blasco en la 'causa de Cooperación' y si considera que debería dejar su escaño, así como la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, estos por el 'caso Brugal'.
   En opinión de Fabra, hay además que "defender y poner en valor" la presunción de inocencia, ya que el hecho de que "uno esté imputado no implica que sea culpable". No obstante, ha remarcado que "por parte del PPCV, las personas sometidas a procesos judiciales no van a tener responsabilidades políticas".
   Asimismo, ha recordado que ya habló con Rafael Blasco hace unos meses y ha afirmado que éste "era consciente" de que en el momento en el que se produjera una imputación, dejaría de ser portavoz. Por ello, ha confirmado que en el pleno de las Cortes que tendrá lugar este miércoles, Blasco ya habrá dejado de ser oficialmente portavoz popular en el parlamento valenciano. De hecho, en los últimos ha sido Rafael Maluenda el que ha desarrollado estas funciones.
   Preguntado por si hubiera preferido que Blasco hubiese dejado su acta de diputado, Fabra ha recalcado el hecho de que es "algo personal" y una "cuestión propia", pero que una imputación no implica culpabilidad. Aun así, ha reconocido que "otra cosa muy diferente es que "un imputado, inmerso en un proceso judicial, no debe tener protagonismo dentro de un partido", y por ello, "Blasco tiene, dentro de la línea de actuación, que dejar su responsabilidad siendo diputado para seguir defendiendo su inocencia".
   Fabra ha puntualizado que los estatutos de la formación dejan claro que cualquier persona imputada debe someterse a un expediente informativo, el cual será analizado por el comité de derechos y garantías, que tomará la resolución "que considere oportuna".
   "El partido es el que más énfasis pone en lo que respecta a la honestidad, honorabilidad y apertura de expedientes por anuncio de juicios o imputaciones que pueda recibir cualquier miembro", ha aseverado.
   Finalmente, preguntado por su valoración sobre el hecho de que en la bancada popular en las Cortes haya varios parlamentarios implicados en causas judiciales, Fabra ha señalado que "es conveniente" mantener el criterio de la presunción de inocencia y por ello, ha reivindicado poner en valor este derecho para "todos los compañeros del PP".