jueves, 30 de octubre de 2008

Leroy Merlin inaugura su primera 'tienda verde' en Gandia

GANDÍA.- La empresa Leroy Merlin inauguró hoy su primera 'tienda verde' en la localidad valenciana de Gandia, que representa "la primera gran superficie de distribución de España y Europa que incorpora el mayor número de medidas sostenibles en construcción, gestión y utilización responsable de recursos naturales", según indicaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Leroy Merlin Gandia es la primera tienda de la compañía en España y Europa en aplicar en sentido global el proyecto Leroy Merlin Verde, una iniciativa "en constante proceso de revisión, mejora y perfeccionamiento de medidas sostenibles aplicadas a la construcción de sus tiendas en base a la viabilidad tecnológica y económica de su implantación", explicaron las mismas fuentes.

La nueva tienda, que pretende dar servicio a unos 280.000 personas, está ubicada en el Polígono Comercial Benieto y cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados de sala de venta y 10.300 metros cuadrados de superficie construida sobre terreno propiedad de Leroy Merlin.

Este espacio ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y da empleo a un equipo de 200 colaboradores oriundos de la comarca valenciana de la Safor, de los que 154 son puestos directos, con un 100 por cien de contratación fija. Además, ha supuesto la generación de otros 46 empleos indirectos.

El director de Desarrollo de Leroy Merlin, José Luís Azañón, destacó que Gandia representa un "importante paso" de la estrategia de expansión de la empresa, ya que, por un lado, se da cobertura a la vivienda del litoral mediterráneo y, por otro, constituye uno de los "primeros eslabones de todo un gran proyecto de responsabilidad medioambiental del que la empresa se siente especialmente orgullosa de poner en marcha".

Asimismo, el director general de Leroy Merlin, Daniel Iriarte, apuntó que esta empresa "desea adoptar aquellas medidas que contribuyan a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad económica y a garantizar el uso de las medidas tecnológicas de más reciente implantación".

El número de tiendas de Leroy Merlin en la Comunidad Valenciana asciende a siete, situadas en Alicante, Alboraya, Aldaia, Massanassa, la Pobla de Vallbona, Gandia y Castellón, con lo que da empleo a más de 1.300 puestos de trabajo, de los que un 92% corresponden a empleo fijo.

Las placas solares instaladas en la cubierta de Leroy Merlin Gandia generan 100 kilowatios de potencia. Así, la producción anual de la planta será de 162.421 kilowatios por hora, lo que equivale al consumo de 61 hogares españoles.

Asimismo, se disminuirá el consumo de agua mediante la recogida y aprovechamiento de las aguas pluviales y de condensación de las máquinas de climatización. El agua recuperada se utilizará en urinarios e inodoros, así como en el riego de parterres y jardines.

Del mismo modo, se implantarán en la nueva tienda medidas encaminadas al ahorro de energía como un sistema de iluminación eficiente, una mejora de aislamientos y el control integral del edificio.

Además, Leroy Merlin ha presentado el proyecto pedagógico Eco-opciones, un conjunto de productos y soluciones que contribuyen a la utilización eficiente y sostenible de recursos naturales básicos como el agua y la energía; productos que contribuyan a crear hogares y jardines más sanos; y productos para el aprovechamiento de energías renovables.

En libertad la alcaldesa, el edil y el abogado del Ayuntamiento de San Fulgencio

ORIHUELA.- La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, también del PSPV-PSOE, y el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos han quedado hoy en libertad tras prestar declaración judicial ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela. Los tres mantienen su condición de imputados.

Bajo esta misma situación ha quedado el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos Calabria, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los tres mantienen su condición de imputados en la causa abierta "para la investigación de presuntos delitos urbanísticos" y deberán comparecer en el juzgado cada quince días para firmar, según han añadido las citadas fuentes.

El abogado de ambos ediles, José Pardo Geijo, ha apuntado que "no hay nada de corrupción urbanística", pues, según ha añadido, "aquí todo es un problema de dogmática penal, es decir, saber si lo que ha pasado -hecho que ha eludido explicar- es delito o no".

"A mi juicio, no es delito y no procedía ante el juzgado realizar las detenciones", según el abogado, quien ha afirmado que "no hay corrupción política".

Por su parte, el abogado de Juan Antonio Ramos Calabria, José Miguel Porras, ha indicado que "no hay imputación por cargos de cohecho, tramas urbanísticas de las que se hablan o de esa naturaleza de delitos".

La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil, por otro, fueron conducidos a las 12,30 horas en dos coches camuflados de la Policía hasta el garaje de los juzgados oriolanos, desde donde fueron trasladados a otras dependencias judiciales.

Asimismo, está previsto que los otros tres detenidos en la misma operación -otro concejal socialista y dos ediles independientes- comparezcan mañana ante la juez.

"Caso Bigastro"

Por otra parte, la Policía ha comunicado a primera hora de esta tarde a la juez de guardia de Orihuela que los cuatro detenidos en Bigastro -el alcalde del municipio, el socialista José Joaquín Moya, el secretario del Consistorio, y dos empresarios locales- serán puestos a disposición judicial mañana, a partir de las 9.00 horas, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La detención del primer edil de Bigastro se produjo el pasado martes, 28 de octubre, por parte de efectivos de la Guardia Civil, que practicaron varios registros en su despacho municipal y en su vivienda particular, y después lo trasladaron a las dependencias del cuartel de Jacarilla.

Desde el pasado mes de febrero agentes de la Guardia Civil venían acudiendo al Ayuntamiento cada quince días para reclamar documentación municipal sobre las subastas y permutas de suelo municipal en zona verde. Este terreno, más de cinco mil metros cuadrados se convirtió después en suelo para zona industrial.

El equipo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil y la juez del juzgado número 3 de Orihuela investigan una permuta de suelo de 1.600 metros en abril de 2005. A cambio de ese suelo municipal el empresario que lo adquirió entregó un local valorado en 180.000 euros en la calle La Purísima, de Bigastro.

Según pudo conocer el periódico "Información" fue el propio alcalde el que propuso informalmente al empresario realizar la permuta, y no al revés, para hacerse con el citado local para el patrimonio local.

Tanto el primer edil como el secretario del Ayuntamiento y los dos empresarios locales permanecen detenidos desde el pasado martes a la espera de pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil está siguiendo la pista del patrimonio inmobiliario y de las cuentas bancarias del alcalde de Bigastro y ex senador socialista, que ha sido suspendido de militancia en el PSPV.

A Moya se le imputan los delitos de cohecho, malversación y contra la ordenación del territorio en relación a la subasta de unas parcelas de zonas verdes para suelo industrial y la contraprestación de uno de los adjudicatarios.

Las pesquisas se centrarían, al margen del presunto delito contra la ordenación del territorio por realizar el cambio de uso del suelo sin modificar el Plan General, en el modo de pago empleado de ese dinero al empresario y el destino final de ese abono.

Además estas adjudicaciones de suelo que la Guardia Civil investiga en el marco de la operación por la que se ha detenido al alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, se realizaron con precios tasados con cuatro años de desfase. Se concretaron en 2005 con trabajos de tasación fechados en 2001.

José Joaquín Moya ha mantenido el control de los asuntos urbanísticos locales desde finales de los noventa hasta el actual mandato haciendo compatible la Alcaldía con la delegación de Urbanismo.

A raiz de este procedimiento el juzgado habría autorizado meses atrás una investigación exhustiva del patrimonio personal del primer edil y de todos los miembros de su familia.

La "operación Bigastro" podría aumentar su nómina de arrestados con al menos un par de personas más una vez concluyan las diligencias de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil.

Ramos Calabria, asesor legal de San Fulgencio y Bigastro

El abogado murciano Juan Antonio Ramos Calabria fue detenido en el marco de la operación desplegada por la Policía Nacional en San Fulgencio.

El despacho murciano de abogados de este experto en administración local, urbanismo y derecho administrativo, es conocido en la Vega Baja por ofrecer asesoramiento legal a varios ayuntamientos, sobre todo representando los intereses de esos municipios en asuntos urbanísticos.

Es el caso de San Fulgencio y Bigastro, aunque se trata tan solo de una coincidencia y los asuntos investigados en ambos municipios no tendrían nexos de unión, según fuentes cercanas al caso.

El arresto de Ramos Calabria causó gran sorpresa en el ámbito de la administración local. Esta consultoría vela por salvarguardar la legalidad urbanística y administrativa de muchas actuaciones.

De hecho todavía a primera hora de la mañana de ayer se apuntaba en Bigastro la posibilidad de que este abogado fuera el que defendiera al alcalde José Joaquín Moya y al secretario interventor municipal Antonio Saseta, arrestados en la denominada Operación Bigastro.

El abogado Ramos Calabria, que figura como profesor universitario de la UCAM, y miembros de su equipo han estado presentes en el Ayuntamiento de San Fulgencio, durante casi todas las jornadas de la semana pasada en maratonianas reuniones con miembros del equipo de gobierno.

El letrado no llegó a hacer declaraciones sobre el fondo de este asunto derivado de la difusión de un vídeo en el que el concejal Manuel Barrera aceptaba dinero de supuestos promotores.

Esta firma también especializada en asesoramiento a empresas también fue aludida en su día como la contratada por el Ayuntamiento de Orihuela para realizar informes sobre el pliego de condiciones del concurso de recogida de basuras de Orihuela en 2006, paralizado por las grabaciones en las que se hablaba de un presunto amaño del concurso a cambio de dinero.

Su despacho ha representado también durante meses los intereses del alcalde del PP de Totana imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.

Valencia entre las comunidades con peor calidad sanitaria, según enfermos crónicos

MADRID.- Madrid, Castilla y León, Valencia, Murcia y Asturias son las comunidades autónomas donde más ha empeorado la atención sanitaria en el último año, mientras que el 'polo opuesto' se encuentran Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, según se desprende del estudio 'La salud del sistema' realizado entre enfermos crónicos por la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas y la Universidad Complutense de Madrid.

En el caso de Madrid, los usuarios valoran negativamente aspectos como las listas de espera para acceder a un especialista, el tiempo de espera para conocer los resultados de los análisis o las listas de espera para una intervención quirúrgica. Este último aspecto obtiene la nota más baja de todo el territorio nacional.

Según señaló en la presentación del estudio en la sede de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU), la vicepresidenta de esta asociación, Ana Etchenique, estos datos reflejan que, "a pesar de lo que diga Esperanza Aguirre, sí se está privatizando la sanidad".

"La sanidad pública es fundamental, sobre todo para las personas con escasos recursos económicos", insistió. Etchenique también pronosticó que la situación "no se va a poder recuperar en 40 años" y arremetió contra los hospitales nuevos abiertos en la comunidad. "Son sólo ladrillos", aseveró.

El líneas generales, la mayoría de los encuestados afirma que la situación de la sanidad "está igual ahora que hace un año". De cara al futuro, un 39,5 por ciento cree que la situación permanecerá estable mientras que un 16,2 por ciento opina que el sistema empeorará.

El documento también refleja la alta valoración que tienen los usuarios del sistema sanitario a nivel nacional, con 7 puntos sobre 10. Las mujeres tienen una percepción algo más negativa del funcionamiento del sistema sanitario en comparación con los hombres.

Entre Los aspectos más valorados por los usuarios se encuentran la confianza y seguridad que transmiten los médicos. En este sentido, el presidente de la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, José Antonio Herrada, explicó que la percepción del sistema sanitario "es buena" mientras que los encuestados tienen una visión "más negativa" de la gestión.

Además, el estudio constata que la media de espera en una consulta es de 31 minutos en toda España. País Vasco es la comunidad con el menor tiempo, con una media de 26 minutos, mientras que Castilla-La Mancha se sitúa en el polo opuesto, con una media de 39 minutos. También aparecen a la cola Andalucía, Galicia y Madrid.

Por otro lado, los participantes en el estudio explicaron que, en la presente edición, no han tenido en cuenta el impacto de la Ley de Dependencia, una circunstancia que sí aparecerá reflejada en el próximo informe. De todos modos, lamentaron que las ayudas "no estén llegando" y recordaron que las familias "son las que se están haciendo cargo de los dependientes".

Herrada también denunció que la actual Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud "no cumple sus objetivos". "La ley no está para hacer más cómoda la gestión, sino para ayudar a los usuarios", aseguró. Por último, reclamó más atención para los enfermos crónicos.

El Banco de España aboga por reformar el modelo financiero internacional para evitar futuras crisis

VALENCIA.- El director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, apostó hoy por reformar el modelo financiero internacional (que llamó modelo originar para distribuir) para que la próxima crisis económica no sea "igual o de la misma intensidad" que la actual.

"Es necesaria la reforma", señaló Roldán durante su intervención en el XVII Congreso de Auditores que se celebra estos días en Valencia, donde señaló que no es el modelo que se ha aplicado en España porque no consideró rentable tras analizar la posible creación y consolidación del mismo.

No obstante, señaló que la globalización financiera obliga a España a preocuparse por la evolución y reforma de este modelo, ya que hoy en día "el problema de una hipoteca en Tenneesee acaba produciendo problemas en bancos de cualquier otro lugar".

Así, hizo unas recomendaciones para abordar el cambio de este modelo, empezando por la necesidad de que los elementos financieros complejos no reciban el mismo rating que otros tradicionales porque implican riesgos diferentes y aportan mayor inestabilidad.

En esta misma línea, apostó por reducir la complejidad de los elementos financieros, ya que ha sido esa misma complejidad la que ha supuesto que, en la actualidad y tras un año desde el comienzo de las turbulencias financieras, aún no se puedan situar con exactitud las pérdidas de la crisis económica.

"La complejidad es excesiva, hay que avanzar hacia una reducción aunque suponga un descenso del volumen de negocio de alguna entidad", señaló Roldán, quien también apostó también por mejorar la información de mercado en un momento en el que cada vez es más difícil combinar "transparencia y operatibilidad".

Asimismo y aunque lo consideró prematuro, valoró la posibilidad de que las entidades que conceden créditos se queden con una parte en lugar de titulizarlos y repartirlos para que asuman también ellos parte del riesgo.

No obstante y a pesar de todo, reconoció que no es posible acotar bien las reformas que hay que llevar a cabo porque aún se siguen descubriendo consecuencias negativas de la crisis y porque los países aún están recibiendo los "últimos latigazos" de este periodo.

Los auditores españoles reclaman a los órganos de gobierno más compromiso para prevenir el blanqueo de capitales

VALENCIA.- Los auditores de cuentas reclamaron hoy más compromiso a los órganos de gobierno de las entidades españolas con los sistemas de prevención de blanqueo de capitales, así como en la realización de unos manuales internos más concretos y el desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para prevenirlo.

Según indicó el socio director de la división de gestión de riesgos y auditoría interna de Ernst&Young, José Luis Solís, durante su intervención en el XVII Congreso de Auditores que se está celebrando estos días en Valencia, los órganos de gobierno "no se están tomando en serio" la prevención del blanqueo de capitales. "Hay que conseguir que lo hagan", indicó.

A su juicio, España está "en el buen camino", aunque es necesario que los órganos de gobierno de las entidades den más prioridad a la adopción de medidas de control de prevención del blanqueo de capitales, las doten de personal con la formación necesaria y adopten medidas técnicas para evitar "malas prácticas", ya que la cantidad de dinero que se blanquea en el mundo es realmente elevada. "Es el equivalente al presupuesto americano", advirtió.

Para Solís, se trata de "sentido común", de entender los negocios que se tienen y los clientes con los que se trabaja para determinar los riesgos y tomar las medidas adecuadas que permitan minimizar o reducir la exposición al riesgo.

"Nuestros órganos rectores no se lo creen", indicó Solís, tras resaltar, una vez más, la necesidad de adoptar medidas para colaborar en la eliminación de "la lacra" que supone el blanqueo de capitales, y elaborar para los auditores un sistema propio "tan exigente" como el que se requiere a los clientes, ya que la reputación, el asesoramiento y la confianza son las marcas de la auditoría.

Por otra parte, en la sesión técnica sobre 'La independencia del auditor: ¿hacia dónde vamos?', el miembro del consejo directivo del ICJCE y socio de KPMG, César Ferrer, afirmó que la independencia es un valor antes que una obligación y se mostró partidario, en línea con la Unión Europea e IFAC, de un cambio de enfoque de la cultura de la independencia en España basada en reglas y prohibiciones hacia otra basada en principios y valores.

Durante su intervención, Ferrer se refirió a dos elementos clave relativos a la independencia de los profesionales de la auditoría de cuentas: el Código de Ética de la IFAC y la transposición de la Octava Directiva a la legislación española. "Es una oportunidad que no podemos perder para ponernos al mismo nivel de los países europeos que tienen normas de calidad basadas en principios y valores", indicó.

Por su parte, el socio de PricewaterhouseCoopers y miembro del Consejo Directivo del ICJCE, Carlos Quintós, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que exime a las auditoras del delito del cliente, y aseguró que se trata de una sentencia muy importante para toda la profesión, puesto que servirá de base para la jurisprudencia del Supremo, que debe ser respetada por todos los tribunales de justicia.

En este sentido, destacó que se trata de la primera sentencia del Supremo sobre responsabilidad extracontractual de auditores por negligencia, y resaltó que ha sido dictada por todos los magistrados y que revoca y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2000, que había servido de base a toda una serie de reclamaciones contra los auditores.

Asimismo, desde PricewaterhouseCoopers recordaron que la responsabilidad del auditor no es objetiva, sino que se rige por el sistema general de responsabilidad y, en casos de reclamaciones de terceros, por las reglas de responsabilidad extracontractual, que requieren la existencia de una actuación culpable o negligente del auditor, la existencia de un daño veraz y cuantificable o una relación de causalidad directa entre la actuación culpable y negligente y el daño causado.

Finalmente, insistieron en que la sociedad de auditoría únicamente debe ser responsable dentro de los límites de su contribución real y sin ser responsable solidario con los causantes directos del perjuicio.

Valencia crea un registro de demandantes de VPP para informarles de nuevas promociones

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha creado el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas de Protección Pública (VPP) con el fin de facilitar, a todos los interesados en la adquisición de estas viviendas, información detallada y actualizada sobre las promociones de Aumsa.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y la concejala delegada de Juventud, Beatriz Simón, presentaron este nuevo servicio "informativo, ágil y gratuito", que se enmarca "en la política de facilitar el acceso a la vivienda", especialmente a los jóvenes.

La creación de este registro, que se aprobará mañana viernes en la reunión de la Junta de Gobierno Local, responde a un compromiso electoral del PP, y permitirá que los demandantes de VPP puedan conocer, a través del móvil o por internet, todas las promociones de Aumsa.

El edil de urbanismo explicó que, tras los acuerdos adoptados con los agentes urbanizadores de las nuevas zonas residenciales de Moreras y Patraix, las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de VPP recibirán información de las 660 viviendas que se construirán en los próximos años. Además, adelantó que Aumsa adjudicará viviendas de "forma inmediata".

Bellver señaló que la inscripción en este registro no presupone la adjudicación de una vivienda e indicó que para apuntarse sólo hay que rellenar unos formularios municipales.
Información sobre los requisitos

En el momento de la inscripción se informará a los interesados sobre los requerimientos mínimos para acceder a una VPP, que el consistorio verificará tras formalizar la petición de una vivienda, dentro del plazo estipulado en cada caso, para cada promoción.

Las inscripciones en el registro se podrán formalizar, a partir del próximo viernes, y tendrán una validez de un año, con posibilidad de renovación. Se realizarán a través de la web del Ayuntamiento de Valencia, que en el área de Urbanismo contará con un apartado dedicado exclusivamente al Registro.

También se podrá acceder a este recurso mediante la web de Juventud y en las instalaciones de Aumsa, ubicadas en la Antigua Senda de Senent, y de la Delegación de Juventud, que en la calle Campoamor cuenta con una Oficina de Vivienda.

Una vez realizada la inscripción, el interesado recibirá un mensaje de confirmación de alta en el registro, y posteriormente recibirá noticias de las próximas adjudicaciones, un aviso sobre la apertura del plazo para solicitar la vivienda y otro para recordarlo cuando sólo queden tres días del citado periodo.

Bancaja y CAM, fusión en el aire

VALENCIA.- La crisis que viven los mercados financieros, ha producido una paralización del mercado interbancario, situación que afecta especialmente a las Cajas de Ahorro Españolas. Según un estudio de la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorros, Funcas, el sistema financiero español es el mas expuesto a la crisis inmobiliaria muy por encima de países con un alto riesgo como Australia, Japón, Reino Unido y EEUU, según recoge "Diario de Valencia".

Esta coyuntura ha suscitado que desde diversos foros y entidades como el Banco de España y CECA, se pida a las 46 cajas de ahorros españolas que busquen soluciones ante la dureza de la crisis financiera y la caída inmobiliaria.

En ese sentido, se apunta la conveniencia de poner en práctica un proceso de fusión entre algunas cajas de ahorro.

Sobre la posible fusión entre Bancaja y CAM desde la CECA, algunos técnicos de la Confederación, estiman contraproducente la misma afirmando que la caja resultante no supondría un ahorro de costes y todavía peor, no se “diversificarían los riesgos”.

Estas opiniones indican que "la fusión lejos de aportar una solución, generaría un problema mayor".

En esta situación, mientras en Andalucía y País Vasco las fusiones entre las cajas son un proceso irreversible, en la Comunidad Valenciana, la fusión sigue estando en el aire.

La patronal de la construcción lamenta que se generalice un "desprecio al ladrillo"

VALENCIA.-El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, lamentó el "desprecio al ladrillo" que se está generalizando y que no tiene en cuenta "el estado del bienestar" que ha proporcionado el sector en los últimos años.

Lazcano considera que las referencias que se hacen al "urbanismo salvaje" están dando una "idea despectiva del ladrillo" sin "tener en cuenta el estado de bienestar alcanzado" gracias a este sector.

El presidente de la patronal recordó que la construcción constituye el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) y que es un sector generador de empleo, pese a que actualmente "sufra la pérdida" de puestos de trabajo.

En este sentido, Lazcano indicó que el sector ha perdido 30.500 puestos de trabajo al mes en el último año, según datos de las altas en la Seguridad Social.

Ante esta coyuntura, el presidente de CNC solicitó que "se implementen cuanto antes" las medidas diseñadas por el Gobierno, porque, según advirtió, "este año se van a dejar de construir 200.000 viviendas con el consiguiente descenso de la actividad y el empleo".

"Es mejor subvencionar actividad que desempleo", insistió en recordar al Gobierno.

En esta misma línea, reiteró su demanda de crear una vivienda de precio intermedio entre la libre y la protegida. Con ella, pretenden drenar 'stock' de más de 600.000 viviendas sin vender que actualmente existe en España, el primer problema que el sector debe solventar.

También reclamó "sensibilidad para con el comprador".

"Para que tenga garantía de que el tipo de interés no le va a dar sustos y que sea razonable", señaló.

En su opinión, sigue existiendo demanda de vivienda. "Con lo que todas las iniciativas dirigidas a incentivarla o dinamizarla vendrán bien para volver a generar actividad", indicó Lazcano durante la inauguración del IV Congreso Nacional sobre el Mercado Inmobiliario y la Construcción de Valencia.

Además, instó al Ejecutivo a invertir en infraestructuras de obra civil, por considerar que se trata de "un factor de demanda agregado a la vivienda que ayuda a dinamizar la actividad y genera empleo".

Ruralcaja obtiene un beneficio de 27 millones hasta el tercer trimestre de 2008, un 37% menos

VALENCIA.- Ruralcaja ha obtenido un beneficio neto de 27 millones de euros en los primeros nueve meses de 2008, un 37% menos que el pasado año "como consecuencia de unos mayores costes de financiación y unas mayores necesidades de dotaciones para preservar la solvencia y mantener la fortaleza financiera de la entidad en el complejo contexto económico", según informó la entidad.

Así, al término del tercer trimestre, el activo total alcanzó los 8.914 millones de euros, con un aumento del 3,23% respecto al mismo periodo en 2007.

Por su parte, el volumen de negocio se situó en 16.328 millones de euros, lo que supone incremento del 4% respecto al mismo periodo del ejericio anterior, "debido al incremento de clientes particulares y a una mayor actividad con las pymes, comercios y autónomos, una de las principales bases de la línea de negocio de Ruralcaja", señaló la entidad.

La solvencia de Ruralcaja se consolidó con un ratio del 11,56% 3,56 puntos por encima del nivel mínimo regulatorio, y ha alcanzado unos recursos propios computables de 714 millones de euros. Así, los depósitos de la clientela aumentaron un 2,69% interanual hasta alcanzar los 7.155 millones de euros, mientras que los recursos gestionados de clientes se cifraron en 8.058 millones de euros, un 0,44% más.

Por otra parte, la rúbrica de crédito a la clientela, de 8.269 millones de euros, creció un 7,72% en los doce últimos meses, y el ratio de morosidad se situó en el 4,82%.

Respecto a la evolución del crédito a la clientela, desde Ruralcaja indicaron que "la tendencia refleja que este crecimiento se va moderando con respecto a los dos trimestres anteriores y confirma la situación actual de los mercados".

"De esta manera se observa, por una parte, una reducción en la demanda del crédito y, por otra, unas mayores exigencias por parte de las entidades de crédito para cubrir el riesgo de crédito junto con unos altos tipos de interés", añadieron.

La evolución de esta rúbrica en periodo interanual ha sido de un crecimiento del 15,85% en el primer trimestre, al que le siguió un incremento del 11,02% en el segundo hasta alcanzar el 7,72% en el tercero.

"La liquidez supera los 400 millones de euros, lo que sitúa a la entidad en un sólido posicionamiento para afrontar las necesidades del mercado", indicó la entidad.

Asimismo, desde Ruralcaja anunciaron que han emitido pagarés por un importe máximo de 200 millones de euros, ampliable a 400 millones, cuyo valor nominal unitario es de 50.000 euros. "Ello permite a la entidad contar con una vía más de financiación a corto plazo, complementaria a las ya existentes, y refuerza así tanto su capacidad financiera como su liquidez para afrontar las nuevas circunstancias del mercado", indicaron.

El margen de intermediación se situó en 147 millones, con un descenso del 1% respecto al tercer trimestre de 2007 como consecuencia del encarecimiento de los costes de financiación para la entidad. Esta disminución se pone de manifiesto en la evolución de todos los márgenes de la cuenta de resultados hasta el margen de explotación, que se redujo un 12% y que ascendió a 68 millones de euros. El margen ordinario alcanzó los 174 millones de euros con un crecimiento del 0,87%.

Por otro lado, entre algunas de las principales acciones desarrolladas en el último trimestre, el Director General de la Entidad, Juan Antonio Gisbert (en la imagen), ha elaborado un nuevo organigrama con la finalidad de "simplificar y agilizar la toma de decisiones e implantar un nuevo modelo de gestión basado en la calidad, el servicio y la eficiencia".

En este sentido, desde Ruralcaja subrayaron que la calidad del servicio y el trato personalizado "continúa siendo una de las principales líneas estratégicas de la entidad". Según un estudio encargado a la consultora Gfk-Emer, con el objetivo de "medir la satisfacción de sus clientes", la nota obtenida por Ruralcaja ha sido de 8,57, mientras que la media del sector se sitúa en 7,98.

Respecto a la firma de convenios, desde la entidad destacaron el firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "dirigido a apoyar la financiación de vivienda de protección oficial, mediante la titulización de préstamos concedidos a particulares para la adquisición de vivienda protegida".

El convenio se enmarca en la Línea de Avales a Fondos de Titulización de Activos (ICO-FTVPO) y facilitará la concesión de nuevos préstamos, tanto a particulares como a promotores y constructores, por un importe total de 45 millones de euros.

Boyer defiende más flexibilidad en la compra de activos de bancos y garantía "total" a los depósitos

VALENCIA.- El ex ministro de Economía Miguel Boyer defendió anoche la conveniencia de ofrecer "garantía total" para los depósitos de los clientes de entidades financieras y más flexibilidad por parte del Gobierno a la hora de adquirir activos financieros, de modo que "estudien cada caso" y no se limiten "sólo a los mejores activos".

También abogó por la puesta en marcha del sistema de gasto público, sobre todo para ofrecer ayudas que pongan fin a la "parálisis" del sector de la construcción, que tan "grave" es para el empleo, y "subsidios" que permitan a las personas hacer frente a sus hipotecas.

Así, estimó que las medidas aprobadas por el Ejecutivo estatal para ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros y crear un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad dotado de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, son positivas, pero están condicionadas por las "limitaciones" que "vienen fijadas por Bruselas y el Banco Central Europeo", y por la "dispersión entre unas opiniones y otras".

Boyer se pronunció en estos términos en la sesión inaugural del XVII Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra desde ayer y hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, jornada en la que pronunció la conferencia 'Situación actual y perspectivas de la economía'.

Respecto a la ampliación del FGD, consideró que "se podía haber hecho la garantía total para los depósitos", ya que "además de que no va a haber ningún caso de insolvencia en España", algo de lo que dijo estar "casi seguro", incluso en caso de que los hubiese, "el Gobierno español acabaría arreglándolos". "Es más práctico decir que están garantizados todos los depósitos", resumió.

En cuanto a los criterios del Fondo de Adquisición de Activos Financieros a la hora de hacerse con los "malos activos" de las entidades para "reducir el riesgo que asumieron y que puedan volver a dar créditos", estimó que "no debe limitarse a adquirir activos triple 'A' para dar préstamos a los bancos" y ser "tan rígidos" que se limiten únicamente a los "mejores activos", sino "ser más flexibles y estudiar cada situación" por la importancia de "limpiar los activos malos".

Planteó además que para hacer frente a la crisis económica actual, "no es suficiente la política monetaria", que "actúa lentamente", por lo que "sería conveniente poner en funcionamiento el sistema de gasto público", orientado "sobre todo" al sector de la construcción, dado que generó en los últimos diez años el 20 por ciento del total de empleos creados y "el problema del empleo es el más grave que tenemos en este momento", con 806.900 desempleados entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo periodo del año anterior.

Abogó en este sentido por "aumentar la licitación", ya que consideró "perfectamente razonable" aumentar el gasto público en infraestructuras dado que "siguen siendo insuficientes" en España, mientras que "en cambio, la teoría económica nos enseña que inyectar renta, bien bajando impuestos o bien haciendo un regalo 'por barba' tiene un multiplicador que no llega ni a la mitad del que tiene el gasto público por ejemplo en construcción".

Preguntado por el déficit de las cuentas públicas estatales, Boyer afirmó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 "es muy austero, probablemente temiéndose que el crecimiento va a ser todavía menor del que está previsto" en esas cuentas, y "sabiendo que va a haber más gasto público y menos ingresos públicos por la propia evolución de la crisis", de modo que "el déficit va a ser mayor".

Recalcó que, en situaciones de crisis, "lo más importante no es presumir de un déficit reducido. La austeridad es para los periodos de auge", subrayó Boyer, quien defendió así que "debería haber inversión pública aumentada en infraestructuras y en ayudar a que las personas que tienen hipotecas y que necesitan sus casas, puedan acabar teniendo sus casas" por las "tremendas" repercusiones que tiene sobre el empleo la actual "parálisis del sector inmobiliario".

En cuanto al futuro de la economía española, el ex ministro expresó su desacuerdo con quienes auguran "un futuro mediocre, con retraso y divergencia respecto al resto de países" por la desaparición de los "estímulos" que conllevaron el auge de la construcción, la gran cantidad de mano de obra inmigrante y las cuantiosas transferencias de la Unión Europea.

En este sentido, incidió en que esa postura "no tiene en cuenta el dinamismo mostrado en los últimos 20 años por la economía española", con unos crecimientos del PIB "extraordinariamente buenos" que le llevaron a recortar la distancia con Francia hasta el 60 por ciento, y con Italia, hasta "solamente un 40 por ciento".

Auguró que España seguirá recibiendo un flujo de inmigrantes "bastante considerable", de modo que si bien "no es verosímil" que se pueda "encajar 700.000 personas al año y encontrar trabajo", "habrá una inmigración que será estimulante" porque ocupará los nuevos puestos "que los españoles no ocupan por las buenas", en sectores como el agrario o de la construcción, con lo que "mantendrá una flexibilización del mercado" y "seguirá sosteniendo el consumo y la construcción de viviendas", aunque "en menor cuantía", matizó.

Asimismo, consideró "esperanzador" que España sea "uno de los países desarrollados que más ha venido invirtiendo", con entre un 28 y un 30 por ciento de su PIB, frente al 22 por ciento de media de los países de la zona euro o el 19 por ciento de Estados Unidos, una tendencia que, según dijo, "ha continuado en el primer semestre" de 2008.

Respecto a posibles críticas por destinar "una parte muy grande" a la construcción residencial, sostuvo que para un país como España "es perfectamente lógico" tener mucha actividad en este campo por el gran crecimiento registrado por el PIB por habitante, y precisó que, en cualquier caso, únicamente el 9 por ciento de la inversión fue destinada a residencial, mientras que el 22 por ciento restante correspondió "a inversión productiva", tanto industrial como para obras de infraestructuras.

Subrayó que de cara al futuro, el sector de la construcción "tendrá que ceder un par de puntos", que deberán ser absorbidos por el sector servicios, pero "no hay razón para que desaparezcan muchos de los impulsos de los últimos años" ni "el dinamismo de los últimos 20 años", insistió Boyer, quien agregó que "hace falta mejorar la educación de los españoles, no sólo en I+D+i", sino para lograr "una educación secundaria razonable y una enseñanza profesional universitaria".

Detenida la alcaldesa socialista de San Fulgencio (Alicante) y 4 ediles de su equipo de gobierno

ALICANTE.- Agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer mañana a la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, así como a otros cuatro ediles del Consistorio en relación con una trama urbanística, por la que también fueron detenidos hace unos días el teniente de alcalde, Manuel Barrera, así como el jefe de Policía Local y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, que ha vuelto a ser arrestado, según señalaron fuentes cercanas al caso.

Las detenciones se produjeron, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al Ayuntamiento de San Fulgencio, leyeron sus derechos a la alcaldesa, los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González Palanco, y los concejales de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (Apsfyu), Mariano Martí y Fina Reme.

A continuación, los agentes clausuraron las dependencias del equipo de Gobierno, de modo que nadie pudo ni entrar ni salir durante la operación, y realizaron un registro de los despachos de los detenidos.

Apsfyu gobierna en coalición con PSOE y con la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), cuyo presidente Manuel Barrera fue detenido por un delito de cohecho en la misma operación el pasado 20 de octubre.

La noticia de la detención de la alcaldesa y de parte de su equipo de gobierno se extendió rápidamente entre los vecinos de San Fulgencio, que acudieron a las puertas del Consistorio para presenciar la operación.