El turismo activo y el ecoturismo es un sector en auge que agrupa a más de 500 empresas en la Comunitat Valenciana que, por su dinamismo, exigen una adaptación constante en la búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio, especialmente en el ámbito del desarrollo sostenible y del respeto medioambiental, ha indicado el Consell en un comunicado.
Este nuevo decreto deroga la anterior normativa reguladora, que data en el año 2012, adaptándola a la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
Respecto a los cambios más significativos, la principal novedad es la regulación de las empresas de turismo activo y ecoturismo y la aprobación de un anexo de actividades agrupadas genéricamente de acuerdo con las propuestas realizadas por el sector.
Además, se han incorporado mejoras técnicas en materia de seguros -de responsabilidad civil y accidentes-, elementos de seguridad -fichas técnicas, equipos de comunicación- o de formación -específicamente en materia de rescate y primeros auxilios-.
También se ha simplificado el procedimiento para la ordenación de la actividad de turismo activo o ecoturismo, adaptándolo al Decreto 1/2022, de 14 de enero, del Consell, de regulación del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Así, quienes pretendan desarrollar la actividad de turismo activo o ecoturismo deberán presentar una declaración responsable, exclusivamente de forma electrónica, a la que necesariamente deberán acompañar una memoria de sus actividades.
Asimismo, se han aprobado nuevos distintivos y, como novedad, las personas que desarrollen su actividad con atención al público irán identificadas con un carnet de la empresa de turismo activo y/o ecoturismo, con el objetivo adicional de "facilitar las tareas de control del intrusismo y la competencia desleal".
El decreto del turismo activo y el ecoturismo de la Comunitat Valenciana regula, por tanto, aspectos como la definición, requisitos de las empresas, los derechos y obligaciones de las personas usuarias, además del desarrollo de las actividades, o el régimen de precios y reservas.
Además, en los anexos también se incluye una relación de las actividades de turismo activo y ecoturismo, los distintivos oficiales y el carnet identificativo para profesionales con atención al público. Para la elaboración de la normativa se ha contado con la participación ciudadana y del sector empresarial en las fases de consulta e información pública.
Los factores desencadenantes de esta merma son múltiples, pero se centran principalmente en tres: el aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático, la competencia de productos similares procedentes de otros países -más económicos- y la pervivencia de ciertas prácticas culturales de cultivo, que eleva los costes de manera ostensible.
Ante este panorama, desde el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de la Universitat Politècnica de València (UPV) se insiste en buscar soluciones que pasan, principalmente, por cultivar variedades más resistentes a las altas temperaturas y modernizar algunas de las prácticas tradicionales en determinadas fases del cultivo del garrofó valenciano.
La investigación desarrollada estos años en la UPV se ha centrado en la caracterización del germoplasma del garrofón, con el fin de seleccionar y desarrollar aquellas variedades que alcancen un crecimiento determinado, y sean más productivas y resistentes.
Además, otro de los aspectos sobre los que se ha incidido ha sido la disminución o, incluso, eliminación de los costes que comporta el entutorado, una técnica agrícola que consiste en dotar de un soporte físico al crecimiento de la planta y que conlleva una inversión considerable de recursos y tiempo. Esto pasa por introducir en los campos de cultivo algunas variedades de crecimiento determinado, procedentes de diversas localizaciones valencianas.
Según explica Salvador Soler, investigador del COMAV y secretario de la Asociación de Productores, la intención es “claramente” hacer más competitivo el garrofó valenciano, tanto en lo que respecta a su precio como a los costes de su cultivo.
Además, “se tendrá que estudiar la manera de desplazar los ciclos de siembra y recolección”, defiende Soler. El garrofó tiene dos épocas de cosecha: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, y este cambio en el calendario trata de soslayar los episodios de elevadas temperaturas del verano, dentro del contexto de cambio climático.
Los avances conseguidos en estos últimos años son “esperanzadores”, indica el investigador, “pero se debe hacer más, no sólo en el ámbito de la investigación”, añade.
De manera concreta, ese “más” se refiere a que el garrofón valenciano obtenga la marca de calidad “CV” de la Generalitat Valenciana. Al respecto, la Associació de Productors de Garrofó Valencià ha conseguido como paso previo y necesario que el Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria dé el visto bueno a la reglamentación necesaria para conseguir esta distinción.
“Disponer de esta marca de calidad permitirá establecer el Garrofó Valencià como un producto de calidad diferenciada, certificado y apoyado por la Generalitat y, por tanto, contribuirá a blindar su precio respecto del judión de origen peruano, su gran competidor”, sostiene Soler.
Las nubes se ciernen sobre este producto básico de la paella y, por ello, tan apreciado entre los valencianos y valencianas. El garrofó parece condenado a adaptarse a una realidad cambiante y fortalecerse ante los nuevos retos y amenazas. De lo contrario, dejaremos de ver cómo crece y se desarrolla en nuestros campos y huertas.
Así se ha expresado este jueves la ministra en declaraciones a los medios de comunicación en Elda, al ser preguntada por si tiene previsto presentarse a las primarias del PSPV, un proceso de renovación orgánico para el que todavía no hay fecha.
Al respecto, Morant ha subrayado que, como militante del PSOE y ministra, tiene previsto aportar desde su lugar «todo lo necesario» para un proceso del que cree que los socialistas valencianos tienen que salir con «un proyecto fuerte que represente la ambición de todos los ciudadanos progresistas de la Comunitat Valenciana, que están viendo cómo en el gobierno tienen a un PP y a Vox con políticas de involución».
«Lo voy a hacer como ministra, ya lo estamos haciendo. El Gobierno de España será el dique de contención de las políticas y del retroceso aquí en la Comunitat Valenciana y también el PSPV quiere ser esa alternativa de gobierno y esa esperanza», ha enfatizado.
Asimismo, Morant ha apuntado que el PSOE la tendrá «siempre para lo necesario», que considera que es conformar un «proyecto ilusionante» que incluya la «ambición» de la sociedad progresista valenciana.
¿Qué necesitan los ciudadanos progresistas de la Comunitat Valenciana? El Gobierno de España de su lado, que lo tienen; y necesitan un PSPV que sea una alternativa en la Comunitat Valenciana, y yo ayudaré a que esa alternativa se conforme", ha zanjado.
Estos orientadores están destinados a dar apoyo a alumnado vulnerable de centros sostenidos con fondos públicos que, cumpliendo con una serie de requisitos, presentan alto riesgo de fracaso escolar, absentismo, repetición de curso y abandono de los estudios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Estas Unidades de Orientación se sitúan en zonas o sectores escolares atendiendo a la organización territorial de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y están asociadas a las Coordinaciones Territoriales de la Orientación.
De este modo, los profesionales de orientación educativa se han incorporado a centros de FPA de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2022-2023 tenían matriculado un número significativo de alumnado entre 16 y 19 años.
Así, cuatro orientadores ofrecen sus servicios en nueve centros FPA de la provincia de Alicante, dos orientadores en cinco centros FPA de la provincia de Castellón y seis orientadores en 13 centros FPA de la provincia de Valencia.
A través de este programa de cooperación territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar, la dirección general de Innovación e Inclusión Educativa pretende "contribuir a la reducción del abandono escolar" antes de finalizar la Educación Secundaria postobligatoria mediante el diseño de propuestas formativas personalizadas y actividades de tutorización y orientación académico-profesional.
Asimismo, se acompaña a las familias del alumnado (en el caso de menores de edad o personas con discapacidad en situación de dependencia), ofreciéndoles "habilidades y recursos "para que puedan conseguir "una mejor comprensión y una mayor implicación" en los procesos educativos de sus hijos.
Estos 12 profesionales para centros de Formación de Personas Adultas se suman a los 21 orientadores destinados a 41 CEIP de entre 26 y 29 unidades de la Comunitat Valenciana.
Así lo señala el Síndic en una resolución publicada por Las Provincias, tras abrir una queja de oficio después de que, a principio de curso, “quedaron patentes las incidencias que se estaban produciendo en la prestación del servicio de transporte escolar al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en aulas ordinarias, aulas específicas y en centros de educación especial”.
El defensor del pueblo valenciano indica que esta situación podía suponer una “vulneración de los derechos constitucionales o estatutarios de los menores con discapacidad”, escolarizados en centros ordinarios, en aulas ordinarias, específicas de educación especial y en los centros de educación especial.
Ante esta situación el 27 de septiembre, el Síndic solicitó a la Conselleria un informe sobre el número de alumnado escolarizado con necesidades educativas especiales afectados por la cancelación y retrasos en la prestación del servicio de transporte escolar; si los buses cumplían con la normativa vigente; las medidas seguidas ante posibles incumplimientos y el resultado de las inspecciones realizadas a los vehículos, entre otras.
La Dirección General de Centros Docentes, el 25 de octubre, envió el informe, en el que reflejaba que las incidencias se produjeron los días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre y afectaron a unos 700 alumnos de nueve centros de Educación Especial de la provincia de Valencia.
Además, añade que, en todos los casos, se trató de incidencias “relacionadas con un insuficiente número de autobuses en servicio o con la capacidad de los mismos, retrasos, mal funcionamiento en alguno de los mecanismos de elevación, o distintas averías en los autobuses, como por ejemplo ocurrió con los sistemas de refrigeración”.
La Dirección General apunta en su informe que, tras verificar que todas las incidencias en el servicio de transporte escolar se encuentran circunscritas a la gestión de una única UTE, la Conselleria implementó actuaciones de control y supervisión en materia de tráfico y seguridad vial, además de iniciar el correspondiente expediente de imposición de penalidades por incumplimiento contractual muy grave en la ejecución del contrato administrativo del servicio de transporte escolar a la UTE Escolar Valencia V5.
Al respecto, el Síndic, que censura que en el informe de la Conselleria no se da respuesta a algunas cuestiones planteadas, lo que a su juicio “implica un deficiente modo de colaborar con la investigación”, sostiene que “se tendrían que articular modelos de gestión pública flexibles y contingentes que tengan capacidad para transformarse y adaptarse a estos escenarios”, ya que considera que “no se puede mantener la deficiencia en la prestación del servicio de transporte durante once días lectivos, con los efectos negativos que se producen tanto a este colectivo del alumnado como a sus familias”.
Además, subraya que “echa de menos que la administración educativa no se comprometa a adoptar determinadas medidas con el fin de que no se produzcan de nuevo estas incidencias en los inicios del curso escolar”. “Situaciones como las investigadas producen situaciones de agravio comparativo con otros alumnos que sí disponen de este servicio desde el inicio del curso y sin incidencias en su desarrollo”, sostiene.
Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria de Educación que realice, si no lo ha hecho ya, las inspecciones pertinentes a los vehículos de transporte escolar para el alumnado de necesidades educativas especiales asignados a las rutas con incidencias detectadas, para constatar el cumplimiento de las características de los vehículos y de los elementos y dispositivos de seguridad con la normativa vigente.
También aconseja que se evalúe si se han producido efectos negativos –como pérdida de clases o de prestación de los recursos de apoyo– en el alumnado que no ha podido asistir a los centros docentes públicos por las incidencias en el transporte escolar, así como a adoptar las medidas para revertirlos.
Además, sugiere que “a la mayor brevedad” se valore constituir un grupo de trabajo entre representantes de la Dirección General de Transporte y Logística –Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio– y la Conselleria de Educación para revisar la normativa actual, así como elaborar y aprobar protocolos de actuación conjunta para abordar situaciones como las del inicio de curso.
Igualmente, recomienda trasladar a la Dirección General de Transporte y Logística –Conselleria de Medio Ambiente– la posibilidad de programar la revisión antes del inicio de los cursos escolares de los vehículos que presten servicio al alumnado con necesidades educativas especiales para que se ajusten a la normativa.
El Síndic recuerda a la Conselleria que debe colaborar con ellos dando respuesta “expresa y concreta” a las solicitudes de información y añade que está obligada a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción de la resolución.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Educación han señalado que, en las próximas contrataciones, “si así lo consideran los diferentes departamentos implicados y existe cobertura legal para ello, se intentarían incorporar las indicaciones realizadas por el Síndic de Greuges en su informe”.
Además, desde el departamento de José Antonio Rovira han recalcado que el contrato “fue adjudicado gobernando el Botànic” y han defendido que el actual Consell “no tuvo margen de maniobra para poder realizar las actuaciones requeridas”. No obstante, han afirmado que “se llevaron a cabo todas las medidas legales posibles para paliar las deficiencias y poder realizar el servicio de transporte en las mejores condiciones posibles”.
Igualmente, han añadido que trabajaron junto a la Dirección General de Transporte y Logística, de la Conselleria de Medio Ambiente, quien “realizó todas las inspecciones necesarias que desembocaron posteriormente en la apertura de un expediente a la empresa adjudicataria, única actuación posible dadas las características de la contratación realizada por el Gobierno del Botànic”.
Fuentes de la Conselleria de Educación han precisado que la Dirección General de Centros Docentes está trabajando en un informe referente a las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges.
Ambos fueron denunciados en noviembre de 2021 por la Asociación Liberum y por el abogado oriolano José Luis Mazón, que los acusaban de cometer un presunto delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal. En él se castiga a quienes promueven la discriminación, el odio o la violencia contra una minoría con pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de 6 a 12 meses.
En aquellas fechas, en el espacio de Cuatro que conduce Mejide, tanto el presentador como sus colaboradores opinaban sobre las medidas restrictivas que varios países planeaban aplicar contra la población no vacunada.
«Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien», espetó el presentador.
«Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto», añadía.
Unas declaraciones por las que la juez María Ángeles Velázquez Martín acordó reabrir unas diligencias que habían sido sobreseídas provisionalmente.
En el auto, al que tuvo acceso Okdiario, la magistrada señalaba que en los nuevos hechos denunciados «se hace constar la aparición de nuevas circunstancias que ponen de manifiesto la reiteración de una conducta que, por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación contra un determinado colectivo, y contrario a la convivencia».
Por ello, la instructora acordó la práctica de nuevas diligencias y citó a declarar a los investigados. Entre los imputados también se encontraba la humorista Anabel Alonso, que tuvo declarar ante la juez. Pero, finalmente, la magistrada ha decidido archivar las diligencias que se seguían sobre Alonso.
Fuentes judiciales aseguran que Risto Mejide y Miguel Lago han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto dictado por la magistrada previo al de la apertura de juicio oral; es decir, el auto de pase a procedimiento abreviado.
Los denunciantes han respondido que dicha estrategia judicial es «un fraude de ley», puesto que -explican- los investigados han recurrido un auto previo porque la resolución de apertura de juicio oral no se puede recurrir.
El motivo de las acusaciones serían las declaraciones que el presentador hizo al conocer las medidas restrictivas de algunos países, que proponían aplicar a la población no vacunada.
"Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si
decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no
todas las ideas son respetables ni merecen un respeto", declaró.
El juicio se llevará a cabo tras la denuncia en noviembre de 2021 por parte de Asociación Liberum y por el abogado José Luis Mazón. Dicha asociación asegura en su página web huir "de la falacia del bien común" y defender las libertades de los ciudadanos entre las que destacan su rechazo a las vacunas, al sistema de conexiones 5G, el ELA y otras enfermedades.
Así, acusan a Risto y su compañero de plató Miguel Lago de cometer un delito de odio recogido en el artículo 510 del código Penal.
De este modo, ambos serían presuntamente culpables de "promover la discriminación contra una minoría" y se enfrentarían a una pena de entre uno y cuatro años de prisión, así como una multa de seis a doce meses.
En contextos más formales, este tipo de mensaje se puede referir a acontecimientos importantes o a cambios, como el final de una era, o incluso a una advertencia sobre posibles consecuencias negativas. Podría sugerir una expresión de angustia, ansiedad o incluso expectación sobre el término de algo. Sin embargo, en la cultura popular, a menudo se utiliza de manera más ligera y como una forma de expresar ironía o exageración.
NUEVO LIBRO
En las últimas semanas ha estallado un nuevo libro sobre el panorama alternativo que se puede descargar gratis. Hay señales de que el sistema financiero se acerca cada vez más al colapso. El sistema de control se está desmoronando: "La gran toma" se perfila como el último suspiro del globalismo.
https://img1.wsimg.com/blobby/
El libro "The Great Taking" de David Rogers Web, dice que nos van a quitar hasta la camiseta. A primera vista parece que es otro loco gritando que el final está cerca, pero el problema es que el libro está bastante bien fundamentado.
El impactante documental producido por David Rogers Webb, basado en su libro, nos alerta a todos sobre los preparativos de los bancos centrales controlados de forma privada para el inevitable colapso financiero.
https://www.youtube.com/watch?
David Morgan analiza el estado actual del sistema monetario y advierte que quienes no estén preparados para el próximo colapso probablemente enfrentarán dificultades financieras.
https://medium.com/@
La gran depresión fue un plan bien ejecutado para apoderarse de activos, empobrecer a la población y rehacer la sociedad. Lo que vino después fue peor. La famosa frase de Warren Buffett suena cierta: “Sólo se descubre quién nada desnudo cuando baja la marea”. La mayoría de nosotros estamos a punto de aprender que somos nosotros los que estamos sin ropa. Disculpen el pesimismo, pero sigo creyendo en un final feliz.
https://dougcasey.substack.
ARGUMENTO
¿De qué trata este libro? Se trata de la toma de todas las garantías, el final del actual superciclo de acumulación de deuda sincrónica a nivel mundial. Este plan se está ejecutando mediante un diseño inteligente planificado desde hace mucho tiempo, cuya audacia y alcance son difíciles de abarcar para la mente.
Se incluyen todos los activos financieros y depósitos bancarios, todas las acciones y bonos; y por tanto, toda la propiedad subyacente de todas las corporaciones públicas, incluidos todos los inventarios, planta y equipo, tierras, yacimientos minerales, invenciones y propiedad intelectual.
También se tomarían los bienes muebles e inmuebles de propiedad privada financiados con cualquier monto de deuda, así como los activos de empresas de propiedad privada que hayan sido financiados con deuda. Si se consiguiera, aunque fuera parcialmente, esta sería la mayor conquista y subyugación en la historia mundial.
El control privado y estrecho de todos los bancos centrales y, por lo tanto, de toda la creación de dinero, ha permitido que muy pocas personas controlen todos los partidos políticos y gobiernos; las agencias de inteligencia y sus innumerables organizaciones fachada; las fuerzas armadas y la Policía; las grandes corporaciones y, por supuesto, los medios de comunicación.
Estas muy pocas personas son los principales impulsores. Sus planes se ejecutan durante décadas. Su control es opaco. Para ser claros, son estas muy pocas personas, que se les ocultan, las que están detrás de este plan para confiscar todos los activos, las que están librando una guerra híbrida contra la humanidad.
Una guerra híbrida se refiere a un tipo de conflicto que combina distintas formas de agresión, utilizando tanto métodos convencionales como no convencionales, donde se puede emplear una amplia gama de tácticas, incluyendo la guerra cibernética, propaganda, operaciones encubiertas, desinformación, acciones políticas y económicas, además de operaciones militares.
En una guerra híbrida, los adversarios buscan explotar debilidades y vulnerabilidades en múltiples dimensiones, tanto dentro como fuera del ámbito militar, para alcanzar sus objetivos estratégicos.
REINICIO FINANCIERO
Aquí hay algunas líneas para abrir el apetito: "El sistema financiero debe ser reiniciado, para que podamos otorgarles crédito nuevamente, crear empleos y hacer que crezca la economía, cueste lo que cueste." Aquí está la moneda digital de banco central depositada en tu teléfono inteligente, para que puedas comprar leche.
"Ahora no existen derechos de propiedad sobre valores mantenidos en forma de anotaciones en cuenta en ninguna jurisdicción, a nivel mundial. Esencialmente todos los valores de propiedad del público en cuentas de custodia, planes de pensiones y fondos de inversión están gravados ahora como garantía que sustenta el complejo de derivados, que es un orden de magnitud mayor que toda la economía mundial, de modo que no hay suficiente de cualquier cosa en el mundo para respaldarlo.”
“Les aseguro que esto no es una conjetura. Se equivocarían mucho si lo tacharan de teoría de la conspiración, que es una reacción común. Es posible saberlo realmente. La documentación es irrefutable. Mi tía Elizabeth tenía diez años cuando los bancos fueron cerrados por Orden Ejecutiva en 1933. Las personas que tenían dinero en los bancos a los que no se les permitió reabrir lo perdieron todo. Sin embargo, sus deudas no fueron canceladas; fueron asumidas por los bancos seleccionados por el sistema de la Reserva Federal."
DISEÑO INTELIGENTE
A riesgo de simplificarlo demasiado: “The Great Taking” advierte que una entidad desconocida llamada “Corporación Depositaria de Confianza y Compensación” (The Depository Trust & Clearing Corporation, DTCC) es la propietaria de todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo, y de hecho todos los activos basados en deuda de cualquier tipo.
Se trata de la toma de todas las garantías, el final del actual súper ciclo de acumulación de deuda globalmente sincrónico. Este plan se está ejecutando mediante un diseño inteligente planificado desde hace mucho tiempo, cuya audacia y alcance son difíciles de abarcar para la mente.
Se incluyen todos los activos financieros y depósitos bancarios, todas las acciones y bonos; y por tanto, toda la propiedad subyacente de todas las corporaciones públicas, incluidos todos los inventarios, planta y equipo; tierras, yacimientos minerales, invenciones y propiedad intelectual.
También se tomarían los bienes muebles e inmuebles de propiedad privada financiados con cualquier monto de deuda, así como los bienes de las empresas de propiedad privada que hayan sido financiados con deuda.
A lo largo del libro, el autor describe un proceso de cincuenta años mediante el cual se ha desmaterializado la propiedad de acciones en empresas públicas y todas las garantías de deuda. Antiguamente, invertías en una empresa, te daban certificados de acciones físicos y entonces eras copropietario de la empresa. Pero no somos propietarios de pequeñas partes de estas empresas, sino de derechos sobre esas partes, porque a lo largo de décadas, la propiedad de las acciones se ha suplantado por los llamados “derechos de seguridad”.
ESTALLIDO DE LA BURBUJA
Webb plantea que cuando el superciclo de la deuda culminase en su explosión definitiva; se saltaría la trampa y las cámaras de compensación absorberían la propiedad real de todas estas empresas y activos. Una proporción infinitesimal de élite sería dueña de todo, y las masas del mundo quedarían reducidas a la servidumbre, según su hipótesis. Esta sería la Gran Toma, o mejor dicho, la gran tomadura de pelo.
Si ocurriera eso, significaría el final del sistema financiero mundial tal y como lo conocemos, en la que la sociedad continuaría como un mundo de siervos sin dinero, subordinados a aproximadamente el 0,001% de la élite. Sería más un último suspiro del globalismo que una toma final del mundo.
Esto no se debe a que el poder de control esté aumentando sino a que se está desplomando. El sistema de control ha entrado en colapso. Sus dos grandes poderes de engaño, el dinero y los medios de comunicación, han sido herramientas de control muy eficaces desde el punto de vista energético. Pero estos poderes están ahora en pleno colapso.
Es por eso que han tomado medidas urgentes para aplicar medidas de control físico. Sin embargo, el control físico es difícil, peligroso y requiere mucha energía. Y por eso lo están arriesgando todo. Corren el riesgo de ser vistos. ¿No es esto un signo de desesperación?
BIFURCACIÓN
Ya vemos la Gran Bifurcación sucediendo a nuestro alrededor: ciudades de tiendas de campaña, zombis de fentanilo deambulando por la calle, masas crecientes que se comportan como salvajes. Esto no se debe a la raza, la política, la religión ni a una conspiración mundial de gran alcance para empobrecer a la humanidad o despoblar la Tierra.
Estas dos dinámicas aceleradas conspiran para crear una verdadera sociedad separatista donde aquellos que están posicionados y tienen la capacidad cognitiva para liderar la tecnología viven en el futuro, y el resto, que no puede, se queda atrás en el pasado.
Una sociedad separatista es aquella en la que un grupo de personas busca separarse o independizarse de una entidad política más grande o de la sociedad principal en la que están insertas. Este deseo de separación puede estar motivado por razones étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas, políticas o una combinación de estas.
Podemos poseer algo de oro físico o plata por la misma razón, y podemos tener propiedades en algún lugar, tierras de cultivo, o cualquier cosa que podamos reclamar físicamente, aunque podemos encontrarnos en una situación en la que tengamos que reclamar lo nuestro.
(*) Periodista
