domingo, 24 de mayo de 2009

Lo del Yak-42 / Antonio Casado

El ex ministro Trillo siempre dijo que los forenses militares siempre habían actuado de buena fe. O sea, que nunca tuvieron conciencia de estar falseando los documentos oficiales referidos a la identificación y traslado de los 62 soldados españoles muertos en el accidente del Yak-42.

De eso, nada. La Audiencia Nacional acaba de desmentirle. Y el ex ministro, que acata pero no comparte, apoya el recurso ante el Tribunal Supremo, por estar convencido de que no hay nada por lo que tenga que avergonzarse de lo ocurrido en aquel fatídico accidente, ocurrido en suelo turco, que traía a nuestra gente desde Afganistán.

De todos modos, aunque la conciencia de estar perpetrando una mala práctica cuente como agravante a la hora de formular el reproche penal, la figura delictiva aplicada se centra en la falsificación de dichos documentos oficiales. Y el agravante de las identificaciones aleatorias, no como un error sino como algo intencionado, también se queda en el 'ambito de aplicación del Código Penal. Sin embargo, es de naturaleza eminentemente política.

Reducir el sufrimiento de los familiares a un supuesto de "falsedad documental" es una broma de mal gusto. No tiene ninguna gracia. Pero sólo en eso se queda el castigo de los tribunales a quienes se ahorraron el incómodo trámite de identificar correctamente los restos de 30 soldados españoles muertos cuando regresaban de servir a su Patria.

En consecuencia, el reproche penal solo recae en los mandos militares, que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, falsearon los documentos con total conocimiento de causa. Esos documentos oficializaron una lacerante mentira.

Los restos colocados en treinta de los féretros no se correspondían con los nombres que figuraban en las etiquetas exteriores. La dolorosa sospecha de los familiares, se convirtió pronto en la causa de un hondo sufrimiento.

Me refiero a la despiadada anulación de la identidad del hijo, el padre, el hermano. La memoria de sus seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más 'íntimos de quienes lloraban su pérdida, sacrificados a la prisa de los gobernantes de turno, deseosos de liquidar el engorroso asunto en la ampulosa solemnidad de un funeral apresurado.

Un funeral decidido por los gobernantes de turno. Nada que ver con el estamento militar. Es innecesaria cualquier argumentación suplementaria para demostrarlo. Bastaría con apelar al principio de obediencia debida, que es la regla de oro en el estamento militar. Lo que no previó la parte política es la reacción de la parte militar, cuya dignidad había sufrido un incalificable atropello en nombre de imperativos no castrenses, sino eminentemente políticos.

Y parece mentira que aun con la sentencia fresca de la Audiencia Nacional, conocida el martes pasado, el ex ministro Trillo comparezca ante los medios de comunicación para ratificarse en que no asume ni tiene por qué asumir ningún tipo de responsabilidad.

Pulso de hierro y mandíbula de cristal, como alguien decía en alusión a la distinta vara de medir que el ex ministro aplica cuando se trata de sí mismo respecto a la que aplicaba cuando, a mediados de los noventa, ejercía de perro de presa contra las perversiones del PSOE, ya en vísperas de la bancarrota felipista.

El PSPV pedirá la dimisión de Carlos Fabra por hacer pasar "vergüenza" a los castellonenses

CASTELLÓN.- El PSPV-PSOE pedirá la dimisión de Carlos Fabra tanto como presidente de la Diputación de Castellón como de concejal del Ayuntamiento de Castellón, en los dos plenos que se celebrarán esta semana en ambas instituciones, por considerar que su mantenimiento en el cargo es "incompatible con el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción pida cárcel por un presunto delito de falsificación de documentos con el fin de obtener licencias de productos fitosanitarios".

Además, desde el PSPV consideran "gravísimo" que los ciudadanos de la provincia "tengan que pasar la vergüenza de que el presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento esté acusado por anticorrupción con petición de cárcel", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

En este sentido, el secretario general provincial y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francesc Colomer, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, destacaron que supone "un ataque a la honorabilidad y a la imagen, no sólo de la ciudad de Castelló sino a toda la provincia, que una persona como Fabra se mantenga en los cargos a pesar de que se enfrenta a pena de cárcel por manipular sellos y firmas para que dos de sus empresas obtuvieran el mayor número posible de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la época de Aznar, para la producción de productos fitosanitarios".

Colomer y Calles resaltaron que "afrenta a la democracia cada minuto que Fabra se mantiene en el cargo, y cada minuto que el resto del PP se lo permite". En este sentido, indicaron que "cualquier político decente habría dimitido desde el primer momento en que se confirmó la petición de cárcel por parte de Anticorrupción".

En opinión de los dirigentes socialistas, "a Fabra ya no le quedan excusas, porque, aunque intente restar importancia a todo el caso diciendo que es fruto de una denuncia falsa de un presidiario, lo cierto es que ese presidiario fue su compinche en los negocios, y, además, ahora la acusación viene de Anticorrupción".

Francesc Colomer y Juan María Calles se preguntaron "qué será lo próximo, ¿decir, si le condenan, que el juez estaba comprado?". Por último, insistieron en la "necesidad" de que abandone los cargos públicos "para no seguir manchando el nombre y el prestigio de Castellón, involucrado en tramas más propias de guión de cine negro que de lo que debería ser el correcto ejercicio de la política".

El PSPV dice que la inversión en el circuito de F-1 es de 85 millones, "suficiente para solucionar los déficits"

VALENCIA.- El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicente González Móstoles aseguró hoy que la inversión pública realizada por la Generalitat y la Autoridad Portuaria de Valencia en el circuito urbano de Fórmula 1 asciende ya a casi 85 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, "más que suficiente para empezar a solucionar el déficit de equipamientos públicos que experimentan los barrios de la ciudad en relación con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de 1988".

El edil explicó que el Consell aprobó el pasado viernes un decreto en el que autoriza a la Conselleria de Economía a conceder un aval de dos millones de euros al Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos, para "cubrir las necesidades de financiación de la entidad en relación con actuaciones para acondicionar la zona del circuito, que acoge la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1".

El edil indicó que el gasto de dos millones de euros autorizado se unirá así a los 82.880.015,77 euros por los que ya se han presupuestado, licitado o adjudicado las actuaciones anunciadas o realizadas hasta la fecha en el entorno del circuito.

De ellos, 68.731097,64 euros corresponden a la Generalitat y 14.218.479,17 a la Autoridad Portuaria de Valencia. Tras la autorización del aval, la inversión desembolsada o comprometida asciende a 84.880.015,77 euros, "una cantidad más que suficiente para empezar a solucionar el déficit de equipamientos públicos que experimentan los barrios de la ciudad", señaló González Móstoles.

El concejal señaló que, según el estudio realizado el año pasado por el grupo municipal socialista sobre el grado de ejecución de las previsiones dotacionales del PGOU, existen en la ciudad 221 parcelas destinadas por el vigente planeamiento urbanístico a albergar algún tipo de infraestructura pública que siguen siendo meros solares.

En mayo de 2008, cuando el grupo municipal presentó sus alegaciones a la revisión del PGOU, había pendientes 458 parcelas para jardines, 92 parcelas de suelo escolar y 145 parcelas para dotaciones públicas diversas.

En total, 458 parcelas "en las que se podría haber construido numerosos equipamientos si el Partido Popular no hubiera elevado una competición deportiva a la categoría de prioridad política y hubiese destinado los 85 millones de euros a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad", subrayó.

González Móstoles estimó que dicha cantidad "podría haber servido, por ejemplo, para la construcción de 26 colegios públicos". Los 85 millones "podrían haber servido, también, para la edificación de 47 centros de salud" como el que en la actualidad está proyectado en Orriols, con un presupuesto de 1,8 millones, "o para la creación de 42 centros para mayores como el proyectado en el barrio de La Luz", con un presupuesto de 2 millones.

"O para la construcción de 8 aparcamientos subterráneos como el inaugurado en la plaza Cánovas, con un coste de 10'5 millones". "Hubieran servido, también, para la construcción de 3.000 viviendas protegidas de promoción pública", explicó el edil.

"Hace dos semanas denunciamos el caso de 'Desidiópolis', con una obra de urbanización paralizada por la Generalitat y donde en vez de grúas con edificios de vivienda construyéndose hay matorrales", resaltó el edil, quien añadió que, la semana pasada, denunciaron la existencia de "un gran solar en Benicalap donde no se construye el colegio e instituto previsto porque no hay dinero. Y los vecinos de los barrios reclaman desde hace más de una década mejoras en sus barrios".

"Mientras miles de vecinos han de transitar por aceras y calzadas repletas de socavones, el circuito de Fórmula 1 se vuelve a acondicionar", concluyó González Móstoles.

El Gobierno plantea abrir la puerta a la privatización de las cajas y restarle poder a las CC.AA.

MADRID.- El Gobierno avanza en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, con el doble objetivo de dotar a estas entidades de instrumentos para que puedan recapitalizarse si la crisis hace mella en sus cuentas de resultados y de restar influencia a las comunidades autónomas para evitar que puedan obstaculizar fusiones interterritoriales, según fuentes del sector.

Así, uno de los puntos principales de la reforma que quiere impulsar el Gobierno tras las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio es el de permitir a las cajas de ahorros la posibilidad de acceder al mercado de capitales, para que si tienen déficit de capital puedan reponerlo, equiparándolas así a los bancos.

Para ello, se plantea dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, instrumentos financieros similares a las acciones, que tienen derechos económicos (permiten el cobro de dividendos) pero con el inconveniente de que no tienen derechos de voto.

Las cuotas, que son el equivalente para las cajas de las participaciones preferentes emitidas por los bancos, son un instrumento regulado desde hace ya cinco años y medio y que permite a las cajas conseguir fondos -para sortear la sequía de los mercados financieros o para abordar su expansión- y a la vez reforzar sus ratios de capital, al computar como recursos propios de primera categoría.

Las cuotas han suscitado desde el principio el recelo, cuando no el rechazo, de los sindicatos, presentes en los órganos de gobierno de las cajas (asamblea y consejo de administración), al considerar que pueden ser la antesala de la privatización de las entidades.

Paralelamente, el Gobierno quiere articular mecanismos que permitan acelerar la despolitización de las cajas de ahorros, no sólo quitándole poder e influencia a las comunidades autónomas, sino también restando peso a los partidos políticos en las asambleas de las entidades.

La intención del Ejecutivo es que ninguna comunidad autónoma pueda prohibir fusiones interterritoriales entre las cajas, que, a juicio del Gobierno, sería la mejor alternativa para abordar la reordenación y saneamiento del sector.

PSOE y PP han acercado posturas en torno a los dos principales puntos de la reforma, pero la negociación ha encallado ante la propuesta de los populares de abordar la desterritorialización de estas entidades, algo que colisiona con los intereses regionales de los barones socialistas y con su concepción de que las cajas deben estar al servicio de la región en la que están enclavadas.

El propósito del PP era que las cajas de distintas comunidades que pudieran verse inmersas en procesos de fusión pierdan sus vínculos políticos y territoriales con la comunidad autónoma donde están radicadas, lo que ha suscitado el rechazo socialista.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, indicó el pasado miércoles en el Congreso de los Diuputados que la normativa que prepara el Ejecutivo para facilitar la reordenación del sistema financiero no implicará una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas.

A su parecer, es el momento oportuno para la reestructuración financiera, ya que no todas las entidades tienen la misma fortaleza para soportar un deterioro adicional de sus activos en el actual entorno recesivo y es fundamental que tanto bancos como cajas puedan absorber el impacto de la crisis manteniendo su solvencia.

Las cajas de ahorros alcanzaron un beneficio atribuido de 2.028,5 millones de euros en el primer trimestre de 2009, lo que supone una caída del 23,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La morosidad se situó en marzo en el 4,64%, lo que supone una leve reducción por primera vez en 26 meses.