viernes, 17 de noviembre de 2023

Mazón avisa que se han acabado "los tiempos de una Comunitat sumisa" al Gobierno

 


ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha advertido que se han terminado "los tiempos de una Comunitat sumisa" ante el Gobierno y que reivindicará ante el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "todo lo que le corresponde" a los valencianos.

Así se ha manifestado este viernes el también líder del PPCV en Alicante, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por qué espera por la legislatura con Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno.

Mazón ha defendido que cumplirán con "lo que se merecen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunitat Valenciana".

 "Los tiempos de una Comunitat sumisa, se han terminado. Los tiempos de una Comunitat que no reivindicaba el agua como tocaba, se han acabado. Los tiempos de una Comunitat que no reivindicaba su financiación, que no reivindicaba asuntos estratégicos como son las inversiones necesarias, en la que se bajaba los brazos ante una provincia como la de Alicante, siendo la 52 de 52 en las inversiones, se han terminado", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que "ya no está Ximo Puig de presidente de la Comunitat y, por tanto, la sumisión ha terminado", al tiempo que ha recalcado que harán "los deberes" y reivindicarán "todo lo que le corresponde" a la autonomía ante el Gobierno.

"Nos vamos a poner en pie y vamos a reivindicar allá donde toque lo que corresponda en esta legislatura. Desde luego, nos vamos a negar a ser ciudadanos de segunda y a ver cómo se va perdonando a los que nos van ninguneando por ahí, a los que dicen que somos países catalanes", ha sostenido.

Según ha insistido, es el momento de "dejar bien claro que la sumisión de la Comunitat Valenciana se ha terminado".

 "Es el primer mensaje que le quiero lanzar a un presidente que entiendo que va a prometer lo que él estime oportuno y conveniente, pero ya sabemos la virtualidad y la eficacia que tienen las promesas del presidente del Gobierno", ha recalcado.

También ha reiterado que "se han terminado los tiempos del gobierno más caro de la historia, con más políticos que nunca", en referencia al Botànic, así como la época en la que "la presión fiscal era la más alta".

Interpelado por si considera que Sánchez "se ha equivocado" con sus acuerdos de investidura, Mazón ha ironizado que  "sí ha sido coherente cuando ha ninguneado a la Comunitat Valenciana, a Castellón, a Valencia y especialmente a Alicante. Eso no lo ha variado, simplemente nos ha ninguneado en todo lo que era importante para la provincia de Alicante o para la Comunitat Valenciana. Ahí ni nos ha mentido, ni ha tenido cambios de opinión, ni ha dicho una cosa y la contraria. Ha sido una constante, una permanente el ninguneo, y de eso ya digo que ya está bien porque la sumisión se ha terminado", ha zanjado.

Alfonso Rus, condenado a cinco años de cárcel por los 'zombies' en Imelsa


VALENCIA.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por la pieza de los 'zombies' del caso Imelsa.

Se trata de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado y juzgado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Rus, condenado por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, se sentó en el banquillo junto a otros 25 acusados, entre ellos el ex subdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) --también investigado en el caso Azud--; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix

Precisamente Caturla también ha sido condenado a cinco años de prisión, la misma pena impuesta al ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'.

Alfonso Rus, para el que la Fiscalía reclamaba una pena de 12 años de prisión, siempre ha mantenido su inocencia y aseguraba estar "muy tranquilo".

Estos son los domingos y festivos de 2024 de apertura de comercios en la Comunitat

 


VALENCIA.- El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica este viernes el calendario de domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2024 en la Comunitat Valenciana.

En concreto, los comercios podrán abrir al público el domingo 7 de enero (rebajas de invierno), el viernes 29 y el domingo 31 de marzo (semana santa), el lunes 24 de junio (san Juan), el domingo 7 de julio (rebajas de verano), el sábado 12 de octubre (fiesta estatal), el domingo 1 de diciembre (campaña de Navidad), el viernes 6 de diciembre (día de la Constitución), los domingos 15 y 22 de diciembre (campaña de Navidad) y el domingo 29 de diciembre (campaña de Reyes Magos).

Se trata de 11 días aprobados por unanimidad el pasado septiembre por el Observatorio del Comercio Valenciano, órgano consultivo y asesor en materia de actividad comercial adscrito a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. El calendario se publica mediante una resolución firmada por la consellera Nuria Montes.

La Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana establece que, a todos los efectos, los domingos y festivos se consideran no laborales, pero se habilitarán para cada año hasta un máximo de 11 domingos o festivos en los que los establecimientos podrán permanecer abiertos al público.

Para determinar los domingos y días festivos de apertura se debe atender prioritariamente al atractivo comercial de los días para los consumidores y tener en cuenta la coincidencia de dos o más festivos continuados, los comprendidos en semanas tradicionalmente consideradas como campaña de rebajas, los de mayor afluencia turística y los incluidos en la campaña de Navidad y Reyes Magos.

El horario correspondiente a cada domingo o festivo habilitado comercialmente se fija libremente fijado por cada establecimiento. Los comercios deben informar adecuadamente al público sobre este horario.

Francisco Pérez (Ivie) cifra en 27.500 millones la deuda que debería condonarse a la Comunitat

 


VALENCIA.- El director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y miembro de la comisión de expertos sobre la infrafinanciación valenciana, Francisco Pérez, ha cifrado en unos 27.500 millones de euros el importe de la deuda de la Comunitat Valenciana que debería condonarse en virtud, además de la infrafinanciación padecida durante dos décadas, de la extensión del acuerdo entre PSOE y ERC.

Pérez ha realizado esta estimación durante un acto de la Plataforma per un Finançament Just con motivo del aniversario de la movilización que en 2017 sacó a las calles a miles de valencianos para reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica, y en el que sus integrantes han firmado una actualización del manifiesto reivindicativo por una financiación justa desde la unidad política, sindical y social.

Para obtener esa cifra de 27.500 millones, se tiene en cuenta el 100 % de la infrafinanciación relativa  por la distancia con la media de las Comunidades Autónomas (18.000 millones) y el 50 % de la infrafinanciación colectiva que sufrieron todas las autonomías durante la crisis de 2008-2009 y que es la parte que correspondería por el mismo trato que Cataluña en la condonación de deuda (9.500 millones).

El experto en financiación ha considerado factible la condonación de parte de la deuda pues implicaría un cambio de titularidad de esta y no afectaría al conjunto del endeudamiento del Estado, así como deseable y positivo que todas las comunidades volvieran a financiarse en los mercados, ha respondido al ser preguntado en estos términos.

Sobre el acuerdo PSOE-ERC, ha opinado que con la información disponible no puede evaluar si es un buen acuerdo, que lo será si se establece un reparto por igual a todas las Comunidades Autónomas, abordando los dos tipos de infrafinanciación que ha expuesto, la colectiva -que afecta a todas las regiones y se deriva de la caída de ingresos por la crisis financiera de 2009- y la relativa -que sufren las autonomías con financiación por debajo de la media (Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha).

Un nuevo modelo de financiación debe aportar suficientes recursos para prestar los servicios públicos de competencias autonómicas, una equidad en la distribución y autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

Además, ha opinado que las decisiones deberían contar con un consenso amplio, "cuánto más, mejor", y desarrollarse bajo "empatía institucional".

Los firmantes reclaman en la declaración la urgencia de la reforma del sistema de financiación para que sea más justo y equitativo y aporte los recursos suficientes para ejercer las competencias propias, unas inversiones del Estado ajustadas al peso poblacional y el reconocimiento de que la infrafinanciación ha generado deuda.

Por la parte empresarial ha firmado el manifiesto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien ha destacado que con la actualización de la declaración se revalida la unidad por la reivindicación y ha pedido a la clase política que sea capaz de entender los intereses de la Comunitat.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha coincidido en que se debe dejar de lado el partidismo en esta cuestión y actuar desde la unidad, el consenso y el acuerdo, y su homólogo en UGT PV, Ismael Sáez, ha apuntado que en estos momentos la posibilidad de resolver problemas está más cerca.

También han firmado la declaración los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, del PP, PSPV y Compromís en Les Corts, el Congreso y el Senado, y de la Unión de Consumidores, Cavecova y la Plataforma per la Llengua.

El secretario de Organización del PPCV, Miguel Bailach, ha resaltado la presencia de diputados y senadores en el acto de firma y ha deseado que próximamente ya no haga falta la Plataforma per un Finançament Just; el portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, Arcadi España, ha señalado que se abre la oportunidad de reformar el modelo bajo la unidad y sin partidismos; y la portavoz de Compromís y diputada en el Congreso, Àgueda Micó, se ha referido a la infrafinanciación como "un agravio político que afecta al día a día de la gente".