martes, 18 de noviembre de 2008

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana se situó en 225.881

VALENCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana alcanzó en octubre las 225.881 personas, lo que supone un decrecimiento interanual del 6,28 por ciento. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 2.059.547, según informó el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

Del total de afiliados extranjeros, 149.481 estaban inscritos en el Régimen General, 34.189 en el Régimen de Autónomos, 28.400 en el Régimen Agrario, 540 son trabajadores del mar y 13.270 en el Régimen del Hogar. En cuanto a su procedencia, 94.138 pertenecían a la Unión Europea y 131.743 a países no comunitarios.

Por sectores, la construcción fue el que empleó a un mayor número de extranjeros (30.893), concentrando el 21,39 por ciento de la afiliación en Régimen General, de los que 10.894 procedían de la Unión Europea y 21.087 provenían de países no comunitarios.

A la construcción le siguió el sector de la hostelería, con 30.893 afiliados; el comercio, con 25.559; las actividades inmobiliarias, con 18.274 y la industria manufacturera, con 17.814.

A nivel nacional, por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentraron casi la mitad de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el mes de octubre, al sumar entre ambas el 44% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 464.983 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 441.695.

Tras estas dos regiones se situaron la Comunidad Valenciana, con 225.881 afiliados extranjeros; Andalucía, con 211.337 ocupados; Murcia, con 95.462; Canarias, con 93.808; Castilla-La Mancha, con 91.260; Baleares, con 86.343; Aragón, con 75.889; Castilla y León, con 72.687, y País Vasco, con 54.581.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social en octubre fueron Galicia, con 43.987 extranjeros; Navarra, con 31.972; La Rioja, con 19.195; Asturias, con 16.741; Cantabria, con 14.458; Extremadura, con 12.926, y las ciudades autónomas de Melilla, con 3.786, y Ceuta, con 2.557.

Camps viaja mañana a Estados Unidos con una delegación empresarial

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, viajará mañana a Estados Unidos con una delegación empresarial de la Comunitat Valenciana con el objetivo de abrir nuevos mercados en este país, según informaron hoy en un comunicado fuentes del Consell.

Esta nueva misión comercial, liderada por Camps, estará formada por el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá; el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando; el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Modesto Crespo; el presidente de la patronal valenciana CEV, José Vicente González, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca.

Asimismo, también viajarán el presidente de la patronal del textil Ateval, Santiago Moltó; el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor; el presidente de la patronal azulejera Ascer, Fernando Diago, y el presidente de la Federación Autonómica del Calzado (Ficcva), José Juan Sanchos, señalaron las mismas fuentes. El mundo de la moda también estará presente con la diseñadora castellonense Dolores Cortés, presidenta de la Asociación de Prêt-à-Porter de la Comunitat (PIV).

En esta ocasión, el jefe del Consell visitará Texas, el segundo estado más importante de EEUU en términos de PIB, población y extensión y, al igual que en el caso de la Comunitat, con una situación geográfica estratégica en el país norteamericano en el centro del país, cerca de las mayores áreas estadounidenses como son Chicago, Los Ángeles o Nueva York, y que actúa de puente hacia América Central y del Sur, destacaron las mismas fuentes.

Así, Francisco Camps visitará Dallas, donde firmará un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de la capital de Texas para potenciar las relaciones comerciales entre Dallas y la Comunitat Valenciana, y establecerá nuevos vínculos de desarrollo logístico.

La Generalitat acaba de ultimar la puesta en marcha de una promoción de los productos valencianos en Dallas cuyo objetivo es incrementar el conocimiento de la Comunitat en el mercado estadounidense, indicaron las mismas fuentes. Esta iniciativa se celebrará en la segunda quincena de noviembre y consistirá en la recreación de una casa (Show House) que estará íntegramente equipada con productos de la Comunitat.

Camps también viajará a Nueva York para firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio España-Estados Unidos con el objetivo de favorecer la internacionalización del tejido empresarial entre Estados Unidos y la Comunitat Valenciana, comentaron.

Miles de informáticos exigen en la calle competencias profesionales exclusivas

VALENCIA.- Unos 4.000 alumnos y profesores de Informática salieron a la calle en Valencia, Alicante y Castellón para exigir al Gobierno que equipare la carrera con el resto de ingenierías.

Aunque el detonante de las manifestaciones -en las que se oyeron lemas como "¡la solución, regulación!", o "¡somos ingenieros, no fontaneros!"- es la adaptación del sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el llamado proceso de Bolonia, su gran reivindicación es antigua: lograr competencias profesionales asociadas al título de Informática, igual que las tienen la mayoría de ingenierías, y carreras como Arquitectura y Medicina.

Los informáticos argumentan que esas atribuciones dotarían al sector de un estándar de seguridad que hoy no está garantizado. En el fondo late también el rechazo a que personas sin estudios universitarios o provenientes de otras titulaciones -como Física, Matemáticas o Ingeniería en Telecomunicaciones (que sí tiene atribuciones profesionales)- compitan por los mismos puestos de trabajo.

La movilización, de ámbito estatal, reclama además al Gobierno que las futuras carreras de Informática adaptadas al EEES incluyan unos contenidos mínimos, para evitar la dispersión de un título ahora claramente identificable por la sociedad. El problema es que el Ejecutivo ha restringido el establecimiento de contenidos mínimos (las llamadas "fichas de directrices") a aquellas titulaciones que cuentan con competencias profesionales.


Los trabajadores de Lois confían en alcanzar el viernes un principio de acuerdo sobre el ERE

VALENCIA.- Los sindicatos con presencia en el grupo Sáez Merino, que comercializa la marca Lois, confían en poder alcanzar el próximo viernes un principio de acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a todos los trabajadores tras la liquidación de la compañía.

Las organizaciones sindicales esperan este acuerdo después haber estado "a punto" de lograrlo en la reunión mantenida hoy con los administradores concursales, según indicó el portavoz de la Federación de la Industria Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-PV, Miquel Ángel Castelló.

Sáez Merino, que comercializa las marcas Lois, Cimarron, Caroche y Caster, y actualmente cuenta con una plantilla de 350 empleados distribuidos en sus dos centros de Benaguasil y Daimiel (Ciudad Real), presentó el pasado mes de octubre la solicitud de liquidación de la compañía tras haber acumulado unas pérdidas de 99 millones de euros en los últimos cinco años.

Miquel Ángel Castelló aseveró que estuvieron "a punto de llegar a un principio de acuerdo" para que el citado expediente incluya "las mismas condiciones" que el presentado por la compañía el pasado mes de abril, lo que finalmente no pudo concretarse por la ausencia de uno de los tres administradores concursales.

Por su parte, el responsable del sector textil de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT-PV, Alfredo Sanmartín, valoró el encuentro celebrado hoy con la administración concursal dado que "se ha avanzado y clarificado algunas cosas", a pesar de haber "aplazado momentáneamente hasta el viernes" la firma del citado documento.

Sanmartín lamentó no haber "conseguido concretar ese principio de acuerdo", hecho que se produjo "entre otras cosas, porque en la reunión de hoy faltaba uno de los administradores concursales y los otros dos no deseaban llegar a un acuerdo sin que estuviera presente", explicó.

No obstante, hizo hincapié en que los representantes sindicales confían "en que se firme en la reunión del próximo viernes", así como en que "ese principio de acuerdo sea ratificado posteriormente por las asambleas de trabajadores" convocadas al efecto.

Destacó que las pretensiones de los sindicatos "siguen siendo las mismas que al principio del proceso", es decir, que el ERE que se apruebe "contemple las mismas condiciones que el último ERE que presentó la empresa hace unos meses", al considerar "que no ha pasado tanto tiempo para que exista una diferenciación y una discriminación. En principio, queremos las mismas condiciones y luego ya veremos si hay suficiente dinero o no para cobrar", sentenció.

El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia aceptó el pasado mes de octubre la solicitud de liquidación formulada por las empresas que conforman el grupo Sáez Merino, General Garments S.A, Sáez Merino S.A Unipersonal, Sáez Merino Textile S.A Unipersonal y Sáez Merino Sewing S.A. Unipersonal.

La liquidación del emblemático grupo textil valenciano supone el desenlace del proceso iniciado en 2004 con la presentación de un ERE para la extinción de los contratos de 541 trabajadores, dedicados todos ellos a la confección, y pertenecientes a los centros valencianos de Carcaixent, Torrent, Benaguasil y Ayora, y al de Casas Ibáñez, en Albacete.

Posteriormente, vivió su segundo episodio en 2006, cuando el grupo textil valenciano solicitó la declaración de concurso de acreedores a fin de "negociar su pasivo y poder acometer un plan de reorganización capaz de garantizar la continuidad de la empresa" y poner fin a la situación de "pérdidas" que se remontaba a 2004.

En ese mismo año, presentó otro ERE dentro del procedimiento concursal en que estaba inmersa, y que finalmente afectó a 427 trabajadores frente a los más de 600 previstos, una rebaja que fue "forzada en parte" por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat por entender que "en la Comunitat Valenciana tenía que haber un centro de producción".

En abril de 2008, Sáez Merino anunció un nuevo ERE que supuso la extinción de los contratos de otros 126 trabajadores, lo que redujo su plantilla a un total de 342 empleados, cerca de 90 en el centro de Daimiel y el resto en el complejo de Benaguasil, que aglutinaba prácticamente todos los servicios de la compañía.

El alcance de este último expediente fue especialmente relevante en la matriz de confección del grupo, Sáez Merino Sewing SAU, ya que afectó a 91 de sus trabajadores, mientras que el resto pertenecían a las divisiones de logística y oficinas.

El Gobierno español estudia rebajar hasta el 70% los aranceles de notarios y registradores

MADRID.- El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que estudia aplicar una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pueda realizar por medios telemáticos y que aumentará hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.

Los nuevos aranceles está previsto que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2009, según el borrador del Real Decreto y que está en proceso de elaboración por parte de los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

La modificación del reglamento de aranceles responde al paquete de 24 medidas para hacer frente a la crisis económica, presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 23 de junio.

En tercer lugar, se prevé una rebaja de las copias simples de 0,6 euros por folio al precio de 1 euro por el documento entero, sin distinguir extensión y soporte. Estos documentos son obligatorios en el cumplimiento de los trámites posteriores a cualquier escritura.

Además, el nuevo reglamento obligará a los notarios y registradores a que especifiquen "separadamente y con la debida claridad" las minutas que cobrarán cada uno de ellos por cada operación, incluyendo los descuentos, rebajas y bonificaciones establecidas en la ley.

Los notarios y registradores estarán obligados a comunicar por vía telemática al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles toda la información respecto a la aplicación de los aranceles y, éstos, a su vez, remitirán la información a los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

Por su parte, las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para actuar en nombre de los usuarios en materia de honorarios y podrán impugnar las minutas en el plazo de 6 meses desde su notificación.

El texto, con fecha de 10 de noviembre, destaca que su aplicación no supondrán aumento del gasto público. El nuevo Real Decreto modificará el Real Decreto 1426/1989 que aprobó los aranceles de los notarios y el Real Decreto 757/1973, correspondiente a los aranceles de los registradores.

La rebaja arancelaria pretende impulsar las medidas telemáticas en el trámite de los documentos notariales y registrales, así como el establecimiento definitivo de la oficina virtual del catastro, contempladas en la Ley para el Impulso de la Productividad, aprobada en noviembre de 2005.

La OCU pide al Gobierno y al Banco de España que mejoren la protección de clientes de bancos y cajas

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Gobierno y al Banco de España que mejore la protección de los usuarios de servicios bancarios y financieros ante las reclamaciones por comisiones injustificadas, cláusulas abusivas y demoras en el cumplimiento de órdenes, entre otras razones.

Concretamente, la OCU se ha dirigido a Secretaría de Estado de Economía y al Banco de España solicitando que las entidades se comprometan de antemano a acatar las resoluciones de la futura Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF) cuando resuelva reclamaciones planteadas por los consumidores.

La OCU cree posible reforzar la protección de los usuarios y la autoridad de los supervisores aprovechando la reforma del sistema de supervisión que dará lugar a la CNSF, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y será la encargada de supervisar la conducta de bancos, cajas, aseguradoras, sociedades de valores y gestoras de planes.

Según la OCU, son muchos motivos los que pueden dar lugar a una reclamación por un mal servicio financiero y, en general, los consumidores "no están muy satisfechos con la forma en que las reclamaciones se resuelven".

"Lo cierto es que es bastante común que un consumidor tenga problemas con las entidades financieras", dice la organización, que recomienda llegar a una solución amistosa con la propia entidad, reclamar siempre por escrito y agotar todos los pasos previos antes de plantearse acudir a la vía judicial.

Si el usuario no llega a un acuerdo con la entidad, debe dirigirse al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad, cuyas decisiones son vinculantes para ella, "aunque no siempre tan imparciales como sería de esperar", dice la OCU.

En caso de que no resuelvan su problema, deberá llevar su queja al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

Las cuentas y tarjetas son los productos que más quejas motivan, sobre todo por problemas con cargos, comisiones o liquidaciones de intereses, mientras que productos de inversión tales como fondos, acciones o seguros de ahorro generan menos reclamaciones.