lunes, 17 de noviembre de 2008

Los inmigrantes necesitan protección durante la crisis económica

PARÍS.- Los trabajadores inmigrantes vulnerables a la recesión en Europa deberían ser protegidos por los países que los necesitan para cubrir los huecos crecientes en su población trabajadora, según un informe de la OCDE publicado el lunes.

Los inmigrantes recién llegados deberían tener prioridad a la hora de recibir ayuda para lograr un acceso temprano al mercado de trabajo, y los hijos de los inmigrantes también deberían ser ayudados para encontrar empleos mediante programas individuales, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Europa.

Entre las medidas de protección sugeridas se encuentran impuestos más bajos para los empleos menos cualificados, posiblemente subsidios, así como un mejor reconocimiento de las licenciaturas y la experiencia profesional extranjeras, además de emplear a más inmigrantes en el sector público.

El informe destaca que los inmigrantes en Europa sufren niveles de desempleo más elevados que los de los nacionales y que se les suele pagar menos cuando encuentran trabajo.

Cuando el momento económico es más duro también son mayores las dificultades que tienen. LA OCDE destacó que suelen trabajar en sectores menos estables y más cíclicos, como la construcción.

"La desaceleración económica hace aún más urgente cuidar a los inmigrantes (...) porque la experiencia demuestra que son los más vulnerables en tiempos de crisis económica", dijo en una rueda de prensa Martine Durand, de la OCDE.

Durand afirmó que es poco probable que la inmigración vaya a descender, porque la situación en sus países de origen sigue siendo muy dura, y agregó además que sin inmigración, la población y el nivel de vida de los países miembros de la OCDE descenderían.

La Organización Internacional del Trabajo ha pronosticado que 20 millones de trabajos desaparecerán en todo el mundo a finales del año que viene

Un menor nivel educativo, la discriminación, el sistema fiscal y el escaso reconocimiento a sus cualificaciones obstaculizan el acceso de los inmigrantes a los mercados de trabajo, según el estudio, que ha analizado la situación en Francia, Holanda, Bélgica y Portugal.

"En los cuatro países, y para los dos sexos, la tasa de desempleo de los inmigrantes es significativamente más elevada que la de los nacidos en el país", dijo la OCDE, que agregó que esta situación se repite en la mayoría de sus 30 países miembros.

La organización pidió que los países estudien el impacto de las políticas contra la discriminación, ya que indicó que no se conoce debido a su falta de estudios.

Los hijos de los inmigrantes también tienen niveles más elevados de desempleo a pesar de pasar por el sistema educativo de los países de acogida, mostró el estudio, que agregó que la discriminación y la infrarrepresentación en el sector público son dos motivos.

La brecha entre los inmigrantes y los nacionales es menor en Portugal, debido a que es el único país de los cuatro en los que el salario medio era igual para los dos colectivos, en parte porque la inmigración es más reciente y sobre todo por motivos laborales.

El Gobierno se reunirá con las nueve comunidades afectadas por la crisis en el sector automovilístico

BARCELONA.- El conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, anunció hoy que el Gobierno central, Cataluña y otras ocho comunidades autónomas afectadas por la crisis en el sector automovilístico se reunirán en breve para abordar la situación.

Este fue uno de los acuerdos que alcanzaron hoy Generalitat y Gobierno en una reunión en Barcelona, en la que asistieron el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho; el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y los consellers de Trabajo, Mar Serna, y el propio Huguet. Además, durante parte del encuentro, que se celebró en el Palau de la Generalitat, también estuvo presente el presidente de la Generalitat, José Montilla.

Paralelamente, Gobierno central y Generalitat acordaron constituir antes de finales de este mes un grupo de trabajo para tratar "específicamente" el futuro de Nissan en Cataluña. El grupo de trabajo requerirá la "implicación de la empresa", según explicaron en una nota conjunta ambas Administraciones, que apuntaron a que los temas a tratar incluirán "los temas laborales".

El fabricante de automóviles nipón presentó la semana pasada ante la Administración laboral catalana un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 1.288 trabajadores en Barcelona y prevé la presentación de un nuevo expediente de 392 personas más a mediados de 2009.

El propósito de las dos mesas, tanto la de ámbito español que englobará a Estado y a las autonomías afectadas, como la que reunirá a tres bandas a Nissan y a ambas administraciones es similar, dijo Huguet: "Dar apoyo a la innovación del sector de la automoción para hacer la transición hacia el coche sostenible".

Ello significa que se tendrá que concretar cómo será esta transición, y el peso que puede tener España en el desarrollo e implementación de estas nuevas tecnologías. En estas reuniones se deberá abordar la construcción de "infraestructuras innecesarias de cara al coche eléctrico o a los híbridos", lo que significa "transformar lugares de carga". "Es poner en marcha un dispositivo complejo que hay que prever con tiempo", constató el conseller.

Ambas Administraciones se comprometieron a mantener "contacto permanente" y coincidieron en la necesidad de que la Unión Europea (UE) "se comprometa inequívocamente en el apoyo a este sector productivo", que se encuentra afectado por una caída de ventas "a nivel global".

Huguet reveló que tanto el Estado como la Generalitat están a la espera de que "próximamente la UE tome cartas en el asunto". "Esperamos unas políticas más sólidas que las que hasta ahora ha habido en automoción", dijo Huguet, quien consideró que la actuación española y catalana obedece a que "mientras la UE no reacciona", ambas administraciones tienen que "moverse".

Antes de asistir al Global China Business Meeting --un encuentro de empresarios chinos que hoy empezó en las antiguas 'Drassanes' (astilleros) de la capital catalana, Huguet concretó que en la reunión, la consellera Serna solicitó a Corbacho "menos rigidez en la aplicación de medidas de apoyo" a las empresas que contemplen la rescisión de contratos de trabajo, y también planteó la posibilidad de que "en casos muy concretos y de forma transitoria" que se pueden aplazar los pagos a la Seguridad Social para evitar problemas de "liquidez".

"Una cosa está muy clara, que es que los ministros son conscientes de que la automoción en Catalunya es una parte muy importante del conjunto del sector en todo el Estado", concluyó Huguet, quien dijo que la comunidad "está dispuesta, por su estructura industrial y en investigación, a ser uno de los lugares donde se implante en primera instancia el coche eléctrico".

"Estamos preparados para ello y hemos dado a conocer a los ministros esta disponibilidad", detalló.

El Gobierno transfiere a las Comunidades 48,6 millones para programas agrícolas y ganaderos

MADRID.- La Conferencia Sectorial extraordinaria de Agricultura y Desarrollo Rural, que reunió hoy a la ministra del ramo, Elena Espinosa y a los consejeros de las comunidades autónomas, acordó la territorialización de 48,67 millones de euros para programas agrícolas y ganaderos, la industria agroalimentaria y para el desarrollo del Plan de recuperación de la capacidad productiva del olivar andaluz.

En el capítulo de industria alimentaria, se aprobó repartir entre las comunidades autónomas un total de 38,13 millones de euros, que procederán del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de acuerdo con la línea destinada al fomento de la industrialización agroalimentaria.

Según explicó el Ministerio, las transferencias efectuadas en 2007 ascendieron a 83 millones de euros, pero determinadas comunidades autónomas aprobaron proyectos de inversión con cofinanciación atribuida al Gobierno que superan las cantidades transferidas hasta el momento, por lo que la sectorial regularizó esta situación.

Para los programas agrícolas y ganaderos, se acordó la distribución de más de 4,37 millones de euros, que están destinados a financiar distintas actuaciones agrícolas para el plan de ordenación del sector porcino (dos millones), la lucha contra plagas de topillos en Castilla y León (1,6 millones) y para la mejora del sector hortofrutícola (779.795 euros).

Esta última partida se destinará a las explotaciones productoras de tomate de Canarias que se encuentren en una difícil situación de endeudamiento con objeto de que se siga manteniendo esta actividad de gran importancia socioeconómica para la región.

En el apartado de recuperación del sector olivar andaluz, se han aprobado ayudas por las persistentes heladas acaecidas en Andalucía durante el primer trimestre de 2005, por valor de 5,3 millones de euros para el desarrollo del plan de recuperación de la capacidad productiva. En concreto, se establece una ayuda específica para paliar las pérdidas de cosecha y las inversiones realizadas por los titulares de las explotaciones.

De otro lado, en la Conferencia Sectorial celebrada hoy se presentó el informe de ejecución de los fondos europeos agrícolas Feaga y Feader, correspondientes al ejercicio financiero 2008 (16 de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2008).

En España, se han distribuido 5.938 millones de euros del Feaga, lo que supone el 99,27% de los 5.982 millones que potencialmente le correspondían, y que representan el 14,17% de los fondos disponibles en el conjunto de la Unión Europea (42.208 millones). Dentro de estos pagos, las ayudas directas alcanzaron los 4.921 millones de euros, que suponen el 98,44% de lo inicialmente previsto.

En cuanto al Feader, los pagos han alcanzado la cifra de 458,14millones de euros, una cifra que se situará en torno a los 1.000 millones de euros en los próximos ejercicios, una vez que los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas se encuentren a pleno rendimiento, según el Ministerio.

De otro lado, los pagos previstos con cargo al Feaga para el mes de diciembre alcanzan los 3.409 millones de euros, y comenzarán a hacerse efectivos a partir del próximo día 1 de diciembre. Por lo que respecta al Feader, la previsión de pagos es de 138,90 millones de euros.

La feria inmobiliaria valenciana pierde el 70% de asistentes

VALENCIA.- El vendaval de la crisis se ha llevado por delante el 70% de las empresas que acudían a la feria inmobiliaria del Mediterráneo Urbe Desarrollo, principal salón valenciano del sector, que se inaugurará el próximo jueves y durará hasta el domingo. La situación pintaba lo bastante mal como para que la mayoría de promotores se inclinara por suspender el certamen y reanudarlo cuando las ventas se recuperaran. Es decir, aparcar Urbe al menos este año y el que viene.

Seguir adelante con tantas ausencias (la octava edición tendrá 70 expositores, frente a los 234 del año pasado) ofrecerá una imagen de "batacazo" parecida a la de no abrir, señalan fuentes del sector a "El País".

Costará dinero. Y nadie está para excesos en el sector: el ladrillo acumula 354.000 parados en España -56.000 sólo en la Comunidad Valenciana-, sin contar las empresas de servicios vinculadas a la construcción; la venta de pisos se ha despeñado un 40%; los promotores sufren la sequía de crédito, y las solicitudes de concursos de acreedores desbordan algún juzgado de lo mercantil.

El sector da por descontado que la feria sufrirá una sangría de visitantes, que el número de compradores caerá todavía más, y teme que se cometan "locuras" del tipo dos por uno.

Así las cosas, por muy barato que resulte ir a Urbe (Feria Valencia admite que ha rebajado los precios a la mitad; algunos promotores aseguran que más), parece que el salón sólo abrirá por las presiones del Gobierno valenciano. Según varias fuentes (todas piden no ser identificadas), las gestiones han dado resultado sobre todo entre aquellos promotores que tienen proyectos que dependen de la Generalitat.

Feria Valencia niega esa versión. En todo caso, afirma un portavoz, "no se entiende que alguien no quiera ir al fútbol y reclame además la suspensión del partido". El desplome de asistentes, añade, se explica en parte porque apenas se expondrán PAI (los polémicos Programas de Actuación Integrada, la fórmula urbanizadora investigada por la Unión Europea) que en los tiempos del boom llegaron a ocupar el 40% de la superficie de Urbe.

Bancaja cifra en 38,5 millones el importe que le adeudan las sociedades de Tremón en concurso

VALENCIA.- Bancaja cifra en 38,5 millones de euros el importe que Tremón y las sociedades del grupo que han solicitado el concurso voluntario de acreedores le adeudan, informó hoy la entidad.

La caja explicó que el 93,5% de dicha deuda cuenta con garantía hipotecaria y el resto con garantía prendaria y garantía personal. Estas cantidades "ya están clasificadas como de dudoso cobro, en consecuencia, estaban ya dotadas" de acuerdo a la legislación vigente, según aseguraron fuentes de la entidad.

La deuda total del grupo Tremón con Bancaja es de 95 millones de euros, pero "de ellos, sólo se han visto afectados por el concurso 38,5 millones de euros", aclararon las mismas fuentes, quienes insistieron en que "estaban ya dotados de acuerdo con el calendario previsto en la normativa legal del Banco de España".

Al respecto, precisaron que de los 95 millones de euros que adeuda Tremón a la caja presidida por José Luis Olivas, el 96% cuenta con garantía hipotecaria, mientras que el 4 por ciento restante posee garantía prendaria y personal.

La CAM cifra en 43 millones el importe que le adeudan las sociedades de Tremón en concurso

ALICANTE.- Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cifró hoy en 43 millones de euros el importe que le adeudan las sociedades del grupo inmobiliario Tremón que han solicitado concurso voluntario de acreedores, según indicaron hoy fuentes de la entidad financiera.

La CAM descartó precisar la deuda total que el grupo Tremón tiene contraída con la caja de ahorros.

El grupo inmobiliario Tremón, que ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, soporta una deuda de unos 1.000 millones de euros de euros con un conjunto de 16 entidades financieras. La solicitud de concurso afecta a la matriz, Grupo Tremón SA, a PR Hoteles y Alojamientos, la sociedad propietaria de los hoteles, y a Altating Servicios Inmobiliarios, promotora.

China, EEUU y la UE trabajarán para armonizar las normas de seguridad de juguetes

BRUSELAS.- La Unión Europea, Estados Unidos y China se comprometieron hoy a reforzar la cooperación y potenciar el intercambio de información entre las tres partes en materia de seguridad del consumidor y anunciaron que proyectan una serie de medidas para, entre otras acciones, armonizar las normas de seguridad de los juguetes.

La comisaria de Protección de los Consumidores, Meglena Kuneva, anunció este lunes el compromiso en una rueda de prensa conjunta con el viceministro chino de Vigilancia de la Calidad, Wei Chuanzhong, y con la presidenta de la Comisión de los Productos de Consumo de Estados Unidos, Nancy Nord. Los tres se reunieron en Bruselas con motivo de la primera cumbre trilateral para la seguridad en el consumo.

A pesar de que Kuneva admitió que no podía dar una lista concreta de acciones o un calendario para su aplicación, sí subrayó que "lo que más nos preocupa" es la seguridad de los juguetes y por tanto en 2009 las tres partes seguirán discutiendo la forma de armonizar las normas de seguridad para este sector.

De cualquier modo, la comisaria europea aseguró "no estar dispuesta" a relacionar la seguridad con el precio de un producto y advirtió de que "independientemente de que un artículo sea barato, la seguridad debe estar garantizada".

Además, indicó que durante la campaña navideña "aumentarán los esfuerzos" para transmitir la información necesaria a los reguladores y supervisores competentes para asegurar que los juguetes en el mercado son seguros.

Por su parte, la representante estadounidense coincidió en que el sector juguetero es uno de los que más vigilancia requiere porque sus productos están dirigidos "a la población más vulnerable".

En este sentido, señaló que para Estados Unidos una de las claves es "actuar en el origen" y "asegurar que los productos se fabrican de manera segura". Para ello, apuntó, es necesario potenciar la colaboración entre las agencias de protección del Consumidor de Estados Unidos, China y Unión Europea porque "cuando hablamos con una sola voz, la industria nos escucha".

Según datos de la Comisión Europea, un 12% de los artículos que llegan al mercado comunitario son de origen desconocido.

Nord subrayó que los de Estados Unidos, China y la Unión Europea son mercados con "normas muy distintas" y abogó por "examinar" estas reglas "para aproximarlas en la medida de lo posible" y puso como ejemplo los esfuerzos asumidos para armonizar las exigencias a los juguetes que incluyen un imán en su composición.

La estadounidense admitió que hay que "presionar" para lograr avances y una mayor seguridad en los juguetes y señaló que Estados Unidos observará "muy de cerca" el trabajo de la Comisión Europea en esta materia porque la agencia estadounidense quiere hacer algo "parecido".

Finalmente, el viceministro chino de Vigilancia de la Calidad, Wei Chuanzhong, aseguró que el organismo de garantía, supervisión e inspección de calidad chino (AQSIQ) ha hecho hincapié en la seguridad de los juguetes comercializados.

Así, explicó que el plan de acción desarrollado para examinar y controlar ciertos productos, "especialmente los juguetes", incluye medidas como exigir a los fabricantes que respeten las normas internacionales en materia de seguridad o un sistema de control que permite la retirada de los artículos que no las cumplen.

Wei admitió que "sigue habiendo problemas" pero los achacó a que "las normas no son las mismas" en los tres continentes y sostuvo que se ha "reforzado mucho la seguridad" de los productos fabricados en China, de la mano de una cooperación mayor con Bruselas y Estados Unidos para el intercambio rápido de información, lo que permite "tomar medidas eficaces a tiempo".

En el marco de esta cumbre trilateral (sus participantes anunciaron otra el próximo año), la Comisión Europea y China suscribieron un memorando reforzado sobre la seguridad de los productos, con el objetivo de ampliar este compromiso a los productos alimenticios y nuevas normas fitosanitarias.

Las cajas recortarán su aportación a Obra Social al mínimo legal en 2009 por la crisis, según Esade

BARCELONA.- Las cajas de ahorros españolas están preparando unos presupuestos para la Obra Social en 2009 que se verán reducidos respecto a los últimos años debido a la crisis, y que en la mayoría de casos se limitarán al mínimo que exige la ley, que es el 10% del beneficio, según un estudio elaborado por la escuela de negocios Esade.

El director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, explicó que el sector de las cajas de ahorros será "uno de los que más sufrirá" la reducción de aportaciones a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) "porque es uno de los que más aporta, se reducirán los beneficios y deberán incrementarse las provisiones".

"Los presupuestos para Obra Social en 2009 y 2010 serán inferiores a los de 2007 y 2008", auguró. Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) recogidos por Europa Press, las cajas destinaron 1.824,3 millones a Obra Social en 2007, lo que representó el 15,10% de su beneficio neto.

Para 2008, la inversión en Obra Social superará los 2.000 millones de euros, encabezada por La Caixa, que cuenta con un presupuesto de 500 millones, un 25% más que en 2007. Carreras reconoció que la entidad presidida por Isidre Fainé es una de las que contará con más margen para mantener su apuesta por este ámbito.

Respecto al comportamiento previsto en la RSE en el mundo empresarial, también lastrado por el contexto económico, será asimismo de reducción de las aportaciones y de "mantenimiento" en el mejor de los casos, señaló Carreras.

El apartado "más afectado por la crisis" será el de la acción social, al que las grandes empresas del Ibex 35 destinan alrededor del 1% de su beneficio. Carreras explicó que aunque el beneficio de las compañías del Ibex ha aumentado un 9,8% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2007, ha bajado un 10% en el tercer trimestre, y los analistas prevén que baje un 14% en 2009.

Por ello, las empresas prevén una reducción de la inversión en RSE en consonancia con esta reducción de beneficios. Con todo, Carreras aseguró que las compañías que tienen la RSE integrada no recortarán aportaciones en mayor proporción que en el resto de departamentos de la organización.

Añadió que la RSE supone una "oportunidad" para superar la crisis, ya que defiende la "transparencia, gestión del riesgo, buena relación con los grupos de interés y buen gobierno".

Respecto a las pymes, previó un "paréntesis" en acciones que supongan inversiones relevantes, debido a su menor capacidad financiera.

El director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA, Antoni Ballabriga, consideró que la crisis servirá para distinguir a las empresas que hacen verdadera RSE de las que durante la bonanza económica hicieron "responsabilidad social decorativa".

Tanto Carreras como Ballabriga recalcaron que el camino que seguirá la RSE durante la crisis será el de "concentrar esfuerzos" en ámbitos concretos y con menos colaboradores para "focalizar" las actuaciones, frente a la diversificación anterior, cuando había más recursos económicos disponibles.

Las ventas de camiones se hunden en España un 50% en octubre y caen un 25% en los diez primeros meses

MADRID.- Las matriculaciones de camiones se situaron en 2.461 unidades durante el pasado mes de octubre, lo que representa una brusca caída del 50% en comparación con el mismo mes de 2007, informaron hoy las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

En los diez primeros meses del año, las ventas de vehículos industriales alcanzaron 28.751 unidades, lo que se traduce en una fuerte reducción del 25,2% en relación con el mismo período del ejercicio precedente.

Anfac y Ganvam explicaron que la cartera de pedidos de este tipo de vehículos continúa descendieron como consecuencia del entorno económico y financiero, ante la desfavorable situación de la pequeña y mediana empresa por problemas de financiación, la caída del sector de la construcción y el aumento del desempleo.

Por segmentos, las entregas de camiones pesados (más de 16 toneladas) se hundieron un 52,5% en octubre, con 1.971 unidades, y bajaron un 26,3% en lo que va de año (22.843 unidades).

Las ventas de camiones ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas) caen un 40,4% en octubre (96 unidades) y un 25,8% en los diez primeros meses (1.068 unidades), mientras que las de camiones medios (entre 6 y 16 toneladas) bajan un 36% en octubre (394 unidades) y un 19,8% en el acumulado del año (5.200 unidades).

De su lado, las matriculaciones de autobuses, autocares y microbuses alcanzaron 345 unidades en octubre, un 0,9% menos, y acumulan una caída del 7,7% en los diez primeros meses del ejercicio (3.404 unidades).

En este caso, las entregas de autobuses y autocares caen un 4,8% en octubre (280 unidades) y un 17,7% en lo que va de año (2.664 unidades), mientras que las de microbuses de más de nueve plazas suben un 20,4% en el mes (65 unidades) y crecen un 63% en los diez primeros meses (740 unidades).

En conjunto, las ventas de vehículos industriales y autobuses retroceden un 46% en octubre, con 2.806 unidades, y caen un 23,6% en los diez primeros meses de este año, con un total de 32.155 unidades.

La Unión reclamará judicialmente su representatividad si la ministra Espinosa no se la reconoce

VALENCIA.- El nuevo sindicato agrario La Unión espera que el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no haga caso de "presiones externas" y le reconozca como representante del sector agrario, porque en caso contrario, se lo exigirán "judicialmente".

El coordinador general de La Unión, José Manuel de las Heras, recordó hoy en Valencia que la organización agrupa a seis organizaciones sindicales con más de 30.000 afiliados, y cuenta con cerca del 37% de la representatividad, y advirtió de que la actual legislación estipula un porcentaje del 10% para que sea reconocida la representatividad.

De las Heras indicó que espera que la ministra Elena Espinosa les reciba pronto y en este sentido, manifestó que ya le han reclamado una reunión "y extraoficialmente, ha dicho que nos va a recibir, pero está tardando demasiado".

Este "joven, pero veterano" sindicato se mostró "consciente de que hay presiones por parte de otras organizaciones agrarias para que no se nos reconozca", pero advirtió que los políticos demostrarían "poca inteligencia" si se enfrentan a ellos.

El grueso de esta organización lo forman agrupaciones históricas de COAG que hace unos meses salieron criticando a la coordinadora la falta de independencia de las entidades territoriales y la afinidad de la dirección con el gobierno socialista.

Las tres organizaciones que abandonaron COAG son Unió de Pagesos, la Unió de Llauradors i Ramaders de Valencia y la Unión de Campesinos de Castilla León y de la Comunidad de Madrid. A ellas se sumaron para pertenecer a La Unión la Plataforma Agraria Libre de Canarias y la Unión de Extremadura.

En este sentido, de las Heras señaló que para el nuevo sindicato es una condición imprescindible el respeto a la independencia de las uniones territoriales y ser "muy escrupuloso" con la independencia hacia el poder político y económico, actitud "sagrada" que se estaba "vulnerando", afirmó, por la "excesiva complacencia con el partido que ahora mismo está en el gobierno", que era "imposible de tolerar".

Esta afinidad, dijo De las Heras, "llevó a COAG a firmar acuerdos nefastos para los agricultores y ganaderos como los del gasóleo o el de ganadería de noviembre del año pasado que recogía ayudas que ya estaban reglamentadas".

La meta de esta organización es "tener nuestros tentáculos en Bruselas cuanto antes" ante la "situación de crisis gravísima sin precedentes" existente en la agricultura y la ganadería y anunciaron movilizaciones territoriales del 28 de noviembre al 1 de diciembre que culminarán con una mayoritaria en Madrid.

Por su parte, el secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders, Josep Botella, señaló que los motivos que han llevado a la organización a formar parte de La Unión fue que dejaron de considerar "útil" como herramienta a COAG, al haber "perdido" el modelo organizativo que se basaba en la "democracia interna" y el mantenimiento del equilibrio.

También criticó que COAG negoció "en contra del acuerdo marco" que se había alcanzado para los cítricos, por lo que aseguró que se les hacía "muy difícil" explicar en la Comunitat Valenciana actuaciones de la organización nacional.

Por ello, apostaron por esta organización, que definió como "unitaria, democrática, independiente y progresista" y destacó sus aires de "frescura y modernidad".

El 56,46% de los juguetes mantienen o bajan el precio respecto al año pasado

VALENCIA.- El 56,46 por ciento de los juguetes mantienen o bajan el precio respecto al año pasado, según informó hoy en un comunicado la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), que ha realizado un estudio para comparar los costes con respecto al año pasado, con motivo del inicio de la campaña de Navidad 2008/2009.

Con el objetivo de conocer si los juguetes han incrementado o no el precio respecto a la campaña anterior, se ha comparado el coste de 150 juguetes en cuatro establecimientos en los que se ha estudiado desde productos para menores de tres años a juegos de mesa, musicales, muñecas o construcciones.

Según la UCE, el 35,37% de los juguetes han mantenido el precio respecto al año pasado y el 21,09% ha reducido su coste en comparación con la campaña de Navidad 2007/2008 frente al 43,54% de los productos que lo han incrementado. De esta manera, la mayoría de juguetes han mantenido o reducido su coste en comparación con las mismas fechas del año anterior.

Por otra parte, entre los juguetes que han bajado de precio, la media del descenso se sitúa en el 17,69%. Esto supone un ahorro "importante" respecto al año anterior, según la UCE, que destacó, entre las mayores bajadas, el 'Pin y Pon Blancanieves', con un 40,16% de ahorro respecto al año pasado o el juego de mesa 'Operación', que reduce su precio en un 28,7%.

En cuanto al 43,54% de los juguetes que han aumentado de precio, la media de la subida es del 8,1%. Los productos con mayores ascensos en los costes son 'Radio Control Cross Country', con un 44,75% de aumento y la 'Cocina campana', con un incremento del 21,27%.

Además, en estas fechas existen establecimientos que realizan promociones especiales con reducciones de precio en la compra del segundo juguete, lo que puede suponer un ahorro de hasta el 70% en la compra del segundo producto.

La UCE señaló que aunque normalmente es el precio y los deseos del niño lo que marca la elección del juguete, "nunca se debe olvidar que, ante todo, deben ser seguros" y para ello, el juguete debe llevar la marca CE. Por lo tanto, "se deben rechazar los juguetes que no lleven esta marca y denunciarlo ante los organismos de consumo".

Asimismo, se debe comprobar siempre que en el etiquetado del juguete figure el nombre, razón social o marca del producto y la dirección del fabricante o su representante legal o importador y asegurarse siempre de que existe este etiquetado, y guardar el ticket de compra del juguete, porque en el caso de que haya algún problema "es importante tener estos datos para cualquier reclamación". En el etiquetado también deben de figurar una serie de advertencias cuando sea necesario".

Además se debe tener en cuenta la edad mínima recomendada que indique y elegir un juguete apropiado a la edad del niño facilita su correcto uso por parte del pequeño, con lo que esto comporta para su seguridad física.

El concurso de acreedores de "Tremon" afecta a la CAM y Bancaja

MADRID.- El grupo inmobiliario Tremón, que ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, soporta una deuda de unos 1.000 millones de euros de euros con un conjunto de 16 entidades financieras, informaron hoy fuentes de la compañía.

Banco Popular, Bancaja y Banco Pastor son las entidades con las que el grupo tiene contraída una mayor deuda, de 200, 100 y 95 millones de euros, respectivamente.

En la lista de bancos acreedores de Tremón figuran también 'La Caixa' y Caja Castilla-La Mancha, con 80 millones de euros cada una; la CAM, con 75 millones, Cajastur (58 millones), Caixa Galicia (47 millones), Cajamar (40 millones), Caixa Catalunya (37 millones) y el Banco Sabadell (31 millones).

Completan el sindicato de bancos financiadores del grupo BBVA y Caja Madrid, con 30 millones de euros, cada uno; Caja Cantabria, con 20 millones, Caja España (16 millones) y Caja Sol, con 15 millones.

En fuentes del Banco Pastor indicaron que la deuda de Tremón a julio de 2007 ascendía a 76 millones de euros y que en este momento es "significativamente menor". Según explicaron, el importe está ya contabilizado en sus balances, por lo que su repercusión en el ratio de mora es nulo.

En cuanto a la situación de Tremón, las mismas fuentes de la empresa indicaron que el grupo inmobiliario y hotelero, propiedad de su presidente, Hilario Rodríguez Elías, se ha visto en la necesidad de solicitar la antigua suspensión de pagos al no poder cerrar el viernes un acuerdo de refinanciación con los bancos.

La solicitud de concurso afecta a la matriz (Grupo Tremón SA), a PR Hoteles y Alojamientos (la sociedad propietaria de los hoteles) y a Altating Servicios Inmobiliarios (promotora).

El juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Antonio Martínez, será el encargado de tramitar el concurso de acreedores de la empresa, según confirmaron fuentes del juzgado.

Las mismas fuentes oficiales de Tremón indicaron que la solicitud de concurso no ha afectado a la actividad de la compañía. Además, garantizaron que no supone dejar "colgado" a ningún cliente y que "de momento" no tendrá repercusión alguna en su plantilla, que actualmente suma unos 600 trabajadores.

En cuanto a los empleados, explicaron que las tres sociedades afectadas por el concurso emplean a unos 50 trabajadores, para los que no está previsto ajuste alguno, y que el grueso del personal está empleado en la gestión de los trece hoteles que gestionan (diez de ellos en propiedad).

Respecto a los clientes, dichas fuentes aseguran que el grupo no tiene viviendas pendientes de entrega, dado que no inicia nuevas promociones desde que a mediados del pasado año comenzó a notarse la restricción del crédito.

De igual forma, indicaron que tampoco cuenta con problemas de impagos a proveedores y subcontratistas, puesto que el grueso de su deuda está contraída con entidades bancarias. No obstante, subcontratistas de una de las filiales del grupo denunciaron que llevan desde el pasado mes de mayo intentando cobrar.

En cuanto a los activos del grupo, a cierre del pasado año, y según la valoración de dos firmas independientes, presentaba un valor de 3.542 millones de euros, si bien la compañía admite que actualmente sería inferior por la devaluación que están registrando los activos inmobiliarios.

Tremón se ve abocado a la suspensión de pagos apenas un año después de intentar salir a bolsa en dos ocasiones, en los meses de junio y noviembre de 2007, y tener finalmente que abandonar el proyecto.

La compañía, fundada en 1993 cuando constituyó una constructora, Haus Construcciones, y después, fruto de la reinversión de beneficios, se constituyó el actual 'holding' que agrupa las empresas con las que actualmente está en los sectores constructor e inmobiliario, patrimonialista (hoteles y centros comerciales) y servicios, entre otros.

Entre las empresas del grupo destacan la cadena Tremón Hoteles (TRH), la compañía de gestión de aparcamientos Hiperauto, Inversiones Agrícolas (explotación agrícola y ganadera de fincas rústicas), y Tradelia (desarrollo y gestión de centros comerciales).

Además, el grupo está posicionado en el exterior, fundamentalmente en el Este de Europa y Marruecos. En concreto, tiene actividad de promoción en la República Checa, en Hungría, en Marruecos y en Polonia, y estudiaba la posibilidad de abordar nuevos proyectos en los mercados de Bulgaria y Rumanía.

Blanco y Pajín se estrellan en Valencia: la unidad del partido vuelve a saltar en pedazos

MADRID.- La frágil tregua decretada por Ferraz en la guerra de familias que desangra al socialismo valenciano ha saltado por los aires. Apenas dos meses después de que José Blanco y Leire Pajín impusieran a Jorge Alarte como nuevo secretario general del PSPV-PSOE para tratar de enterrar un pasado de enfrentamientos internos y derrotas electorales, los congresos provinciales celebrados este fin de semana y el anterior han agudizado la división del partido, poniendo al descubierto la falta de liderazgo de Alarte, al que casi la mitad del PSPV no respalda, según www.elconfidencial.com

De rebote, el gran beneficiado es el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a quien los socialistas, cuya travesía del desierto en la oposición dura ya 13 años, le están allanando el camino a la reelección como presidente de la Generalitat.

Menos de dos meses han bastado para demostrar que el 11º Congreso del PSPV, en el que Alarte fue elegido a finales de septiembre secretario general con sólo el 51% de los votos, se cerró en falso. Alarte, íntimo amigo de Pajín, fue una apuesta personal de la nueva secretaria de Organización del PSOE, que llegó a enfrentarse, incluso, al todopoderoso Blanco, más partidario de un candidato integrador que no fuera percibido en Valencia como una imposición de Ferraz.

Pero Pajín se salió con la suya y Alarte se convirtió, finalmente, en el candidato del aparato socialista. El resultado de la maniobra fue desalentador: un congreso dividido entre los partidarios de Alarte, que apenas logró la mitad de los apoyos, y los de su rival, Joaquim Puig, que le pisó los talones con casi el 48% de los votos.

Blanco, que había maniobrado hasta el último momento para que hubiera una única candidatura, intervino en la clausura del congreso para lanzar una clara advertencia a los rivales de Alarte: tenían que poner "punto y final" a los enfrentamientos y respaldar al nuevo líder, como hizo José Bono en el Congreso Federal del año 2000, cuando, tras perder el cargo de secretario general del PSOE frente a José Luis Rodríguez Zapatero por sólo nueve votos de diferencia, le dio a éste "autonomía plena", recordó Blanco, para gobernar el partido.

Pero el cese de hostilidades ordenado por el vicesecretario general socialista ha sido violado cuando aún no han transcurrido ni dos meses desde la imposición de la tregua. El congreso del PSPV de Castellón, celebrado este fin de semana, se ha cobrado nuevas bajas en una guerra por el poder que estalló en 1995, cuando el popular Eduardo Zaplana desalojó de la Generalitat valenciana al socialista Joan Lerma.

La 'vieja guardia' resiste

Los socialistas castellonenses han elegido como nuevo secretario general a Francesc Colomer, un hombre de confianza de Puig -el rival de Alarte en el fallido congreso de septiembre- y, por añadidura, de Lerma y la vieja guardia a la que Pajín ha tratado, sin éxito, de defenestrar.

La número tres del PSOE presionó hasta última hora para colocar a su amiga María José Montolio como responsable de Organización en la provincia de Castellón, pero el lermista Colomer ha ignorado los deseos de Pajín. Aún así, Colomer cedió algunos puestos de su Ejecutiva a dirigentes afines a Alarte para lograr el mayor apoyo posible, pero la lista sólo obtuvo un respaldo ligeramente superior al 60%, con casi un 40% de críticos.

Mucho peor para los intereses de Ferraz resultó el congreso provincial del PSPV de Valencia, celebrado el fin de semana anterior, que se saldó con una nueva derrota de Alarte y el agravamiento de la división interna.

El secretario general del PSPV había pactado una Ejecutiva de consenso con Francesc Romeu, que lidera otra de las familias del socialismo valenciano, pero a última hora el hombre de Pajín se saltó el acuerdo y vetó la incorporación a la lista de los afines a Romeu. Éste emitió entonces un duro comunicado en el que acusaba a su jefe de filas de "actuar de mala fe" y de "romper unilateralmente" el pacto, que incluía el apoyo de Romeu a quien a la postre fue elegida secretaria provincial de Valencia, Carmen Martínez, a cambio de varios puestos en la Ejecutiva.

De seguir así las cosas, es altamente improbable que se cumpla el deseo expresado el pasado viernes por Pajín en PSOE-TV, la televisión del partido, cuando, tras criticar a Camps por imponer la enseñanza en inglés de la asignatura Educación para la Ciudadanía, señaló que "es urgente un cambio político en la Comunidad Valenciana". Ese cambio, a menos que las guerras fratricidas de los socialistas valencianos cesen definitivamente, aún tendrá que esperar.

El lermista Colomer dirigirá el PSPV de Castellón con una ejecutiva contestada

VALENCIA.- Francesc Colomer, alcalde de Benicasim y portavoz socialista en la Diputación de Castellón, dirigirá el PSPV en la provincia tras recibir este fin de semana el apoyo del 83,1 por ciento de los delegados reunidos en la Universitat Jaume I, según relato de "Abc".

Colomer, mano derecha en la provincia de Castellón del portavoz adjunto en las Cortes, Joaquim Puig, es el primer secretario provincial del PSPV de Castellón. El intenso trabajo del secretario general del PSPV para que la reunión de Castellón tuviera un final feliz y mostrara una cohesión que no se había logrado hasta la fecha fue efectivo sólo a medias.

Y es que la extensa ejecutiva provincial promovida por Colomer para tratar de integrar se quedó en el 60,35 por ciento de apoyo. Y ello, pese a que integra referentes municipalistas como el portavoz del colectivo, Juan María Calles, y la edil de Betxi, María José Montoliu, además de entregar la presidencia a Isabel Sabater.

Con esa finalidad plural, la primera dirección provincial castellonense cuenta con dos vicesecretarías. Colomer cuenta para los puestos clave con la joven diputada autonómica María José Salvador, como vicesecretaria primera; así como con Josep Martí, alcalde de Sueras y destacado municipalista, para la segunda.

La secretaría de Organización, como es preceptivo, es para el diputado provincial Francisco Valverde, un socialista de Villarreal de la estricta confianza del nuevo secretario provincial y de Joaquim Puig.

El secretario general del PSPV pretendía que la cita de Castellón fuera un congreso de distensión, después de que tanto el congreso nacional del PSPV de septiembre como el cónclave provincial de Valencia del anterior fin de semana demostraran la quiebra en dos bloques de los socialistas.

Lo logró parcialmente con una única candidatura a la secretaría general y una lista a la dirección, aunque esta última tuviera una contestación cercana al 40 por ciento. Colomer aseguró que el proyecto de Alarte «es el mío, un proyecto sin exclusiones, en el que falta mucha más gente».

«Plural, colectivo, sin piquetes, sin fronteras y sin familias», era la descripción del socialismo que pretende liderar.

Durante la jornada previa, el secretario general del PSPV aprovechó para hacer una llamada a la unidad y aventuró que no habría problema durante el congreso por la ausencia de referentes afines a Francesc Romeu.

Ya sobre el terreno congresual, Alarte mostraba su «confianza» y su apoyo al alcalde de Benicasim para liderar un proceso de cambio en la provincia de Castellón.

Alarte aprovechó la presencia de Joaquim Puig para decirle que «siente muy de cerca» su «lealtad inquebrantable» a Blanquerías.

El Ayuntamiento de Benidorm debe 130 millones de euros

MADRID.- Los ayuntamientos siempre han pagado mal, pero ahora, con la caída de los ingresos procedentes del boom del ladrillo, muchas corporaciones locales están estirando indefinidamente los plazos de mora y otras han cerrado sin más el grifo de los pagos.

Los efectos los están sufriendo todo tipo de empresas: grandes, como FCC, Endesa y Telefónica, y sobre todo, pequeñas, donde se concentra el 95% del empleo en España.

Prácticamente en cada uno de los 8.200 ayuntamientos de España hay problemas de pago, independientemente del partido que gobierne.El consistorio de Benidorm, por ejemplo, adeuda 30 millones de euros a la constructora FCC, concesionaria del servicio de recogida de basuras.

Pero lo peor es que, acuciado por una deuda total de 130 millones, también ha dejado de pagar a sus proveedores más pequeños, que no pueden aguantar un estrangulamiento financiero de esas características, según "El Mundo".

La mayoría de las pymes apenas gozan de capital circulante para hacer frente a las nóminas y a los pagos diarios. Es la peor crisis crediticia conocida nunca, a la que se suma ahora la morosidad de los ayuntamientos.

Si a principios de año los municipios tardaban seis meses de media en abonar sus facturas a las empresas privadas, ahora superan los ocho meses, según una gran empresa que prefiere ocultar su nombre.

Muy lejos queda la ley de morosidad, que fija un máximo de 60 días.

Durante los cinco últimos años, cuando la recaudación de los impuestos procedentes de la construcción iban como un tiro, las corporaciones se pulieron en gasto corriente el espectacular aumento de sus ingresos (un 50%).

Entre 2002 y 2007, el pago de las nóminas de estas entidades aumentó también un 50%. Ahora, los ayuntamientos se han convertido en las primeras empresas de cada localidad por número de empleados y por volumen de gasto. En muchas corporaciones, el gasto de personal supone casi la mitad del presupuesto anual.

También subieron los gastos en bienes corrientes y servicios (la compra de material y suministros), un 68%. En este periodo los gastos financieros sólo crecieron un 2,8%, ya que los ayuntamientos han preferido financiarse por la vía de las deudas a particulares que acudir a líneas de crédito de los bancos.

Según el Banco de España, las corporaciones locales tienen hasta junio de 2008 facturas sin pagar por valor de 30.559 millones (incluyendo a diputaciones, consejos y cabildos) frente a los 24.153 millones de hace cuatro años. La mitad de la deuda corresponde a capitales de provincia.

A esta cifra hay que sumarle los 5.164 millones de déficit extrapresupuestario que han configurado, creando un parque empresarial para ocultar en muchos casos el volumen de la deuda y dar empleo a familiares y compromisos políticos.

La Administración Central, la que depende directamente del Gobierno, es de las que mejor pagan. Es decir, suele cumplir los plazos de 60 días de demora en general. Entre otras cosas, porque sus clientes y proveedores, sobre todo los de obra pública, suelen ser grandes empresas que necesitan liquidez para mantener su músculo financiero.

El gran escollo está en los ayuntamientos: el incumplimiento en el pago se ha disparado desde que estalló la burbuja inmobiliaria y acabó con las expectativas de los gobiernos locales de seguir recaudando espectacularmente y de gastar aún más.

Lo normal en una economía, incluso en la doméstica, es reducir gastos cuando merman los ingresos. Este no es el caso de los municipios (tampoco del resto de las Administraciones Públicas) que han engordado sus partidas de gasto corriente y que no se atreven a meter la tijera en épocas de vacas flacas. Por ejemplo, en cinco años el presupuesto de personal de todos los Ayuntamiento ha pasado de 10.419 millones a 15.549 millones y el de los suministros de 9.154 a 15.439 millones.

En lugar de reducir el gasto, los municipios están aumentando el plazo de demora con los acreedores (en algunos casos renegociando a largo plazo con los principales proveedores), mientras otros están optando por subir impuestos para recaudar más.

Ante la falta de pago en el plazo legal, la mayoría de la facturas corren con un 11,20% de interés de demora, aunque no saben cuándo van a cobrar. Es decir, los municipios se financian el gasto aplazando el pago de la deuda en lugar de acudir al banco a pedir un crédito para pagar estos servicios, que seguramente se lo darían con buenas condiciones.

En este deterioro en el pago han entrado también las grandes compañías suministradoras de la luz y el teléfono. Según fuentes de estas compañías, «cada vez cuesta más cobrar y firmar acuerdos de aplazamiento de pago creíbles». Ya se han producido algunos cortes de suministro por parte de Telefónica.

La mora afecta aún más a las pymes, a las subcontratas de servicios y a los autónomos. Otras pymes, que saben que van a tardar mucho tiempo en cobrar, incrementan, con el consentimiento del Ayuntamiento, la cantidad de cada factura por encima del interés de demora para no salir muy perjudicadas. El problema es cuando el banco le cierra la línea crediticia y no puede pagar las nóminas a corto plazo.

Los ayuntamientos se quejan de que no reciben los fondos suficientes del Estado y de las autonomías. Pero, en realidad, no deberían tener deudas porque la Ley de Estabilidad les impide tener déficit.Es decir, los ingresos deben ser superiores a los gastos. La picaresca ha consistido en no pagar y demorar facturas asumiendo a la vez mayores compromisos de gasto.

No han reducido este agujero negro en los años de bonanza recaudatoria del ladrillo. Quizá algunos esperan, como ocurrió por primera vez a finales de los años 80, que el Estado se haga cargo de todas ellas y ponga el contador a cero.