viernes, 22 de mayo de 2009

Alarte justifica la querella a Camps en que la "vergüenza diaria" sigue y el "ratito es insoportablemente largo"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, justificó hoy la decisión del partido de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de imputados en el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en que "la vergüenza diaria" continúa y porque el "ratito largo" que dura el procedimiento, --en referencia a unas palabras utilizadas por el jefe del Consell sobre el tiempo en que estaría en marcha la causa-- es "insoportablemente largo desde el punto de vista democrático, ético y político".

Alarte compareció en rueda de prensa, acompañado del síndic del PSPV en las Corts, Ángel Luna, y los portavoces adjuntos Cristina Moreno, Carmen Ninet y Joaquim Puig, tras la reunión mantenida entre la Comisión Ejecutiva Nacional y la dirección del grupo parlamentario, para precisar detalles acerca de la decisión adoptada por la dirección del PSPV de querellarse contra Camps, --cuya dimisión es "acuciante, imprescindible y necesaria", dijo--, y el resto de valencianos implicados en el 'caso Gürtel', que han declarado esta semana como imputados por un presunto delito de cohecho ante el TSJCV, que investiga si recibieron trajes de Orange Market como regalo a cambio de adjudicaciones.

El secretario general del PSPV indicó que hoy se firmarán los poderes para que los abogados puedan presentar en los próximos días esta actuación judicial, que irá suscrita por el grupo parlamentario, y que se ha preferido que adopte la forma de querella y no de personación en la causa ya que de esta forma pueden presentar ante el magistrado instructor un relato de los hechos del que denominó 'caso Camps', de los que conocen "pocos" porque su grupo siempre ha "intentado averiguar", sin obtener los contratos con la empresa, y "siempre" ha recibido "mentiras".

En esta línea, consideró que Camps tuvo ayer su "última oportunidad" para dar explicaciones políticas y "dar cuentas de por qué ha mentido" y la agotó, y señaló, preguntado por si él guarda las facturas de todos los trajes que compra, que "a veces sí y otras se me extravían, pero no dejo que me los pague ningún delincuente".

Alarte cuestionó que los dirigentes 'populares' se hayan mostrado "contentos" de tener que ir a declarar, cuando las "personas normales no lo hacen", y consideró que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tiene que tener "mala conciencia si lo tiene que sustituir --a Camps-- porque no pasa nada".

Alarte, quien se mostró convencido de que ganarán las elecciones, señaló que quieren ejercer su responsabilidad "en defensa del interés público de los valencianos, del dinero de la gente, de la transparencia y del interés de todos los valencianos en saber qué ha sido de sus más ocho millones de euros que el presidente Camps y todo su Gobierno ha puesto en manos de una trama corrupta dedicada a la evasión de impuestos y blanqueo de capitales".

El secretario general del PSPV señaló que han esperado "lo suficiente" hasta este momento y añadió que "hay veces que cuando uno no actúa, ya no es ser prudente, es no cumplir con su deber".

En esta línea, añadió que querían aguardar a las explicaciones que diera Camps y subrayó que con la presentación de la querella ejercen un derecho recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no supone "valoración alguna" de lo realizado por jueces, policía y Fiscalía.

No obstante, dijo, el jefe del Consell está "en tiempo de descuento" porque "debería haber dimitido hace 48 horas". En su opinión, "da igual" el resultado del proceso penal porque Camps "debía haberse ido ya" puesto que está "absolutamente inhabilitado" y, conforme pasa el tiempo, está "dos veces inhabilitado" al haber "mentido y sometido" a los valencianos "a una de las peores vergüenzas sufridas en los últimos 30 años".

El responsable socialista subrayó que Camps estaba "loco, loco, loco por hablar" y "tenía tantas ganas" que le "sobró mucho tiempo" en su comparecencia ante el TSJCV --donde hizo hincapié en que "no ha presentado facturas" del pago de los trajes--. "Vamos a ejercer nuestra responsabilidad", dijo Alarte, quien afirmó: "nos pagamos nuestros trajes y no tenemos miedo".

En este tiempo, dijo, de "apenas dos contratos", hoy se sabe "que ya son casi ocho millones de euros"; "de no conocer a Álvaro Pérez, a un amigo íntimo con el que hay muchas cosas bonitas de las que hablar"; "de que no había nada y era una operación de Garzón", a declarar como imputado en el TSJCV y a que el próximo martes altos responsables de todos los departamentos del Gobierno valenciano deban pasar por el alto tribunal para explicar los contratos con Orange Market, sobre quien en 2005 el diputado socialista José Camarasa ya preguntó.

Preguntado por la petición que realiza de dimisión de Camps y la situación del número dos del PSPV y alcalde de Elche, Alejandro Soler, imputado en el denominado 'caso de las facturas', señaló que el jefe del Consell debe dejar su cargo no por 'Gürtel' sino por sus "responsabilidades políticas".

Asimismo, preguntado por el pago de 6.000 euros del Ayuntamiento de Elche a una cena de UGT, indicó que no conoce la factura, que desconoce si el consistorio ha decidido colaborar con algún sindicato en el desarrollo de sus actividades y preguntó que si eso "está mal" porque, entonces, "habría que procesar al Consell entero".

"No lo veo mal".

En otra línea, interrogado por la decisión del PP de Alaquàs de acudir a Fiscalía para denunciar la contratación para un servicio municipal de una abogada que ejerce de letarda para el padre del secretario general del PSPV, Alarte consideró que forma parte de una "estrategia" y de usar a los ediles 'populares' del municipio para "hacer un circo más".

EUPV y CCOO-PV consideran que el 'caso Gürtel' "puede incidir negativamente" en el voto y llaman a la participación

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, y el secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, expresaron hoy su "preocupación" por la participación ciudadana en las elecciones europeas del próximo 7 de junio y estimaron que el 'caso Gürtel' "puede incidir negativamente en la posibilidad de incentivar el voto", en palabras de Sanz.

Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con la ejecutiva del sindicato, señaló que "todo lo que está aconteciendo en torno a la imputación de Francisco Camps y de altos dirigentes del PP crea una perplejidad en la ciudadanía" y deja a las instituciones valencianas en "una situación prácticamente de interinidad".

Preguntado por esa cuestión, Molina estimó que "no es un buen escenario para una campaña electoral", puesto que conlleva "una cierta involución" a la hora de que las formaciones políticas expliquen "con qué programas de gobierno quieren concurrir a las elecciones", que sería "lo exigible", y que se produce

"No es el escenario más adecuado", insistió el líder sindical, quien resaltó que "es muy evidente que hay una cierta involución al respecto por un tema que es grave y del que se pueden derivar consecuencias importantes", y lamentó que "eso hace que se hable menos de lo que nos pueden afectar estas elecciones".

Marga Sanz criticó que "no hay ningún tipo de iniciativa por parte del Consell para salir de la crisis con efectividad y sobre todo, desde la protección de los trabajadores y del empleo", y resaltó que su "obligación" es "dar a conocer que, pese a lo que está pasando, siempre hay alternativas y hay formaciones políticas y sindicales que están trabajando para frenar estas políticas agresivas".

Hizo hincapié en su "preocupación" por "hacer que el conjunto de la ciudadanía se acerque a votar a las urnas, porque en Europa se decide cada vez más sobre temas y problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía" y "Europa ya cuenta en la vida diaria de las gentes", que es "cada vez más precaria, donde miles de sueños se van rompiendo y donde realmente no hay todavía una luz por la cual se vea una posibilidad de salir de esta situación", dijo.

Molina coincidió en que desde el sindicato están "francamente preocupados" por la participación en los comicios, y remarcó que las elecciones "no pueden estar condicionadas por cuestiones que no van a ventilarse en estas elecciones".

"Pedimos es que en esta concurrencia de campaña electoral se hable verdaderamente de cuál va a ser la defensa, sobre qué ejes fundamentales, con qué capacidades, y a través de qué modelos piensan concurrir y piensan defender", recalcó.

Respecto a las propuestas de EUPV para las elecciones, Sanz resaltó que la crisis será el "eje fundamental" de su planteamiento político, que se basa en "una protección del empleo y de los derechos laborales y sociales" y en "el reforzamiento de los servicios públicos para el logro de una mayor cohesión en la sociedad".

Abogó por "avanzar hacia un nuevo modelo económico y social" que "ha de girar las prioridades sociales y económicas hacia la economía productiva" y ser además "un modelo de sostenibilidad medioambiental y social", que esté "basado en el empleo estable y de calidad, redunde en todo aquello que reporte ventajas competitivas, y que requiere una inversión publica decidida en I+D+i".

Marga Sanz incidió en que "los gobiernos de la UE deben recuperar un sector público de la economía, a través del cual incidir en la orientación de la economía a través de sectores estratégicos" para "reorientarla de acuerdo a los intereses de la mayoría y no de los grandes grupos financieros y multinacionales que hasta ahora han guiado este proceso de integración de Europa".

"Es necesario un viraje hacia una Europa social, de los trabajadores, de los pueblos, de paz y de cooperación", sentenció.

Por su parte, Molina indicó que CCOO-PV tiene unos "objetivos muy próximos y coincidentes, la mayoría, con la estrategia política de EUPV", y garantizó que todas las formaciones políticas que recojan "cuatro ejes fundamentales" para el sindicato "contarán con el beneplácito y el impulso" de la organización.

En concreto, piden "una recuperación económica conjunta de los países" con "una estrategia de carácter renovado", que permita "retomar a corto y medio plazo el crecimiento económico sostenido y sobre todo, sobre una base industrial saneada", así como "una estrategia de I+D y de competitividad, y un sistema financiero que refuerce la economía productiva y el trabajo, y dé respuestas a la economía social".

Sostuvo que se debe "revitalizar la agenda europea y promover un mayor respeto de los derechos humanos", dado que "el modelo europeo de protección social debe ser más fuerte frente a otros modelos", y reclamó además una "estrategia europea que gestione de forma sostenible los espacios naturales, actúe con firmeza contra el cambio climático y haga de la seguridad energética un autentico eje de competitividad, avalado por el desarrollo de las energías alternativas".

Por último, Paco Molina recalcó que también "es necesario que haya una nueva gobernanza de organismos internacionales", puesto que, en opinión del sindicato, "Europa no puede ser débil y jugar un papel de comparsa, porque el modelo social no se puede cuestionar", sentenció.

Peralta muestra su desacuerdo a las manifestaciones ante los tribunales

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, calificó hoy de "algo absolutamente ajeno a los procedimientos democráticos" determinadas "actuaciones" que, explicó, "no sé si calificarlas de manifestaciones o concentraciones, hechas en puertas de los tribunales para acompañar a imputados, máxime si se lleva a cabo por los más altos cargos de un gobierno autonómico".

Peralta indicó que esta semana se ha puesto de manifiesto "cómo el estado de derecho funciona con absoluta normalidad" en España, en tanto que "ningún ciudadano tiene inmunidad frente a la actuación de los tribunales", que actúan "con absoluta independencia, libertad y objetividad en relación con todos los ciudadanos", algo que "da confianza" a la ciudadanía.

Por contra, calificó de "algo absolutamente ajeno a los procedimientos democráticos" "determinadas actuaciones" que, explicó, "no sé si calificarlas de manifestaciones o concentraciones, hechas en puertas de los tribunales para acompañar a imputados, máxime si se lleva a cabo por los más altos cargos de un gobierno autonómico".

Peralta se mostró convencido de que los ciudadanos no entienden esta actitud, y lamentó que "sólo sirve para crear discordia y división".

Asimismo, defendió que "la actuación de todos los gobiernos debe ser respetar, amparar y defender la actuación de los tribunales" y calificó de "reprobables" declaraciones de altos cargos de la Generalitat o el PP "descalificando actuaciones judiciales".

Peralta remarcó que "en ningun caso pueden entenderse esas actuaciones judiciales como actuaciones contra las instituciones o contra el pueblo valenciano; por el contrario, los tribunales cuando actúan" lo hacen "en nombre del pueblo", recordó. "La justicia se imparte en nombre del Rey, que es la representación máxima de todo el pueblo español".

El delegado del Gobierno no quiso valorar el anuncio del PSPV-PSOE de presentar una querella criminal contra el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, así como contra el resto de imputados en la "trama valenciana" del conocido como 'caso Gürtel' con el fin de poder personarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y "defender el interés público".

No obstante, señaló que "cuando alguien inicia una carrera de judicializar la vida política" y en este sentido, recordó que "al alcalde de Elche le presentó una querella el PP", cabe la posibilidad de que "se encuentre con que se le aplica la misma vara de medir".

En cualquier caso, instó a hacer "una apuesta desde las instituciones y desde el respeto a la vida democrática por el funcionamiento regular de las instituciones", algo que ligó con la petición de que el presidente de la Generalitat "dé una explicación" en las Corts Valencianes. "Quizá, ante la ausencia reiterada de esa explicación, alguien ha pensado que debía buscarla por la vía judicial".

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Carlos Fabra por manipular papeles

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción pidió una pena de dos años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de "manipular" sellos y firmas para que dos de sus empresas obtuvieran el "mayor número posible" de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la producción de productos fitosanitarios.

Según consta en la calificación del ministerio público, remitida a los medios de comunicación, el fiscal considera tanto a Fabra, como a sus otros dos socios, Vicente Vilar y Montserrat Vives, autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión para cada uno de ellos.

EU asegura que "la justicia nos está dando la razón a los que llevamos años denunciando a Fabra"

VALENCIA.- La diputada de la Agrupación de No Adscritos y miembro de EU Marina Albiol aseguró hoy que la justicia "nos está dando la razón a los que llevamos años denunciando públicamente la forma de hacer política de Carlos Fabra, utilizando su cargo de representación pública para su beneficio personal y de sus allegados".

Albiol, en un comunicado, se refirió así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado provisionalmente una pena de dos años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

En este sentido, señaló que "son ya muchos años los que llevamos denunciando las corruptelas y enchufismos de Fabra y en todo este tiempo hemos sido objeto de insultos, denuncias y amenazas por parte del Partido Popular y del propio presidente de la Diputación", pero ahora cada paso que da la justicia es para demostrar que "nuestra lucha contra la corrupción del PP en Castellón era, y es, totalmente necesaria".

A juicio de la diputada, "parece que no íbamos tan desencaminados cuando hace años desde Esquerra Unida lanzábamos la campaña 'Fabra a la presó'", por la que fuimos denunciados por injurias y calumnias".

De esta manera, Albiol valoró que, después de cinco años, "por fin se empiecen a ver resultados en las investigaciones sobre Fabra y espera que este sea el principio de la resolución de todas las causas que el Presidente de la Diputación de Castellón tiene pendientes con la justicia".

Oltra pidió la dimisión de Fabra y señaló que es una cuestión de "salud democrática" ya que los ciudadanos "no se merecen un presidente de la Diputación que ha sido inculpado y para el que la fiscalía está pidiendo dos años de cárcel".

CCOO y UGT en RTVV protestan en Canal 9 "por la censura" y exigen la dimisión de Pedro García

VALENCIA.- Representantes de trabajadores de CCOO-PV y CGT-PV protestaron hoy en las instalaciones de Canal 9 "por la censura y los abusos laborales de la dirección" y exigieron la dimisión del director general de RTVV, Pedro García, --de quien colgaron fotografías con su imagen boca abajo-- por "la ocultación informativa, como se ha demostrado escondiendo la imputación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el 'caso Gürtel".

Según informaron en un comunicado, los representantes de los trabajadores de CCOO y CGT protestaron en el Centro de Producción de Programas de Televisión Valenciana para "denunciar la actuación de Pedro García y toda su dirección".

Los trabajadores colgaron una imagen por todas las instalaciones para "denunciar la actuación de un director bajo sospecha que ha puesto a la radio y la televisión pública de todos los valencianos al servicio de la censura y de la ocultación informativa, como se ha demostrado ocultando la imputación del presidente de la Generalitat en el 'caso Gürtel'.

Los representantes de CCOO y CGT denunciaron que mientras la dirección "muestra un servilismo obsceno con el poder de la Generalitat, recorta los derechos de los trabajadores, ya que continúa sin cumplir la reforma laboral manteniendo la precariedad laboral de más de la mitad de la plantilla, con más de 200 trabajadores cobrando salarios inferiores a su categoría profesional, y con una campaña de abusos laborales en jornadas y horarios".

"Todo para lograr establecer el miedo entre los trabajadores con la finalidad de continuar actuando impunemente como gabinete de prensa del PP", afirmó.