El PSOE exige al PP sacar a Agramunt del Consejo de Europa tras ser acusado de corrupción

MADRID.- El PSOE ha exigido al PP que saque al senador Pedro Agramunt de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), tras el informe interno en el que este organismo alude a su posible implicación en actividades corruptas durante el tiempo en que presidió la entidad y su trayectoria anterior.

El portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, ha emplazado al grupo popular a actuar “de manera preventiva” contra el senador Agramunt, bajo el argumento de que su presencia en la APCE no puede ser “la mejor carta de presentación de España ante Europa”, cuando se le ha acusado de posibles prácticas corruptas.

Sin embargo, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado que el grupo parlamentario no va a adoptar por ahora ninguna medida contra Agramunt, ha apostado por esperar la “respuesta” que pueda dar la Asamblea y ha recordado que el propio senador valenciano defiende que todas las acusaciones “son falsas”.

La comisión de la APCE encargada de indagar este caso cree que Pedro Agramunt participó en una “actividad corrupta” aunque también dice que no tiene “evidencias claras”, y destaca su respaldo a los intereses de Azerbaiyán y la campaña promovida desde este país para que en 2013 lograra presidir el grupo del Partido Popular Europeo.

El parlamentario español presidió la APCE de enero de 2016 a octubre de 2017, cuando dimitió tras perder la confianza de la Cámara por una polémica visita a Siria, no comunicada a la Asamblea, junto a parlamentarios rusos y el diputado español del PDeCAT Jordi Xuclà, en la que se entrevistaron con el presidente Bashar al Assad.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado, el senador socialista Ander Gil ha recordado que Agramunt siempre se ha visto salpicado por “cuestiones turbias”.

Ahora, tras el informe de la Asamblea Parlamentaria, entiende que han aumentado las “dudas razonables” que “se ciernen” sobre él hasta hacer “insostenible” su situación, por lo que ha emplazado al grupo popular a apartarlo de este organismo al que accedió tras ser elegido por la mayoría del pleno del Senado.

También se ha preguntado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “respalda” al senador del PP, y si el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que “traga con todo”, ahora también “tragará con el escándalo Agramunt”.

Gil ha aludido a los “regalos”, las “transferencias de 15.000 euros”, los “billetes de 500 euros” y los “hoteles de lujo” que se citan en el documento como supuestas prebendas para defender los intereses de Azerbaiyán y paliar las críticas a ese país y ha remarcado que “hoy mismo” el grupo popular podía hacer que saliera de la cámara parlamentaria.

Sin embargo, el portavoz del grupo popular ha dejado claro que no habrá medidas contra el senador valenciano, quien ha ratificado su inocencia en una conversación telefónica mantenida desde Estrasburgo (Francia).

José Manuel Barreiro ha señalado que “obviamente” hablará con él personalmente cuando regrese a España, pero ha apostado por esperar por la “respuesta” que dé la APCE tras analizar el informe de la comisión y ha hecho hincapié en que sostiene que todas las acusaciones contra él son “falsas”.

También ha señalado que su permanencia en el escaño del Senado “no tiene que ver” con el episodio de la Asamblea Parlamentaria porque Agramunt fue elegido senador, y ha subrayado que no sería “lógico” adelantar acontecimientos ni juzgarle “antes de que haya un pronunciamiento”.

La Comisión que investiga las alegaciones de corrupción en la APCE dijo que hay “fuertes sospechas” de que Agramunt “fue parte de una actividad corrupta”, aunque “no tiene evidencias claras”.

En un informe de casi 220 páginas, la comisión destaca el “apoyo muy claro” de Agramunt a los intereses de Azerbaiyán, su “papel clave” en decisiones favorables a ese país y su intervención “para suavizar las críticas hacia las autoridades azeríes”.

Así, señala que la campaña de Agramunt para alcanzar la presidencia del Grupo del Partido Popular Europeo en la APCE “parece que fue dirigida por Muslum Mammadov, quien fue lobista para Azerbaiyán“.

En el informe se señalan extrañas donaciones, relojes y licores ofrecidos por cargos políticos de países del este y hasta sospechas de prostitución. 

También destaca el “estrecho contacto” con el expresidente del Grupo del PPE en la APCE Luca Volonté “en sus actividades para socavar el informe Strässer”, resolución que denunciaba la situación de los presos políticos en Azerbaiyán y que fue tumbada el 23 de enero de 2013 en sesión plenaria.

El italiano Volonté y los exparlamentarios azeríes Mammadov y Elkham Suleymanov sí son señalados por el informe de estar “involucrados en actividades corruptas”, en el caso del primero y el tercero “infringiendo seriamente el código de conducta de la Asamblea”. Volonté fue acusado en Italia de recibir varios pagos periódicos de las autoridades de Azerbaiyán durante 2013 y 2014.

La Comisión externa e independiente está compuesta por tres exjueces europeos, el británico Nicholas Bratza, el francés Jean-Louis Bruguière y la sueca Elisabet Fura, e inició sus trabajos el pasado junio.

Han escuchado medio centenar de testimonios de parlamentarios, miembros de la Secretaría de la APCE, periodistas e integrantes de la sociedad civil.

El presidente de la APCE, Michele Nicoletti, anunció en rueda de prensa que remitirá el informe a la Comisión de Reglamento para que decida las sanciones individuales a imponer a los parlamentarios que hayan vulnerado el Código de conducta.

El documento recomienda a la APCE que aplique sin demora las recomendaciones realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en especial para prevenir los conflictos de intereses.

Las alegaciones de corrupción en la APCE comenzaron en mayo de 2012 con la publicación de un informe del think-tank de Berlín European Stability Initiative que llevaba por título “Diplomacia del caviar: cómo Azerbaiyán silenció al Consejo de Europa”.

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías (Valencia)

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo. 

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

Oltra abronca al PSPV de Valencia por ofrecer sus sedes para asesorar sobre la Renta de Inclusión

VALENCIA.- La Renta Valenciana de Inclusión tramitada en las sedes de distrito del PSPV en Valencia. El anuncio del portavoz socialista, Borja Sanjuán, de que las sedes de su partido se convertirían en "Puntos de Inclusión" donde asesorarán en la tramitación de la medida estrella de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha provocado una bronca pública de Mónica Oltra, según El Mundo.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad ha contestado a un tuit en que los socialistas anunciaban esta medida calificándola de propia de "partidos ultras para generar pleitesías aprovechándose de la necesidad de la gente". Y añade: "La Renta de Inclusión la tramitarán los y las profesionales cualificados de los servicios sociales".

Tras la respuesta de la vicepresidenta han ido surgiendo también otras voces críticas de Compromís, como la del secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, el senador Carles Mulet, los diputados Jordi Juan o María Josep Ortega o el propio partido de Oltra en Castellón.

El anuncio de los socialistas ha provocado que varios concejales de Compromís hayan lanzado un mensaje en redes sociales para pedir que las personas que puedan ser beneficiarias acudan a asesorarse a los servicios sociales.

Eva Montesinos vuelve a ser la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- Marcha atrás a la polémica decisión de la ejecutiva local del PSOE de Alicante de apartar a Eva Montesinos, su alcaldable fallida, de la portavocía del grupo. En una reunión de la dirección local del partido forzada por la cúpula autonómica del PSPV, la ejecutiva ha decidido situar a Montesinos como portavoz, y a Miguel Castelló (el nuevo concejal, que ha ocupado el acta del exalcalde Gabriel Echávarri) como su portavoz adjunto. El exsenador Ángel Franco, como ha venido contando Alicante Plaza, pretendía apartar a Montesinos para convertir en portavoz al recién llegado.

El acuerdo adoptado esta tarde para salvar el enfrentamiento con la cúpula del PSPV, que incluso amenazaba con la posibilidad de nombrar una gestora, incluye el nombramiento del ex edil de Recursos Humanos Carlos Giménez como presidente del grupo, y de la ex edil de Infraestructuras Gloria Vara como secretaria. Se queda fuera de la estructura el ex edil de Tráfico Fernando Marcos, que sonaba como adjunto durante las negociaciones.

En una reunión posterior, los seis integrantes del grupo municipal han acordado validar el nombre de los asesores inicialmente propuestos en la reunión del pasado lunes: la propia esposa de Ángel Franco, Fini Nicolás; el actual secretario de Organización local, Pedro Ródenas; la hija del actual presidente de la agrupación, Morán López Berruti, Lara López; y el hasta ahora asesor de Urbanismo, Pedro Boj, hijo, a su vez, del ex concejal Pedro Boj. 

Pese a la polémica generada por el nombramiento de éstos, Montesinos ha dado por buenos los nombres aportados, aunque ha matizado que "todavían quedan unos flecos de cómo solucionar algunos aspectos", sin querer dar más detalles. 

"Si no se toma un acuerdo diferente o si hay que tomar un acuerdo diferente se tomará, pero de momento prevalece lo que se aprobó el lunes", ha comentado. Sobre el grado de afinidad de los asesores y la nueva portavoz, Montesinos ha dicho que "son aspectos que se pueden tratar y se irán tratando".

La portavoz del grupo municipal Eva Montesinos ha destacado al término de la reunión que los acuerdos se han adoptado por unanimidad y que las discrepancias se han solventado. En esa misma reunión se ha distribuido las competencias: Montesinos será la portavoz  titular y Miguel Castelló, el adjunto, como ya había aprobado la comisión ejecutiva local anteriormente. 

También se han aprobado las tareas de cada concejal: hay una presidencia, que ocupará Carlos Giménez; las dos coportavocías, en las que Montesinos y Castelló tendrán diferentes responsabilidades. Así, una de las coportavocías está enfocado a las relaciones con el tejido asociativo de la ciudad y la otra, más enfocada a cuestiones internas del partido. 

Sobre la distribución de sueldos para cada uno de los seis concejales, Eva Montesinos ha comentado que "este jueves en el pleno se aprobará la nueva organización -que en el caso del PSPV-PSOE son cuatro dedicaciones exclusivas y dos medias dedicaciones-, pero que después todavía tendrán unos días para ver cómo se lleva a cabo ese reparto".

El Tribunal Supremo rebaja el margen de error de los radares de Tráfico

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que los radares móviles de Tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos -fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.

En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado.

De hecho, el juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%“.

Y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega


China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».

Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 

«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.

La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 

Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.

Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.

También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 

De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.

Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

Los parados valencianos tampoco pagarán por los medicamentos

VALENCIA.- Los valencianos que estén cobrando la prestación o el subsidio por desempleo y cuyas rentas anuales sean inferiores a los 18.000 euros no pagarán por los medicamentos a los que el Estado aplica actualmente un copago del 40%. 

Así lo han anunciado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig junto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo beneficiará a unos 230.000 personas, casi la totalidad del colectivo de parados en la Comunitat Valenciana, según se ha apuntado, y tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros. Actualmente los parados de larga duración que han perdido el derecho a percibir el subsidio ya están exentos del copago.

Con esta medida, el Consell amplía el número de personas beneficiarias de las ayudas al copago farmacéutico de la que ya disfrutan pensionistas de rentas bajas, discapacitados y menores vinculados a personas que cobren por debajo de 18.000 euros anuales.

Gracias a esta ampliación de las ayudas, la consellera ha defendido que se avanza en la «recuperación de derechos» de los colectivos más desfavorecidos, los que tienen un índice de abandono de los tratamientos médicos más alto en parte por el copago de los medicamentos. 

"Con estas ayudas se ha conseguido reducir el abandono de los tratamientos en un 39 % así que son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables de la Comunitat Valenciana", ha dicho la consellera.

Montón ha defendido, por otra parte, que estas nuevas ayudas frente al copago farmacéutico se han artiulado «con la suficiente seguridad jurídica». 

«Este gobierno ha demostrado que siempre encuentra la fórmula para garantizar la salud como derecho», ha asegurado ante la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, el Gobierno central recurra la aplicación de estas medidas para anular los copagos farmacéuticos impuestos desde 2012.

Las contradicciones de la Fiscalía ponen en peligro las investigaciones de la 'Púnica'

MADRID.- La decisión del fiscal Fernando Sequeros Sazatornil de pedir a la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que cierre la causa contra la senadora por la Región de Murcia, Pilar Barreiro, pone en tela de juicio al menos cuatro piezas separadas de la trama 'Púnica', en las que se investiga la mejora del posicionamiento en 'internet' con dinero público de otros políticos, según explican a Vozpópuli fuentes del caso, que alertan de las diferencias radicales entre las conclusiones de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción.

Consciente de este posible efecto dominó, el propio fiscal del Supremo ya anunciaba en su escrito en el que pedía el archivo de la causa contra Barreiro la posibilidad de que la decisión de la magistrada Ana María Ferrer no tuviera que influir en las demás investigaciones seguidas en el marco de la denominada "Operación Púnica".

Un deseo que no es compartido por las defensas de los imputados, que están a la espera de que el Supremo, órgano judicial jerárquico de la Audiencia Nacional, cierre la investigación contra Barreiro, algo que les daría munición ya que los hechos por los que se le achacan a la senadora murciana guardan amplias similitudes con otras piezas separadas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.

Cuatro piezas separadas

En la mencionada operación 'Púnica' se siguen cuatro procedimientos en los que políticos de otras tantas Comunidades Autónomas están imputados por utilizar fondos públicos para mejorar su reputación en internet.

Se trata de las piezas separadas de Murcia, León, Valencia (Gandía) y Madrid, tal y como explica la exposición razonada de la senadora Pilar Barreiro firmada por las fiscales de Anticorrupción, Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez.

En los otros tres casos, Anticorrupción ve un mismo patrón de actuación que en Murcia de lo que denomina el "tándem Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa".

La Fiscalía Anticorrupción basa sus análisis en las grabaciones telefónicas, que según las fiscales permitieron conocer cómo Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, "se infiltraban en las administraciones autonómicas y locales (Murcia, Madrid, Valencia, León) obteniendo indiciariamente, contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de los servicios de reputación 'on line' personales por la sociedad EICO en favor de los cargos públicos situados al frente de las mismas".

Región de Murcia

De esta forma, los hechos detectados en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, explican las fiscales, se repitieron en otras administraciones locales y autonómicas que son objeto de investigación en otras piezas de la causa además de la murciana: León, Valencia (Gandía) y Madrid.

En estos otros casos, completan las fiscales, los imputados De Pedro y Alonso Conesa también utilizaron sus influencias políticas para acceder a los gestores de las mismas: "En todas ellas Alejandro de Pedro se valió de la empresa Madiva con sus diarios y 'banners' (publicidades) de cobertura, pese a que los trabajos de reputación ocultados los realizaba la sociedad EICO", concluyen. 

Las fiscales Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez consideran, por tanto, que los trabajos de reputación personal de Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez no debían ser soportados por los caudales públicos, ya que no satisfacían "una necesidad pública".

Así, las fiscales de Anticorrupción creen probado que Barreiro, "ante las noticias negativas" de su presunta implicación en el caso de corrupción denominado 'Novo Carthago', "se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso Conesa [...] para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad de que la empresa de dicho investigado le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales".

Y estos trabajos se hicieron, siempre según las conclusiones de Anticorrupción, gracias a los presupuestos del propio Ayuntamiento dirigido por Barreiro, pero también con los de la Consejería de Educación, que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez, que meses después consiguió ser presidente de la Región de Murcia, cargo del que tuvo que dimitir tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los mismos hechos por los que la Fiscalía del Supremo quiere exonerar ahora a Barreiro.

El interés por parte de Barreiro, prosiguen las fiscales, de que se difundiese una imagen positiva suya en internet, "fue aprovechado por Alejandro de Pedro y por José Antonio Alonso Conesa para elaborar concordadamente con la misma un plan criminal (concierto) que permitiría que la mercantil EICO trabajase de manera confidencial la reputación de Pilar Barreiro, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa, a través de la contratación pública de servicios" con otra de las empresas de la trama, además de la creación de un diario digital.

Por todo ello, las fiscales de Anticorrupción concluyeron en su exposición razonada al Supremo que existían "indicios sólidos y datos objetivos" que demostraban la existencia de dos conciertos en pro de la realización de trabajos personales "confidenciales" a Pilar Barreiro, que perseguirían posicionarla entre los primeros puestos en buscadores de internet, "siempre reflejando una imagen que le fuese favorable, algo que evidenciaba el carácter personal y no institucional del servicio".

Por el contrario, el fiscal del Supremo Fernando Sequeros Sazatornil consideró en el escrito en el que pedía el archivo de la acusación contra Barreiro, tras declarar la senadora murciana en enero en el Alto Tribunal, que la creación de un periódico digital financiado por el Ayuntamiento de Cartagena, con la senadora de alcaldesa, así como la mejora de su imagen personal en internet a cargo del dinero público, "podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general".

Fernando Sequeros Sazatornil, concluyó que de la actuación de Barreiro no se desprende que participara en hechos objetivos penalmente relevantes: "No se detectan, en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, [Eloy Velasco], la existencia de indicios de responsabilidad suficientes que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada. Tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella", completó el fiscal del Supremo.

Además, el fiscal del Supremo asegura, también de forma contraria a sus colegas de Anticorrupción, que no hay datos incriminatorios que puedan revelar que Barreiro participó en la elaboración de un "plan criminal", para que el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de coberdura con el objeto simulado de formación.

Y como prueba de esta supuesta ausencia de pruebas, el fiscal destacó que no existía "documento alguno" que permitiera confirmar esa hipótesis. "Y en cualquier caso, porque la asunción de los gastos debería haber corrido, contrariamente, a cargo del Partido Popular de Cartagena, conforme a lo afirmado por la investigada y confirmado por el presidente de aquel, Francisco Celdrán Vidal, en su declaración ante la magistrada", asegura Sequeros Sazatornil.

La petición de archivo de la Fiscalía del Supremo se conoció días antes de que la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, reconociera en una declaración que varios de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid se pagaban la mejora en internet de su imagen con "chiringuitos" públicos.

Y por eso este testimonio de Gallego, en el que explica cómo actuaban los cargos públicos tras contratar al informático de la trama, ha sido enviado, tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, por el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a la causa contra la senadora murciana.

Barreiro, que como senadora está aforada en el Tribunal Supremo, fue objeto de una exposición razonada del magistrado Eloy Velasco, que antes de abandonar su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional pidió su imputación en el Alto Tribunal.

Velasco tomó esa decisión, con el apoyo de las fiscales de Anticorrupción, y después de que enviara a juicio a la denominada pieza separada de la Púnica murciana, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón a reabrir el procedimiento, según adelantó el diario La Verdad.

Entre los imputados en esta pieza murciana se encuentra el expresidente de esta Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, que al dejar de ser diputado autonómico en la Asamblea de Cartagena ya no está aforado, por lo que su caso se investiga junto al resto de investigados de la Región de Murcia en la Audiencia Nacional.

El abogado de la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro José Pardo Geijo ha reclamado a la magistrada que investiga el caso que deduzca testimonio y denuncie la supuesta filtración al diario La Verdad de Murcia de su declaración como imputada.

El letrado Pardo Geijo basa su conclusión de que la declaración se ha filtrado en el contenido de un artículo de opinión escrito por el subdirector de este medio, Joaquín García Cruz, en el que alude al interrogatorio de Barreiro.

El letrado, que destaca que la única acusación popular que disponía de esa declaración era el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por un partido localista que desplazó a Barreiro de la alcaldía, reclama que la supuesta filtración a la prensa se traslade al Decanato de los Juzgados de Cartagena, "para que proceda al reparto al Juzgado que corresponda la investigación del delito de revelación de secretos que pueda constituir este hecho".

El PSPV vuelve a ser un reino de taifas solo sostenido por la Presidencia de la Generalitat

VALENCIA.- La dilatada y penosa travesía en el desierto que los socialistas valencianos vivieron entre 1995 y 2015, cuando se encontraban sin poder institucional relevante, sirvió de escenario para luchas cainitas -a veces distribuidas en seriales- que se celebraron durante dos décadas y en las que los congresos orgánicos eran acontecimientos conocidos por convertirse en batallas de simpatías y animadversiones en las que también contaba el bagaje territorial y otras cuestiones que, a menudo, eran peregrinas e indescifrables para los ajenos al día a día de la formación socialista, según publica Valencia Plaza.

Tal fue la hegemonía del PP en la Comunitat Valenciana, que llegó un momento en el que muchos jóvenes dirigentes socialistas acusaban en privado a algunos de sus 'mayores' de sentirse cómodos en esa sempiterna oposición. Resulta difícil de creer que altos cargos de un partido como el PSPV llegaran a perder sus aspiraciones de gobernar, pero la realidad es que el partido del puño y la rosa, al menos por momentos, ofreció intensamente esa apariencia durante aquel periodo. Una sensación que, algún veterano responsable ya retirado, evoca ahora a tenor de los últimos acontecimientos que están atravesando los socialistas estos días: "Tengo la sensación de que el partido sigue actuando como cuando estaba en la oposición", comentaba uno de ellos a Valencia Plaza.

Así, la creencia de que los procesos internos -provinciales, comarcales y locales- celebrados en los últimos meses se han cerrado en falso ha comenzado a extenderse. A día de hoy, el clima en el PSPV parece indicar que solo la posesión de la Presidencia de la Generalitat que recae en los hombros de Ximo Puig evita una guerra civil en la formación socialista. O lo que es lo mismo, se respira en ocasiones un ambiente más dirigido a los preparativos de cara a una futura contienda orgánica que a conducir las energías para volver a ganar las elecciones autonómicas y locales.

Tal y como se preveía, la vigilancia a la hora de que cada facción mantenga su espacio en el partido para no perder ni un centímetro frente a otras familias es constante. En Valencia, el proceso provincial se cerró con un pacto por el que se elevó a rango de líder a la diputada Mercedes Caballero, próxima al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Apenas unas semanas tardaron en surgir los primeros roces entre la nueva secretaria general y el responsable de Organización, Vicent Mascarell, elegido en este caso por el entorno de Ximo Puig y, en concreto, por la división Gandia del PSPV liderada por el ex vicesecretario de Organización, Alfred Boix, y el ex vicesecretario de Relaciones Institucionales -ahora asesor en Presidencia-, José Manuel Orengo.

De aquel proceso provincial, también salió escaldado el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, quien amagó con presentarse para liderar el PSPV de Valencia pero que dio un paso atrás al percatarse de que no tenía el respaldo de las huestes de Puig debido a rencillas con parte de su entorno arrastradas del congreso nacional del partido. 

Rodríguez, se rearmó en los cónclaves comarcales y ha tejido una interesante red de apoyos locales. La reconciliación entre el presidente de la Diputación y, en particular, con el sector de Gandia próximo a Puig parece complicada, con lo que la vigilancia entre ambas corrientes es constante.

En los cónclaves comarcales, también hubo tensiones e incluso batallas entre otros grupos: el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, obtuvo algún espacio como en Camp de Morvedre pero se le escapó l'Horta Sud a manos principalmente del 'abalismo', que también triunfó en l'Horta Nord. El 'ximismo' -afines a Puig- se tuvo que conformar con la valiosa victoria de Sandra Gómez en València capital y con situar varios responsables de Organización en varias comarcas buscando tener vías de entrada en las distintas demarcaciones. Una estrategia impulsada por el actual 'número tres' del partido, José Muñoz.

De esta manera, el partido salió de este maratón orgánico de forma relativamente solvente aunque con la sensación de que la estabilidad dependía de un juego de equilibrios demasiado delicado presidido además por una notable desconfianza entre los principales actores. Todo ello bajo el paraguas de un presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volcado en lo institucional y con cierta predisposición natural a enviar las cuestiones de partido a segundo plano.

Alicante destapa las vergüenzas del PSPV

Más grave está siendo lo que ocurre en Alicante. En los últimos años, la fortaleza orgánica de Puig se había fraguado especialmente en esta provincia. El jefe del Consell, además, ha dirigido constantemente la mirada al sur consciente de que, también electoralmente, esta demarcación resulta clave para mantener la Generalitat dado que, a priori, Compromís tiene allí más dificultades para el crecimiento.

En esta misión, el hombre fuerte del líder del PSPV en Alicante ha sido desde hace años el histórico Ángel Franco, quien siempre mantenía una relación fluida con la anterior Ejecutiva de Puig y, especialmente, con los dirigentes de Gandia. De hecho, se produjo cierto debate y malestar interno dentro del 'ximismo' cuando el jefe del Consell decidió bendecir al alcalde de Xàbia y portavoz en la Diputación de Alicante, José Chulvi, como nuevo líder provincial, dado que esta propuesta chocaba con los planes de Ángel Franco.

La venganza parecía haberse consumado en los procesos comarcales, donde el flamante líder provincial Chulvi apenas logró éxitos mientras que las apuestas del histórico dirigente funcionaron en casi todas las demarcaciones.

No obstante, la marejada, lejos de descender, se ha transformado en tsunami en los últimos días. Primero, con la victoria del 'sanchista' Alejandro Soler en el congreso de Elche y la derrota de la candidata próxima al alcalde, Carlos González, la opción cercana a Puig. Segundo, con la crisis abierta en la ciudad tras la pérdida de la alcaldía a manos del PP: en apenas 24 horas, Eva Montesinos ha pasado a ser la aspirante del PSPV a la vara de mando a ser destituida como portavoz municipal. 

Una maniobra dirigida por Ángel Franco que ha soliviantado sobremanera en la calle Blanquerías donde se ubica la sede central del PSPV, que por si faltara aderezo al explosivo cóctel tiene todavía pendiente las conclusiones de la comisión interna respecto al caso investigado en los tribunales que aludía a una posible financiación irregular del partido.

Así, y si bien tal y como informa Alicante Plaza la situación apunta a reconducirse en las próximas horas con una posible restitución de Montesinos, la tensión alcanzada en este episodio evidencia que el PSPV sigue viviendo en un clima de tensión impropio de un partido que se encuentra presidiendo la Generalitat y llevando el timón en un buen número de instituciones.

Una larga exposición al ruido puede afectar a la salud de las personas con muerte prematura

MADRID.- El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno y es "invisible". Sin embargo, hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto "natural" del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y controlar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es "una amenaza infravalorada". Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero no somos demasiado conscientes de que una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición.
La Sociedad Española de Acústica este 25 de Abril como otros años, promoverá el cuidado acústico para conservar el medio ambiente, mejorar la audición de las personas y evitar las molestias típicas del ruido, concienciando a la población sobre este tema.
El ruido se encuentra entre los cuatro factores medioambientales con mayor impacto en la salud; provoca al menos 10.000 casos de muertes prematuras anuales en la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea.
Casi un tercio de los españoles declara sufrir molestias por ruidos generados en el exterior de sus viviendas y, además, uno de cada cuatro está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea (55 dB durante el día y 50 dB por la noche, según recoge el informe DKV Seguros).La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que es el causante de más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios.
La recomendación de la OMS es no superar el tope de 65 decibelios de ruido durante el día y los 55 decibelios durante la noche. Una recomendación que no siempre se cumple. De hecho, el 20 por ciento de la población europea está expuesto a los niveles recomendados para el día y un 30 por ciento durante la noche, según la OMS.
En España estos niveles tampoco se cumplen en todos los casos, aunque es difícil comparar el grado de incumplimiento ya que, aunque existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a medir y proponer soluciones para el ruido, en España los mapas estratégicos de ruido no son elaborados por un único organismo que realice las mismas mediciones en distintos lugares sino que la responsabilidad de hacerlos cae en una amplia variedad de administraciones.
Así, cada ayuntamiento es responsable de medir el ruido en su municipio, mientras que el Ministerio de Fomento lo hace para la Red de carreteras del Estado y para los grandes ejes ferroviarios, las comunidades autónomas y diputaciones para la red secundaria de carreteras y ferrocariles.
De acuerdo a la última comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la Comisión Europea, correspondiente a marzo de 2016, el concello de Vigo es, proporcionalmente, la aglomeraciones urbana de más de 100.000 habitantes más ruidosa de España.
El 53,6% de la población está expuesto a un nivel de ruido superior a lo recomendado por la OMS para el día y el 71% a lo recomendado por la noche. La gran mayoría de ese ruido en Vigo proviene del tráfico rodado, hasta el punto de representar el 85,67% de población expuesta a niveles superiores de 55 decibelios, según la última actualización de su mapa del ruido.
Le siguen en el ranking de aglomeraciones 'ruidosas' durante el día las comarcas de Gironés y Barcelona, Logroño, Castellón de la Plana, La Coruña y Getafe.  
La Ley del Ruido, aprobada en 2003, define unos objetivos de calidad acústica para toda España, establece la obligación de realizar planes de acción para combatir el ruido y define incumplimientos de manera genérica, aunque en último término son los ayuntamientos los encargados de fijar la cuantía de multas para esas infracciones mediante ordenanzas, ya que tienen la potestad sancionadora para imponerlas.
Pero las ciudades no son los únicos puntos que soportan elevados niveles de ruido. Las carreteras que cruzan de punta a punta la geografía española son un importante foco de ruido que afecta a los habitantes que viven cerca.
La mayoría de tramos de carretera que encabezan el ranking de ruido son vías secundarias que atraviesan núcleos de población, mientras que las autovías, en general más aisladas, ocupan puestos mucho menores.
En cuanto a los aeropuertos, lógicamente el ranking se ve afectado por el tráfico de vuelos. En el primer puesto aparece el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Aunque si se tiene en cuenta los niveles de ruido recomendados para la noche la cosa cambia y el primer lugar pasa a ocuparlo el aeropuerto de Ibiza.

Agramunt, sobre los sobornos con prostitutas: "Uno ya no está para eso"

MADRID.- El expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y actual senador del PP, Pedro Agramunt, ha negado este miércoles todas las acusaciones que ha vertido sobre él una Comisión Independiente de la institución europea que investiga posible corrupción y ha asegurado que el informe son "219 páginas de mentiras", como los sobornos con prostitutas que según recoge, habría recibido: "Ojalá yo pudiera hacer esas cosas", ha comentado.

"Eso es falso. Yo tengo una edad, me parece a mi que eso es una fantasía. Uno podría decir 'ojalá yo pudiera hacer esas cosas, pero uno ya no está para eso', para tener una vida en ese sentido. Es una acusación ridícula y sin pruebas", ha señalado en declaraciones a la Cadena SER.

Agramunt, que dice estar "muy enfadado y muy triste" atribuye el informe a que sus posiciones en la Asamblea "no seguían lo que era políticamente correcto" y se ha ganado enemigos, entre los que ha citado en particular a un diputado ucraniano que llegó a hacerle "chantaje" diciendo que tenía fotos suyas con mujeres. 

"Le dije, 'mándamelas y se las enseño a mis amigos", ha apuntado.

También ha citado a la Open Society Foundation que preside el millonario George Soros, como origen de lo que dice, es una "campaña" contra él y otros miembros del Consejo de Europa. 

Señala asimismo a la Secretaría General del Consejo de Europa, que "quiere controlarlo todo" y en particular a los tres comisionados que firman el informe, contra quienes ha avanzado que tomará acciones legales.

Agramunt sostiene que cuenta con el apoyo de su partido y afirma que si bien no ha hablado con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, sí lo ha hecho con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, y no va a dimitir. 

"No voy a entregar el escaño. No he hecho absolutamente nada ilegal y no hay reproche jurídico a mi actuación", ha sentenciado.

Prostitutas en hoteles de lujo, billetes de 500 euros y caviar en el informe sobre Pedro Agramunt

VALENCIA.- Prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar. Estas son las evidencias que ha encontrado el Equipo Independiente de Investigación sobre la Corrupción en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y que ha sido presentado en la sesión plenaria que se celebra a lo largo de esta semana. 

En el epicentro, el senador valenciano del PP Pedro Agramunt, que ha sido señalado por actividades de corrupción para favorecer a Azerbayán en la investigación del Consejo de Europa (COE) sobre los derechos de los presos políticos en ese país de Asia Central. Agramunt fue obligado a dimitir de la Presidencia del Consejo cuando salió a la luz pública la investigación de la diplomacia del caviar, como se la conocía.

Favores, regalos y dinero habrían sido utilizados por el lobby de Azerbayán para lograr un informe favorable en el Strässer Report y el beneplácito de los observadores internaciones del COE que viajaron a la capital, Bakú, durante las elecciones generales. 

Pero la conexión de Agramunt con el lobby azerí viene de años atrás, cuando logró la presidencia en el Grupo Popular Europeo dentro del Consejo. El informe ha sido presentado por Gerald Knaus, presidente del think tank European Stability Initiative (ESI), y autor de la investigación. 

En él se recogen detalles de cómo Agramunt pagó de su bolsillo el viaje de un miembro del Consejo para que pudiera votarle. Su país había vetado el viaje a este diputado nacional por una condena de violencia de género. 

También se acusa al expresidente del grupo de centro-derecha en PACE, el italiano Luca Volonté, de cobrar 2,39 millones de euros a través de varias fundaciones, a cambio de manipular los votos en el órgano parlamentario con el fin de proteger los intereses de Azerbaiyán. 

La principal diferencia de su caso con el del senador valenciano es que Volonté está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por este presunto soborno. Ambos han sido acusados de no cumplir los estándares de GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción dentro del Consejo de Europa. 

El problema, señalado por Agramunt en sus alegaciones a los investigadores, es que el Consejo de Europa no tienen capacidad para obligar jurídicamente a España ni tampoco es un órgano judicial vinculante. El COE es una organización supranacional en la que 44 Estados se comprometen a velar por la justicia, la democracia y los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras. Su órgano más importante es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuyas resoluciones vinculan relativamente a los países miembros, ya que no tiene capacidad sancionadora, como sí ocurre con la Unión Europea.

En sus conclusiones, el informe acusa de actividades lobistas a los parlamentarios del COE Eduard Lintner, Sted Goris, Jaakko Laakso, Karin S. Woldseth y Göran Lindblad. También acusa de actividades corruptas a Luca Volonté, Elkhan Suleymanov y Muslum Mammadov. Y finaliza diciendo que hay una "fuerte sospecha" de que Pedro Agramunt ha sido parte o ha participado en "actividades de naturaleza corrupta". Todos ellos habrían roto el Código de Conducta del Consejo. 

Lo más significativo es que esta investigación se produjo mientras el senador Agramunt ostentaba la presidencia de la Asamblea Parlamentaria, lo que le obligó a presentar su dimisión antes de que finalizara su mandato de un año prorrogable por otro, el pasado 6 de octubre, presionado por el Consejo de Europa. El senador adujo en aquel momento "motivos personales". 

La Asamblea del COE, reunida desde este lunes, ha urgido a debatir el informe presentado por ESI.