Calero toma posesión como delegada del Gobierno con un "doble compromiso" como feminista y socialista

VALENCIA.- Gloria Calero ha tomado posesión como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana con la promesa de "seguir luchando" por la igualdad entre hombres y mujeres, para combatir la violencia machista y potenciar la presencia de mujeres en la Guardia Civil y la Policía Nacional, y con un "doble compromiso como feminista y socialista".

"No tendremos una democracia consolidada hasta que no haya igualdad real", ha aseverado en su discurso en el acto institucional que ha contado con el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Calero ha prometido por "conciencia y honor" cumplir el cargo con lealtad al rey Felipe VI y la Constitución. "Es un día importante para las personas que compartimos este apasionante proyecto político encabezado por Pedro Sánchez", ha manifestado, citando las palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo: "Somos feministas porque somos socialistas".

Bajo este prisma, ha garantizado que pondrá toda su dedicación para lograr medidas que favorezcan la igualdad, siempre con "una actitud permanente de escuchar, sobre todo a los que piensan diferente".

"Soy feminista: he trabajado, trabajo y trabajaré diariamente por ello", ha enfatizado.

Ha llamado a erradicar cualquier forma de discriminación ante la "cifra escalofriante" de mujeres asesinadas por violencia machista, la última en Teulada-Moraira, algo que "parece no inmutar a la extrema derecha que no lo niega". 

Y ha exclamado: "Desde hace años, el patriarcado nos ha condenado a un lugar secundario, cuando no de terror y aislamiento, del que nos estamos rebelando".

También ha sacado pecho de su experiencia laboral: "Soy enfermera, me siento enfermera y no puedo hablar de forma externa. Los valores de mi profesión atraviesan mi vida: respeto, compromiso y cuidado".

La nueva delegada ha asumido el reto "en un momento sin precedentes en la historia" de España, con un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos "abocado a explorar todas las vías para alcanzar grandes consensos" en una sociedad "prospera, tolerante y capaz de superar las dificultades con valentía y mirar al futuro".

Ha destacado que el ejecutivo de Sánchez "ya está demostrando que funciona y que va ser un gobierno de acción", centrado en cinco ejes: la economía y el empleo, superar las tensiones territoriales "no solo en Cataluña" y con la financiación que necesita la Comunitat, combatir la desigualdad, una transición ecológica justa y lograr la plena igualdad.

Calero también ha llamado a trabajar contra el descrédito institucional, "con respeto al adversario político", y ha augurado que "en la era de la revolución de los derechos, España será el país de los derechos". 

"Está en la mente de Pedro Sánchez, Ximo Puig y muchos presidentes autonómicos", ha aseverado.

En su intervención, Ábalos ha coincidido en que el Gobierno está "comprometido con esta tierra, en perfecta sintonía" y ha puesto en valor la "vía de interlocución directa y constante" con la Generalitat. Ha puesto en valor el carácter de su compañera, como una persona "batalladora, pero también ponderada y dialogante".

El ministro ha defendido que las regiones que pueden ser "motor" de España deben contar con inversiones del Estado y una financiación justa: "Son principios irrenunciables, que las comunidades que más contribuyen y son injustamente tratadas vean de una vez satisfechas sus necesidades".

Por tanto, "una vez superado el bloqueo" político, Ábalos ha celebrado que arranca "una etapa para recuperar el tiempo perdido" y ha confiado en que la nueva delegada ayude a que "la Comunitat siga siendo modelo para el país".

El 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, ha confiado en que la entrada de la nueva delegada sirva para ayudar a "desatascar el problema valenciano siempre desde la lealtad". Ha llamado a que las dos agendas avancen de la mano ahora que "el Gobierno ya ha demostrado su voluntad con hechos". 

"El poder valenciano se verá", ha exclamado.

Tanto Puig como Ábalos y Calero han tenido palabras de agradecimiento para el anterior delegado, Juan Carlos Fulgencio, destacando su compromiso con la Comunitat mientras el Gobierno estaba en funciones.

Como presentación de la nueva delegada, la jefa de la unidad de violencia sobre la mujer en la subdelegación de Gobierno en Alicante, Modes Salazar, ha alabado su trayectoria como "mujer tenaz que ha roto techos de acero y cristal" y su carácter valenciano a pesar de ser nacida en Albacete.

Mónica Oltra: La nueva propuesta sobre el puerto de Valencia muestra que "hay otros caminos"

ALICANTE.- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado sobre la nueva propuesta para la ampliación del puerto de València que hay proyectos que se plantean como "perentorios, irrenunciables y poco menos que si no se ejecutan se acaba el mundo", y luego se ve que "las cosas siempre tienen otras lecturas y otros caminos".

Oltra se ha pronunciado así este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que, según ha insistido, no se ha debatido este asunto, que en su opinión ahora "tendrá que dirimirse desde el punto de vista técnico".

Ha recordado que, sobre el proyecto de ampliación del puerto, "hay quien ha llegado a señalar que cuando no hay datos hay ideología", o se han calificado de "demagógicos determinados planteamientos", lo que es una muestra de que en la vida y en la política "las cosas no son siempre blancas o negras, sino que hay una escala entre medio".

Oltra ha hecho hincapié en que una ampliación que se proyectó en 2006, cuando el primo de Mariano Rajoy decía que el cambio climático "no existía", la mayoría de la población no estaba tan sensibilizada y tan afectada por sus efectos, y no se había declarado la emergencia climática, deberá estudiarse técnicamente "no con los ojos de 2006, sino con los ojos y la realidad de 2020".

Por ello, ha indicado que en el momento en que la Autoridad Portuaria de València concrete el "cambio de criterio" que el president del Consell, Ximo Puig, anunció en Les Corts, habrá que hacer una evaluación técnica de lo que se propone.

La vicepresidenta ha rehusado pronunciarse si con los cambios anunciados sería necesaria o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental, y preguntada sobre si el Consell tiene una posición unitaria sobre la ampliación del puerto, ha insistido en que no lo han debatido, y que primero hay que esperar a que se concrete lo que este jueves se anunció "de una manera muy somera".

Finalmente, preguntada sobre si los consellers, y en concreto la vicepresidenta, han sido informados sobre las negociaciones de las modificaciones antes de que Puig las anunciara, Oltra se ha limitado a señalar: "El Consell no ha tratado este tema".

La APV defiende su "esfuerzo por el consenso" en la ampliación norte y que una nueva DIA es "menos necesaria que antes"

VALENCIA.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha manifestado este viernes que su renuncia a ampliar el dique de abrigo de la futura terminal norte de contenedores y a elevar del dragado del canal de acceso hasta los 22,5 metros se responde tanto a criterios técnicos, como al "esfuerzo" de Valenciaport por alcanzar "consensos", un "esfuerzo de acercamiento" que reclama ahora al resto de partes implicadas en el debate sobre esta infraestructura.

Con estas modificaciones, una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "es menos necesaria que antes". Es más, "la futura terminal será medioambientalmente la más sostenible del planeta", ha augurado Martínez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la APV. Además, frente al rechazo de Compromís, que mantiene la necesidad de nueva DIA, el responsable de Valenciaport ha planteado la posibilidad de "buscar medidas compensatorias" para el medio ambiente y la ciudad.

Los cambios en el anteproyecto se basan además en "criterios técnicos", dicho, una vez conocidas las conclusiones del estudio realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Fomento, que tras hacer un simulación en 3D de la infraestructura, ha concluido que "no se considera necesario proteger la dársena norte prolongando el dique de abrigo". Esta renuncia supondrá además un ahorro de entre 40 y 50 millones de euros a la APV.

También se ha hablado con Terminal Investment Limited (TIL), filial del grupo MSC -que pendiente de la concesión definitiva para la construcción y explotación de la futura terminal- y la naviera suiza les ha trasladado que se sienten "cómodos y confortables" con el dragado actual de 18 metros en el acceso a la terminal para el paso de sus buques. "Si el usuario fundamental no necesita más, dejamos de insistir", ha explicado Martínez.

En cuanto al relleno de los muelles de la citada terminal, el presidente de la APV ha a asegurado que "se respetará escrupulosamente" lo que marca la Declaración de Impacto Ambiental vigente, que recoge toda una serie de puntos para la extracción del material. Así, al tiempo que marca espacios donde se podría dragar, apunta como por ejemplo "excedentes" que pueda tener la propia ciudad.

En este punto, Aurelio Martínez ha señalado que le gustaría que las obras de la terminal coincidieran con las del túnel pasante en la ciudad y poder "reubicar" el excedente del material que provoquen las obras y utilizarlo como relleno para los muelles. Sin embargo, teme que las obras del túnel se retrasen más que las de la terminal.

El presidente de la APV ha avanzado que su intención es que el próximo Consejo de Administración, a finales de marzo, pueda aprobar el otorgamiento de la concesión definitiva a TIL, de MSC, para la construcción y explotación de la futura terminal norte. Y entre junio y julio cree que Typsa tendrá redactado su proyecto definitivo.

El castellonense Francisco Toledo será nombrado presidente de Puertos del Estado

CASTELLÓN.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, será nombrado en breve presidente de Puertos del Estado, en sustitución de Salvador de la Encina.

Según se ha podido saber, tras ser propuesto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Consejo de Ministros aprobará el nombramiento de Toledo, el cual deberá cesar en su actual cargo y será la Generalitat Valenciana la que decida su sustituto en el Puerto de Castellón.

Francisco Toledo, nacido en Castellón en 1962, es licenciado en Matemáticas y doctor por la Universitat de València. Durante su experiencia docente fue profesor de la Universitat de València desde 1985 hasta 1991, cuando pasó a incorporarse a la Universitat Jaume I, de la que es catedrático de Ciencias de la Computación desde 1998.

Respecto a su trayectoria profesional, fue elegido rector de la Universitat Jaume I en 2001, y reelegido por dos periodos de cuatro años en 2002 y 2006, respectivamente. 

También desempeñó las funciones de portavoz de Economía e Industria y portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes en la legislatura 2011-2015.

En agosto de 2015, fue nombrado por el Gobierno valenciano como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.

El PP denuncia que Ribó no ejecute "el 60% del presupuesto de inversiones" de 2019, un total de 100 millones

VALENCIA.- La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado este viernes que el gobierno municipal "ha dejado de ejecutar el 60 por ciento del presupuesto de inversiones de 2019, un total de 100 millones de euros sin ejecutar". "Se puede ver la botella medio llena o medio vacia, pero si no se llega al 50% la botella esta medio vacía", ha reprochado.

Catalá también ha criticado que Ribó "sigue sin entregar a la oposición el estado de ejecución del presupuesto de 2019". Sin embargo, ha señalado que desde el Gobierno "ya se han dado datos" y considera que estos son "muy preocupantes".

"Si sumamos lo que se ha dejado de invertir en estos cuatro años de Gobierno Ribó y PSPV en la ciudad se supera los 300 millones de euros. Por tanto, no es para estar orgulloso de la gestión, pues el gobierno del Rialto ha sido un auténtico fracaso", ha criticado Catalá en un comunicado.

Según denuncia el PP, el Ayuntamiento de València ha cerrado el 2019 con el estado ejecución de inversiones "más bajo desde que gobiernan". El grupo municipal ha incidido en que, si se compara con el estado de ejecución del presupuesto al cierre de 2018, "el del pasado año aún es menor" ya que en 2018 solo ejecutaron el 45,7% del presupuesto y el año 2019 se ha ejecutado "apenas un 40%, 71,8 millones de euros". 

"Cerca de cuatro millones menos se han invertido en los barrios de la ciudad de València", ha reprochado.

Por lo tanto, "cerca del 60% de las inversiones para el año 2019 no se han ejecutado y siguen así condenando a los barrios de la ciudad a no disponer de actuaciones necesarias", ha reprochado. "De hecho, al cierre de noviembre no se había ejecutado ni un euro en 14 barrios y la pedanía de Poble Nou", ha apostillado Catalá.

El PP ha advertido que "este bajísimo estado de ejecución" demuestra la "paralización en la gestión del gobierno de Ribó y PSPV". A su juicio, "siguen sin ideas y con una administración paralizada por su inoperancia en la gestión".

"Estos datos confirman la falta de implicación del equipo de Gobierno en la gestión de la ciudad. No han conseguido ejecutar ni la mitad de las inversiones previstas, lo que deja en evidencia que son ficticios los presupuestos municipales y que no hacía falta subir los impuestos en 2020 como han hecho".

La portavoz 'popular' ha defendido que con estos datos "no tenía ningún sentido la subida de impuestos y tasas municipales prevista para 2020 y que supondrá para cada familia un aumento tanto en el IBI como en el recibo del agua". 

"Al mismo tiempo, esta subida penalizará a los comercios y actividades económicas de la ciudad de Valencia que son quienes generan empleo en la ciudad", ha agregado.

El PP ha criticado que, "a cambio de subir impuestos y tasas, el Ayuntamiento reduce las inversiones y los servicios en la ciudad, mientras aumentan las quejas por falta de limpieza, tráfico, contaminación acústica y funcionamiento de la EMT".

EVAP reivindica la igualdad salarial y colaborará con sindicatos para "trabajar las causas que subyacen bajo la brecha"

VALENCIA.- La Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) va a estudiar con sindicatos el desarrollo de "un plan de acción conjunto para trabajar las causas que subyacen bajo la brecha salarial".

Así lo ha anunciado la presidenta de EVAP, Eva Blasco este viernes con motivo del acto impulsado por la asociación para celebrar el Día internacional por la Igualdad Salarial (Equal Pay Pay). Esta fecha, que se conmemora el 22 de febrero, se originó en Estados Unidos en los años sesenta y actualmente es una iniciativa mundial de la Federación Internacional Business and Professional Women (BPW) -a la que EVAP pertenece-, que tiene como finalidad luchar por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

En Valencia es EVAP quien, en el año 2009, puso en marcha la celebración de este día de reivindicación y desde entonces lidera las diferentes actividades que se realizan en la ciudad en este sentido, recuerda el colectivo en un comunicado.

El acto central ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento de València, con la colocación de una mesa informativa durante toda la mañana para concienciar a la ciudadanía sobre este asunto y la realización de una foto de familia bajo la bandera por la Igualdad Salarial, que luce durante todo el día en el Balcón del consistorio.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la última encuesta de Estructura Salarial del año 2017, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 21,9%. La Comunitat Valenciana se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, con una cifra del 22,4%.

En palabras de la presidenta de EVAP, Eva Blasco, "tras más de una década visibilizando la desigualdad salarial, hemos conseguido que ya nadie niegue esta realidad y que la necesidad de adoptar medidas para acabar con la brecha, se haya incorporado a la agenda política y empresarial".

A esta reivindicación de todas las empresarias y profesionales se han sumado representantes del mundo de la empresa y la política. Además, Blasco ha adelantado "que, como próximo paso, se han iniciado ya contactos con los sindicatos más representativos (CC.OO y UGT) para desarrollar un plan de acción conjunto para trabajar las causas que subyacen bajo la brecha salarial".

'Fridays for Future' y Px1NME protestan en València contra la pobreza energética y por una transición ecológica "justa"

VALENCIA.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y Fridays for Future, con el apoyo de otras organizaciones y colectivos valencianos, se han concentrado este viernes en el centro de València contra la pobreza energética y para reivindicar "una transición energética justa, solidaria, descentralizada y de proximidad".

La sentada ha tenido lugar a las 18.00 horas en la Plaza de la Virgen en conmemoración de la 'Semana Europea de la pobreza energética'. Han acudido representantes de 'Iaio Flautes' y 'Pobresa Zero', entre otros colectivos.

Los activistas han alzado la voz al grito de "queremos justicia climática", "nuestro futuro no está en venta" o "si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado".

La portavoz de Fridays for Future, Shari Crespi, ha manifestado que "la pobreza energética tiene mucho que ver con el cambio climático". "Las multinacionales día tras día ganan dinero a costa de nuestro futuro, se cobran vidas a cambio de grandes cantidades de dinero", ha añadido.

Durante su intervención en la protesta, ha denunciado que "los gobiernos y las multinacionales deberían dejar de pintar sus publicidades de verde, deberían dejar de decir que son renovables y poco contaminantes y deberían empezar a poner medidas reales, porque sino nuestro futuro se va a ver hipotecado y muchas personas están sufriendo ya las consecuencias de un sistema socioeconómico depredador que pone el dinero por delante de la vida".

Tras la intervención, una de las participantes ha cogido el relevo tomando como himno la canción 'Power to the people' de John Lennon. Además, los representantes de las asociaciones han leído un manifiesto donde explicaban cada una de sus reivindicaciones, plasmadas también en los carteles que llevaban cada uno de los participantes.

Según han destacado, en València son más del 23% de los hogares los que sufren un gasto energético y de vivienda superior a la Renta Mínima de Inserción, según el Estudio de mapeo de la Pobreza Energética del Instituto de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València publicado el pasado junio de 2016. 

"No obstante, este indicador no es homogéneo y coexisten distritos urbanos con distintos valores, los cuales van del 12% hasta el 34%", han señalado.

"Consideramos la optimización de los costes energéticos como una prioridad, tanto los costes de facturación asociados al término de potencia como de los consumos domésticos de las personas en situación vulnerable", han asegurado desde las asociaciones.

Por otro lado han denunciado que "la actual legislación no incluye a todos los supuestos de modelos de convivencia dejando fuera de toda protección a personas que habitan pisos compartidos, parejas de hecho, o en situación de ocupación".

Desde las asociaciones reclaman optimizar el coste energético, ajustando el término de potencia a la demanda real. "Esto debería hacerse por parte de las compañías distribuidoras, que están en posesión de nuestros datos de consumo y de manera obligatoria a los clientes que tengan el bono social concedido", han señalado.

En segundo lugar piden una reducción del tipo de IVA "aplicado a los beneficiarios del bono social (del 21% de IVA de lujo al 4% de IVA reducido)" y la concesión automática del bono social "sin necesidad de realizar petición por el usuario ni entrega de documentación, sino cruzando datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales".

Además reclaman la reducción efectiva de consumos energéticos, "para lo que es necesario realizar al menos una inspección básica que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas" y una rehabilitación preferente a los hogares beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.

Por otra parte piden no limitar la concesión de ayudas (bono social) a "unidades familiares" justificables mediante libro de familia y "racionalizar el pago indiscriminado de facturas de hogares vulnerables". 

"Se están utilizando los presupuestos públicos para enjuagar los impagos de las comercializadoras, sin hacer el ejercicio previo de ajustar las facturas pagadas a unas condiciones de sentido común", han declarado.

"Es importante formar a los técnicos de servicios sociales que se enfrentan a estas situaciones de forma cotidiana, y llevan a cabo la función de facilitar el proceso administrativo para que las comercializadoras cobren sus impagos", han señalado desde las plataformas.

Por último, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Fridays for Future quieren "promover una transición energética justa, solidaria, descentralizada y de proximidad". "Teniendo en cuenta desde los municipios la realidad de la vulnerabilidad energética y promoviendo la asignación de excedentes de producción renovable a paliar este problema", han concluido.

ISABIAL logra la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII y entra en "la élite de la ciencia"

 

ALICANTE.- El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha obtenido la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), una certificación que solo poseen otros 31 centros de investigación, lo que supone "acceder a la élite de la ciencia en España", como ha subrayado el director general de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión de Isabial, José Sánchez Payá.

Se trata de un "importante hito para la investigación y la innovación en Ciencias de la Salud y Biomedicina en la provincia de Alicante", ha remarcado Payá en unn comunicado, por tratarse del primer IIS acreditado en dicha provincia por este organismo autónomo del Ministerio de Ciencia e Innovación, la entidad española de referencia internacional en materia de Salud Pública e Investigación Biomédica.

De este modo, se consolida como el tercer Instituto de Investigación Sanitaria acreditado por el ISCIII en la Comunitat Valenciana, junto con los IIS La Fe y el Instituto de Investigación del Hospital Clínico (Incliva).

Precisamente, el president de la Generalitat, Ximo Puig, visitó las instalaciones de Isabial el pasado 13 de enero, como muestra del impulso que el Consell y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública han aportado a esta acreditación, que posibilita que el Instituto pueda consolidarse como uno de los más importantes de la Comunitat Valenciana.

"El Instituto pretende potenciar la I+D+i biomédica de excelencia desarrollada en Alicante y, como consecuencia, la de las actividades asistenciales y docentes vinculadas, mejorando la atención al paciente y la salud general de la población, además de optimizar los recursos humanos y materiales disponibles en las distintas entidades involucradas", ha apuntado el director general de Isabial.

Asimismo, el prestigio de esta certificación va a permitir a los investigadores de la provincia acceder a un mayor número de ayudas y financiación, dado que determinadas convocatorias de fondos para investigación se conceden de forma prioritaria a grupos de institutos que están acreditados.

El procedimiento para la acreditación de los IIS está regulado en el RD 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria (IIS), siendo el órgano instructor de estos procedimientos la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, a través del Programa de Evaluación, Acreditación y seguimiento de Institutos de Investigación Sanitaria.

Esta acreditación ha sido el gran objetivo que ha perseguido el Instituto desde su nacimiento, en mayo de 2015, tras superar con éxito el proceso de auditoría realizado entre los días 25 y 27 de septiembre de 2019.

Precisamente, con el fin de obtener la citada certificación por parte del ISCIII, el Pleno del Consell aprobó, en su reunión del día 22 de marzo de 2019, la creación de la fundación que gestiona el Instituto, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión de Isabial, y sus estatutos.

"Con la creación de su propia Fundación, Isabial ha adquirido una mayor autonomía en la gestión, bajo la voluntad de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación biomédica en Alicante", ha remarcado el director general de la Fundación.

Asimismo, en el Pleno del Consell del 18 de octubre se aprobó el presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2019, que ascendió a 3.188.745 euros, de manera que el centro de investigación funcione como una entidad de gestión autónoma.  El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) se constituye como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, que contribuye a aumentar la calidad de la investigación biomédica desarrollada en Alicante, fruto de la asociación entre grupos de investigación e investigadores, incluyendo el ámbito de Atención Primaria, de las entidades que conforman el Instituto.

Éstas son el Departamento de Salud Alicante-Hospital General, a través de la participación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Isabial cerró el ejercicio 2019 con un total de 251 proyectos de investigación, tanto competitivos como no competitivos y con 240 estudios, entre ensayos clínicos (EECC), estudios observacionales (EPA) e investigación clínica independiente (ICI).

Una investigación que se estructura en las cinco áreas de investigación principales del ISS, que son Neurociencias, Órganos sensoriales y Patología del dolor; Investigación en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición; Investigación Traslacional en Medicina, Cronicidad y Cuidados en Salud; Investigación en Patología Digestiva e Investigación en Cáncer.

En la actualidad, el Instituto se compone de 38 grupos de investigación, que aglutinan a 503 investigadores e imvestigadoras de los cuales el 72% procede del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, el 8,7% de la UMH, el 5,6% de la UA y, el 13,6% restante, de su Fundación.

Agricultores murcianos salen en protesta y temen que el campo no tenga futuro

MURCIA.- Miles de agricultores salieron el viernes a las calles de Murcia, en el sureste de España, bloqueando las calles con tractores y tirando las verduras al suelo en protesta por los bajos precios de los alimentos y las precarias condiciones de trabajo. 

Manifestaciones similares han surgido en todo el país durante el último mes, parte de un patrón más amplio de descontento agrícola en toda la Unión Europea.

Según el sindicato español UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), que representa a los pequeños productores, los ingresos medios de las explotaciones agrícolas cayeron un 9% en 2019 debido al aumento de los costes de producción y la disminución de los precios de los alimentos, mientras las muy competitivas cadenas de supermercados elevaban la presión y se imponían aranceles a algunos productos.

“Todo esto esta generando un clima de incertidumbre total y los agricultores y los ganadores ven que el campo no tiene futuro”, dijo Ignacio Huertas, secretario general de UPA Extremadura, que cría ganado en la zona de Montijo.

Las negociaciones presupuestarias de la Unión Europea en Bruselas, donde las subvenciones agrícolas son uno de los puntos que generan fricciones, están exacerbando la ansiedad en todo el sector. 

Más de un tercio del presupuesto anterior de la UE se destinó a apoyar a los agricultores, a pesar de que la agricultura representa sólo el 1% de su producción económica, una disparidad que algunos países, incluidos los Países Bajos, han calificado de insostenible.

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha dicho que España luchará por mantener los subsidios lo más cerca posible de los niveles actuales, pero ha reconocido que esto será difícil tras la salida del bloque de Reino Unido a finales de enero, que ha dejado un agujero de 75.000 millones de euros (81.000 millones de dólares) en su presupuesto.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso la semana pasada reducir la proporción del presupuesto dedicado a los subsidios agrícolas del 36% al 30%. Tal recorte se traduciría en una reducción de 925 millones de euros al año para los agricultores españoles, según un análisis de la asociación agrícola COAG.

En España, donde la agricultura representa alrededor del 2,8% del PIB, Planas ha dicho que planea introducir una ley que daría a los agricultores y ganaderos más poder en las negociaciones con los supermercados y los grandes distribuidores.

Según la propuesta de ley, los contratos de venta se indexarían a los costes de producción, asegurando que los agricultores no se vean obligados a vender con pérdidas, dijo Planas a la emisora de radio española Onda Cero el jueves, añadiendo que espera llevar el proyecto de ley al consejo de ministros antes de finales de mes. 

“Si nosotros no somos capaces de cubrir los costes de producción y nuestro salario en los precios de los productos que vendemos, evidentemente, no podemos estar produciendo permanentemente a pérdidas”.

“No podemos continuar más así”, dijo Huertas de UPA.

Diputaciones catalanas y valencianas sellan un lobby con una hoja de ruta compartida

VALENCIA.- Los presidentes y presidentas de las diputaciones de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Castelló y València sembraron esta semana los cimientos de un frente común con una hoja de ruta de reivindicaciones compartidas que batallarán por materializar ante las instancias superiores, en ámbitos como las infraestructuras o la burocracia administrativa.

 El foco se puso especialmente en la «necesidad urgente» de adoptar un papel activo para apoyar el impulso del corredor mediterráneo, «vital» para la activación económica y social de los municipios, según relata Levante-EMV.

El Palau de la Diputación de Tarragona acogió el primero de una serie de encuentros de la nueva alianza, que reunió a Noemí Llauradó (ERC), Nuria Marín (PSC), Miquel Noguer (JxCat), Joan Talarn (ERC), José Martí (PSPV) y Toni Gaspar (PSPV). El «lobby» dejó claro que no es un grupo cerrado e invitó a otras corporaciones provinciales del arco mediterráneo a que se sumen en posteriores convocatorias.

La cita estuvo precedida por el plantón de la Diputación de Alicante, cuyo presidente justificó su no asistencia por la ausencia de Murcia y Almería en la cumbre. 

Según las fuentes consultadas, la reunión se prolongó durante alrededor de una hora -seguida de una comida- y se centró exclusivamente en los proyectos que unen a las diputaciones. Los posibles aspectos espinosos se dejaron de lado en el debate.

En un momento en el que el papel de las diputaciones se cuestiona desde algunos sectores en el Gobierno, los dirigentes provinciales coincidieron en reivindicar la colaboración institucional con todas las administraciones «desde el respeto a las competencias que tiene cada una».

Por otro lado, como integrantes de Arte Latino y Partenàlia en el ámbito de la Eurorregión, las diputaciones acordaron trabajar conjuntamente para recabar ayudas europeas en la lucha contra la despoblación, una preocupación compartida. 

En la reunión se puso de manifiesto el papel clave de las diputaciones en el sostenimiento de las políticas públicas municipales, especialmente en los últimos años. Al mismo tiempo, los presidentes reclamaron una mayor flexibilidad normativa para agilizar la gestión diaria de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, en materias como la normativa de gasto, la contratación o el urbanismo.

Los dirigentes acordaron defender todas sus posiciones comunes en la Comisión de Diputaciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) del 9 de marzo en Barcelona.

Golpe del Gobierno a las subcontratas

MADRID.- La reforma de la subcontratación que pretende el Gobierno y que está negociando con la patronal y lo sindicatos ha caído como una bomba entre los empresarios. Fundamentalmente, porque puede suponer un incremento considerable de los costes laborales. Y, en segundo lugar, porque, en consecuencia, pone en peligro el proceso de descentralización de la actividad con el que trabajan la inmensa mayoría de las empresas españolas. Puede poner en riesgo el proceso de subcontratación y miles de empleos, a juicio de Expansión. 

El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

En primer lugar, la posibilidad de que la empresa principal, o más grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la actividad central, o de la "propia actividad" de la compañía principal o del contrato.

Por ejemplo, un gran almacen podría verse obligado a asumir a los empleados de una marca de perfumes, maquillaje o gafas que tenga dentro de una de sus tiendas. Siempre que la empresa principal influya en sus relaciones laborales. 

Un hospital podría ser obligado a integrar como asalariados a médicos que ahora son autónomos o, específicamente, a los anestesistas, que son una auténtica especialidad. La construcción es el paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de las empresas subcontratista o a los autónomos.

En definitiva, la posibilidad de aumentar los costes laborales por esta vía es también enorme en los sectores de mano de obra intensiva: las empresas que trabajan como auxiliares de otras compañías más grandes. Limpieza, seguridad, correos y mantenimiento de todo tipo.

La segunda razón por la que la reforma de la subcontratación puede encarecer los costes laborales de las empresas es obligar a que los trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las mismas condiciones laborales que los de la principal. 

Que tengan las mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las condiciones laborales de la empresa subcontratista, aunque éste suele ser un caso muy raro.

Encarecimiento

Por todas estas razones, Javier Hervás, socio responsable del área de laboral de KPMG Abogados, sostiene que "la reforma de la subcontratación en la que trabaja el Gobierno con los agentes sociales podría acarrear un encarecimiento de costes para las empresas, bien porque se obligaría a las empresas a contratar directamente al personal que ahora tienen subcontratado, y que se dedica también a la labor principal. 

O bien porque se endurezca la norma de aplicación del convenio colectivo en el sentido de que las empresas subcontratadas tengan que adoptar el de la empresa principal o el del sector, ambos normalmente más favorables" para los trabajadores. 

"Las medidas sobre la subcontratación que prepara el Gobierno van contra todo. Son una barbaridad. Pueden hacer un estropicio enorme. Incluso a las empresas de trabajo temporal, que están debidamente autorizadas", explica Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales.

Por todas estas razones también, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, advirtió el miércoles al Gobierno de que no piensa negociar la reforma de la subcontratación. "Es una línea roja que no pensamos traspasar, porque se carga un modelo económico" con el que funcionan la inmensa mayoría de las empresas. 

"Concretamente, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos empleos, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal", aseguran CEOE y Cepyme. 

"Es imposible que un empresario autónomo, o una subcontrata, que trabaja para Telefónica colocando líneas de ADSL pueda absorber las condiciones laborales de la multinacional", dice gráficamente Lorenzo Amor, presidente de la organización de autónomos ATA y también vicepresidente de la CEOE.

Además, las organizaciones empresariales añaden: "No sería posible que la compañía principal pueda absorber todo el empleo que generan estas empresas [subcontratadas, máxime en el actual contexto de desaceleración".

"Lo que pretende el Gobierno es romper el proceso de descentralización de la actividad económica", dicen otras fuentes empresariales, que prefieren mantener el anonimato. "¿Cómo va una gran empresa a arriesgarse a abrir una línea de negocio y subcontratar actividad si, de repente, tiene que absorber los trabajadores que no tenía", añaden los mismos medios. 

En su ofensiva contra la reforma laboral del PP, el Gobierno ha retomado una medida que lleva aparcada en el Congreso de los Diputados desde 2018. Estaba parada porque el Ejecutivo socialista no conseguía el respaldo definitivo para sacarla adelante.

El PSOE tomó la iniciativa ante las protestas de los sindicatos de dos causas muy concretas, y que saltaron a la luz pública: la primera fue la denuncia de las precarias condiciones salariales y laborales de las limpiadoras de habitaciones en los hoteles, que se autodenominan las quelis, acrónimo de "las que limpian".

La segunda causa directa que provoca la reforma de la subcontratación se debe a la reforma laboral de 2012. El Gobierno del PP hizo varios cambios para facilitar una adaptación rápida de los convenios de empresa a la situación del mercado. 

En primer lugar, instauró la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Al menos en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales, como el salario, la jornada laboral o las vacaciones .

En segundo lugar, la reforma laboral facilitó la posibilidad de las empresas para descolgarse del convenio sectorial. En medio de la depresión económica, muchas pymes utilizaron esta posibilidad para nombrar a los representantes de sus trabajadores y firmar convenios para romper la competencia, con costes por debajo del sector. 

Una práctica que CEOE y Cepyme subrayan que se da "en un reducido número de convenios y que ni amparamos ni compartimos". Por esta razón, CEOE y Cepyme proponen que los convenios sectoriales "regulen las condiciones salariales y la jornada laboral". Y que los convenios de empresa establezcan la organización interna de las mismas.

Los puertos y las navieras europeas advierten de los riesgos de electrificar los muelles

AMBERES.- Las asociaciones de navieras y puertos europeos, European Community Shipowners’ Association (ECSA) y la European Sea Ports Organization (ESPO), respectivamente, han advertido sobre el riesgo que supone confiar exclusivamente en la electrificación de los muelles como alternativa a los combustibles fósiles. 

“Es una parte importante de la solución, y en algunos puertos la única”, ha reconocido la secretaria general de la ESPO, Isabelle Ryckbost. “Pero hay que encontrar soluciones equivalentes, porque podrían convertirse en activos en desuso”. 

En este sentido, Ryckbost ha explicado que no existen garantías del uso de la instalación por parte de las navieras una vez que las instalaciones estén disponibles, a lo que ha añadido la escasez de electricidad en algunas ciudades y su precio. 

De manera similar, el secretario general de la ECSA, Martin Dorsman, ha opinado que “debemos ser prudentes con la electrificación y mantener todas las opciones abiertas”.

En el marco de la European Shipping Week, celebrada del 17 al 21 de febrero en Bruselas (Bélgica), Dorsman ha reivindicado la necesidad de invertir en I+D para desarrollar tecnologías de cero emisiones. 

“Nos encontramos en el principio del proceso de desacarbonización y el primer paso es encontrar nuevos combustibles”, ha declarado. Con esta finalidad, las asociaciones internacionales que representan a esta industria han presentado una propuesta conjunta ante la IMO para establecer un fondo marítimo de I+D de 4.630 millones de euros, que sería financiado con impuestos en los combustibles.

Las navieras han remarcado que los primeros resultados en el ámbito de las nuevas tecnologías y combustibles son prometedores, especialmente para buques de short sea shipping (SSS). 

A esto, han añadido que los desarrollos deben madurar y estar disponibles de manera global tan rápido como sea posible para poder ser aplicados también en el transporte de mercancías de larga distancia.

Por su parte, Ryckbost ha subrayado que el gas natural licuado (GNL) “puede convertirse en un combustible de transición para los próximos diez o quince años”, aunque, según su perspectiva, la descarbonización total del ‘shipping’ requerirá del desarrollo de nuevos combustibles. 

“Habrá una necesidad sin precedentes de coalición y cooperación entre stakeholders y legisladores”, ha añadido la secretaria general de la asociación europea de puertos. “Y necesitamos cooperar también con los productores y proveedores de energía, no solo con las navieras”. 

A este respecto, la ECSA ha concluido que cambiar a un ‘shipping’ inteligente y seguro de cero emisiones es posible, pero requerirá un cambio radical en la industria marítima y su cadena de suministro.

Los puertos europeos, a través de ESPO, han asegurado durante las jornadas estar completamente comprometidos con la erradicación de sus emisiones de gases de efecto invernaderos (GEI). 

Las navieras han secundado la estrategia de la IMO de reducir las emisiones GEI del transporte marítimo de mercancías a nivel internacional al 50% en 2050 y también se han alineado con el objetivo fijado por las Naciones Unidas en la COP25 de Madrid, en la que se acordó limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados.

En cuanto al Green Deal promovido por la Unión Europea, tanto ESPO como ECSA han alentado las iniciativas que contribuyan a estas finalidades. No obstante, en referencia al sistema de comercio de emisiones o Emissions Trading System (ETS) propuesto por la UE, ambos ha expresado sus dudas: 

“Su mecánica no es clara, no sabemos su impacto o consecuencias”, ha afirmado el presidente de la ECSA, Claes Berglund. “Queremos dialogar con la Comisión Europea al respecto”. Por su parte, desde el ámbito naviero han aconsejado que la UE presione a la IMO para el establecimiento de medidas para 2023, de manera que se asegure la competitividad del sector portuario europeo

Finalmente, la ESPO ha remarcado que el ‘shipping’ “es la forma de transporte comercial más eficiente en carbono, en términos de emisiones de CO2 por tonelada de carga movida y kilómetro”. 

Además, ha recordado que, según la ONG International Council of a Clean Transportation, esta industria redujo entre 2008 y 2015 sus emisiones en el 8%, pese al crecimiento del comercio global. 

O, en términos equivalentes, el 30% en la última década. Por este motivo, tanto la ESPO como la ECSA han lamentado que el SSS y las autopistas del mar no se haya tenido en cuenta en el Green Deal como alternativa modal junto al transporte ferroviario y de aguas interiores.

La ECSA propone que la UE desempeñe un papel de liderazgo a la hora de mitigar el cambio climático, sin distorsionar su competitividad internacional. “Europa debería asegurar que los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la OMI se cumplen”, ha reivindicado. 

Concretamente, ha aconsejado que las instituciones europeas influencien en los procesos regulatorios de la OMI “de manera constructiva y equilibrada”, así como que aseguren el consenso entre sus estados miembro. 

Entre otros, teniendo en cuenta las inquietudes de los pequeños estados insulares y los países menos desarrollados.

Defensa quiere ampliar la plantilla militar hasta los 127.000 efectivos en los tres ejércitos

MADRID.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado en el Congreso que su Departamento tiene la intención de ampliar la plantilla de las Fuerzas Armadas durante la presente legislatura hasta los 127.000 integrantes de las tres armas. En la actualidad la plantilla apenas llega a los 120.000.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas maestras de que lo que pretende ser su actuación, la ministra se esforzó por defender que la política de Defensa "debe ser una política de Estado", alejada de partidismos. Insistió en que nadie debe tratar de utilizar con uso partidista a las Fuerzas Armadas, que debe existir una línea común de actuación y reclamó, de nuevo, el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante unos presupuestos generales que permitan "avanzar en la modernización de los ejércitos, para ir acordes a la evolución tecnológica".

Durante su intervención, Margarita Robles fue desgranando sus proyectos. En el ámbito del personal, además de defender el aumento de las plantillas, apuntó líneas de actuación para que la Tropa y Marinería, cuando cumplan sus contratos con los ejércitos, puedan reincorporarse al mercado laboral con preparación suficiente para poder competir. También apuntó que Defensa está trabajando para que estos militares, cuando salgan de Defensa, puedan formar parte de colectivos que trabajan para el Estado y para los que están ya preparados.

La ministra también se refirió al conflictivo contrato de los vehículos blindados 8x8, cuyo proyecto se ha visto paralizado ya que la empresa adjudicataria no había cumplido los compromisos firmados. Robles anunció que tenía sobre la mesa una nueva oferta de Santa Bárbara, Indra y Sata que podía acercarse a lo reclamado y que permitiría el desbloqueo de la puesta en marcha de los 348 vehículos blindados para cuya construcción el Gobierno aprobó un techo de gasto que ha tenido que aumentar hasta los 2.100 millones de euros. "Si o si estos vehículos llegarán al Ejército de Tierra, que los llevan esperando desde 2015".

Robles anunció que España está firmando esta misma mañana, junto a Francia y Alemania la participación en el sistema de combate aéreo, "un proyecto capital para las fuerzas armadas" y que será clave en la defensa europea.

La ministra anunció el compromiso de España en seguir teniendo un papel predominante en muchas ocasiones en las misiones internacionales, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Sí advirtió del riesgo que la zona del Sahel, una "peligrosidad creciente por el terrorismo".

Robles defendió la necesidad de poner en práctica nuevas iniciativas para incentivar la cultura de la defensa. "Es imprescindible que los españoles sepan y valoren lo que hacen nuestros militares, en muchas ocasiones de forma sorda y anónima". E incidió en la necesidad de que no exista "un uso partidista de algo que es de todos, que es del Estado: nuestras fuerzas Armadas", según crónica de El Mundo.

La Fiscalía apoya al PP: Antifraude debe entregar sus expedientes sobre los socios del hermano de Ximo Puig

VALENCIA.- La Agencia Antifraude no puede alegar «confidencialidad» para negar al Partido Popular los expedientes de su investigación a las empresas Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, ambas administradas por los hermanos Adell Bover y que forman parte de un entramado de presunto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano en la que está investigado el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recuerda El Mundo.

Tanto Kriol como Canal Maestrat han sido ya sancionadas por la Conselleria de Educación, que les ha reclamado 200.000 euros en ayudas no justificadas. Esa resolución fue remitida a la Agencia Antiffraude y a la Fiscalía e incorporada a la investigación que, tras una querella del Partido Popular, se sigue sobre posibles irregularidades en las ayudas recibidas por Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, ambas administradas por Francis Puig, hermano del jefe del Consell y empresario de la comunicación con mucha trayectoria e implantación en la comarca de ElsPorts y, concretamente, en Morella, pueblo del que fue alcalde muchos años Ximo Puig.

Ambos grupos empresariales, el que dirigen los Adell y el que gestiona Francis Puig están íntimamente relacionados por cuanto existe abundante documentación que entregada a la Fiscalía por una testigo que revela una intensísima y habitual relación comercial entre las citadas empresas. 

Según la testigo, casi una década antes de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia, los hermanos Adell ya tenían una estrecha relación personal y empresarial con Francis Puig que, es, según la declarante, «quien mueve todo el tema de las subvenciones». Y en actos a los que asistió «ya se oía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones se iban a forrar», según denunció ella misma en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según esta testigo y la querella presentada por el PP ambos grupos estarían relacionados contablemente. Las subvenciones recibidas por las empresas de Francis Puig alcanzarían los 850.000 euros del Gobierno valenciano y más de 600.000 del catalán. Además, la documentación revela que se habría presentado documentos y facturas idénticos para concurrir a los programas de ayudas de distintas administraciones.

Mientras la investigación prosigue en los juzgados -se tuvo que aplazar la declaración como imputados del propio Francis Puig y del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano-, el PP trató de conseguir la resolución de la Agencia Antifraude sobre la adjudicación de ayudas a Kriol y Canal Maestrat, cuyas irregularidades ya han sido acreditadas.

Por ello, se dirigieron formalmente a la Agencia Antrifraude para solicitar los expedientes, pero se les denegaron por supuesta «confidencialidad». Sin embargo, la vicesecretaria general del PP, Eva Ortiz, recurrió ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior alegando que se quebraba el artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de participación ciudadana en asuntos públicos. Y, por el momento, cuenta con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, que considera que el PP está ejerciendo su labor y su «status parlamentario».

La Renta Agraria de España cayó un 8,4% en 2019

MADRID.- La Renta Agraria de España en términos corrientes se situó el pasado ejercicio en 26.234,5 millones de euros, un 8,4% por debajo de la cifra registrada en 2018 e inferior también a la de 2017 (29.152,2 millones) y 2016 (27.646,8 millones), aunque superior a las registradas entre 2005 y 2015.

Así se desprende de la segunda estimación de la Renta Agraria difundida hoy por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que corrige ligeramente al alza el primer cálculo que publicó en diciembre pasado (26.179,6 millones, -8,6%).

El cálculo de la renta agraria -que mide la remuneración de todos los factores de producción (tierra, capital y trabajo)- en términos constantes por unidad de trabajo por año (UTA) cayó un 8,6% (un 9,9% en la primera estimación del MAPA).

La bajada del valor de la renta agraria de 2019 se ha producido en un contexto de bajada del 1,3% del volumen de la producción vegetal y de sus precios (-5,7%), frente al aumento del 1,3% de la producción animal -ganado, carne, lácteos y huevos- y de sus precios (+2,1%).

Entre los productos intermedios utilizados por los agricultores y ganaderos para su actividad, destaca la subida del valor de los piensos (+4,7%) y de los fertilizantes y de los servicios de intermediación financiera (+4,6% en ambos casos), sobre todo propiciado por el alza de sus precios más que de su consumo.

La Renta Agraria nacional también contabilizó un incremento de impuestos como el IBI y del valor de las amortizaciones de maquinaria, edificios y plantaciones agrícolas del 3,1% respecto a 2018.

Luchar contra los falsos autónomos y avanzar en el SMI, prioridades de Yolanda Díaz al frente de Trabajo

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha fijado las prioridades de su departamento, entre las que están luchar contra los falsos autónomos, con cambios legislativos y reforzando la Inspección, así como seguir avanzando en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

"La precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad española", ha dicho Díaz en su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.

“Este modelo laboral dominado por la precariedad y la rotación laboral extrema es inaceptable”, ha señalado, antes de recordar las “duras” cifras del mercado español y sus principales problemas, e insistir en la necesidad de derogar la reforma de 2012 con diálogo y “técnicamente bien”.

“Sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. Técnicamente es mentir decir que tengo una norma que derogo y derogo hasta el infinito”, ha aseverado, tras afirmar que lo que hará será “revisar y legislar”.

En este sentido, y en uno de los temas que se están viendo actualmente en el marco del diálogo social, se ha referido a la necesidad de volver a darle voz a la negociación colectiva para que sea la que decida la prevalencia de cada convenio.

Y entre otras medidas previstas por Trabajo, ha avanzado que la siguiente será abordar la situación de los falsos autónomos, con cambios legislativos, a la vez que reforzará la Inspección de Trabajo y se actualizarán las sanciones para luchar contra este y otros fraudes.

“Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, ha declarado Díaz, que ha reiterado el compromiso del Gobierno para proteger los derechos de las personas “que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad”.

Desde Trabajo explican que esta situación se abordará con cambios legislativos, “delimitando el espacio” entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena en base a los presupuestos recogidos en los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores.

También han explicado que servirá de base la jurisprudencia, en alusión a las sentencias sobre el tema, y que se hará de forma dialogada con las asociaciones de autónomos y con “rapidez”, aunque evitan concretar fecha.

Junto a esto, se reforzarán los efectivos de la Inspección de Trabajo, se usará el “big data” para mejorar el sistema de control y sancionador de lucha contra el fraude, y se actualizarán las cuantías de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, congeladas desde 2006 con arreglo al IPC acumulado.

Díaz, que ha agradecido el “buen hacer” de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, presente en la comisión, ha anunciado también que el Gobierno seguirá avanzando en la subida del salario mínimo más allá de los 950 euros fijados para este año.

Una comisión de expertos evaluará el impacto social y económico de las subidas del SMI y fijará la cifra a la que se debe llegar en 2023, para que sea acorde al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europa.

“Los salarios mínimos protegen…Frente a los agoreros que indicaban que la subida del SMI destruiría empleo, resulta que la verdad de los hechos muestra que crea más empleo”, ha puntualizado tras señalar que los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas.

Díaz también se ha comprometido a revisar los incentivos a la contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificar requisitos adicionales.

Su intención es primar los contratos indefinidos y que este año se ponga en marcha la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

La ministra ha anunciado además que este año estará listo un sistema unificado de subsidio de desempleo que ampliará el sistema de protección y aumentará la cobertura, al tiempo que ha dicho que se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorará la estructura de personal del Fogasa.

Nueva nota mínima para las becas, prácticas para profesores y modernización de la FP

MADRID.- La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves en el Congreso que realizará una «profunda reforma» del sistema estatal de becas que lleva en vigor desde 2012, con medidas como la reducción a 5 de la nota de acceso a estas ayudas y la eliminación de las cuantías variables que puso en marcha el ministro popular José Ignacio Wert y que generó numerosas críticas entre la comunidad educativa.

Así lo ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Educación y FP del Congreso, en donde ha explicado las líneas de trabajo de su departamento para esta Legislatura. En su intervención, ha explicado que este trabajo se realizará «de manera consensuada con la comunidad educativa» y con «el objetivo primordial es asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación».

El sistema de becas aprobado por el PP en 2012 dividió las ayudas en dos partes: una fija (un mínimo de 1.600 euros para cada estudiante) y una variable (que va desde los 60 hasta los 1.500 euros por alumno). Esta última depende del las notas obtenidas y su renta familiar, entre otros factores y también depende del presupuesto que queda después de repartir la parte fija.

Tras algo más de año y medio en el Gobierno, Celaá ha anunciado cambios en este sentido. Según ha indicado, su equipo creará, en primero lugar, una estrategia del sistema estatal de becas para la próxima década y, en segundo lugar, revisará la estructura de los umbrales y de los requisitos académicos «para ganar en progresividad e impacto en la igualdad de oportunidades».

Compatibles con la vida laboral

Con este objetivo, ha señalado «se reducirá la nota de acceso a las becas de estudios no universitarios del 5,5 al 5» y, al mismo tiempo, bajará «gradualmente a 5» la nota de acceso a las cuantías fijas de becas universitarias. Además, se revisará la estructura de los umbrales de renta conjuntamente con la Agencia Tributaria.

También de forma gradual, ha añadido, se reducirá de manera sustancial, o se eliminará, la cuantía variable, «elevando las cuantías fijas en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias».

Dentro de las medidas que recoge esta reforma, también está la intención de que estas ayudas sean compatibles con la vida laboral, «flexibilizando las opciones» y, así, «reducir el abandono»; así como la revisión de los criterios de reintegro de becas y ayudas, que, según ha indicado, «fueron endurecidos y que en muchos casos supone un coste de pérdida excesivo para las familias».

«Las becas son una de las políticas fundamentales de este Gobierno que requiere el mayor consenso con todos los sectores implicados. Desde el Observatorio de Becas, como órgano de participación encargado de analizar la eficacia, equidad y transparencia del sistema de becas, vamos a potenciarla equidad educativa que abarque todas las etapas, junto con el Ministerio de Universidades», ha señalado la ministra.

Un año de práctica tutelada para los profesores

Durante la comparecencia también ha anunciado que, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor de su proyecto de ley, su departamento planteará «una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente». 

Entre las novedades, se propondrá un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión. Un programa de inducción a la profesión.

En su nuevo texto también plantea un cambio del currículo para reducir las actuales tasas de repetición de curso que, según ha apuntado, «casi triplican la media de la OCDE». Para su reducción, ha explicado, se buscarán estrategias escolares apoyadas con una visión general de la educación integradora en todas las etapas.

En este sentido, Celaá apuesta por «un currículo no memorístico, ni enciclopédico, sino competencial». Y para crear este nuevo currículo ha apostado por crear un Instituto de Desarrollo Curricular que se pondrá en marcha con la cooperación de las comunidades autónomas.

«Porque es un compromiso del Gobierno incorporar la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad en todas las áreas y materias del currículo, de acuerdo con los compromisos que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de materia específica de Educación en valores cívicos y éticos, con un compromiso claro de alcanzarlo antes del año 2030», ha declarado.

Una educación pública con el apoyo de la concertada

En este sentido, Celaá ha defendido la necesidad de que la educación no se convierta «en un terreno para la lucha partidista». Y en este discurso de conciliación, la ministra ha llamado a la «responsabilidad» de consolidar en el país «una enseñanza pública de calidad como garantía del derecho a la educación y elemento vertebrador de una sociedad justa y solidaria».

«En esta tarea -ha añadido- podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación», ha apuntado.

Del mismo modo, y respecto a la educación infantil de 0 a 3 años, la ministra ha anunciado que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno «elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta suficiente con equidad y calidad que garantice su carácter educativo».

Modernización de la FP

Por otra parte, la responsable de Educación, se ha referido a una futura «reforma en profundidad» de la FP, para su modernización. Las claves para esta revisión, explica, son la colaboración con empresas; la actualización de la estructura del sistema; el ajuste del catálogo de titulaciones; facilitar procedimientos de acreditación; e impulsar la orientación profesional.

Al respecto, Celaá apuesta por «un sistema de orientación educativa y profesional integrado en el sistema educativo desde las primeras etapas, que facilite acompañamiento a lo largo de la vida en cualquier decisión de itinerario formativo y profesional». 

«Sabemos que un buen sistema de orientación profesional mejora la eficacia de la articulación entre los sistemas educativos y los mercados de trabajo», ha apuntado.

La mayoría de estas medidas están incluidas en el proyecto de ley que la ministra ya presentó en la anterior legislatura pero que decayó tras la convocatoria de elecciones del pasado noviembre. Ahora, Celaá asegura que este texto será el primer proyecto de ley del Gobierno en este periodo de sesiones, aunque no ha precisado fechas concretas.

Las DANAs están aumentando de forma notable en Europa

MADRID.- Un artículo publicado recientemente en la American Meteorological Society, encabezado por Cristian Muñoz, actualmente doctorando del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Manchester (UK), advierte que las gotas frías -conocidas técnicamente como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)- se han vuelto más frecuentes en ambos hemisferios en el período 1960-2017, según recoge www.tiempo.com.

Entre los climatólogos existen discrepancias para seleccionar el nivel más adecuado para el estudio de estos elementos atmosféricos, aunque los más habituales son los 500 hPa (unos 5500 m) y los 200 hPa (aproximadamente 11700 m). Muñoz ha trabajado con los dos, ya que el primero ha sido el más usado tradicionalmente, al quedar por debajo de la tropopausa y por su influencia en los sistemas meteorológicos que afectan a las latitudes medias; mientras que a 200 hPa resulta más últil para entender los intercambios energéticos que se producen entre la estratosfera y la troposfera en estos sistemas.

El estudio señala que el hemisferio norte hay ciertas regiones donde las DANAs son más frecuentes, abarcando el noreste del Océano Atlántico, el suroeste de Europa (donde se encuentra España), un sector comprendido entre el noreste de China-Siberia y el extremo noroeste de Alaska, y el noreste del Pacífico-mitad occidental de América del Norte.

Precisamente, en las últimas décadas es en Europa donde la formación de gotas frías o DANAs resulta más habitual en el conjunto de nuestro hemisferio, aunque también es una de las zonas en las que la variabilidad interanual es mayor. 

Según Muñoz, alrededor del 80% de las depresiones en altura tienen una vida que ronda las 72 horas, antes de desaparecer por calentamiento diabático o al ser reabsorbidas por el chorro. Sólo el 5% persisten hasta los 5 días.

Tomando como referencia el nivel de los 200 hPa, en Europa el número de DANAs al año entre 1960 y 1990 se mantuvo estable, con cerca de 30 anuales. Sin embargo, a partir de 1990 se ha producido un repunte importante, rondando actualmente las 35-40. La evolución es muy parecida a la de Sudamérica, mientras que en Asia y Australia-Nueva Zelanda el incremento ha sido más moderado.

El proceso actual de calentamiento térmico planetario parece tener buena culpa de ello, ya que se ha demostrado que las corrientes en chorro se han ido desplazando hacia los polos, al igual que la célula de Hadley y la zona de convergencia intertropical; sin olvidar la contracción del vórtice polar y el enfriamiento de la estratosfera.

Con un jet más ondulado, se producen bloqueos que favorecen la aparición de ramales subtropicales y polares más débiles, algo muy relacionado con el incremento observado en Europa en el número de gotas frías. 

En nuestro continente Muñoz señala que, al contrario de lo que sucede en otras parte del planeta, no se aprecia una correlación estadísticamente significativa entre el ENSO y la tendencia al alza en el número de gotas frías. 

En España, la definición aceptada de DANA hace referencia a una "depresión cerrada en altura que se ha aislado y separado completamente de la circulación asociada al chorro, y que se mueve independientemente de tal flujo llegando, a veces, a ser estacionaria o retrógada". 

Es un error usar este término como sinónimo de lluvias torrenciales de consecuencias catastróficas en otoño o ligarlo a un mar cálido, ya que lo que tiene mayor peso es la propia circulación atmosférica, además de otros factores de carácter regional o local.

Este estudio, al igual que otros, refuerza la hipótesis de que los eventos de lluvias torrenciales y las sequías son cada vez más habituales y extremas como consecuencia de una corriente en chorro más meandrizante. Si se cumplen las proyecciones, el Mediterráneo es uno de los territorios más vulnerables a estos cambios, por sus particularidades geográficas (cuenca rodeada de grandes sistemas montañosos, punto de encuentro de distintas masas de aire, cercanía de África y un mar cada vez más cálido) y por la población que se concentra en sus riberas.

Alberto Garzón ha apostado por hacer una regulación estricta con la publicidad del juego porque es "lo más eficaz"

MADRID.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha considerado este viernes que la prohibición total de la publicidad del juego "online" habría sido "no solo inadecuada, sino imprudente", y por ello ha apostado por hacer una regulación estricta porque es "lo más eficaz".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa en la que ha presentado el borrador de real decreto de regulación de la publicidad del juego "online" que, ha dicho, prohibirá el 80 por ciento de los anuncios actuales tal y como se emiten hoy y someterá al 20 por ciento a normas mucho más estrictas.

"Nos hemos partido la cabeza, nos hemos reunido con todo el mundo y hemos aprendido de la experiencia internacional", ha asegurado el ministro, quien ha reconocido que la nueva normativa "no va a contentar a todo el mundo". 

"Muchas empresas van a perder mucho dinero y habrá asociaciones a las que no le parezca oportuno", ha señalado.
La publicidad de juegos de azar y apuestas online de ámbito estatal estará permitida en las retransmisiones de eventos deportivos que se emitan en radios y televisiones a partir de las 20.00 horas, como excepción a la norma general que limitará este tipo de anuncios a la franja de madrugada, de 1.00 a 5.00 horas.
Esta excepción está incluida en el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, que desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, según el Ministerio de Consumo, que se refiere a este desarrollo reglamentario como un “hito” en la regulación de esta actividad en España.
El texto ha sido presentado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha defendido este viernes que la prohibición total de la publicidad de juegos de azar y apuestas ‘online’, “no solo es inadecuada, sino que es incluso imprudente”.
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro en una rueda de prensa para presentar el proyecto de real decreto, ante la oposición de quienes defienden que las medidas contenidas en el texto son poco ambiciosas.
“Las críticas son totalmente legítimas”, ha señalado, para después añadir que “lo razonable” es conocer previamente el contenido para poder tener un debate “sereno” que pueda ser “eficaz”.
En este sentido, Garzón ha puesto de manifiesto que el equipo está “tratando de actuar con enorme solvencia”. Así, ha apuntado que el lunes el texto se someterá a información pública, de modo que quienes lo deseen podrán hacer sus aportaciones al documento.
“Si hay gente, que lo hemos visto, con la prohibición total de la publicidad, aquí estoy para debatirlo y explicarles que las experiencias internacionales, como la de Italia, han demostrado ser un fracaso; que la racionalidad económica de la medida es también errónea; y que por lo tanto la prohibición total de la publicidad, no solo es inadecuada, sino que es imprudente”, ha argumentado el ministro.
Garzón ha advertido de que “hay gente que va a jugar sí o sí porque puede tener un problema”.
“Si nosotros generamos incentivos a las empresas a que se vayan al mundo ilegal, porque ya no tienen ventajas en el mundo legal, es probable que estemos empujando a gente que necesita protección a un mundo ilegal donde no hay ningún tipo de protección”, ha añadido.
El documento afectará a la publicidad del juego online de todos los operadores, pero de forma distinta si son de carácter público (SELAE y ONCE) o privado. Así, los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE no tendrán restricciones horarias de emisión en canales audiovisuales, pero sí deberán cumplir la normativa en cuanto a contenido se refiere.
El texto prevé reglas específicas para cada canal de difusión de la publicidad, de modo que por defecto se prohíben los anuncios de apuestas online en vallas publicitarias y en soportes físicos urbanos si así lo decide la comunidad autónoma. Tampoco se podrán anunciar estas actividades ni en el interior ni el exterior de espacios donde pueda haber presencia de menores, tales como espacios deportivos, cines, etc.
Respecto al soporte audiovisual (radios y televisiones en abierto o de pago), el real decreto establece que la publicidad del juego de azar y las apuestas online de ámbito estatal se limitará a la franja horaria de la madrugada, entre las 1.00 y las 5.00 horas, salvó en el caso de las retransmisiones deportivas que comiencen a partir de las 20.00 horas.
En materia de patrocinios de equipos deportivos, el real decreto los permite, pero añade algunas restricciones.
En concreto, se prohíbe la venta de equipación infantil patrocinada por operadores de juego, y el patrocinio de recintos deportivos como son los estadios, y tampoco el de los equipos.
En relación con la regulación del contenidos de los mensajes, se prohibirá que personajes de relevancia pública y famosos participen en los anuncios; la publicidad de cuotas o bonos de bienvenida y de fidelización; así como el uso de mensajes agresivos que inciten al juego compulsivo, que relacionen los juegos de azar con el éxito o la superioridad moral; o que sugieran que es la habilidad y no el azar la que condiciona el éxito en el juego. Los operadores de juego online tampoco podrán ofertar en sus webs bonos gratis superiores a los 100 euros.
En este sentido, las normas relativas al contenido de los anuncios “afectan plenamente” a la publicidad del juego público, es decir, a los anuncios de SELAE y la ONCE.
Entre otras medidas, no estarán permitidos los anuncios intrusivos en las páginas webs a través de sobreimpresiones publicitarias en el contenido que está consumiendo el lector, y los operadores de juego deberán implementar herramientas de control parental para evitar que los menores puedan acceder al juego a través de los banners de las webs.
Respecto a las redes sociales, también se impedirá que los usuarios de menos de 18 años puedan seguir cuentas oficiales de operadores de juego.
El régimen sancionador es el establecido en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que prevé multas de 100.000 a un millón de euros para infracciones graves. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa de un millón a 50 millones de euros, y puede llegar a revocarse la licencia al operador infractor.
El objetivo que persigue el Gobierno con este decreto es dar respuesta a una “demanda y sensibilidad social” respecto a la necesidad de regular este sector para prevenir conductas adictivas y de riesgo, y proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente, los menores de edad.
Además, han puesto en valor que, con este real decreto, el departamento que dirige Garzón da cumplimiento al acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición progresista.

La patronal de la estiba cifra en un 30% la caída del tráfico en los puertos españoles

BARCELONA.- La crisis del coronavirus chino ya afecta a los centros portuarios españoles, donde la llegada de mercancías ha sufrido un notorio bajón debido a la parálisis en puertos del país asiático, según constata La Vanguardia. 

“El efecto ya se nota en España”, afirman fuentes de la patronal de la estiba. La principal asociación del sector, Anesco, confirmó ayer esta tendencia al alertar que, si la situación persiste las próximas semanas, la actividad de los mayores puertos españoles caerá hasta un 30%.

“En los puertos españoles se está comenzando a percibir el efecto, que se traslada con aproximadamente cuatro semanas de diferencia respecto a la ac­tividad portuaria asiática”, subrayaron. Las empresas prevén que las consecuencias se incrementen las próximas semanas y ya alertan de “pérdidas económicas importantes en las terminales”, así como en “otros agentes de la cadena logística”. 

Y ya apuntan a los estibadores: la disminución de la llegada de con­tenedores “conllevará una reorganización de las operativas y recursos empleados”, aseguran. 

El 90% del comercio mundial se lleva a cabo mediante transporte marítimo y China concentra una gran parte del mercado. En el 2018 los puertos españoles, en especial los situados en el Mediterráneo, gestionaron 8,7 toneladas con origen o destino a China, según datos de Puertos del Estado recogidos por Anesco. 

Según el ICEX, en el 2019 el 9,1% de las importaciones y el 2,3% de las exportaciones ­totales españolas se realizaron con China.

Uno de los puertos con mayor volumen de negocio con China es el de Barcelona. El 11% de sus exportaciones y el 41,9% de importaciones se llevan a cabo con el país asiático, según datos de la Autoritat Portuària. Eso sin tener en cuenta los movimientos en tránsito –el transporte de mercancías que hace escala en Barcelona–. 

En el puerto de Algeciras las importaciones de China alcanzaron el 34,48% del total el año pasado, mientras que las exportaciones supusieron un 7,29%.

Las empresas estibadoras alertan asimismo que la “crisis marítima” provocada por el coronavirus “no se limita a los flujos comerciales directos” con China, sino que genera “la cancelación de escalas de buques completos en puertos españoles, reduciendo el comercio exterior con otros países”. 

La parálisis en fábricas y puertos chinos también ha puesto en alerta al sector textil. Algunas compañías, como Mango o Desigual, se plantean traer la ropa que producen en China en avión ante la imposibilidad de transportarla en barco para no desabastecer sus tiendas.

"Preocupación" entre los aspirantes del MIR por un cambio en el baremo que les baja la calificación

MADRID.- Una discrepancia en la valoración de méritos ha bajado la calificación de unos 4.700 aspirantes que se presentaron al examen que da acceso al MIR el pasado 25 de enero. El Ministerio de Sanidad los ha calificado como si no hubieran presentado el expediente académico, perdiendo valiosos puntos en la nota final. 

El examen da acceso a las plazas de médico interno residente, lo que determinará la especialidad y el futuro de miles de estudiantes que se han licenciado en Medicina y buscan especializarse. Entre mayor calificación tenga, mayores probabilidades tendrá de elegir el centro o especialidad que le gusta.

El problema es la diferencia entre oferta y demanda: este año se han presentado 16.176 aspirantes para 7.512 plazas. 

Sheila Justo Sánchez, secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, explica a 20minutos que la nota final del examen MIR consta de dos partes: un 90% del resultado del examen y un 10% de la valoración de los méritos académicos

Este año ha habido múltiples cambios en la convocatoria del examen: en el tiempo para hacer la prueba, el número de preguntas y, la principal, la baremación del expediente académico.

Baremo diferente

Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad valoraba el expediente en una escala de cero a 4, pero a partir de esta convocatoria la valoración se hace de 0 a 10. "Este cambio es algo que siempre habían solicitado los estudiantes de Medicina, porque hasta 4 no se creaba grandes diferencias entre expedientes", señala Justo. 

"Un baremo de 0 a 10 crea mayores diferencias entre expedientes académicos que de 0 a 4, era una demanda de los estudiantes para que pequeñas diferencias entre expedientes se vieran reflejadas y pudieran dar cambios en la nota final del MIR. Al final es una competición entre compañeros".

El problema ha sido que, mientras muchas facultades se han adaptado a la nueva  escala, otras han seguido puntuando sobre 4. A esos expedientes, el Ministerio de Sanidad los ha valorado con un 5, que es la calificación que se pone cuando el aspirante no presenta méritos académicos, indica.  

Ello ha ocasionado que hasta 4.700 aspirantes al MIR hayan sido valorados en esta convocatoria como si no hubieran presentado su expediente. 

"Hay preocupación, se están jugando el futuro, porque van a poder elegir una plaza en base a la puntuación final", señala Justo. 

"Si ha habido un cambio que no se ha contemplado en algunas universidades, puede suponer un perjuicio tan importante como salir del proceso, hay mucho más aspirantes que plazas". 

Periodo de reclamación

Los afectados tienen la oportunidad de enmendar el error durante el periodo de reclamaciones, abierto hasta el 25 de febrero. Para ello tienen que presentar un modelo que el Ministerio de Sanidad ha publicado en su web, señala Justo.

La secretaria técnica Médicos Jóvenes y MIR atribuye la confusión a que a veces cuesta implementar los cambios, pero entiende que el Ministerio subsanará este error en el periodo de reclamaciones. 

"Los méritos es el punto en el que más reclamaciones entran porque a veces que hay discrepancias entre el Ministerio de Sanidad y lo que la Universidad certifica en los expedientes, y este año con mayor razón", explica. 

"El examen MIR es algo muy objetivo, son un número de preguntas con respuestas tipo test".

Los médicos jóvenes aconsejan a los futuros MIR que no solo se fijen en la fama de la especialidad o del hospital

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos este lunes los listados provisionales de los resultados de las pruebas MIR, EIR, FIR, PIR y demás exámenes de Formación Sanitaria Especializada. Aunque todavía hay que esperar a conocer las notas definitivas, los aspirantes ya piensan en qué especialidad van a elegir y en qué centro sanitario van a trabajar.

Es en esta fase cuando todo se inunda de consejos sobre qué es mejor escoger, las ventajas e inconvenientes de cada una de las posibilidades que tiene cada joven médico tras la importante prueba. Una de las dudas más recurrentes es la fama de la especialidad médica y el prestigio del hospital.

Si bien, los médicos jóvenes aconsejan a los futuros MIR que no solo se fijen en estas dos cuestiones y les piden que den más importancia a aspectos como “los sitios donde cubráis plazas de adjunto”, de los que, según dicen, hay que huir.

Así lo han manifestado a través de un hilo en Twitter, en el que un usuario arranca diciendo “La formación muy importante y tal. Pero no os olvidéis que sois trabajadores con derechos. Huid de sitios donde se obliga a no librar guardias, a hacer horas extra gratis, a cubrir puestos de adjunto... Lo vais a pasar muy mal si no”.

“Una cosa es la explotación y otra la exigencia”, contesta @erodcauCCV. “Pero lo que aprendan en estos 4-5 años es lo que se van a llevar. Y determinadas patologías de urgencia según especialidad vienen de cuando en cuando, y hay que estar”, añade este usuario.

Otro de los facultativos que se muestra en esta línea es @jherrelmbro, que comenta que la formación y la exigencia no está reñida con “el cumplimiento de descansos y la asunción progresiva y adecuada de responsabilidades” y además apunta que “lo primero es imposible sin lo segundo".