La Comunidad Valenciana fue la menos dinámica en 2007, según el INE

MADRID.- Aragón fue la Comunidad Autónoma que registró un crecimiento más elevado del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado, cuando creció un 4,5%, ocho décimas por encima de la media nacional (3,7%), seguida por Castilla-La Mancha, con un 4,2%, y por Galicia y La Rioja, ambas con un 4%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

También crecieron por encima de la media nacional Extremadura y Murcia, con un 3,9% en ambos casos, y Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta, con un 3,8%. Madrid, Cantabria y País Vasco igualaron el promedio español (3,7%), mientras que otras siete comunidades más Melilla crecieron por debajo.

Fue el caso de Baleares, Castilla y León, Canarias y Andalucía, todas con un crecimiento económico del 3,6% en 2007; de Melilla, Cataluña y Asturias (3,5%), y, por último, de Comunidad Valenciana, que fue la que mostró un menor dinamismo el año pasado, con un avance de su PIB del 3,4%. En todas las comunidades, el crecimiento económico fue superior a la media de la UE-27, que alcanzó el 2,9% el año pasado.

Entre 2000 y 2007, el crecimiento económico anual español fue, en media, del 3,39%, aunque siete comunidades sobrepasaron esta cifra, con Murcia a la cabeza (3,91%). Le siguieron Andalucía (3,69%), Extremadura (3,59%), Castilla-La Mancha (3,56%), Madrid (3,54%), Aragón (3,45%) y Cantabria (3,40%). En el lado opuesto, con los repuntes más bajos, se situaron País Vasco, con un crecimiento medio anual del 3,08%, Asturias (2,93%) y Baleares (2,32%).

Los datos publicados por Estadística contienen también información sobre el PIB por habitante español, que en 2007 fue superior en un 6% a la media de los 27 países que conforman la UE.

Combinando estos datos, procedentes de Eurostat, con los de la Contabilidad Regional que elabora el INE, se obtiene que nueve comunidades autónomas tienen un PIB por habitante superior al promedio europeo.

País Vasco y Comunidad de Madrid son las que presentan los índices más elevados, al superar en un 37% la media comunitaria, seguidas de Navarra (33%) y Cataluña (24%). En el otro extremo, la región de Extremadura fue la única Comunidad que mantuvo un índice inferior al 75%, con un PIB por habitante inferior en un 27% a la media europea.

En la parte baja de la tabla también se situaron Andalucía y Castilla-La Mancha, cuyo PIB per cápita fue inferior en un 18% y un 17%, respectivamente, al promedio de la UE-27.

Los datos del INE, esta vez referidos a 2006, revelan que los hogares de País Vasco y Navarra fueron los que presentaron una mayor renta disponible bruta por habitante, con 18.335 euros en el primer caso y 17.887 euros en el segundo.

Por el contrario, Extremadura y Andalucía, con 11.098 y 11.438 euros por habitante, se situaron a la cola, mientras que la media nacional fue de 14.192 euros.

Estadística resalta además que los hogares asturianos y los melillenses superaron en 2006, por primera vez, la renta per cápita media nacional.

El gasto en I+D+i en la Comunidad Valenciana creció un 14% en 2007

VALENCIA.- La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la Comunidad Valenciana durante 2007 se elevó a 1.990 millones de euros, lo que supone un incremento de un 14% en comparación con el ejercicio anterior, según informó hoy la Generalitat en un comunicado.

Por un lado, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en la autonomía (realizado por la administración pública, empresas, enseñanza superior) ascendió a 977 millones de euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa un aumento del 7% respecto a 2006.

En este apartado, destaca la aportación de las empresas, que destinaron 388,6 millones de euros en I+D, con un crecimiento del 11,6%. Esta cifra supone una media diaria durante 2007 de más de un millón de euros.

Según los datos del INE, el personal en I+D en la Comunidad Valenciana en el sector empresarial fue de 6.329 mientras que el de investigadores ascendió a 2.826.

Por lo que respecta al gasto en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.013 millones de euros en el año 2007 en la Comunidad Valenciana, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2006, según los datos de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2007 del INE.

Las empresas con menos de 250 empleados realizan el 72% de gasto, hasta alcanzar los 732,2 millones de euros, mientras que el resto, 281 millones corresponden a empresas con 250 y más empleados.

Además, el año pasado se contabilizaron un total de 28.512 personas en la Comunidad Valenciana trabajando en I+D, una cifra que representa un incremento del 13,5% respecto a 2006.

El nuevo modelo de financiación da más autonomía a las regiones

MADRID.- El nuevo sistema de financiación autonómica permitirá a las comunidades depender menos del Estado, contará con fondos de convergencia para compensar a las más débiles y tendrá nuevos criterios de ajuste de la población, además de cumplir con todos los estatutos de autonomía.

Así lo anunció en rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien avanzó las líneas generales de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno ha remitido ya a todas las comunidades.

Según Solbes, el documento aún no está cerrado y puede sufrir modificaciones una vez que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, finalice la ronda de contactos con los presidentes autonómicos, paso previo a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se espera sea antes de que finalice enero.

El modelo garantiza igual financiación por habitante para los servicios públicos fundamentales, tiene en cuenta la población como criterio fundamental de reparto de recursos y aumenta la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las autonomías.

El vicepresidente ha detallado los ejes sobre los que girará el nuevo sistema: el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias transferidas y el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar.

A estos ejes hay que sumar la mejora de la estabilidad del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos, así como el aumento de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.

Esta mayor autonomía, según ha explicado Solbes, hará que las comunidades dependan menos del Estado, lo cual se logrará a través de una mayor cesión de impuestos: el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales (en la propuesta de julio este porcentaje era del 50%). Estos nuevos porcentajes ya figuraban en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En el sistema anterior el 70 por ciento de todos los recursos de las CCAA provenían de los impuestos cedidos parcial o totalmente del Estado, en el actual este porcentaje se elevaría al 90 por ciento.

Además, las comunidades tendrán mayor capacidad normativa, con la posibilidad de ampliar las competencias en el IRPF y podrán contar con más competencias en IVA e impuestos especiales.

Para cubrir sus necesidades de gasto, los gobiernos regionales dispondrán, además de los ingresos tributarios autonómicos, de recursos procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, del Fondo de Suficiencia Global -que financia el resto de las competencias transferidas- y de los nuevos Fondos de Convergencia autonómica.

Los nuevos fondos de Convergencia, que inyectarán recursos adicionales, se dividen en un fondo de Competitividad, para reducir las diferencias per cápita e incentivar la capacidad y esfuerzo fiscal de las comunidades y en un fondo de Cooperación, cuyos recursos se distribuirán entre las regiones de menor riqueza.

Según explicó Solbes, las comunidades autónomas dispondrán de más recursos adicionales -que se distribuirán en tres años-, y el Estado de menos, lo cual "puede tener" influencia en el déficit público.

En cuanto a los criterios de ajuste de la población, que también sufren modificaciones, Solbes apuntó que se tendrá en cuenta la población, la dispersión, la insularidad y la población mayor de 65 años.

Asimismo se atenderá a la población sanitaria protegida y la población menor de 18 años, reivindicaciones planteadas por algunas CC. AA.

(Ministerio de Hacienda, Madrid)