jueves, 26 de marzo de 2009

Bancos suizos prohíben viajar al extranjero a directivos por miedo a que sean detenidos

ZURICH.- Varias entidades bancarias suizas habrían prohibido a sus directivos realizar viajes al extranjero, incluso a países vecinos, por el miedo a que pudieran ser detenidos en el marco de la lucha internacional contra el secreto bancario, según informa 'Financial Times'.

El responsable de uno de los principales bancos privados de Ginebra señaló que la creciente determinación de la comunidad internacional, liderada por Alemania y EEUU, en perseguir la evasión de impuestos y el secreto bancario ha hecho percibir a la banca que debe adoptar medidas adicionales para proteger a sus empleados.

"Algunos bancos han tomado ya estas precauciones", señaló. "Si viajo a Alemania a visitar un par de bancos con los que trato, los responsables de aduanas podrían pararme e interrogarme", añadió.

Estas prohibiciones, que no han sido adoptadas por todo el sector, afectan particularmente a los viajes con destino a EEUU, como consecuencia de la detención el pasado año de un alto directivo de banca de UBS en el marco de una investigación federal sobre fraude fiscal.

"Si eres un banquero suizo que viaja a EEUU, hoy en día te expones a ser interrogado. De hecho, yo me lo pensaría dos veces antes de viajar a EEUU", apuntó el director de una entidad helvética, que dijo no sufrir este tipo de restricciones.

No obstante, cuatro miembros de la banca privada de Ginebra reconocieron que sus entidades han prohibido completamente los viajes al extranjero, incluídos los dirigidos a países vecinos.

"Los banqueros ni siquiera viajan a Francia, algunos no se mueven siquiera de Ginebra", indicó al periódico otro directivo de banca suizo.

La mitad de los españoles culpa a políticos y bancos de la actual crisis financiera

MADRID.- La mitad de los españoles achaca la responsabilidad de la actual crisis financiera a los políticos en general y a los bancos, con un 28% y 22% respectivamente, según un estudio del instituto de investigación Iris sobre la confianza económica de los ciudadanos.

Según el estudio, realizado a través de Internet sobre una muestra de 602 personas en España, los españoles consideran que también contribuyeron al deterioro económico el ex presidente Bush (un 10%), la avaricia empresarial (6%), la burbuja inmobiliaria (6%) y la especulación inmobiliaria de los últimos años (5%).

Asimismo, los encuestados mostraron su pesimismo sobre cuándo se retomará la senda del crecimiento en España. Un 51% considera que, a pesar de las medidas impulsadas por el Gobierno, la economía se mantendrá en recesión en los próximos 6 meses, y un 53% teme que algún miembro de su familia pierda el empleo a corto plazo. Así, seis de cada diez españoles auguran que pasarán apuros económicos.

El miedo al desempleo y las dificultades para afrontar los pagos mensuales merman los hábitos de consumo en las familias españolas. Para afrontar la crisis, los españoles se plantean reducir sus gastos, y empiezan por no comer fuera de casa (60%). Además, el 63% afirma gastar menos en regalos y ropa.

La bajada de tipos a niveles históricos, las inyecciones de liquidez a las entidades financieras y la cooperación internacional por salir de la coyuntura económica no es percibida por los españoles de forma positiva. El 69% de los encuestados considera que la Unión Europea y el Banco Central Europeo no están realizando el esfuerzo suficiente para solventar la recesión, mientras que un 71% piensa lo mismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Así, el director técnico del estudio de Iris, Juanjo Torres, apunta que la cumbre del G-20 que se celebrará la próxima semana en Londres supone una "oportunidad" para que las instituciones palien la falta de comunicación con el ciudadano y "tomen medidas concretas" que potencien la recuperación.

Del estudio también se desprenden datos a nivel internacional. Los ciudadanos de 19 países de todo el mundo (un total de 16.995 de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia y Australia) afirman que la actual situación económica es la peor que han vivido en su vida (un 60%).

El pesimismo reina en todo el mundo, y un 36% cree que la recesión se alargará al menos dos años más. Eso sí, en China prima el optimismo, y el 50% piensa que podrán esquivar la crisis, debido a la buena actuación desarrollada por su Gobierno.

Por último, el 41% de los encuestados en los diferentes países confiesa su preferencia por la intervención estatal en los mercados financieros, ya que observan que el modelo económico liberal es ineficaz, mientras que el 25% sigue defendiendo el libre mercado a pesar de la actual crisis.

Por su parte, EEUU representa el bastión de los que abogan por que el Estado se mantenga al margen.

Unos 300 alumnos ocupan la UV para censurar la "represión" de las protestas

VALENCIA.- Unos 300 estudiantes ocuparon el Rectorado de la Universitat de València (UV) durante unos 20 minutos para denunciar la "represión policial" que, a su juicio, se produjo la semana pasada en Barcelona y Mallorca durante las protestas estudiantiles contra el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Plan Bolonia.

Reclaman que se "depuren responsabilidades" por estas actuaciones policiales y se elimine la "criminalización" de los universitarios contrarios a la reforma.

Los jóvenes, convocados por la Assamblea d'Estudiants de la UV, llevaron a cabo previamente una concentración a las 12.00 horas frente a la Facultad de Geografía e Historia. Pasadas las 12.15 horas, los universitarios decidieron, de manera "improvisada", aseguraron, avanzar hacia el Rectorado a través de la calzada de Blasco Ibáñez, por lo que la avenida quedó cortada en diferentes tramos durante unos 30 minutos.

Los estudiantes llegaron a las puertas del Rectorado, donde leyeron varios manifiestos "en solidaridad con los hechos ocurridos en Barcelona los pasados 18 y 19 de marzo", según establece uno de los documentos.

Posteriormente, se dirigieron a las dependencias del Rectorado sin que los agentes de la policía intervinieran en ningún momento. En este sentido, fuentes policiales indicaron que la marcha se produjo "sin incidentes" pese a que "no se había comunicado ni el recorrido, ni la entrada al Rectorado".

Durante la protesta, los estudiantes mostraron pancartas en las que se leían lemas como 'Bolonya s'imposa a cops de porra. Nosaltres tenim els llibres, vosaltres les armes', 'Prou repressió al moviment estudiantil', 'No Bolonya. Solidaritat amb els companys de Barçelona'; y gritaron consignas como 'llibertat d'expressió, policia no', 'som estudiants, no delinquents', 'fora mercenaris de l'universitat', 'vosaltres feixistes sou els terroristes' y 'manos arriba, Bolonia es un atraco'.

Un portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Adrian Martí, aseguró que el "detonante" de la concentración ha sido la "represión policial" ocurrida en Barcelona contra los estudiantes, que calificó de "descomunal".

Asimismo, denunció que desde noviembre los estudiantes contra el proceso de Bolonia están sufriendo un "aumento" de la represión, por lo que exigió que "se depuren responsabilidades", no sólo policiales sino también dentro de la universidad, en referencia a aquellos que llamaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, Martí aseguró que si no se depuran responsabilidades habrá más movilizaciones porque, a su juicio, esto es "sólo el principio".

Respecto a la decisión del Claustro de la UV de rechazar la convocatoria de referéndum sobre la implantación del EEES, el estudiante abogó por "continuar por otras vías", como sucedió con el referéndum "no institucional" celebrado en la Universidad de Lleida.

En este sentido, anunció que cuando lo consideren "oportuno" plantarán las urnas en las facultades y realizarán un referéndum "lo más democrático posible, informando a todo el estudiantado para que pueda posicionarse".

La primera reunión del ERE en Ford Almussafes acaba sin acercamiento y con desacuerdo entre sindicatos

VALENCIA.- La primera reunión de la dirección de la planta de Ford en Almussafes con la representación social de los trabajadores tras anunciar su intención de solicitar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que afectará a 1.100 trabajadores del turno de noche durante ocho meses, de mayo a diciembre, concluyó hoy sin acercamiento, según informaron fuentes de la compañía.

"No se ha avanzado nada respecto a ayer, únicamente era el punto de inicio del periodo de consultas", subrayaron las mismas fuentes, quienes recordaron que en esta ocasión, no podrá complementar las cuantías de prestación por desempleo hasta el 80 por ciento de los salarios de los afectados, como hizo con los ERE anteriores.

En este primer encuentro del periodo de consultas, fase que dura 15 días y tras la cual será la Dirección General de Trabajo quien decida si acepta o no ese expediente, se evidenció el desacuerdo existente entre los sindicatos con presencia en el comité de empresa después de que UGT --mayoritario en la planta-- exigiera a la empresa que complemente el salario de sus afiliados, algo que el resto de sindicatos --CCOO, CGT Y STM-- consideran "muy grave".

Al respecto, el secretario general de UGT en Ford Almussafes, Gonzalo Pino, recalcó que "la forma de defender el empleo no es la confrontación que buscan los otros sindicatos, sino sentarse a buscar soluciones", por lo que pidió a la empresa "que complemente en primer lugar a los afiliados de UGT, porque el resto no están haciendo lo que deberían, y si después quieren sumarse, que lo hagan", dijo.

Pino hizo hincapié en que "primero hay que resolver el convenio, que incluye un plan de jubilaciones con relevo para el futuro, y después ver ya en qué condiciones se plantea ese ERE".

Sobre este punto, reclamó que deben "complementar los salarios de los afectados lo máximo posible y aplicarlo de forma rotativa, para que no afecte sólo a los trabajadores del turno de noche", aunque insistió en que "nunca" van a estar "de acuerdo con un expediente de extinción de contratos".

Por su parte, el secretario general de CCOO en la planta, Miquel Rosaleny, insistió en que "es una cuestión muy grave que UGT haya propuesto que el complemento salarial que al final pudiera pactarse fuese únicamente para sus afiliados, excluyendo al resto de trabajadores de la factoría", lo que consideró "la barbaridad más grande que se ha escuchado en muchísimo tiempo".

Rosaleny indicó que desde CCOO confían en que "la empresa no acepte este tipo de actitudes casi fascistas" y advirtió de que "si a alguien se le pasa por la cabeza que podrían discriminar en algo tan serio como un ERE, toda la organización del sindicato, tanto a nivel autonómico como estatal, se movilizaría contra eso".

En la misma línea, la máxima representante de CGT, Francisca Cuesta, coincidió en que se trata de "algo totalmente ilegal y antidemocrático" y denunció "lo inconcebible que sería que un mismo trabajador que está en la linea de producción ganara un sueldo diferente al compañero que está a su lado".

No obstante, se mostró convencida de que la empresa "lo tomará como otra de las fantasmadas de UGT las que intenta hacer creer a la gente para desviar la atención de lo realmente preocupante, que es ese nuevo ERE que afectará a más de 1.000 trabajadores". "Es una vergüenza que se llegue a proponer algo así mientras se programan días de producción extraordinaria", sentenció.

Por ello, hizo un llamamiento al boicot a los sábados y domingos de producción extraordinaria programados para el próximo fin de semana por considerar que "la falta de una oferta digna en la negociación del convenio" y la presentación de otro expediente "exigen una respuesta contundente de la plantilla".

Además, hizo extensivo a los trabajadores de las empresas del polígono Juan Carlos I de Almussafes la convocatoria a la manifestación que, bajo el lema 'Contra la crisis, el paro y los despidos', organizará la "Plataforma contra la crisis y por los derechos sociales" el próximo sábado 28 de marzo, a las 18.30 horas, en la Plaza de San Agustín de Valencia.

El Gobierno no comparte algunas cuestiones del manifiesto que firmaron CC AA productoras de tomate

MADRID.- La secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, aseguró hoy que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no comparte algunas de las cuestiones que, a su juicio, plantea el manifiesto en defensa del tomate que firmaron los responsables de las cuatro comunidades productoras, como las que, según sus palabras, hacen referencia a que "no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos".

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".

Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.

Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo.

Por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.

Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".

El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal.

Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.

La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.

Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.

Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ensalzó las "buenas intenciones" que tiene el Gobierno pero, según dijo, éste ofrece "poca garantía" de que el Gobierno vaya a defender los intereses del sector hortofrutícola. Además, dudó de si el Ministerio explicó al consejero andaluz del ramo, Martín Soler, esta postura pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con lo que (él) traslada al sector en Almería".

Ford España apuesta por "pequeñas mejoras" que suponen costes mínimos y permiten implantación inmediata

VALENCIA.- El director general de Ford España, Antonio Adés, aseguró hoy que además de "la inversión en la aplicación de las últimas tecnologías, que requieren una gran inversión económica", la empresa apuesta por "pequeñas mejoras realizadas cada día, centradas en los procesos y ejecutadas por equipos de trabajo que suponen costes mínimos y permiten una implantación inmediata".

Según Adés, en esta mejora continua participan 6.000 empleados.

El responsable de Ford España realizó estas declaraciones durante su intervención en una mesa redonda organizada por la Fundación Instituto Valenciano de Tecnología (Invate), la primera del Ciclo de Mesas Redondas sobre Innovación, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En el acto participaron, además de Antonio Adés, el presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (Redit), Damián Frontera; el director de Betelgeux SA, Enrique Orihuel, y el presidente de Invate, Javier Turégano, que ofrecieron su visión sobre gestión de la innovación focalizada en el factor estrategia. Este elemento "permite enfocar la innovación al mercado y a los objetivos de la empresa".

El presidente de Invate ofreció una nueva visión de la innovación que, a su juicio, "ya no es opcional" puesto que "en un momento de crisis, hay que ser diferentes o ser percibidos como diferentes". También matizó que "la innovación no es sólo tecnología, sino que implica cambio y ruptura".

Además, Turégano indicó que innovar exige "la agilidad necesaria para adaptarse al mercado y se debe llevar a cabo en colaboración con todos los agentes necesarios como la Administración Pública, universidades o empresas".

Por su parte, el director de Betelgeux --una empresa especializada en higiene y seguridad alimentaria-- afirmó que la innovación en su empresa le había cambiado la "forma de entender el negocio, yendo más allá del tradicional concepto de fabricante de productos químicos y avanzando hacia una oferta de servicio personalizado a los clientes, diferencia que le ha permitido crecer".

Orihuel resaltó que la estrategia es "un factor clave para innovar" ya que les ha permitido "crear una estructura muy dinámica dentro de la propia empresa, con canales de comunicación muy directos y libres, consiguiendo que el conocimiento colectivo que posee la empresa se convierta en la materia prima para llevar a cabo nuevos desarrollos y nuevas ideas".

Por último, el presidente de Redit precisó que, la Red de Institutos Tecnológicos, "pone a disposición de las empresas recursos humanos cualificados y avanzadas infraestructuras tecnológicas encaminadas a promover un tejido industrial más sólido y competitivo".

La CAM emitirá cédulas hipotecarias en 2009 por un importe de hasta 1.000 millones de euros

VALENCIA.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó hoy la participación de esta entidad en el programa de emisiones de Titulización de Activos para el lanzamiento de cédulas hipotecarias, durante el ejercicio 2009, por importe de hasta 1.000 millones de euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Durante la sesión ordinaria, correspondiente al mes de marzo y celebrada en el marco de Forinvest, en Valencia, el consejo aprobó la titulización de activos mediante lanzamiento de cédulas hipotecarias para este año por un importe máximo de 1.000 millones de euros, tras tener "conocimiento de que CAM es un emisor consolidado en el mercado de cédulas hipotecarias, un instrumento útil y ágil para la generación de activos líquidos".

Además, también se presentaron los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Caja Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008, elaborados por KPMG Auditores S.L.

En ambos informes la firma auditora expresa su "opinión favorable" a las cuentas del grupo CAM.El órgano rector de la caja aprobó también el Informe Anual de Autoevaluación del Capital correspondiente al ejercicio 2008, expuesto por eel director general, Roberto López Abad.

Por otro lado, con la reunión de su Consejo de Administración en Forinvest, CAM "muestra su apoyo a este certamen pionero en el que, por segundo año consecutivo, se dan cita los principales representantes del sector financiero y empresarial de nuestro país para analizar las cuestiones de mayor actualidad en el mundo de las finanzas".

CAM ha sido reconocida en la presente edición de Forinvest con el Premio al Mejor Producto Financiero por sus cuotas participativas y, de igual manera, el presidente de CAM, Vicente Sala, también ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria Profesional.

Unos vándalos atacan la casa del ex consejero delegado del Royal Bank of Scotland

LONDRES.- Unos vándalos destrozaron ayer miércoles las ventanas y dañaron un coche en la casa del antiguo consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, que desató la ira del público al negarse a renunciar a su elevado fondo de pensiones después de que el Gobierno rescatara el banco.

Un grupo desconocido llamado "Los jefes de los bancos son unos delincuentes" reivindicó el ataque.

Goodwin dejó el banco el pasado octubre después del rescate gubernamental con una pensión anual de unas 700.000 libras (unos 761.000 euros).

Después del ataque, que tuvo lugar de madrugada, un grupo de protesta envió un correo electrónico a los periódicos locales asumiendo la autoría y afirmando: "Esto es solo el inicio".

La policía en Edimburgo confirmó que el comunicado fue enviado por una mujer que decía llamarse Moira McLeod desde la dirección bankbossesarecriminals@mail.com.

"Estamos enfurecidos porque los ricos como él se están pagando enormes cantidades de dinero y viven lujosamente, mientras que la gente normal está quedándose en paro, desamparados y sin hogar", indicó el mensaje. "Esto es un delito. Los jefes de los bancos deberían ser encarcelados. Esto es solo el inicio".

Nadie ha sido arrestado. Un portavoz policial no quiso decir si Goodwin y su familia estaban en la mansión.

Tres ventanas de la planta baja resultaron destrozadas, así como la ventana trasera y la ventanilla del asiento del copiloto de un Mercedes S600 aparcado en la parcela, según la BBC.

La negativa de Goodwin a devolver la pensión, a pesar de haber llevado al banco al mayor fracaso empresarial en la historia de Reino Unido desató la ira pública y política.

El primer ministro, Gordon Brown, ha calificado el pago de "inaceptable" y el Gobierno ha dicho que está estudiando adoptar medidas legales para recuperar el dinero.

Goodwin, de 50 años, ha tratado de mantenerse en un segundo plano desde que el mes pasado se conocieron los detalles de su fondo de pensiones. Ha sido criticado por políticos y en varios medios de comunicación.

Para la próxima semana se han convocado manifestaciones anticapitalistas en Londres con motivo de la cumbre del G-20, y por Internet circulan panfletos que dicen "asaltar los bancos".

En un breve comunicado, la policía de Lothian and Borders dijo: "Podemos confirmar que acudimos a una dirección en Oswald Road a las 4:35 a.m. y que hay una investigación en marcha. Pedimos testigos".

RBS, que tiene su sede central en Edimburgo y ahora es propiedad mayoritaria del Gobierno, ha dicho que está proporcionando la seguridad del domicilio de Goodwin en la ciudad con un coste de alrededor de 290 libras al mes.

"Es una práctica normal de RBS para los altos cargos que se han marchado", explicó en un comunicado.

El Gobierno también ha sido duramente criticado por permitir que Goodwin dejara el banco con una pensión tan generosa después de tener una pérdida de 24.100 millones de libras en 2008, las más elevadas en la historia empresarial británica.

EUPV: Es "inaceptable" que Consell y Ayuntamiento de Valencia se gasten 20 millones en las regatas

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, consideró "inaceptable" y un "insulto" que "en estos tiempos de crisis", la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia vayan a hacerse cargo de los 20 millones de euros que cuesta el canon para celebrar dos regatas de la Copa América.

En este sentido, indicó en un comunicado que mientras el Gobierno central rechaza participar de este "absoluto desbarajuste económico", la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia "se implican", lo que muestra que a estas dos administraciones "les importa poco la terrible situación de crisis que se está viviendo". "Son las prioridades del PP", lamentó.

Para Sanz, que el PP esté dispuesto a gastarse el dinero público en estas regatas "es absolutamente desorbitado, por no decir, pornográfico". Al respecto, añadió que parece que el PP "haya perdido todos los papeles y no sea consciente de la realidad del País Valencià, una de las autonomías que más está pagando la crisis".

La coordinadora de EUPV aseguró que parece que al PP "le importa poco los altísimos niveles de paro y el alto número de expedientes de regulación" de empleo. A su juicio, "sólo le importa las regatas de la Copa América", lo que calificó de "un auténtico insulto para la cordura".

Por ello, Sanz exigió al Consell que frene este "disparate" y elabore una lista de prioridades de inversión "como es debido, teniendo en cuenta esta época de crisis", pues consideró "vergonzoso" que el Gobierno autonómico y el municipal "se muestren dispuestos a gastarse 20 millones de euros en estas dos pruebas de un deporte de lujo --cuando además todavía deben 24 millones-- mientras los valencianos están manifestándose a la calle por los despidos masivos o por la falta de recursos sociales", criticó.

El TSJCV reafirma la legalidad del 'plan Porxinos' en Riba-roja

VALENCIA.- La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por Delegación de Gobierno contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat de junio de 2006, por el que se aprobó el 'plan Porxinos' en el municipio valenciano de Riba-roja, y ha reafirmado la legalidad del proyecto, según informaron en un comunicado fuentes del Valencia CF.

Delegación de Gobierno interpuso un recurso contra la tramitación administrativa del plan, y ahora, la sala, ha decidido desestimarlo y reafirmar la legalidad del proceso. Así, "refuerza la solidez" del proyecto de la nueva Ciudad Deportiva, que fue paralizado cautelarmente el 19 de enero de 2007 al entender que carecía del necesario y preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que acreditara que el plan estaba en disposición de garantizar el suministro de agua.

Posteriormente, en marzo del mismo año, el TSJCV acordó levantar la suspensión cautelar del proyecto y permitió la tramitación administrativa del PAI de Porxinos en Riba-roja, que actúa sobre 1.234.873 metros cuadrados respecto a los 1.600.000 planteados en la propuesta inicial.

El número de hipotecas constituidas en la Comunidad Valenciana se reduce un 48%

VALENCIA.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad Valenciana ascendió a un total de 6.963 en enero, lo que supone una caída del 48 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior, según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo en cuenta el total de fincas (rústicas y urbanas), el importe medio por hipoteca constituida se situó en 125.339 euros en enero, lo que supone un descenso del 0,4 por ciento respecto al mismo mes de 2008.

Además, la región fue la comunidad autónoma que registró mayor número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes, con un total de 218, seguida de Castilla-La Mancha con 193.

Asimismo, la Comunidad Valenciana es la tercera región, junto a La Rioja y Cantabria, que tiene el mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes con un total de 163. Por delante de ellas se sitúan la Región de Murcia (205) y Castilla-La Mancha (165).

Los datos nacionales apuntan que el número de hipotecas constituídas sobre viviendas ascendió a 53.017 el pasado mes de enero, lo que supone una caída del 43,5% respecto a hace un año

De esta forma, ya son 19 los meses consecutivos en los que baja en tasa interanual el número de viviendas hipotecadas, con disminuciones superiores al 20% desde enero de 2008 (exceptuando abril). No obstante, el descenso interanual de enero es mayor que el de diciembre de 2008, mes en el que las viviendas con hipotecas se hundieron un 31,7%.

En tasa intermensual (enero de 2009 sobre diciembre de 2008), los datos apuntan a un crecimiento del 7,9% en el número de viviendas con hipoteca.

Empeora el estado de salud del benefactor y cooperante español en la India, Vicente Ferrer

BARCELONA.- El estado de salud del cooperante y benefactor catalán, Vicente Ferrer, ha empeorado esta madrugada, según informó hoy en un comunicado la Fundación Vicente Ferrer.

Ferrer está recibiendo tratamiento adecuado para estabilizar sus constantes vitales en el hospital de la ciudad india de Vellore, especializado en neurología, donde fue trasladado el martes.

El estado de Vicente Ferrer, que sufrió el viernes una embolia cerebral, ha despertado gran preocupación en España, donde cuenta con más de 155.000 colaboradores, pero también en la India, donde llegó hace más de cincuenta años para ayudar en una de las zonas más pobres del país.

Los abusos urbanísticos en España pueden llevar a partir de hoy a la congelación de fondos por la Unión Europea

ESTRASBURGO.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos.

Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

El Parlamento Europeo votará hoy el informe que pide congelar los fondos europeos a España si no acaba con abusos urbanísticos

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo votará hoy un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas

La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.

También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.

La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.

Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.

En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".